NOS HARÍAN PERDER S/ 4,000 MILLONES EN ARBITRAJE

Caso Obebrecht: la traición se consuma

Documentos confirman que magistrados Lava Jato y ministra del MEF María Alva sabían de la demanda mafiosa ante CIADI y callaron.

Caso Obebrecht: la traición se consuma
  • Fecha Jueves 6 de Febrero del 2020
  • Fecha 6:00 am

Los fiscales Rafael Vela y José Pérez, junto con el procurador Jorge Ramírez, acaban de protagonizar un papelón histórico: luego de que gestionaron que Perú pague S/ 524 millones a Odebrecht, ahora esta empresa nos demanda por 4,000 millones de soles, porque se canceló el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Además de este accionar delincuencial, se reveló que la ministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, estaba al tanto de esta coyuntura hace dos semanas, pero optó por ocultarlo a la opinión pública.

“Odebrecht Latinvest S.a.r.l. v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/20/4)”, publicaba en su página web el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en referencia a que la empresa más corrupta en la historia de Latinoamérica ya había oficializado su demanda.

La controversia es por el citado gasoducto, otorgado por el gobierno de Ollanta Humala al consorcio que los brasileños formaran con la española Enagás, y al cual luego se adhirió Graña y Montero. Cabe indicar que la firma peruana era el “socio secreto”, ya que estuvo aliada a las demás desde un principio, pero recién oficializó su participación luego de firmado el contrato.

Al conocerse esto, se difundió una carta que Rey Lemos y Rogeiro Bautista da Nova, director presidente y director jurídico, respectivamente, de la matriz de Odebrecht, le habían mandado el 22 de enero a Rafael Vela.

“La compañía ha intentado alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, así como con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de postergar la referida fecha de vencimiento/prescripciones e iniciar negociaciones para solucionar la controversia. Al no tener éxito en la gestión, la compañía no tuvo otra alternativa sino presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero del 2020”, manifiestan.

SECRETISMO

Es decir, esta intención de exigirnos un pago de 1,200 millones de dólares (al cambio, unos cuatro mil millones de soles) ya la sabían María Antonieta Alva Luperdi (MEF) y Juan Carlos Liu (Minem) hace por lo menos varias semanas.

¿Por qué guardaron silencio? ¿Acaso la titular de Economía no quería causar ruido político ad portas de las elecciones congresales, para mantener sus opciones de reemplazar a Vicente Zeballos en la Presidencia del Consejo de Ministros?

Algunos podrían decir que fue para “no entorpecer” las negociaciones, pero basta ver lo que sucedía durante las mismas, que se dieron durante semanas, si no meses.

La primera semana de enero, ante el allanamiento del equipo Lava Jato, el procurador Ramírez y los mismos abogados de Odebrecht, la jueza María Álvarez señaló que no había oposición a que se entregue a la empresa corrupta los S/ 524 millones restantes de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

En esto fue clave la posición de otra ministra, esta vez la de Justicia: Ana Revilla –la misma que estaba en “Modo Navidad” cuando le preguntaron sobre el asesinato de una mujer y sus dos hijos a fin del año pasado- había autorizado el desembolso del dinero.

Esto fue luego de que el mismo MEF cambiara de opinión respecto a que los fondos eran recursos públicos, y señalara que eran privados.

Si el gobierno de Martín Vizcarra hubiera revelado las verdaderas intenciones de Odebrecht, las cuales ya se les habían expuesto oficialmente, la opinión pública probablemente hubiera rechazado que el Estado se allane a pagar 524 millones de soles a quienes querían sacarnos casi cuatro veces más dinero.

EXPRESO INFORMÓ

Además, la procuraduría al momento de aceptar una reparación civil de 610 millones de soles en 15 años, que equivale a US$ 185 millones, sin considerar la devaluación del dinero en el tiempo, debió prever esta contingencia de arbitraje ante el CIADI, que ya fue advertida por EXPRESO en su edición del viernes 25 de enero de 2019, cuando la constructora ingresó su predemanda contra el Estado peruano por más de 2,000 millones de dólares en tribunales internacionales por el gasoducto del sur y otros proyectos.

Un mes después, también en portada, este diario -a través del entonces congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), alertó que por el consabido gasoducto y otros proyectos no ejecutados, Odebrecht exigía una reparación de 1,500 millones de dólares.

Claro que hubo voces del Ejecutivo y del mismo equipo Lava Jato que desmintieron nuestras informaciones, pero ahora conocemos toda la verdad que ha sido ocultada por el equipo de fiscales Lava Jato, el Gobierno y la concentración mediática que lo apoya.

¿Y LA CLÁUSULA?

El gasoducto del sur tiene la particularidad de una cláusula anticorrupción, la cual se iba a invocar en enero del 2017, cuando los delincuentes empresariales no pudieron obtener financiamiento bancario para llevar adelante el proyecto. El tener presos y condenados a sus principales ejecutivos los había vuelto “inelegibles”.

Desde entonces, y durante todo el 2018 y 2019, Vela y su equipo iniciaron las negociaciones para el acuerdo de colaboración eficaz. Odebrecht negó haber incurrido en sobornos para el proyecto energético, lo cual fue aceptado por el equipo Lava Jato y Ramírez.

Para mala suerte de los “acuerdistas”, en junio del año pasado el portal La Posta de Ecuador reveló pagos por concepto de coimas registrados en la Caja 2. Se confirmaba que Jorge Barata y sus cómplices nos habían mentido no solo sobre el gasoducto, sino sobre los peajes de Lima y numerosas obras adicionales.

En vez de darles un ultimátum a los colaboradores ineficaces, los fiscales pasaron a la tesis del “acuerdo progresivo”, de lo cual también se aprovechó José Graña Miroquesada para ofrecerse como colaborador, y evitar la prisión preventiva.

Gracias a esta impunidad, ahora Odebrecht alega que fue perjudicada por el gobierno peruano, porque Pedro Pablo Kuczynski –presidente de la República cuando se canceló el contrato del gasoducto- quería evitar que diera información que lo comprometiera.

El 24 de enero, Vela respondió la misiva de los brasileños con el Oficio 298-2020-FSCEE-MP-FN, pidiéndoles que les envíen una copia de la demanda ante el CIADI.

“El contar con dicha instrumental, va a permitir que se pueda evaluar la compatibilidad o no de este documento con el reconocimiento de responsabilidad de la persona jurídica Norberto Odebrehct S.A. en el caso Gasoducto en el marco de la ejecución de la sentencia de Colaboración Eficaz”, escribía el fiscal superior.

VELA REACCIONA

En este punto, el coordinador del equipo Lava Jato señala que ya la constructora había admitido ilícitos en el proyecto, y que en el acuerdo homologado (punto 143) se señalaba tomar una actitud referente respecto a potenciales arbitrajes. A esto se añade que Graña y Montero había desistido de acudir al CIADI.

Lo que Vela no consigna es que a los brasileños ya se les había pagado los S/ 524 millones que requerían para sus proveedores y financiar trámites para entregar información de “codinomes”, pero ahora estos apelan a la misma excusa para demandarnos por 4,000 millones de soles.

Sin embargo, el magistrado dice que si se insiste en el reclamo ante el arbitraje internacional, Odebrecht sería nuevamente pasible de ser “sujeto de investigación penal, y todos los exfuncionarios de dicha persona jurídica a los que en su oportunidad se decretó el archivo correspondiente”.

Ante la revelación desde Europa, a la ministra Alva no le quedó otra salida que pronunciarse. En un comunicado, negaba irregularidad alguna en la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Andino, y aseguraba que “el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”.

Luego le tocó el turno a Zeballos, quien también afirmó que ganaríamos en el proceso arbitral: “Resulta irónico poder compartir que, a pesar de estos hechos con evidencias manifiestas con carga probatoria suficiente y responsabilidades asumidas, tenga la frescura de acudir a un arbitraje”.

US$ 2,289 MILLONES

Finalmente, ahora está claro que Odebrecht Latinvest, subsidiaria del grupo Odebrecht y domiciliada en Luxemburgo, pretende cobrarle al Estado peruano 1,200 millones de dólares por supuestos daños ocasionados por el DU-003-2017 que la obligaba a depositar sus ingresos en un fideicomiso por estar implicada en el caso Lava Jato, decisión que consideran discriminatoria y arbitraria.

La noticia se empezó a gestar entre 2017 e inicios de 2018, cuando había culminado el trato directo de un plazo de seis meses ante autoridades peruanas, en especial de Economía y Finanzas, que es el requisito para plantear un proceso arbitral en el CIADI, recuerda el experto César Gutiérrez Peña.

Y es que para Odebrecht Latinvest y Odebrecht Finance el DU-003-2017 vulnera el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Luxemburgo.

Dicho decreto de urgencia publicado en febrero del 2017 tenía vigencia de un año y fue prorrogado por un mes adicional hasta marzo del 2018, fecha en la que se emite la Ley 30737 que modifica el mencionado DU.

“Esta modificación legal será un argumento que usará Odebrecht para sustentar su posición, la que no será nada fácil refutar, no solo por estas enmendaduras legislativas sino por el alto nivel del bufete de abogados de la demandante, el británico Cliford Chance, conocedor del sector petrolero y gasífero peruano, pues ha sido el estudio que preparó el modelo de contrato del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara”, dice Gutiérrez, ex presidente de Petroperú.

A esta demanda se suma la presentada al CIADI por la española Enagás, socia de Odebrecht y Graña y Montero en el Gasoducto Sur Peruano que formaron el llamado Consorcio Gasoducto Sur Peruano, donde Odebrecht tenía una participación de 55% del accionariado.

Enagas demandó al país por el reconocimiento del Valor Contable Neto de los Bienes del Gasoducto, que según el Consorcio ascienden a 1,980 millones de dólares que, de prosperar, a la empresa brasileña le correspondería la suma de US$1,089 millones.

Si sumamos los dos arbitrajes, la expectativa de Odebrecht es cobrar al Estado peruano la suma de US$ 2,289 millones.

La interpretación que hace la firma carioca es que el Estado ha admitido su responsabilidad al haber publicado el DU-001-2017 que ordena a Osinergmin contratar una empresa que administre los bienes del gasoducto.

Este desliz del cuidado y mantenimiento de los enseres del consorcio en el gasoducto ha tenido un costo de US$ 50 millones anuales para el fisco y en mayo de este año acumulará US$ 150 millones para el resguardo de propiedades que no son púbicas sino privadas.
Si la concesión había caducado porque el consorcio no pudo levantar los fondos para ejecutar el proyecto (cierre financiero), ¿por qué los contribuyentes tendríamos que pagar la administración de los bienes del gasoducto?

En esto hay corresponsabilidad desde el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y de sucesor, Martín Vizcarra, quien ha renovado dos veces este pago.

REVOCAR BENEFICIOS 

“Los colaboradores, tanto la persona jurídica como los colaboradores eficaces, tienen obligaciones y nosotros estamos pendientes de cumplimiento de estas. Si existe algún incumplimiento de alguna obligación, ese es un supuesto en el que sí es posible revocar los beneficios de la colaboración eficaz”, señaló el fiscal Rafael Vela.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.



Top
Álvaro Gutiérrez: Vilca es la ministra de Nadine Heredia

Álvaro Gutiérrez: Vilca es la ministra de Nadine Heredia