CON LA EXCUSA DE ESCUCHAR CONVERSACIONES DE NARCOS Y SICARIOS

‘Chuponearon’ a altos magistrados al margen de la Ley

Hasta se creó sala de escucha especial con intervención de agencia británica de espionaje y una empresa privada israelí.

  • Fecha Lunes 22 de Julio del 2019
  • Fecha 6:00 am



Los actos de corrupción que efectuaba el entonces titular del Poder Judicial del Callao, Walter Ríos, fueron la excusa perfecta para que la facción que veía esfumarse su influencia en el sistema judicial ante los nuevos ascensos de altos magistrados, se deshicieran de sus enemigos,  involucrándolos con Ríos –por entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao–, a través de la utilización de interceptaciones telefónicas en el marco de una investigación por narcotráfico.

La indagación preliminar a la que nos referimos es a la seguida desde el 2017 en contra de la organización criminal de narcos denominada “Las Castañuelas de Rich Port” que estaba liderada por Gerson Aldair Gálvez Calle, alias “Caracol”, junto a otros delincuentes dedicados a actividades delictivas como la extorsión, sicariato y otras.

Para ello, la fiscal del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, le pidió al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, intervención, control y otros de los números telefónicos en tiempo real de varios personajes, entre los que se encontraba un tal “Walter” y un “NN”. Esta solicitud fue aceptada por el magistrado el 22 de diciembre de 2017.

Como vemos, recién ese 22 de diciembre el juez Roque Huamancóndor autoriza la intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones en tiempo real, también la localización y la geolocalización de varios números telefónicos que estará a cargo de la Unidad de Especializada de la Policía Nacional del Perú.

Pero hay audios que datan de fechas anteriores a esta autorización y, según fuentes de EXPRESO, las habría grabado una empresa israelí, sin ninguna autorización de un juez. ¿Quién contrató a esta empresa para “chuponear” a varios jueces? Esa es la gran incógnita que hasta ahora nadie responde.

En este punto, hay que precisar, según comentaron las fuentes, que la fiscal provincial de Criminalidad Organizada del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, es una de las integrantes del entorno del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, de factura “caviar” o “progre”.

Y es por esa razón que a la citada magistrada, sin ser titular de la especialidad de criminalidad organizada, le encargaron el caso de las “Las Castañuelas de Rich Port” que después se trocó en los “Cuellos Blancos del Puerto”.

Ello además explica que pese al nivel inferior que tenía en la Fiscalía, Rocío Sánchez haya solicitado la interceptación telefónica de magistrados de mayor nivel que el de ella, como es el caso de jueces supremos, consejeros, entre otros, con la excusa de que no sabía a quiénes pertenecían los celulares intervenidos.

Por jerarquía, entonces, la fiscal no podía pedir el ‘chuponeo’ telefónico ni del titular de la Corte de Justicia del Callao ni menos el del juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Si la interceptación telefónica hubiese tenido como objetivo indagar las actividades delincuenciales de la banda criminal, y en el camino se hubiesen descubierto comunicaciones con altos magistrados, entonces el deber de la fiscal era comunicar a sus superiores, para que otros fiscales de mayor jerarquía sigan la nueva línea de investigación, con lo cual no se blindaba a nadie.

EXPEDIENTE

Como resultado de anteriores ‘chuponeos’, de acuerdo al expediente, el 30 de noviembre de 2017, se verificó una conversación entre un tal “Paco” y una persona aún no identificada y denominada como un NN cuyo número de celular “sería el 952967103”.

En el escrito “se advierte una conversación muy reservada y con apenas algunos datos, lo que nos permite advertir que la organización ‘Castañuelas de Rich Port’ se estaría cuidando de efectuar conversaciones telefónicas y realizaría sus coordinaciones de manera personal, optando la apariencia de reuniones de camaradería en lugares públicos y conocidos, a fin de cubrir o poner una fachada a los actos preparatorios de ilícitos que vendrían efectuando”, indica la fiscal en el momento de efectuar el pedido al juez.

“Por lo que se hace necesario incorporar al sistema de escuchas [Constelación], los números referenciados, a fin de que se tenga conocimiento cierto de sus abonados y se pueda tener información de las fechas y lugares donde se vendrían realizando este tipo de reuniones de coordinación, a efectos de que se efectúen las pesquisas de corroboración”, añade.

Por este y otros hechos, Cerapio Roque Huamancóndor, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, autoriza que las interceptaciones de las comunicaciones se efectúen por sesenta días naturales y que las mismas se computen desde el momento en que se ingresan los números en el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Oficina de Apoyo Técnico Judicial de la Dirandro PNP –DIVINESP–, en el que se hace efectivo el levantamiento de las comunicaciones.

Fuentes ligadas al Ministerio Público señalaron a EXPRESO que la fiscal a cargo del caso conocía muy bien que el tal “Walter”, a quien se referían, era Walter Ríos, titular del Poder Judicial del Callao, y el “NN” no era otro que el entonces juez supremo César Hinostroza. Ello debido a que los dos números telefónicos eran muy conocidos en el sistema judicial.

Además, con una simple búsqueda en los operadores telefónicos, se podía conocer a quiénes les pertenecían dichos celulares, con lo cual quedó descartada la excusa de la parte fiscal que señalaba desconocer que se estaba interfiriendo las comunicaciones de César Hinostroza.

Según los informantes, desde un inicio Hinostroza fue uno de los objetivos de los grupos que perdieron el poder en el sistema judicial. ¿Por qué? Debido a ser un acérrimo enemigo de dicho sector –de la izquierda y la progresía– por lo que buscaron involucrarlo con los delincuentes a fin de tener el pretexto de interceptar sus comunicaciones telefónicas.

A través de Hinostroza, se logró otro de sus objetivos: escuchar las conversaciones de los entonces integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y así se conformó una cadena de escuchas, pues dichos magistrados se comunicaban con otros jueces, fiscales, políticos, empresarios, entre otros personajes, logrando tener una valiosa veta de información, que posteriormente usaron a su favor.

Se utilizó, pues, lo que en el argot de inteligencia se denomina “pesca”: se graba hasta encontrar alguna conversación que pueda ser comprometedora, hasta que el ‘pez’ muerda el anzuelo.

SE INSTALÓ SALA HADAR PARA ESCUCHAR A MAGISTRADOS

La interceptación telefónica la realizó el grupo ‘Constelación’ a cargo de la Policía Nacional del Perú y en las nuevas circunstancias el caso fue conocido como los “Cuellos Blancos”. Este equipo estaba al mando del fiscal Isauro Fuentes Rivera.

Según los informantes, existen tres salas dedicadas al chuponeo telefónico, y cada una de ellas tiene el nombre de una estrella.

La primera es la Sala Rigel, que toma el nombre de una estrella situada en el pie izquierdo de la figura del cazador Orión y significa  “el pie del gigante”.

Los efectivos que la manejan están a cargo de interceptar las conversaciones correspondientes a los casos de tráfico ilícito de drogas (TID), lavado de activos y acciones subversivas y terroristas.

La segunda Sala es Sirio, estrella conocida como la más brillante de todo el cielo nocturno vista desde la Tierra. Esta sala está destinada para las escuchas de conversaciones provenientes de los delitos de criminalidad organizada, como en el caso de extorsión, robo, entre otros.

Y la sala más importante, y que inició sus funciones entre noviembre y diciembre de 2017, es conocida como Hadar. Es precisamente esta sala la que tuvo a su cargo las escuchas del caso “Cuellos Blancos”. Lo que pocos saben es que fue  auspiciada por la National Crime Agency (NCA) británica.

La National Crime Agency (NCA) es la agencia líder del Reino Unido contra el crimen organizado; tráfico de personas, armas y drogas; delito cibernético y los delitos económicos que atraviesan las fronteras regionales e internacionales, pero pueden encargarse de investigar cualquier delito.

Cabe indicar que en la Sala Hadar se deben ver casos del Grupo Especial de Inteligencia Escorpión, que pertenece a la Dirandro.

En este punto, surge una pregunta: ¿por qué una agencia de otro país tuvo que tener acceso a información de magistrados peruanos? Esa es una interrogante que deberían hacerse los integrantes de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.

Para ver la primera parte de esta historia, ingresa aquí.

POR: MARIA TERESA GARCÍA

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