SIGUE LA OPERACIÓN ‘LAVA CARA’ DE ODEBRECHT CON APOYO DE FISCALÍA

Coimeros serían juzgados solo por evasión tributaria

Ministro de Economía estaría protegiendo a funcionarios que permitieron desfalco de Cofide por parte de la firma carioca y G&M por más de US$ 300 millones.

Coimeros serían juzgados solo por evasión tributaria
Luis Borja
  • Fecha Miércoles 3 de Julio del 2019
  • Fecha 6:00 am

Parlamentarios y expertos consultados por EXPRESO afirmaron que el ‘lavado de cara’ a Odebrecht continúa con la decisión de otorgarles a los fiscales del caso Lava Jato facultades para realizar investigaciones por delitos tributarios, esto con el propósito de no procesar a los ejecutivos de la constructora brasileña por los delitos de soborno y otros en que habrían incurrido en los nuevos aportes en unas 20 obras, según información procedente del Ecuador.

La prensa oficialista ha venido insistiendo en que la citada constructora, al haber entregado dicha información a los fiscales en el marco de la colaboración eficaz, el 12 de junio de este año y este lunes, a lo más estaría incursa en presunto delito de colusión, o evasión tributaria, por pagar supuestos trabajos y asesorías, por ejemplo, en el Gasoducto del Sur, a través de ‘offshore’ de países lejanos.

Ante esta sucesión de hechos, al margen de que varios fiscales, entre ellos José Domingo Pérez, han sido ascendidos al nivel de fiscal provincial, un jurista y parlamentarios de diferentes bancadas emplazaron a los fiscales del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público a tomar medidas, como aplicar la cláusula del acuerdo de colaboración eficaz que permitirá ampliar las investigaciones en los proyectos donde se han descubierto nuevos elementos irregulares.

El expresidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta, manifestó que darle las facultades de investigación por delitos tributarios al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público debió analizarse mejor, ya que para este tipo de indagaciones y enlaces entre un ilícito y otro, es necesario que exista conectividad entre un delito tributario y hechos de corrupción y lavado de activos.

“Esto no tendría nada de raro, pero si tuviéramos un equipo altamente especializado, y que sea capaz de enlazar unas tres causas. Solo cuando el delito tributario tiene conectividad con corrupción y lavado de activos podría estar a cargo de este equipo. Pero si solamente es defraudación tributaria, y no hay lavado de activos ni corrupción, no me parece. Más  bien se podría dar a que se convierta en un implemento de persecución contra cualquiera [involucrado en el caso Lava Jato]”, remarcó.

Rosa Bartra (Fuerza Popular), expresidenta de la Comisión Lava Jato, señaló que esta situación debe obligar al equipo especial Lava Jato a iniciar un nuevo acuerdo de colaboración eficaz, para poder indagar los proyectos de la compañía brasileña en los que se han detectado indicios de sobornos.

“Voy a seguir reclamando [que los fiscales] tomen el informe de la Comisión Lava Jato, que es del pleno del Congreso y tiene información valiosísima sobre las irregularidades que se han cometido en los proyectos investigados en el Parlamento”, dijo la legisladora fujimorista.

“No se trata solo de aplicar esa cláusula [para ampliar la investigación], los fiscales deberían iniciar un nuevo acuerdo de colaboración”, enfatizó.

Bartra también advirtió que le preocupa que al equipo Lava Jato de la Fiscalía se le haya entregado facultades para realizar investigaciones por delitos tributarios, y advirtió que esto podría ser una medida para favorecer a la empresa durante las investigaciones.

“Me preocupa que le hayan ampliado al grupo especial del Ministerio Público, que lleva adelante el caso Lava Jato, facultades para investigar delitos tributarios. ¿Piensan atribuirle la condición de delito tributario a todo esto?”, se interroga Bartra.

Y es que “bajo todos los parámetros que se conocen del actuar criminal de Odebrecht, serían coimas. ¿Nos quieren mentir otra vez? ¿Hay una vez más complicidad entre la Fiscalía, la Procuraduría y los criminales más grandes de nuestro país?”, añadió.

HABLA CÉSAR VÁSQUEZ

El vocero de Alianza Para el Progreso (APP), César Vásquez, manifestó que es necesario que los fiscales apliquen la cláusula que permitiría que se amplíen las investigaciones.

“Si ya se tienen datos concretos, en donde todo hace indicar que son indicios contundentes, se tiene que investigar, eso es obligado (…) y lo más pronto que permita el procedimiento, creo que se debería aplicar esa cláusula para poder investigar más obras”, afirmó.

Vásquez manifestó que esta nueva información solo demostraría que los fiscales cometieron un error al querer centrarse en cuatro obras, por lo que los emplazó a buscar la ampliación de la indagación contra la transnacional.

“El acuerdo está por cuatro obras, pero lo que esto demuestra es que los fiscales se quedaron cortos, no vieron toda la magnitud real, pero deben ampliar la investigación, porque son cantidades enormes y estaríamos hablando de coimas”, argumentó.

Para Karina Beteta (Fuerza Popular), exintegrante de la Comisión Lava Jato, esta nueva información, a partir de lo que se obtuvo desde Ecuador, solo confirma que el acuerdo establecido entre los fiscales, la Procuraduría y Odebrecht fue mal elaborado, complicando los intereses del país.

¿TAMBIÉN CONGRESISTAS?

Zacarías Lapa (Frente Amplio) manifestó que lo revelado sobre el gasoducto y otros proyectos demostraría que dentro del posible pago de coimas podrían estar involucrados congresistas, periodistas, miembros del Poder Judicial, así como de la Policía Nacional.

“En eso [las transferencias] deben estar metidos congresistas, periodistas, policías, miembros del Poder Judicial, por eso es necesario que se investigue. Si encuentran datos dolosos, se debe ampliar la investigación”, acotó.

Por su parte, Oracio Pacori (Nuevo Perú) también reincidió en la posibilidad de aplicar la cláusula para ampliar las investigaciones, y emplazó a los fiscales a tomar las precauciones del caso, para evitar que se omitan nuevos datos sobre irregularidades.

“Lo único que le queda a los fiscales es ponerse de acuerdo con Odebrecht para que se amplíen las investigaciones. Esperemos que hagan una labor eficiente, y que prevean todos estos temas, porque no vaya a ser que algunos temas que son importantes sean obviados. Hay que ver la cláusula que permitiría ver más casos”, arguyó.

HAN MENTIDO

El parlamentario Víctor García Belaunde (Acción Popular) manifestó a EXPRESO que los miembros del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público le habrían mentido al país, cuando habrían mencionado que solo los directivos de la empresa Odebrecht podían descifrar los sistemas Drousys y My Web Day, programas en donde estarían registrados los pagos de coimas.

“Por supuesto que sí [debería publicarse el acuerdo], además, el señor [Rafael] Vela lo ofreció en el Congreso hace casi un año. Además, [los fiscales] han dicho tantas mentiras, como que estos sistemas de Drousys y My Web Day, solamente ellos [los directivos de la empresa] lo conocían, y solo ellos [los miembros de la transnacional] podían descifrarlo, pero ahora vemos que lo han descifrado unos periodistas de Ecuador, es decir, era mentira lo que dijo Vela sobre eso”, aseveró.

CONTROVERTIDA RESOLUCIÓN

A ocho días de haber recibido el primer paquete de la documentación que tiene que ver con los destapes provenientes del país del norte, que tuvo lugar el 12 de junio de 2014, tal como informó el superintendente de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, los fiscales del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público vieron ampliadas sus facultades a delitos tributarios por resolución N° 1375-2019-MP-FN firmada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y publicada el 20 de junio de 2019.

Protegen y premian a los del ‘perromuerto’ a Cofide

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, los funcionarios del entorno del ministro Carlos Oliva y del extitular del sector, Alonso Segura, también siguen protegiendo a eventuales cómplices de Odebrecht en la entrega de millonarios préstamos de Cofide en favor de esta empresa y su principal consorciada peruana, Graña y Montero, por un monto de 317.8 millones de dólares sin que hasta ahora se sepa que han pagado ni un dólar.

Nos referimos a los préstamos de 247.9 millones de dólares en favor de Odebrecht Latinvest y 69.9 millones de dólares para Graña y Montero, recursos que representaban un tercio del patrimonio de Cofide y que no han sido honrados, sobre todo los 160 millones de dólares que se habrían destinado –según se supo– para el proyecto gasífero.

Hay otra versión que señala que desde el escándalo de corrupción que se desató en el Perú en el 2017, Odebrecht ha acumulado un estimado de US$ 228 millones como deuda pendiente a Cofide.

Dos de los funcionarios responsables de este desaguisado, y que son especialmente mencionados en el informe de la comisión Lava Jato que presidió el congresista Juan Pari, son Óscar Portocarrero Quevedo y Jorge Luis Ramos Felices. Óscar Portocarrero es un funcionario clave, director de Cofide y presidente del Comité, con la participación de varios funcionarios, entre ellos Jorge Luis Ramos, gerente general. Ramos ha sido voceado para la gerencia de Petroperú, y Portocarrero integra el directorio de Fogapi.

Por: JOSÉ M. CARMEN MORAN

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