Chinchero: contrato debió anularse
Poco a poco se va conociendo el ‘affaire’ Chinchero. En la toma, el exministro Carlos Paredes.
A+

POR: MARÍA TERESA GARCÍA

Luego de reconocer que el contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero (AIC) en el Cusco tuvo errores, Carlos Paredes, ex exministro de Transportes del gobierno humalista, afirmó que se debió anular el contrato con la empresa Kuntur Wasi ni bien la compañía demostró que no podía presentar el cierre financiero y no esperar a que se demorara dos años, lo cual retrasó el inicio de la obra. “Lo cierto es que por las razones que fuera, si el concesionario no lograba la acreditación del cierre financiero, esa era una causal de incumplimiento que le daba facultades al concedente, a través del Ministerio de Transportes (MTC), de rescindir el contrato y ejecutar la garantía”, sostuvo. Agregó que “si en ese momento el MTC decide no hacer eso, sino una adenda, ellos tienen que sustentarlo”.

RESPONSABILIDADES

“Aquí hay que ser claros en establecer las responsabilidades sin pretender lavarse las manos, si hay una responsabilidad política nosotros la admitimos, pero responsabilidad administrativa o penal, en absoluto”, indicó.

El exministro detalló que el Comité Prointegración, cuyos miembros son propuestos por el Consejo Directivo de Proinversión, aprobó la versión del contrato que es enviado al Ministerio de Economía, que en marzo del 2014 da opinión favorable, y lo mismo sucedió con el Ministerio de Transportes, así como con Ositran.

“La aprobación por parte del Comité Ejecutivo se hace en marzo del 2014. Luego es enviada a Contraloría que hace una revisión a todo el proceso de concesión y emite un informe previo en el cual hicieron observaciones, en su mayoría referidas a la tasa de interés que, de acuerdo al ente contralor, debería haberse precisado un tope máximo”, sostuvo.

Entonces Paredes enfatizó que un mes antes de que la Contraloría emitiera su informe, ya se había efectuado el contrato de concesión con el concesionario compuesto por América y Andino Investment Holding.

Cuando el titular de la Comisión, Segundo Tapia, le preguntó por qué no atendieron las observaciones de la Contraloría en cuanto a la falta de plazo del cierre financiero y la falta de tope de la tasa de endeudamiento, Paredes contestó que la decisión de acoger o no una recomendación de Contraloría contenida en su informe previo no era del Consejo Directivo de Proinversión sino del Comité Especializado Prointegración.

“Tenemos que aplicar el principio de confianza, si las instancias que la ley contempla están dando opiniones favorables acerca de un acto administrativo. Nosotros confiamos en que lo están haciendo con buen criterio. Después de la batalla, todo el mundo es general, lo entendemos”, sostuvo.

CLÁUSULAS

Sin embargo, Paredes indicó que el contrato tuvo cláusulas precisas para poner a buen recaudo los intereses del Estado, como por ejemplo que la autorización del endeudamiento garantizado permitido (cierre financiero) tenía que requerir la opinión del Estado previa opinión del Ositran.

“En caso que el concesionario no haya acreditado el cierre financiero, se considerará un incumplimiento del concesionario y por lo tanto el concedente, previo informe emitido por Ositran, podrá optar por solicitar la caducidad de la concesión por incumplimiento del concesionario”, sostuvo.

“Por su parte el concedente podrá poner término anticipadamente al contrato en caso el concesionario incurra en sus obligaciones contractuales sin perjuicio de las penalidades que procedan, entre ellas por incumplimiento del cierre financiero por el concesionario”, detalló.

Añadió que cuando se rescinde el contrato por incumplimiento de una obligación, se le puede ejecutar la garantía de cumplimiento al contratista de más de US$ 8 millones. Al ser consultado sobre por qué no se fijó una fecha límite exacta para el cierre financiero, Paredes dijo que el Comité Prointegración no consideró hacer esa puntualización “porque creyeron que era de interés del concesionario el obtener el cierre financiero lo más pronto posible debido a que era un prerrequisito para que pueda iniciar las obras”.

SE RECHAZÓ CIERRE

En otro momento, Paredes dijo que el concesionario sí presentó un cierre financiero en julio del 2016, pero el Ministerio de Transportes se lo rechazó a través de un oficio en noviembre del mismo año. “Inmediatamente después de eso el MTC pudo rescindir el contrato, lo que ocurre es que estuvieron a la espera de que hubiera una contrapropuesta, pero basta con que el concesionario lo presente y se rechace, significaba que estaba incumpliendo una obligación contractual”, añadió.

HABLA FUAD KHOURY

De otra parte, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización, el excontralor Fuad Khoury informó que previo a la entrega de la buena pro para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), la Contraloría formuló hasta veinte observaciones de riesgo. “Los dos principales son que no se haya fijado tope de la tasa de interés (…) y que tampoco se haya puesto una fecha para el cierre financiero”, expresó.

No obstante, indicó que estas opiniones, al ser previas a la adjudicación no eran vinculantes, por lo que dependía de las instituciones a cargo del proyecto tomarlas o no en cuenta. En otro momento, dijo que sí es posible efectuar una auditoría al caso Chinchero de haberse encontrado presuntas irregularidades.

“Esa auditoría está cerrada, pero se puede abrir otra. Si hubiera señales de que existieron eventos que no se revisaron en su momento, o aparecen nuevas evidencias, pueden trabajar en equipo con la Comisión de Fiscalización, puede trabajar la Contraloría con el mandato constitucional que tiene, o la misma Fiscalía podría incorporarlo en su carpeta. Nunca un delito está cerrado”, añadió.

Fuad Khoury reveló que se hicieron observaciones de control.

 

ÓRDENES DE PALACIO

Finalmente, el extitular del Comité de Prointegración, Francisco García-Calderón, sostuvo que trabajó en la primera etapa del proyecto del Aeropuerto de Chinchero, durante el 2013 pero que fue retirado por órdenes del entonces presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. Agregó que en su lugar colocaron a Evelyn Victoria Zárate Jiménez, quien era una recomendada de Palacio de Gobierno. Añadió que su trabajo era conocido por respetar las normas y revisar los informes de todos los organismos antes de recomendar la firma de un contrato, porque esa es la única manera de velar por los intereses del Estado.

PILATOS…

“Si bien es cierto que durante mi presencia como ministro y miembro de Pro Inversión, llegaron algunas recomendaciones de la Contraloría, la decisión de acoger una recomendación no era decisión del ministro, era o es responsabilidad del Comité Especial y son ellos quienes tienen que responder por este caso”, refirió el ex titular del MTC, Carlos Paredes.

DESTRABE

El de Chinchero era un proyecto priorizado que estaba dentro del plan de destrabe del gobierno de PPK. Había reuniones de destrabe de varios proyectos y este problema se evidenciaba, dijo Yaco Rosas, exdirector general de concesiones en transporte del MTC, a un diario local.

INTERÉS EVIDENTE

Luego de la exposición de Fuad Khoury, los parlamentarios Segundo Tapia, Armando Villanueva Mercado (AP), Juan Yuyes Meza (FP), Esther Saavedra Vela (FP), Edgar Ochoa Pezo (NP), entre otros, realizaron una serie de preguntas al ex contralor para que precise su rol y responsabilidad en este caso.

 

OJO. NADIE QUISO FIRMAR UNA TASA DE INTERÉS DE 22 %

Todo fue una decisión política del Ejecutivo

Los funcionarios de Ositran resistieron, con Patricia Benavente, pero al final ella fue traicionada.

¿Cómo es que, en un mes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en ese entonces al mando de Martín Vizcarra, pasó de denegar el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi a firmar la controvertida adenda propuesta por el citado consorcio? Esta es la pregunta clave en el actual debate del llamado caso Chinchero. Y la única explicación es que hubo una decisión política al más alto nivel en la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski a fines de 2016, en su primer año de gobierno.

La citada explicación está en la documentación enviada por Yaco Rosas, exdirector general de concesiones en transporte del MTC, y Camilo Carrillo, exdirector de promoción de la inversión privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También está en el cambio de opinión de los exdirectores de Ositran, Alfredo Dammert y Antonio Balbuena, contraviniendo sus posturas iniciales, decisión permisiva no obstante la protesta y la renuncia de la titular de Ositran, Patricia Balbuena. Y es que era inconcebible para la tecnocracia del MTC, del MEF y de Proinversión aceptar una valoración de la tasa de inversión o tasa de interés hasta del 22 %, como lo ha reiterado en repetidas oportunidades este diario. Dicho de otra forma, si bien es cierto que el primer contrato firmado en el gobierno de Ollanta Humala (2014) no fijaba el respectivo tope para calcular el interés del financiamiento del aeropuerto, aunque sumaba en términos gruesos un 7.02 %, aparte de un ‘spread’ de 2.5 %, sin embargo en el nuevo gobierno fue subido –mediante la adenda- a una súbita tasa de interés de 22 %. La propia Corporación Andina de Fomento (CAF) dijo en un informe solicitado por el MTC que dicho interés estaba muy sobrevalorado.

VIRAJE

El25 de noviembre, según un informe publicado en la prensa local, con los argumentos de la CAF, el MTC se rechazó la propuesta de Kuntur Wasi porque “generaría un perjuicio económico al concedente [el Estado]”. “Cinco días después, el 1 de diciembre, se registra la primera reunión para discutir la adenda de Chinchero, en la que participaron representantes de Ositran, el MTC y el MEF”, y es donde empezó el viraje. La historia es larga y esta documentada.

No obstante la negativa, resulta que le informaron a Kuntur Wasi que le “corresponde al concedente conjuntamente con el Ositran y el MEF evaluar la viabilidad de su solicitud de modificación contractual. El documento lo firma Yaco Rosas.. Los cambios se hicieron al parecer desde el 18 de enero, en el Consejo Directivo de Ositran, en reunión seguida hasta el 20 de enero. Aun en estos días Patricia Benavente y los dos otros miembros de su directorio, Alfredo Dammert y Antonio Balbuena fue “dar por unanimidad opinión desfavorable al proyecto de adenda”. Pero los dos últimos “indicaron que estaban de acuerdo”.

Ahí empieza el fin de la historia, incluido la solicitud de cambio de actas de parte de Dammert, quien ahora es procesado por la justicia. Como no fue posible, Dammert y Balbuena finalmente dijeron que no firmarían las actas por “no estar de acuerdo con su contenido”. Ahora está claro, y lo dicen los actores de Ositran y del MTC que todo fue una decisión política desde el más alto nivel, es decir desde Pedro Kuczynski como presidente de la República, e incluía a Martín Vizcarra.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook Twitter.