ACUERDO DE COLABORACIÓN CUMPLE 10 MESES

Caso Odebrecht huele a farsa

Procurador y fiscales Lava Jato son rápidos para pagarle a la transnacional corrupta y lentos para investigar sus delitos.

Caso Odebrecht huele a farsa
  • Fecha Sábado 14 de Diciembre del 2019
  • Fecha 6:00 am

La paciencia se agota en el caso Odebrecht. Esto porque la ciudadanía no constata avances en la lucha anticorrupción. La lentitud de los procesos -incluso con abusos en las prisiones preventivas-, al extremo que no hay ningún caso que haya pasado a juicio oral en el Poder Judicial, hace que este sea un tema que empieza a causar repulsa en las encuestas, tanto que muchos lo ven como una farsa.

Y es que desde que se firmó el acuerdo colaboración eficaz entre la transnacional Odebrecht y autoridades peruanas, no hay nada sustantivo en materia delictiva que sea investigación propia del equipo Lava Jato de la Fiscalía.

Más impacto han tenido los aportes del periodismo de investigación, como el portal La Posta del Ecuador, avanzando mucho más allá de los cuatro proyectos conocidos en los que la constructora brasileña aceptó delitos, incorporando el caso del gasoducto del sur.

Para contrarrestar este panorama sombrío, Vela anunció desde Curitiba, Brasil, un plan de suministro de información del sistema Drousys y My Web Day que desarrollaría entregas pasadas a la parte peruana.

Esta es la nueva promesa, a consecuencia de un contrato firmado entre Odebrecht y la empresa GR Compliance, que contendría 723 órdenes de pago, que incluyen unos 2,000 documentos -afirma Vela- material a entregarse en ocho semanas a un ritmo quincenal.

Los rostros de Vela y de su brazo derecho, José Domingo Pérez, y el rosario de mentiras y dobleces de Barata, hacen que no se confíe en este nuevo anuncio. En todo caso, ver para creer, como decían nuestros abuelos.

HABLA IBAZETA

El exmagistrado Marcos Ibazeta aseguró que la orden del Poder Judicial para liberar a Martín Belaunde Lossio, demuestra que el Ministerio Público no está realizando una buena estrategia de investigación en casos de corrupción porque sale libre por vencimiento del plazo de su prisión preventiva.

“Se supone que la Fiscalía no debe trabajar con los plazos extremos, sino que debe tener un aparato que sea muy eficiente para poder investigar y en 36 meses ya terminar todo, incluida la acusación con sentencia”, manifestó.

NADA SOBRE KEIKO

En el último día de la ronda de interrogatorios a los delincuentes brasileños, Rafael Vela ensayó una nueva forma de evadir su responsabilidad en la pérdida de tiempo, recursos humanos y económicos para no obtener ninguna información que sea eficaz y nueva.

“No se descarta la eventualidad de que puedan haber existido pagos indebidos”, dijo, al referirse a los relatos de Jorge Barata sobre cómo Nadine Heredia ayudó a plasmar el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano (GSP).

Es decir, Vela Barba ya no habla de “sobornos”, sino de “pagos indebidos”. Como han dicho varios penalistas, si Heredia Alarcón solo aparece como gestora del GSP, no siendo formalmente funcionaria pública, no habría vínculos legales para hablar del delito de cohecho.

A pesar de ello, el procurador Jorge Ramírez manifestaba que, con los nuevos indicios de corrupción en el proyecto energético, podría aumentar el monto de reparación civil. Tomando en cuenta que por cuatro obras con sobrecostos de cinco mil millones de soles, se les pide S/ 610 millones, es difícil entusiasmarse con este anuncio.

Renato Ribeiro y Luis Mameri también hablaron del dinero que daba Odebrecht como aportes, pero este último les dio una mala noticia a los fiscales: no declararía nada sobre Keiko Fujimori, porque ya todo lo había dicho antes.

Por su parte, Luis Da Rocha dijo que él no podía conocer la identidad de los destinatarios finales porque estaban protegidos por el seudónimo o codinome. “No conoce a Keiko Fujimori ni a Jaime Yoshiyama”, informó El Comercio, en tiempo real de los interrogatorios.

Pero esta falta de pruebas incriminatorias no amilana al fiscal José Domingo Pérez. Si el pago de 524 millones de soles a Odebrecht no sirvió para obtener elementos de convicción para una acusación, el magistrado ahora se basa en testimonios de Jorge Yoshiyama Sasaki y empresarios para pedir al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de la oposición.

Según argumentó en su pedido, este tiempo se justifica porque los delitos cometidos implican 24 años de prisión efectiva.

SOLO COLABORADORES

Esta realidad de orfandad en las investigaciones se da por la excesiva dependencia sobre la figura legal de la colaboración eficaz con ex ejecutivos de Odebrecht, “lo cual les da obvias ventajas al negociar con el equipo especial Lava Jato”, sostiene el economista e investigador Manuel Romero Caro.

“Dicho de otra forma, se ha venido subestimando el valor de las investigaciones propias, así como el de la cooperación internacional, la Suiza por ejemplo, y el aporte de los socios nacionales de las constructoras brasileñas”, reafirma.

Al margen de los refritos, lo que es evidente es que en el paquete de expedientes del Lava Jato peruano no hay ninguno que esté en la etapa de juicio oral. Esto es más grave en la medida que la mayoría de pesquisas tienen tres años y otros hasta cinco años, como el de la ex primera dama Nadine Heredia.

Para el penalista Humberto Abanto, las demoras para iniciar los procesos en el Poder Judicial se deben a que los fiscales “no logran corroborar los dichos de los colaboradores eficaces; además esta es la razón de alargar y seguir alargando las prisiones preventivas”.

Y es que “con meros dichos, como bien saben los magistrados, no se puede condenar a nadie”.

Abanto subraya que el propio procurador ad hoc Jorge Ramírez dijo días atrás que las actuales investigaciones fiscales dependen “entre un 70 y 80 % de la información proveniente del acuerdo de colaboración con Odebrecht”.

“Lo anterior implica que las indagaciones producto del trabajo de la Fiscalía no pasan de entre el 20 y el 30 %”, dice.

Tal vez la primera pesquisa lavajatista haya que ubicar en el Cusco, recuerda por su parte la ex procuradora anticorrupción, Dora Monzón Valverde, en referencia al caso Antalsis de la zona, que comprometió a Martín Belaunde Lossio.

“En ese entonces se difundió un audio en que autoridades cusqueñas del periodo de René Concha hablaban de la posibilidad de ejecutar el Hospital Lorena (de OAS) y la Vía de Evitamiento del Cusco (Odebrecht) siempre y cuando los empresarios vengan ‘con el maletín por delante’”.

La denuncia, a decir de Monzón, es del 4 de diciembre de 2014, pero sigue en investigación preliminar, al igual que los implicados posteriores en el caso del Hospital Lorena, como el ex gobernador regional, Jorge Acurio Tito, que ya salió de prisión por exceso de plazos en prisión. No solo eso, sino que Martín Belaunde saldrá libre por otros casos.

PACTO IRREGULAR

Para contrarrestar esta crítica la prensa oficialista culpa al procurador Amado Enco de “obstrucción” por haber denunciado a su colega ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, de colisionar con los intereses nacionales en el acuerdo con Odebrecht y en el subsecuente pago de los 534 millones de soles retenidos, producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Dicho de otra forma, por haber “pactado irregularmente” con la constructora la devolución de esos recursos porque la procuraduría anticorrupción –según Enco– debía cobrar 80 millones de soles de la primera cuota de la reparación; de forma que en el fideicomiso quedaban los citados 524 millones con carácter de “intangible” por el pago de la reparación civil en el Perú.

Por lo demás, para Enco esos son recursos públicos, mientras que Ramírez dice que son privados y, como tal, han sido entregados a la transnacional del delito.

De otra parte, en un esfuerzo por tapar el fracaso de las declaraciones de Curitiva, el jefe del grupo Lava Jato, Rafael Vela, ha dicho en la víspera que esos “interrogatorios no son nuevos sino la continuación de otras declaraciones”.

Antes Vela sostuvo que las diligencias fueron solicitadas no por ellos sino por la defensa de los investigados, lo que es una verdad a medias.

Para reforzar esa visión, fiscales como Jorge Chávez Cotrina arguyeron que las investigaciones no avanzan porque no alcanza el presupuesto en el Ministerio Público, aunque ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 104’430,123 soles a favor del Ministerio Público.

JULIO RODRÍGUEZ:

“A mediano y largo plazo, el caso de lavado de activos no va tener mayor posibilidad de llegar a un éxito absoluto, porque el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas y de campaña se ha incorporado de forma posterior a cuando Keiko Fujimori u otros habrían recibido dinero. Como el delito recién se ha estructurado, no se puede aplicar en forma posterior”.

ENCUESTAS

Todo esto obviamente ha repercutido en la opinión pública donde hay la sensación de que el procurador y fiscales Lava Jato son rápidos para pagarle a la transnacional del delito y lentos para investigar sus delitos.

Es así que en el último sondeo del IEP, en materia anticorrupción, el 27% opina que el gobierno lo está haciendo bien o muy bien. Pero un significativo 34% dice que lo hace mal o muy mal, nos recuerda Romero Caro.

En otras palabras, en su menú favorito –que es la “lucha anticorrupción”- el presidente Martín Vizcarra tiene un saldo negativo de 7 puntos, según datos procedentes de la citada encuestadora.

Por todo lo anteriormente escrito, “lo más probable es que Vizcarra en un futuro cercano perdería su principal soporte, que es el liderazgo que tiene sobre la lucha contra la corrupción”, concluye el economista.

FIRMA DE CONVENIO

El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pagó en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Se quedó corto. El 15 de febrero de 2019 autoridades peruanas y la firma Odebrecht firmaron un acuerdo de colaboración eficaz. Desde entonces poco se ha avanzado.

POR: PLINIO ESQUINARILA

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