PRETENDE RECUPERAR SU “INVERSIÓN” A TODA COSTA

Chantaje al Perú por el Gasoducto

Empresa corrupta ahora quiere que obra paralizada por su culpa sea licitada. De lo contrario, insistirá en su demanda por 1,200 millones de dólares ente el CIADI.

Chantaje al Perú por el Gasoducto
  • Fecha Sábado 8 de Febrero del 2020
  • Fecha 6:00 am

Conocida la demanda de la transnacional Odebrecht en contra del Estado peruano, exigiendo el pago de US$ 1,200 millones, argumentando que nuestro país incumplió con sus obligaciones respecto al proyecto del Gasoducto del Sur, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que esta demanda “no tiene ningún sustento”.

“Una demanda en la que no encontramos absolutamente ningún sustento porque, en ese momento, el 2017, las causas eran imputables al contratista. No había cumplido con su compromiso en el cierre financiero, (había) vencido el plazo. Con todo derecho y justificación el Estado peruano caduca ese contrato”, señaló Vizcarra sobre el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), en declaraciones a periodistas en una visita de trabajo a la ciudad de Arequipa.

La solicitud, interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, exige a Perú dicha indemnización porque, según la empresa, al caducar el contrato para la realización del proyecto del GSP, el Estado peruano “violó sus obligaciones” fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.

En ese orden de ideas, Vizcarra se mostró confiado en que el Ciadi desestimará dicha demanda porque el Estado peruano tiene “argumentos técnicos y morales”, subrayó.

“No dudamos que adicionalmente a los argumentos técnicos va a haber incluso argumentos de carácter moral, porque los propios funcionarios de Odebrecht han aceptado que ha habido irregularidades y corrupción en este proceso”, añadió Vizcarra.

“[El] Ciadi, que es una instancia que depende del Banco Mundial, y el Banco Mundial, que también da todas las facilidades para luchar contra la corrupción, no dudamos que adicionalmente a los sustentos y argumentos técnicos, económicos y legales, también en este caso, va a haber incluso argumentos de carácter legal, porque los propios funcionarios de Odebrecht, ellos han aceptado que hubo irregularidades, ha habido corrupción en este proceso”, aseguró.

VELA EN APUROS

No obstante, se debe precisar que en julio del 2019, fue el fiscal del equipo Lava jato, Rafael Vela, quien dijo que la empresa había reconocido actos ilícitos en el Gasoducto, y que incluso firmó un documento en donde reconocía su situación, pero no fue un pronunciamiento de la compañía.

“Dentro del proceso de colaboración eficaz, tenemos un acta firmada al respecto, donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad respecto de lo que se está investigando en el caso específico del Gasoducto. Cualquier otra especulación carece de veracidad”, señaló en aquella oportunidad Vela, desde Brasil.

Al margen de esos antecedentes, ayer Rafael Vela aseguró -más que preocupado- haber planteado a Odebrecht que se desista de la demanda que presentó contra el Estado peruano ante Ciadi, en tanto ya han reconocido culpabilidad en actos ilícitos en el caso del Gasoducto.

“Lo que nosotros hacemos, porque tenemos que compatibilizar estrategias, es llamar a Odebrecht como lo hicimos en el caso de Graña y Montero cuando conocimos que demandaron al Estado. Los llamamos, nos reunimos y les hicimos saber nuestra postura al respecto”, sostuvo en radio Exitosa.

Luego enfatizó en la necesidad de “ver la lectura social de la legitimidad de nuestros acuerdos y por eso hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desistimiento de la demanda, en tanto ellos mantengan culpabilidad en el caso, porque si no tenemos que incorporarlos en la investigación con el mayor rigor”, añadió.

Recordando el caso Graña y Montero, Vela añadió que a esta empresa le plantearon que desista de la demanda que pensaban planear ante Ciadi contra el Perú porque habría “incompatibilidad” con el acta de culpabilidad firmada en el caso Gasoducto.

“Lo mismo hemos hecho con Odebrecht porque existe un acta de culpabilidad […] Lo procesal es que ellos determinen o ratifique el contenido del acta de culpabilidad que ya tienen con nosotros desde hace varios meses”, subrayó.

“Es un contrasentido que demanden siendo culpables, pero eso es un asunto de ellos, nosotros no podemos intervenir en nada, pero podemos decirles que es un gesto inamistoso que genera turbulencia, enrarece y le da municiones a quienes nos atacan”, insistió.

PSICOSOCIAL

El último viernes, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que Martín Vizcarra iba a decretar que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la seguridad ciudadana.

Según un memorándum dirigido a Gastón Rodríguez Limo, director nacional de Orden y Seguridad, el jueves se habían reunido los altos mandos militares y policiales, y se requería un informe sobre personal y logística al subcomandante general de la PNP, Jorge Pérez Flores.

ODEBRECHT DISCREPA

El punto de vista de Odebrecht, sin embargo, es otro. En una carta dirigida a Rafael Vela esta semana, Odebrecht señala que si bien cometió “actos ilícitos”, se ha mostrado a favor de colaborar con el sistema de justicia peruano, brindando información, como se ha podido observar en el acuerdo de colaboración eficaz.

Sin embargo, han hecho saber por diferentes canales que esos “ilícitos” no tienen contenido penal, es decir no son delitos, o en todo caso se dieron “entre privados”.

Además, en otro comunicado presentado en la víspera, la empresa aseguró que está dispuesta a “cancelar el proceso de arbitraje” en contra del Estado peruano, si el Gobierno acepta sostener reuniones con los representantes de la transnacional.

Y desde Sao Paulo, la constructora indicó –en una suerte de chantaje al Perú– que sigue dispuesta a retirar la demanda con tal de que el gasoducto del sur pueda ser realizado por otra u otras empresas que le compren los activos que tiene invertidos en ese proyecto.

“Odebrecht sigue con total disposición de buscar el mismo camino, permitiendo suspender y, hasta, en un futuro cancelar el proceso arbitral. Es importante aclarar que esta acción tiene el objetivo de preservar el derecho de acreedores y no busca ‘garantías indebidas’, sino el resarcimiento del capital 100% privado invertido y que permitió el avance físico de 33% de obra, que hoy en día se encuentra en manos del Estado peruano”, se observa en el segundo comunicado.

MEF NIEGA REUNIONES

A todo esto, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, también se pronunció este viernes sobre el caso, y ante la consulta de si representantes de su cartera se reunieron con Odebrecht, ella negó que alguien de su sector haya participado de una conversación de este tipo.

“El Ministerio de Economía y Finanzas no tenía nada que negociar con ellos, la ley no nos da esas competencias, negamos rotundamente que nos hayamos reunido con la empresa, menos para discutir esos asuntos, porque sería irregular”, aseguró.

Asimismo, enfatizó que este tema del Gasoducto estuvo a cargo de una comisión multisectorial desde el año 2017, y explicó que la transnacional conocía de esta comisión desde su creación, ya que era con este grupo con el que tenía que solucionarse el tema.

“Cualquier asunto relacionado a una controversia internacional, está en el ámbito de competencia de una comisión multisectorial creada por ley. Odebrecht sabía eso del 2017 (…) Odebrecht sabía que la ruta regular era esta comisión, sabiendo esto, no ingresó ningún requerimiento o presentó alguna demanda formalmente, por lo cual esta comisión no pudo pronunciarse a favor y en contra”, expresó.

HABLA ZEBALLOS

En un aparente alarde de amnesia, el premier Vicente Zeballos dejó en el olvido su defensa a rajatabla del acuerdo de colaboración eficaz hace un año, la cual lo llevó incluso a enfrentar una interpelación en el Congreso.

“El Gobierno no negocia con corruptos, lo que sí le digo es que la defensa corresponde asumirla a la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y, denlo por descontado, ya tenemos en el mismo Gasoducto un contencioso arbitral planteado por Enagás, la misma defensa que está viendo este caso la asumirá en el caso de Obdebrecht”, manifestó.

Agregó que en el Poder Ejecutivo rechazaban la actitud “pretenciosa” asumida por Odebrecht, que, a pesar de haber suscrito un acuerdo de colaboración eficaz y de haber una carga probatoria bastante sustantiva, respecto a los actos irregulares e inescrupulosos encontrados en el Gasoducto, se haya atrevido a plantear una demanda arbitral.

“Esperemos que se pueda corregir cuanto antes. (…) Confiamos (en una decisión a favor del Estado peruano) porque haremos una sólida defensa, pero también porque tenemos sólidos argumentos fácticos como de derecho”, agregó.

CONGRESO DEBE INVESTIGAR

El virtual congresista y futuro vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, aseguró que este tema tiene que ser investigado en el Congreso de la República, ya que es necesario esclarecer qué es lo que ha ocurrido.

“Tiene que verse (en el Congreso) qué ha pasado realmente. Podemos argumentar que no hemos tenido experiencia, que el caso es único, particular, está bien, pero hay que coordinar bien. Si el contrato del Gasoducto del Sur tiene vicios de corrupción, yo no creo que vayan a tener éxito. Sin embargo, por qué llegamos a esta situación, esa es la gran pregunta”, enfatizó

“Tenemos que verlo en el Congreso, qué pasos erráticos hemos dado, y hay que corregirlos. Si es que se nos ha ocultado (información desde el Ejecutivo), sería gravísimo”, agregó.

El general (r) del Ejército, también lamentó que la información sobre el caso se haya manejado de forma secreta, y consideró que este podría ser uno de los elementos que habrían influenciado a que el Estado no tenga una buena defensa ni pueda esta prevenido.
“En estos tiempos de corrupción expandida a nivel nacional, creo que la fiscalización del congresista toma una posición muy importante, hay que fiscalizar. Lamento mucho que, quizá por la necesidad de mantener la confidencialidad en alguna información, no se vio esto de manera más integral. No puede ser que se nos sorprenda con esta demanda”, explicó.

Como se sabe, el GSP, calificado por el oficialismo como el mayor proyecto de masificación de gas natural en el país, contempla la implementación de 1,000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva sur oriental del Cusco, hasta la costa del Pacífico.

Pero los expertos señalaron que dicho proyecto no tenía asegurado el abastecimiento de gas por la falta de reservas probadas; tenía severos problemas en obtener el financiamiento como ya se comprobó, y ni tenía demanda suficiente ni estudio de mercado serio, “por lo que nadie sabe con cuántos miles de millones de dólares tendrán que subsidiar los consumidores eléctricos al GSP”, escribió Manuel Romero Caro el 3 de febrero de 2016.

Al poco tiempo se calculó los subsidios en US$ 4,000 millones y con proyectos colaterales, como el complejo petroquímico, a US$ 11,000 millones.

UN SOLO POSTOR

El proyecto del gasoducto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de 7,000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival en medio de acusaciones de irregularidades.

IMPEDIMENTO DE SALIDA

Finalmente, la primera Sala de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ratificó la medida de impedimento de salida del país contra el exministro de Economía durante el gobierno de Ollanta Humala, Luis Miguel Castilla.

La sala optó por respaldar el pedido del Ministerio Público de impedir que el extitular de Economía salga del Perú, en un plazo de seis meses. Se debe detallar que Castilla es uno de los cuatro exministros incluidos en las investigaciones por el presunto delito de colusión por sus vinculaciones como titulares de diferentes sectores e integrantes del Consejo Directivo de Proinversión.

SIN RESPUESTA

La pregunta que sobre el gasdocuto del sur hasta ahora no tiene respuesta es la siguiente: ¿cómo es que esta obra emblemática del gobierno de Ollanta Humala pasó de costar 1,330 millones de dólares a 7,328 millones de dólares?

POR: JOSÉ M. CARMEN MORÁN

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