BOCHORNOSO. FISCAL PRESENTA RÉCORD DE ERRORES

Domingo Pérez suma otro fracaso: no pudo encarcelar a PPK

Juez Chávez Támariz rechaza pedido de prisión a Kuczynski por considerarlo “abusivo, arbitrario e irracional”. Además, solicitud carcelaria decía que Mercedes Aráoz era “vicepresidenta del Congreso”.

El poder de la Fiscalía no debe usarse para abusar de otras personas, le dijeron a fiscal Pérez.
  • Fecha Sábado 24 de Agosto del 2019
  • Fecha 8:49 am



El entusiasmo con el cual el fiscal José Domingo Pérez inició una nueva etapa de su carrera en el caso Lava Jato, degeneró en excesos en algunos casos, pero ayer tocó fondo: su solicitud para encarcelar a Pedro Pablo Kuczynski por recibir visitas de congresistas, fracasó totalmente en el Poder Judicial. “La prohibición solo es respecto de los testigos y peritos de la investigación al expresidente Kuczynski. Interpretar que es sobre todas las investigaciones fiscales es abusivo, arbitrario e irracional”, sostuvo el juez Jorge Chávez Támariz. Según el pedido del fiscal, el expresidente había violado las normas de carcelería, al recibir en su vivienda de San Isidro donde cumple arresto domiciliario mientras es investigado por recibir dinero de Odebrecht a Mercedes Aráoz y a Carlos Bruce, así como a otros políticos, y amigos que a veces iban con familiares. Para Pérez, esto demostraba que había coordinaciones políticas orientadas a bloquear las pesquisas del equipo Lava Jato, y se violaba el mandato de la Sala Penal de Apelaciones, de prohibición de comunicarse con testigos o implicados en investigaciones, de realizar reuniones sociales y actividades políticas.

“En primera y segunda instancia existe plena convicción de que Pedro Pablo Kuczynski merece la prisión preventiva”, sostuvo Pérez. “La medida es idónea, necesaria y proporcional. Por lo tanto la fiscalía no se ensaña, no es inhumana y menos actúa políticamente. Han sido cuatro jueces, uno de primera instancia y tres en segunda instancia han señalado que PPK debería estar con prisión preventiva”, exclamó en la Sala. Sin embargo, sus argumentos solo fueron suspicacias sobre el registro de visitas, sin asidero legal ni fáctico alguno, como resolvió el magistrado del Poder Judicial. Un ejemplo de la falta de sustento de Pérez se leía en la página 14 de su solicitud. Allí había registrado a Aráoz Fernández como “la Vicepresidenta del Congreso”, cuando ella fue elegida para la Segunda Vicepresidencia de la República.

PROHIBICIONES INDEBIDAS

“Imponer al investigado prohibición sobre testigos y pruebas en todas las investigaciones, es imponerle a Pedro Pablo Kuczynski la tarea de averiguar quiénes son testigos y pruebas en todos los casos, esa no es actividad de un investigado. ¿Qué es una actividad política? La fiscalía solo muestra el registro de visitas, pero no demuestra las actividades políticas realizadas y cómo afectó o perturbó la investigación o el trabajo fiscal”, indicó el juez. Previamente, el abogado de PPK, César Nakazaki, había informado que su patrocinado había ingresado de emergencia a una clínica local, porque la situación legal había afectado fuertemente su salud, tomando en cuenta que ya tiene 81 años de edad.

Chávez Tamariz determinó que no podía pronunciarse sobre el estado de salud de Kuczynski porque no había certificados médicos que lo determinaran, por lo cual no tenía las potestades para resolver si se había afectado la orden de la Sala Superior, pero sí dejó en claro que no se habían violado las normas de conducta. “El poder de la Fiscalía no debe ser para abusar de otras personas”, declaró Nakazaki a la salida del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente. Mientras tanto, Pérez anunciaba que apelaría en los próximos días. Atrás quedaba el histórico 30 de julio del 2018, cuando el fiscal recién asumía el caso, y en pocas horas, pudo desbaratar el pedido del peruano-norteamericano, para irse a Estados Unidos a tratarse médicamente. En esa ocasión, se había centrado exclusivamente en las normas para lograr el éxito, a diferencia de lo sucedido ayer.

HIPÓTESIS

Para muchos, no fue una coincidencia que Pérez actúe contra PPK mencionando a Mercedes Aráoz, pocos días después de que esta renunciara a la bancada oficialista, y que se comentara que la mejor opción para acabar con la crisis política era que Martín Vizcarra renuncie a la Presidencia de la República y ella asuma la conducción del país. Esta hipótesis podría explicar la falta total de argumentos legales del pedido de carcelería, pero no es la primera vez que el fiscal comete serios errores en casos emblemáticos. Ayer, el juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la audiencia donde Pérez pedía realizar dos procesos a todos los investigados por la Línea 1 del Metro. De estos, quienes cumplen prisión preventiva van a llegar a los 36 meses en esta situación, y serían liberados en pocas semanas. El primer cargo es por delito de lavado de activos y el segundo por delitos de corrupción: tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión. Esto se entrampó porque Edwin Luyo, exmiembro del comité de Proinversión, había acudido a la Sala de Apelaciones, donde todos los jueces (Porfiria Condori Fernández, Rómulo Carcausto Calla y Sonia Torrez Muñoz) señalaron que correspondía juntar ambos procesos. Pérez no habría reparado en que no podía discriminar a los otros investigados en el mismo caso (el exviceministro Jorge Cuba Hidalgo, Miguel Navarro Portugal, Santiago Chau Novoa y sus familiares Víctor Muñoz Cuba y Jessica Tejada Guzmán), por lo cual Concepción decidió dejar sin resolver el control de acusación. Si bien existe la sospecha de que los involucrados fuguen, la ley solo permite un máximo de tres años de restricción de libertad. Al tener que reformularse la acusación, sería imposible que haya tiempo para sustentarla y procesarla para condenarlos, por lo cual el caso correría peligro. Al parecer, el fiscal decidió concentrarse en investigaciones en las cuales aún no tiene pruebas, pero descuidó las que sí tienen fuertes indicios, ya que por sustentar en la mañana su pedido de prisión preventiva efectiva a PPK, no pudo preparar su exposición en el caso Línea 1 del Metro de Lima. Otro aspecto que le quita tiempo al funcionario son sus constantes apariciones en medios de comunicación, que le toman varias horas en algunos casos, mientras sus adjuntos no disponen de la información para avanzar las investigaciones. A estos reveses del viernes, se le suma el del último 5 de agosto, cuando Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción, le ordenó devolver el celular del expresidente Alan García a su familia. “Lo que se pretende es que convalide una situación irregular, la misma que no podría ser amparada, sin que ello signifique una trasgresión a derechos fundamentales, tales como la propiedad o la intimidad, más aún si las normas procesales son de orden público y de estricto cumplimiento”, sostuvo el alto magistrado.

CASO “CÓCTELES”

El especial énfasis que el representante del Ministerio Público pone en los casos donde los sospechosos son opositores políticos al mandatario Vizcarra también lo llevó a cometer dos crasos errores que han atrasado el caso “Cócteles”. Entre octubre y noviembre del año pasado, Pérez tenía como informantes a los congresistas Rolando Reátegui y Miguel Castro. Sin embargo, en el primer caso reveló su identidad, al colocar su número de celular en la carpeta que distribuyó a las partes, y en el segundo, reveló tantos datos personales en una entrevista televisiva, que Castro denunció esta irregularidad públicamente, añadiendo que dejaba de colaborar. Por estos y otros episodios donde la objetividad y capacidad profesional del fiscal han sido cuestionadas, primero el fiscal supremo Pedro Chávarry intentó apartarlo del caso Lava Jato en diciembre del 2018. Hace unos días, el también alto magistrado Tomás Gálvez ha señalado que las acciones de Pérez están favoreciendo a los ejecutivos de Odebrecht, otorgándoles total impunidad legal y perjudicando al Perú.

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