Colaboran en caso Richard Swing y las arrestan
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A pesar de que Karem Roca entregó información al Ministerio Público, y Mirian Morales se allanó a las investigaciones, ambas terminaron en detención preliminar con Richard “Swing” Cisneros y Óscar Vásquez, quienes intentaban evitar que las pesquisas lleguen al presidente Martín Vizcarra.

El megaoperativo contra los exallegados al mandatario se basa en elementos de convicción y supuesta falta de colaboración en el caso, según la fiscal Janny Sánchez Porturas.

Para gestionar el recorte de la libertad del exasesor de Comunicaciones palaciego Vásquez, por obstrucción a la justicia, la magistrada usa como una de sus “razones plausibles” la “declaración testimonial de Karem Roca”.

Sin embargo, en otro punto la magistrada manifiesta que la exasesora de Vizcarra debe ser detenida por sospecha de falsedad genérica, ya que habría mentido en su testimonial, respecto a que ella había visto a “Swing” el 12 de octubre de 2018, “cuando realmente lo habría atendido el señor presidente de la República”.

Esta aparente contradicción en el criterio del Ministerio Público es compartida por Sonia Bazalar, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Esto confirma que la investigación ha pasado de la etapa preliminar, y que podría presentarse un pedido adicional de prisión preventiva a los involucrados.

En las redes sociales se señalaba que es a Karem Roca a quien quieren “quebrar” por grabar al jefe de la organización criminal ya diseñada en la pirámide de la Disposición N° 13 de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, de la que diera cuenta EXPRESO en su portada del martes 29 de septiembre.

AUDIOS Y CORREOS

Lo que sí compromete a la ex secretaria general de Presidencia de la República, Mirian Morales, es que un audio demuestra que “habría influenciado en coimputados y testigos a fin de coordinar la forma como deben declarar ante la presente investigación fiscal, para evadir la acción de la justicia, falseando la información y dificultando la averiguación de la verdad”, se lee en el documento fiscal, con el añadido de que las eventuales instigaciones las habría hecho “junto con el Presidente de la República”.

La fiscal también afirma que la magnitud del daño causado por los delitos es grave y que no solo ameritan penas efectivas de entre 6 y 15 años sino que afectan la marcha democrática del país.
“… se trata de hechos delictivos imputados que son de suma gravedad, los que socavan la propia existencia de un sistema democrático cuyos principios y valores se encuentran plenamente reconocidos en la Carta Magna…”, señala Sánchez Porturas.

ÓSCAR VÁSQUEZ

A las escuchas difundidas el 10 de septiembre en el Pleno del Congreso, se les suma como sustento el Informe Pericial de Análisis Digital Forense 137-2020, realizado en junio a los registros de visitas. Este examen también descubrió que se habían borrado 27,420 correos electrónicos.

Algo similar se indica sobre Óscar Vásquez, ya que también aparece en el material digital donde se coordina ocultar los registros de visitas de “Swing” al jefe de Estado.

Morales y Roca fueron detenidas a las 4:30 de la madrugada, en sus domicilios registrados en la Fiscalía, mientras el periodista no estaba en el suyo, pero luego fue capturado en Barranco.

Respecto al proveedor “Swing” favorecido con casi 175 mil soles en contratos con el Estado, la fiscal Sánchez y la jueza Bazalar coinciden en que este no entregó los audios que tenía en su poder, sino que los utilizó para conferencias de prensa.

Además, toman como presunta obstrucción a la justicia que dicho personaje haya preferido uno de sus shows en vez de colaborar con las pesquisas.

“No ha acudido a conectarse para llevar a cabo la diligencia de declaración indagatoria programada para el 18 de septiembre del 2020 a las 10:00 a.m., solicitando reprogramar según constancia de llamada de asistente del despacho fiscal”, se cuestiona.

A ellos se suman exfuncionarios del Ministerio de Cultura, donde se elaboraron contratos para Cisneros, sin que haya una necesidad real de sus servicios.

Ellos son Patricia Dávila Tasaico y Diana Tamashiro Oshiro, ex secretarias generales del Ministerio de Cultura; Lincoln Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración; Aura Quiñones Li y Liliana Chanamé Castillo, ex directoras generales de Recursos Humanos; y Mauricio Salas Torreblanca, coordinador y programador del Gran Teatro Municipal.

Es de subrayar que en medios judiciales se especula que Jorge Apoloni, quien fue secretario general del Ministerio de Cultura, sería un testigo protegido y que debido a ese estatus su nombre no está entre los diez personajes con orden de detención.

DIVIAC EXHIBICIONISTA

En las diligencias participó personal de la División de Investigaciones de Alta Complejidad. Los efectivos policiales colocaron chalecos con el logo de “detenido” a los intervenidos, y luego los mostraron a la prensa.

Los dirigidos por el coronel PNP Jorge Gonzales Quispe habrían transgredido el artículo 2 de nuestra Constitución Política, y el quinto de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto a la exhibición pública de personas que tienen presunción de inocencia.

El 15 de septiembre, la Diviac había oficiado a Omar Tello, magistrado superior coordinador de las fiscalías anticorrupción, que avisara con anticipación antes de cada operativo supuestamente sorpresivo.

“El Ministerio Público debe respetar la organización administrativa y funcional de la PNP, así como realizar las coordinaciones o requerimientos sobre diligencias de apoyo, que previamente deban ser de conocimiento de esta jefatura Diviac PNP a través del suscrito, o al comandante PNP Javier Lescano Velarde y al [email protected]”, señala el Oficio 308-2020-DIRNIC PNP / DIVIAC-SEC.

Tanto Vizcarra como la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, seguían totalmente libres de las investigaciones, y a miles de kilómetros, Francesco Petrozzi disfrutaba su cargo como funcionario en la Embajada de Perú en Alemania.

ÁVALOS Y VIZCARRA

A pesar de que cuenta con las carpetas con indicios y documentos que los vinculan con los delitos que habrían cometido los exfuncionarios detenidos, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aún no se pronuncia sobre ellos, ni sobre otros “aforados”.

Como se recuerda, la alta magistrada adelantó que querellaría a Karem Roca si no se retractaba por haberla mencionado como afín al Poder Ejecutivo.

Antes de la advertencia de Ávalos, la ahora exsecretaria del Presidente había recibido sendas cartas notariales del ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, y del procurador de la Marina, para que haga lo mismo respecto a sus palabras sobre “cajero” y “chuponeo”.

Esta aparente pasividad de la primera autoridad del Ministerio Público se produce a pesar del informe de la suprema adjunta Bersabeth Revilla, donde se habla directamente del presidente Vizcarra como comprometido con los delitos investigados.

Obstrucción a la justicia, delito contra la administración pública y omisión de denuncia son los cargos en la disposición antes citada, pero al parecer, la fiscal de la Nación consideraría que es mejor esperar el término del mandato presidencial para esta parte de las pesquisas.

Esto se basa en un audio grabado la primera semana de junio, donde se escucha a Vizcarra aceptar que se está corrompiendo a un magistrado del Ministerio Público. “Yo no declaro el martes simplemente porque me dijeron que había un fiscal corrupto, que Óscar había hablado”, decía Roca.

DELITOS PRESIDENCIALES

El funcionario que se habría vendido al Poder Ejecutivo sería Marcos Villalta Infante, responsable de casos de lavado de activos. Como se recordará, el letrado envió una carta a EXPRESO negando cualquier ilícito, lo cual se está ventilando en Control Interno y en el despacho precisamente de Revilla.

“Sigue hablando como si la persona, que él admite es su confinanciador de la asesoría legal de su interlocutora, haya hecho tratativas corruptas, fuera parte de lo previsto y lo normal”, continúa la suprema adjunta.

En la tesis investigativa, Vizcarra estaba al tanto de estas maniobras criminales, o recién se entera en la conversación, pero evita tomar acciones contra estas. Revilla incluso cita como precedente que Ávalos decidió abrir investigación al presidente de la Corte Suprema, José Lecaros, porque se le pidió un favor desde el Consejo Nacional de la Magistratura.

La misma lógica debería primar ahora, en vista de que la Carta Magna solo impide acusar al presidente de la República por estos cargos, pero no que sea investigado, como sucedió con Pedro Pablo Kuczynski cuando aún estaba en Palacio de Gobierno, y fue interrogado por sus vínculos con Odebrecht.

EXCESOS

Jaime de Althaus dijo que había consultado con penalistas y que ellos aseguraban que la detención preliminar de Karem Roca, Mirian Morales y Richard Cisneros, es un exceso para supuestos delitos menores, lo que hace “mucho daño a la democracia y al ambiente político en un momento muy delicado”.

LO DEFIENDE

“Debe demostrarse el peligro procesal, yo no puedo presumir y creer. Mi patrocinado ha cumplido con todas las diligencias señaladas por la Fiscalía, no tiene ningún motivo para obstaculizar la acción de la justicia”, aseguró Juan Badilla, defensor de Richard Cisneros.

DOBLE CRITERIO

“El contenido de los audios es verdadero o falso, pero lo que no puede pasar es que sea verdadero para lo que me conviene y falso para lo que no me conviene. Entonces, la pregunta es si el contenido es verdadero o falso. La Fiscalía no puede decir que los audios son verdaderos para detener personas y falsos cuando se refiere a la Fiscalía”, sostuvo Carlos Rodas, abogado defensor de Morales.

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POR: CÉSAR ROJAS

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