Denuncian guerra judicial a oposición

El excongresista Juan Sheput denunció que el Ministerio Público esté judicializando la política, luego que se conociera que el fiscal del equipo especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, lo citara que para que emitan sus declaraciones sobre presuntos pedidos de los integrantes de la bancada de Fuerza Popular de favorecer al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Ellos tendrán sus razones y yo no voy a intervenir en eso. Lo que sí está mal es que se judicialice la política. Una cosa es que me llamen a mí por haber cometido un delito (…) pero no por dar declaraciones políticas, o por corazonadas [del fiscal] como dicen”, sostuvo en una entrevista para un medio local.

El candidato al nuevo Parlamento cuestionó el escenario que se vive en el país, y lamentó que un comentario de índole político sea motivo para que un fiscal o juez citen a sus autores. También refirió que la declaración que brindó días previos “está descontextualizada” y es un fragmento de 15 segundos de una entrevista de 30 minutos, donde “se puede cambiar de punto o desarrollar la hipótesis”.

“Imagínate un escenario en el que por cualquier cosa que declaren en un programa, en Pasos Perdidos [del Congreso] o cualquier otro [lugar], el fiscal diga hay que llamarlo. Eso no se da en ningún lugar del mudo”, añadió.

En ese sentido, resaltó que durante el proceso de elecciones del nuevo titular del Congreso muchos medios de comunicación especulaban sobre su comportamiento y consideraban que “podía llegar a ser presidente del Congreso” si fallaba a favor de Chávarry en su informe que emitiría como integrante de la entonces Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“¿Por qué en ese momento no llamó el señor Domingo Pérez a los que especulaban injustamente con lo que iba a ser mi desenvolvimiento? Digo injustamente porque en dos informes he acusado al señor Chavarry y ahí tenemos el hecho concreto que desvirtúa lo anterior. Si lo hubiera favorecido, el fiscal tendría todo el derecho del mundo a llamarme”, acotó.

Sheput también negó que algún miembro de la entonces bancada de Fuerza Popular le haya puesto condicionamientos para “blindar a Pedro Chávarry”. “Jamás nadie me ha dicho actúa de esa manera, ni de manera oficial ni extraoficial (…) El condicionamiento era lo mediático, la forma en cómo se especulaba”.

Esto pese a que días previos aseguró que Fuerza Popular le ofrecieron la presidencia del Congreso con “el único condicionamiento del tema Chávarry”.

“A mí me ofrecieron [Fuerza Popular] la presidencia del Congreso y fue público; y me la ofrecieron en más de una oportunidad y había un único condicionamiento: el tema Chávarry”, aseguró en radio Nacional.

SALAVERRY

Otro de los citados por el Ministerio Público fue el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien actualmente se encuentra en Chiclayo, cuyo nombre fue mencionado por Jorge Yoshiyama al afirmar que, en un diálogo con Vicente Silva Checa, este le aseguró que el legislador trujillano era el nexo entre partido fujimorista y Chávarry.

“Vicente Silva también me informó que la persona encargada de comunicarse en forma reservada con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos, a nombre de Keiko Fujimori, era el ex congresista Daniel Salaverry, en ese momento vocero de la bancada de Fuerza Popular. Silva Checa me comentó que ambos, Pedro Chávarry y Daniel Salaverry, se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros, hasta a veces cambiaban de carro para llegar a sus reuniones para coordinar el apoyo mutuo, entre la fiscalía y el Partido Fuerza Popular”, narró Yoshiyama.

Esta versión no fue descartada por Salaverry, por el contrario utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que no cumplió con dicho encargo.

“No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP (Fuerza Popular). Siempre me opuse y critiqué públicamente (el) blindaje a Chavarry y Cuellos Blancos”, escribió.

NO LOS LLAMARON

“Si de políticos se trata, durante mucho tiempo los entonces congresistas Gino Costa, Marco Arana y otros políticos han llamado blindadores de corruptos y funcionales a la corrupción a miembros de la oposición congresal, esto con relación al caso Chávarry y los Cuellos Blancos. ¿Acaso los fiscales José Domingo Pérez o Rafael Vela han llamado a Costa o Arana para que expliquen sus fundamentos o acusaciones sobre el caso?”, se pregunta Sheput.

SOLO ADVERSARIOS

Para el analista político Fernando Rospigliosi, la judicialización de la política que actualmente se vive en el país es responsabilidad del presidente Martín Vizcarra, que utiliza dichos mecanismos para perseguir a sus adversarios y opositores.

“En realidad ya está judicializada la política, eso es lo que ha hecho el presidente Vizcarra y toda la coalición que lo respalda. Ahora, ese es el mal ejemplo que cunde y se extiende a otros sectores y otros ámbitos, es muy peligroso realmente”, señaló.

Rospigliosi resaltó que ninguna opinión política puede ser perseguida, porque estas, como su nombre lo dice, son opiniones personales de terceros. Sin embargo, resaltó que una situación diferente surge cuando se trata de difamación o calumnias contra una persona.

“Las opiniones políticas no deberían ser perseguibles, es muy distinto cuando hay difamación porque se entra a otro terreno, pero nadie debería ser perseguido ni judicializado porque emite una opinión a favor o en contra de algo”, añadió.

El exministro afirmó que dicho escenario es sumamente peligroso porque paulatinamente se instaura temor en la población a ser denunciado por cualquier comentario que emitan, hecho que restringe la libertad de expresión y opinión.

“Es muy peligroso porque todo ambiente puede ir restringiendo paulatinamente la libertad de opinión, mucha gente por temor a ser denunciado, llevado ante los tribunales o ser perseguido puede llegar a la autocensura y ese es el peligro”, explicó.

AMENAZAS

Una postura similar tuvo el ex titular del Parlamento, Ántero Flores-Aráoz, quien además sostuvo que estos acontecimientos también son vistos como una amenaza “subliminal” para otros personajes que finalmente terminan inhibiéndose de declarar o, incluso, de participar en la política peruana.

“El solo hecho de hacerlo rompe la igualdad y, lo que es peor, a los no investigados los están intimidando y dando un mensaje subliminal de: ‘oye, a ti también te puedo caer, así que ten cuidadito con lo que dices o hagas’. Una cosa es luchar contra la corrupción que está muy bien, pero otra cosa es judicializar la política”, manifestó.

En esa línea, Flores-Aráoz explicó que las leyes al respecto son claras y la Constitución Política del Perú también habla de la libertad de expresión y opinión de cada persona; sin embargo consideró que a la fecha existe un mal uso de la normativa legal existente, por lo que pidió prudencia al Ministerio Público y Poder Judicial para evitar dichos inconvenientes.

El jurista también precisó que se deben dar directivas claras sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque si bien la institución cuenta con autonomía, esta debe ser enmarcada en la ley para evitar excesos de parte de sus representantes.

Resaltó también que si bien es un riesgo para la libertad de expresión, esta también tiene límites y no se puede utilizar para cometer agravios, difamaciones o injurias.

“Todos tenemos libertad de opinión y expresión, pero si agravias o injurias o difamas o calumnias, tienes las responsabilidades que te señalan la ley y puedes afrontar un proceso judicial”, indicó.

Recordó también que los congresistas en el ejercicio de sus funciones cuentan con tres tipos de inmunidad: de opinión, de proceso y arresto, que se encuentran definidas en la Carta Magna, y al ser vulneradas podría traer consecuencias tanto para jueces como para fiscales.

HABLA EL PAPA

Fue en un discurso frente a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

El problema de la guerra judicial o judicialización de la política no solo es nacional sino latinoamericano.

Tanto es así que ayer el Papa Francisco criticó hasta el uso arbitrario de la “prisión preventiva” y el lawfare (o guerra judicial) en su discurso en el XX Congreso de la Asociación internacional de derecho penal en Roma, Italia.

Jorge Bergoglio señaló en dicho cónclave que “el encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan, o por un período excesivo, vulnera la presunción de inocencia”, cita el portal RT.

El Papa Francisco también se ocupó del denominado ‘lawfare’: “Se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados”, aseveró el Sumo Pontífice .

“De este modo (…) se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios”, denunció.

ERA EL PORTAVOZ 

Se puede aceptar que se llame a declarar a Daniel Salaverry. En ese caso hay una declaración de un colaborador eficaz, o un investigado firme, en declaraciones que aportan hechos, fechas. Nos referimos a lo dicho por Jorge Yoshiyama. Aún más el señor Salaverry era portavoz de Fuerza Popular.

COMPARECEN EL LUNES

El candidato al Congreso por el partido Contigo, Juan Sheput, deberá presentarse este lunes, desde las 10:30 horas, en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. El mismo día también ha sido citado Daniel Salaverry, para declarar a las 9:30 horas.

POR: SCARLET REYES V. 

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