POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y OTROS DELITOS

Congresistas desfilarán por la Fiscalía

Titular del Parlamento, Daniel Salaverry, también ha sido denunciado penalmente ante el Ministerio Público, por la presentación de supuestos informes falsos.

Congresistas desfilarán por la Fiscalía
  • Fecha Miércoles 6 de Marzo del 2019
  • Fecha 6:00 am

Congresistas de diversas fuerzas políticas, así como ex candidatos a la presidencia de la República, deberán presentarse ante el Ministerio Público en las próximas semanas, para brindar sus declaraciones y argumentos de defensa ante la Fiscalía debido a las diferentes investigaciones por actos de corrupción y otros presuntos delitos en los que estarían involucrados.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien actualmente tiene una denuncia en la Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntamente haber presentado informes falsos respecto a la explicación que debía dar por los eventos realizados en su semana de representación, también afrontará un proceso de investigación en la Fiscalía, en donde ha sido denunciado penalmente por el mismo hecho.

De acuerdo al expediente 0007375-2019 presentado ante el Ministerio Público por el ciudadano Carlos Ernesto Quispe Gonzales, al que accedió EXPRESO, se acusa al titular del Poder Legislativo de presuntamente haber cometido “infracción a la Constitución del Perú, no dar buen uso a los recursos del Estado, por falsificación genérica de datos en la modalidad de suplantación”.

“Que, con fecha domingo 2 de diciembre del 2018, el Programa Televisivo de ‘Panamericana Televisión’ ha presentado un reportaje periodístico en Panorama que conduce la periodista Rosana Cueva, donde se narran los hechos que configuran gravemente la Infracción a la Constitución política del Perú, el no dar buen uso a los recursos del Estado y la Falsificación Genérica de datos en la modalidad de suplantación”, se lee en el documento.

Según el denunciante, Salaverry Villa habría vulnerado los artículos 92 y 103 de la Constitución al haber presentado estos informes presuntamente falsificados.

“La conducta desplegada por el congresista de la República Daniel Enrique Salaverry Villa (autor intelectual), en colusión con su asesor Sr. Gianmarco Quezada (autor material), ha configurado el Delito de Colusión Agravada, delito previsto en el Art. 384 del Código Penal vigente, por haber concertado con su asesor Gianmarco Quezada, defraudar patrimonialmente al Estado; según ley, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de quince años”, es el fundamento presentado respecto a la infracción constitucional.

Además, para sustentar este punto, se señala que “dentro de estos graves hechos, los imputados han transgredido gravemente la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 31.1”.

Sobre la “Falsificación Genérica de datos en la modalidad de suplantación”, el denunciante alega que con la presentación de los informes falsos, Salaverry habría incurrido en tres artículos del Código Penal.

“La conducta desplegada por el congresista de la República Daniel Enrique Salaverry Villa, ha configurado el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, Falsificación de Documentos, Falsedad Ideológica, delitos previstos en los Art. 411, 427 y 428 del Código Penal Vigente, por haber concertado con su asesor Gianmarco Quezada, insertar, en instrumento público, declaraciones e información falsa concernientes a hechos que deban probarse con documentos”, se indica como parte de los argumentos.

BETETA

Cabe precisar que otros ocho parlamentarios más vienen afrontando investigaciones, así como otros siete legisladores fueron mencionados en otros procesos de indagación fiscal.

Uno de los casos más resaltantes es el de la fujimorista Karina Beteta, quien de acuerdo a la carpeta 206-2018 es investigada desde el año pasado por un viaje que realizó el 9 de agosto de 2018 a Huánuco, región a la que representa. De acuerdo a la tesis fiscal, la congresista viajó a este departamento con fines personales, pero con recursos públicos.

Esta indagación la efectúa el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ya ha solicitado información al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sobre el viaje que habría realizado la legisladora en la fecha mencionada.

Esta no es la primera vez que el Ministerio Público solicita información al Congreso por un viaje de Karina Beteta, ya que el 10 de diciembre del año pasado, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solicitó información respecto a un periplo realizado el 11 de agosto de ese año.

“AVENGERS”

Otros parlamentarios que vienen afrontando procesos de investigación en la Fiscalía de la Nación son los “Avengers” Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, quienes actualmente se encuentran suspendidos del Congreso de la República, mientras duren las investigaciones fiscales.

Como se recuerda, ellos fueron denunciados constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por presuntamente haber infringido la Carta Magna, así como presuntamente haber cometido los delitos de cohecho y tráfico de influencias, esto luego de haber sido grabados en unos videos, en los que aparentemente buscaban modificar los votos de algunos congresistas, para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

Durante el desarrollo de esta nota, nuestro medio accedió a información que señalaba que el juez supremo Hugo Núñez Julca, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, prorrogó por un periodo de dos meses, por pedido de la Fiscalía, la investigación contra esos congresistas.

La parlamentaria “Avenger” Lizbeth Robles, quien actualmente integra la bancada Cambio 21, que es liderada por Kenji Fujimori, también viene afrontando un proceso de investigación en el Ministerio Público, así como en la Comisión de Ética.

En este caso, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra la legisladora el pasado 12 de septiembre del 2018, y fue por la denuncia realizada por los ex trabajadores de su despacho, quienes la acusaron de confabularse con su esposo, para quedarse con la mitad de las remuneraciones de sus colaboradores.

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (oficialista), indicó a este diario que este caso será resuelto por su grupo especial durante la sesión del 11 de marzo. Por otro lado, EXPRESO intentó comunicarse con Robles para conocer detalles de su proceso fiscal; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

BECERRIL

La Fiscalía también investiga a Héctor Becerril (Fuerza Popular), quien ha sido acusado por la empresaria Mirtha Gonzales Yep, exrepresentante de la Constructora CRD Filial Perú.

La empresaria señaló que entregó como soborno S/ 74,000 en materiales para que fueran utilizados en la casa de Becerril, ubicada en Trujillo, a pedido de su hermano Wilfredo Becerril, y a cambio, el legislador se habría comprometido a que la constructora se mantendría a cargo de las obras de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo, licitación que ganó la compañía en el 2017.

IMPUTADOS

El fiscal Juan Carrasco, quien sustentó en diciembre pasado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los integrantes de la banda criminal “Los Temerarios del Crimen”, aseguró durante su audiencia que algunos parlamentarios le solicitaron obras y favores al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

En aquella audiencia, realizada el 14 de diciembre de 2018, Carrasco aseguró que, de acuerdo a las revelaciones de un colaborador eficaz, los congresistas que habrían solicitado favores a David Cornejo Chinguel fueron Javier Velásquez Quesquén (Apra), Héctor Becerril, Mercedes Aráoz y Carlos Bruce (oficialistas).

De acuerdo al fiscal, el legislador Héctor Becerril, a través de sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril, presuntamente le solicitaban el 5 % de cada obra al alcalde; mientras que Velásquez Quesquén, “él solicitaba por lo menos cuatro obras para que se le den y él pueda colocar a la constructora o a la beneficiaria de esas obras que oscilan entre un millón y 10 millones de soles”, dijo en aquella oportunidad el fiscal.

En la situación de los oficialistas, Carrasco explicó que cuando Carlos Bruce fue ministro de Vivienda, habría realizado un intercambio “de una obra que era del ministerio para que él ponga a la constructora o se adjudique la obra”; mientras que de Mercedes Aráoz, el magistrado señaló que la vicepresidenta se habría comunicado directamente con el ex burgomaestre de Chiclayo.

En esa audiencia, Juan Carrasco también imputó a los congresistas Clemente Flores (oficialista) y César Vásquez (APP), de estar involucrados en situaciones irregulares.

De Flores, aseguró que el congresista buscó al detenido ex alcalde de Chiclayo para que le brindara ayuda económica con “dinero de obras” al candidato de su partido a la alcaldía de esa provincia, Michael Llontop Ruiz.

En el caso de Vásquez, el magistrado indicó que el legislador fue el responsable de presentar al hermano del alcalde, Juan Noé Cornejo Chinguel, con un empresario de apellido Campos. Según el colaborador, este empresario financió la campaña de Juan Cornejo con S/ 40 mil.

Finalmente, los congresistas Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza (APP) habían sido incluidos en la investigación fiscal por el caso de “Los Wachiturros de Tumán”, por presuntamente haber recibido pagos de gente relacionada con Edwin Oviedo, para votar a favor de una ley que favorecía a Edwin Oviedo, para quedarse como administrador de la azucarera de Tumán.

Sin embargo, en agosto del año pasado, los legisladores lograron ser excluidos de la investigación, alegando que a ellos les correspondía el antejuicio político, y debían ser procesados por el mismo Congreso. A través de la resolución n° 4, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el recurso de cuestión previa de los congresistas.

OBSTRUCCIÓN

Pero así como hay parlamentarios investigados por el Ministerio Público, hay quienes están citados por diversos fiscales, para que brinden sus declaraciones en calidad de testigos por diferentes casos.

En esta situación, 10 congresistas de Fuerza Popular fueron citados por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Acusaciones Constitucionales, oficina que está adscrita a la Fiscalía, para que brinden sus declaraciones por presuntamente haber obstruido el allanamiento a las oficinas de Fuerza Popular, medida fiscal que fue realizada por el magistrado José Domingo Pérez.

Rosa Bartra, Héctor Becerril, Luz Salgado, Cecilia Chacón, Miguel Torres, Elard Melgar, Karina Beteta, Alejandra Aramayo, Víctor Albrecht y Úrsula Letona brindaron sus declaraciones en el mes de febrero.

LOURDES DECLARA POR APORTES

Los supuestos aportes que la constructora brasileña Odebrecht realizó en el Perú a las campañas del expresidente Alan García y a Keiko Fujimori centraron ayer el interrogatorio que la Fiscalía realizó a la líder del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano.

Así lo confirmó a la salida de sendos interrogatorios la veterana

política, ex candidata presidencial en 2006 y ex aspirante a la alcaldía de Lima en 2010, quien el pasado febrero se vio implicada en el escándalo Odebrecht en Perú luego de que exdirectivos de la empresa confirmaran que habían financiado sus campañas.

“Yo debía responder qué cosa sé yo del financiamiento del Apra y como no sé nada, esas han sido mis respuestas”, comentó Flores a la prensa, a su salida del primer interrogatorio desarrollado por la mañana.

“Cualquier otra pregunta que se me haya realizado ajeno al tema principal no la he respondido”, agregó.

Flores también declaró que desconocía la razón por la que le preguntaron por los financiamientos de las campañas del expresidente Alan García, al igual que luego también lo hizo en relación con las consultas sobre el “Caso Cócteles”, por el que se investiga a Keiko Fujimori, actualmente en prisión preventiva.

Flores llegó a ambas citaciones este martes en condición de testigo, luego de que el 22 de febrero pasado el exdirectivo de

Odebrecht Raymundo Trindade declarara al Ministerio Público peruano que la constructora brasileña aportó 200,000 dólares a su campaña para la alcaldía de Lima del 2010 y 30,000 dólares a su campaña presidencial del 2006.

La ex candidata presidencial respondió por la tarde a diversas preguntas de si conocía actos irregulares en el financiamiento de Fuerza Popular, sobre la que también dijo que no sabía y que no tiene relación con el caso.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.



Top
Blume envía a tribunos proyecto para admitir demanda competencial de Olaechea

Blume envía a tribunos proyecto para admitir demanda competencial de Olaechea