Exprocurador Salas: Ejecutivo avaló acuerdo “indebido” con Odebrecht
Foto: Gerald Suárez/Expreso.
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¿Qué lo llevó a estar ajeno a la opinión pública desde hace ya buen tiempo?

Si me mantuve lejos de la opinión pública fue justamente porque preferí no prestarme a la ola de cierto sector de la prensa que aplaude a ciegas lo que un grupo de fiscales viene haciendo o lo que el Ejecutivo actualmente viene desplegando. No quise sumarme a esta ola porque es fácil tergiversar las versiones de alguien que, de un lado, apoya la lucha anticorrupción, pero por otro lado, no está de acuerdo con las acciones que se vienen tomando.

-Hay una opinión pública bastante favorable al equipo Lava Jato. ¿Es realmente un equipo perfecto, existe equipo que no pueda cometer un error?

Aunque somos humanos y somos falibles, en materia jurídica o en materia de fiscalías especializadas o procuradurías ad hoc, no hay errores que se puedan pasar por alto cuando detrás existe toda una trama de corrupción de gran escala. En casos como el de Odebrecht, cuando un funcionario asume responsabilidades, se compromete a equivocarse lo menos posible, a subsanar sus equivocaciones y a tomar las decisiones siempre mirando los intereses del Perú primero, no los intereses políticos, ni intereses del gobierno de turno.

-¿Criticar al equipo lo pone a uno como cómplice de la corrupción?

Políticos, las ong, cierto sector de funcionarios públicos y, sobre todo un poderoso grupo de la prensa, han tratado de hacer calar en el razonamiento social que si tú aplaudes lo que hace este grupo de fiscales, eres un hombre o mujer honesto, pero si te atreves a cuestionar lo que este grupo de fiscales hace, eres un corrupto o un fujimorista o un aprista o alguien que le hace juego a la corrupción.

-¿Es usted fujimorista o aprista? ¿Tiene alguna simpatía política?

No. Ninguna. No tengo fácticamente ningún acercamiento a ninguna tienda política: ni al humalismo, fujimorismo o aprismo. Ninguna.

-Estas formas de desacreditaciones, como la que le ocurrió a Jaime de Althaus, ¿denotan una actitud intolerante frente a la oposición?

Uno ejerce su derecho a la libre expresión, a la libre opinión, cuestionando lo que debe cuestionar no a la ligera, sino sobre la base de datos objetivos en tanto sean argumentos que tengan razonabilidad y respaldo. Lo que ocurrió con el señor De Althaus a mí me pareció terrible porque un funcionario del Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez, salió a decir airadamente de una forma eufórica y descontrolada, en un ataque directo contra él. Incluso, sugirió a la Junta Nacional de Justicia que lo saque del grupo del consejo consultivo. Tenemos que ser muy prudentes: Todo fiscal tiene que ser muy prudente en su actuar, ecuánime. Los políticos pueden desesperarse, pero los fiscales, no.

EL PERÚ EXPLOTÓ

-A la luz de los hechos conocidos, a la luz de todo lo revelado hasta el día de hoy, ¿está tan enquistada la corrupción en el Perú? ¿Está tan podrida la clase política?

Sí, claro que sí. Ahí tenemos que ser muy directos: la crisis de la clase política y del sistema político no es casualidad ni un hecho aislado. Yo fui procurador en el 2014. En todo ese año me tocó el procesamiento de todos los casos a nivel nacional (Ancash, Tumbes, Cajamarca, etc). El Perú explotó, pero antes del 2014 ya sabíamos qué había.

-Y seguirá estando enquistada. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí?

Lo que hay es una errada estrategia de la Fiscalía al renunciar en procesar y denunciar a empresarios y solo centrarse en funcionarios y políticos. Van a pasar los años y estos funcionarios o políticos presos saldrán de prisión, pero lo que va a quedar es la práctica del sector privado que, independientemente de quién sea el gobernante de turno, van a continuar con sus redes de corrupción porque el botín está ahí. Lo único que con esta mala estrategia se va a lograr es sacar a una clase política corrupta, pero dejar vigente el sistema corrupto.

-¿Se abre paso, entonces, de la posibilidad de que se elimine el acuerdo?

Así como un contrato millonario puede ser anulado por visos de corrupción, sentencias o acuerdos de colaboración se pueden anular judicialmente si es que se demuestra que en su elaboración hubo también corrupción, encubrimiento o alguna práctica indebida que afectó los intereses estatales. Esto es posible, pero en este contexto, no. Así como estamos, hoy, con esta fiscalía y jueces que aprueban todo lo que el equipo especial pide, nada va a cambiar. Necesitaremos otro contexto.

-¿Por qué? ¿Afirma usted que no hemos pisado fondo aún en la crisis del Ministerio Público?

No, todavía tiene para rato. Mientras tanto, en paralelo, vemos una pugna de poder interno increíble. Esto que ocurrió con la disolución indebida del Congreso es una muestra de eso. ¿Para qué quitarte la labor de fiscalización del Congreso? ¿Será acaso para defender la aprobación del Acuerdo de Colaboración, tener expedita la vía para la devolución de dinero de Chaglla para Odebrecht o para que no haya una crítica dura por la demanda ante el CIADI? Imagína si hubiera un Congreso, la crisis sería mayor. Para eso quitaron el Congreso. La conducta de estos funcionarios, a la larga, va a ser examinada meticulosamente y van a tener que responder no solo por los daños hechos al Estado, sino por darles impunidad total y beneficio máximo como exención de pena.

-El fiscal Vela dijo en alguna oportunidad que ningún acusado o investigado va a aceptar un convenio con cláusulas que digan que no puede interponer un arbitraje…

En este caso, no estamos ante un ciudadano común y corriente al que tú le dices que por cualquier reclamo que tú tengas contra el Estado, comprométete que no vas a reclamar por otros hechos. No estamos ante este caso, estamos ante el caso en el que una empresa la dice a la fiscalía que solo ha corrompido en 4 proyectos, así que si luego plantea una demanda ante el Estado es porque bloqueó otro proyecto. Esto evidencia que el Acuerdo de Colaboración Eficaz fue indebido.

FAVORECIMIENTO

-¿Se trata de un acuerdo indebido que se hizo de forma adrede? ¿Sabían los fiscales y el ahora exprocurador que esto nos ponía en unas situación delicada?

Veamos el contexto: desde el 2017 empezaron los acercamientos de la compañía a la fiscalía para supuestamente poder llegar a una colaboración eficaz. En ese entonces, nuestra legislación no permitía acuerdos de colaboración con empresas. ¿Cuándo lo permite? Con el decreto de urgencia 3-2017 y, posteriormente, con la ley que modifica el decreto permitiendo que las empresas sí pueden ser sujetas de colaboración y que los cabecillas y directivos también pueden ser colaboradores eficaces. La pregunta es, entonces, quienes negociaron el acuerdo desde inicios del 2017, ¿sabían que a futuro se iba a cambiar la normativa para llegar a este caso? Así como la normativa se cambió para adecuarse a los megaproyectos de corrupción, ya en un procesamiento a Odebrecht se cambia la normativa para favorecerlos tremendamente.

-¿Deberían ser removidos los fiscales Lava Jato?

Antes de una remoción, lo primero que tendría que hacerse –y que en este contexto no se va a hacer- es abrir procesos disciplinarios por las conductas de los encargados de las investigaciones. Un fiscal no puede refutar vía medios de comunicación a sus superiores. Un fiscal no puede, sin ser el encargado de las investigaciones, imputar delitos a un fiscal supremo. Un fiscal no puede sustentar casos con base en elucubraciones o presunciones antojadizas como una llamada del exjuez César Hinostroza. Por el contrario, un fiscal guarda mesura y reserva, pero no puede estar tomándole declaraciones a un colaborador en Brasil y estar pasándole la información a una periodista que saca en su Twitter lo que, en la hora exacta, dice el colaborador. Un fiscal no puede darle a la prensa los videos de un allanamiento. ¿Estos datos son suficientes para iniciar procesos sancionadores? Claro que sí, pero esto no va a ocurrir.

-Insisto. ¿Dice esto sin estar favoreciendo por detrás a ninguno de los investigados?

Para nada.

-¿La denuncia que en su momento hizo Tomás Gálvez contra Vela y Pérez, o la que hizo Amado Enco contra Ramírez, no van a prosperar?

Seguramente van a quedar en el archivo, pero si el contexto cambia y aparecen nuevas autoridades que no se dejen llevar por la presión, toda la ola mediática cambia. Esta ola que hoy levanta a este grupo de funcionarios va a estar después entre los primeros en criticar.

-¿Ana Revilla o Juan Carlos Lui deberían ser citados en Fiscalía?

Los ministros Liu y Revilla, que participaron en esta secuencia irregular de entrevistas con el procura

dor Ramírez, sí tienen que ser investigados aparte. Me extraña que la fiscalía no haya abierto una investigación de oficio por estas reuniones.

-¿Por qué?

El procurador Ramírez supuestamente lleva una propuesta de Odebrecht al ministro de Energía y Minas respecto de un interés de la empresa de contar con más plazo para determinar el tema de la demanda. Se reúnen con el ministro y este lo deriva a la ministra de Economía. Estamos ante una secuencia irregular que no obedece a una actuación propia del procurador y ministros porque ya desde el 2017 una ley creó una comisión especial de solución de controversias internacionales que integran varios representantes del Poder Ejecutivo. El procurador no debió ser un emisario de Odebrecht, debió colocar esto formalmente a discusión de dicha comisión para que se sigan los canales legales pertinentes. En toda esta secuencia irregular la única que tuvo tino fue la ministra de Economía.

-¿Se les puede investigar por algún delito?

Todo esto, ¿qué cosa es?, pensando de mala fe, pensando bajo criterios de sospechas que le corresponden al Ministerio Público, ¿qué podría apreciar acá? Presunta comisión de patrocinio ilegal, por haber gestionado un interés privado de la gestión pública.

HAY IRREGULARIDADES

-¿Y encubrimiento?

Podría ser encubrimiento. Pero, ¿quién tiene que desarrollar esta labor? El Ministerio Público ¿Lo va a hacer? Difícil.

-¿Cómo evalúa la gestión de Jorge Ramírez?

Personalmente, es un desconocido en el ámbito del derecho penal y en la defensa jurídica del Estado. Nadie lo tenía en el radar en el momento en que fue designado procurador y creo que ante las irregularidades del desarrollo, la inviabilidad del acuerdo y lo perjudicial del acuerdo, evidencian que fue una nefasta actuación que tuvo en la defensa de los intereses estatales.

-¿Va a ser la procuradora Carrión distinta o va a seguir la línea de Ramírez?

La línea, entiendo, está impuesta por el Ejecutivo, es decir, crear una procuraduría general, entre comillas, que tenga la exclusividad de accionar contra altísimos funcionarios; al contrario de sentir seguridad, uno siente sospecha.

-¿Podremos llegar algún día a una procuraduría autónoma?

Para un procurador digitado es muy difícil denunciar o impulsar los procesos o reclamos judiciales contra los funcionarios de turno y lo más fácil es atacar a los adversarios políticos. Como Estado, se requiere una procuraduría autónoma. ¿Es viable? Es viable. Podemos crear una procuraduría autónoma como una Junta Nacional de Justicia. Lo que no debe permanecer es la facultad que permite que al procurador lo designe el Ejecutivo.

-Por como se ha develado esta reunión secreta entre Ejecutivo y Odebrecht, ¿cree que podrían haber otras reuniones que todavía no se transparentan?

Claro. Sí. Cabe preguntarnos si en algún momento, fuera de las diligencias oficiales, ¿los fiscales han tenido reuniones secretas con los empresarios? ¿El procurador ha llevado otros encargos como si fuera emisario de la empresa? Por eso es importante fiscalizar la labor de estos funcionarios. El descubrimiento de la verdad no puede ser parcial.

-Hay algunos procesos en Moquegua que no se están llevando adelante en la Fiscalía y me refiero a los que vinculan a Martín Vizcarra…

Hay datos muy interesantes que objetivamente vinculan hasta al mismo presidente Vizcarra en los mismos hechos. El primero de ellos, el financiamiento en la campaña de PPK; segundo, que su empresa ha estado vinculada a estas contrataciones; tercero, su intervención en el concurso del aeropuerto de Chinchero. Hay datos que en algún momento lo van a vincular y yo creo que Vizcarra, al final de su mandato, va a correr la misma suerte que los demás expresidentes.

-Odebrecht paralizó este apoyo, mi pregunta es: ¿pudo haber hecho algo el Estado?

Sin duda. Con la Justicia Suiza el Perú tiene una larga data desde los años 2000 a consecuencia de la lucha contra el montesinismo. Desde ahí tiene acuerdos con Suiza que empezó a brindar información de cuentas y demás. Inclusive hay un instituto, el Instituto de Basilea, que permite un nivel de colaboración directa entre la Justicia Suiza y la Peruana. Es decir, existen los canales. Pero, cuando el Estado renuncia a ello es para viabilizar el acuerdo con Odebrecht.

GARCÍA-SAYÁN DEBERÍA SER «SEPARADO» DE LA JNJ

Tras revelarse en un programa dominical que Diego García-Sayán, miembro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), asesoró a la cuestionada constructora Odebrecht entre 2003 y 2005, al exprocurador anticorrupción no le tembló la mano para exigir, a través de estas páginas, su remoción en el cargo.

-¿Diego García-Sayán debería ser investigado en Fiscalía?

Más que investigado, creo yo, debería ser separado. En su real contexto, él no ha estado vinculado a ningún proceso de contratación a favor de Odebrecht, pero lo que tenemos que tener claro es que una persona que ha estado relacionada a esta organización criminal empresarial no puede ser un miembro consultivo de la Junta Nacional de Justicia.

-Pero, vamos, fue asesor legal por años, ¿no ve nada sospechoso o algún posible delito?

Mientras las asesorías que él haya prestado no sean materia, hoy, de los procesamientos de presunta corrupción o lavado de activos, no hay ninguna razón.

-Lo decía, además, por lo que cuando se revelaron los nombres de los periodistas que prestaron servicios a Odebrecht, no faltó cierta opinión pública que demande su linchamiento público y hasta prisiones preventivas…

Lo que pasa es que el caso de los periodistas fue diferente porque se dijo que recibieron dinero a cambio de un servicio de imagen y opinión favorable en medios de comunicación, de manera que ellos habrían sido parte del entramado criminal. En el caso de García-Sayán, en realidad, no le veo mayores datos que lo vinculen a la comisión de un delito, pero sí le resta mucho a su capacidad moral y de la integridad que requiere un consejero de la Junta Nacional.

-¿Cree que podría tener García-Sayán un codinome?

Difícil suponerlo.

-Entonces se trata de una falta ética, más que un tema delictivo.

Un cuestionamiento ético que debe conllevar a su separación como consultor o asesor de la Junta.

“LA LABOR DE LA FISCALÍA ES CORROBORAR LO QUE DICE UN COLABORADOR”

Tenemos a varios líderes políticos en prisión preventiva o que lo han estado. ¿De los casos que usted ha visto, cree que están ya con un buen avance en las investigaciones?

Desde fuera, lo que puedo apreciar es que algunos casos tienen aspectos corroborados y otros, no. En algunos casos, está totalmente acreditado que dinero proveniente de Odebrecht entró a una campaña política. Es el caso puntual de Keiko Fujimori. Esto está suficientemente acreditado. Lo que no se ha demostrado es si tenía conocimiento, no de que provenía de Odebrecht, sino si provenía de actos delictivos de Odebrecht. Si esto no se logra probar, no hay delito de lavado de activos. Para que se configure el delito, se tiene que sancionar a una persona que acepta ingresar a la economía nacional dinero que sabe que proviene de actividades ilícitas. Lo mismo ocurre con el caso de Humala.

-¿Cómo evalúa los casos de los exalcaldes Villarán y Castañeda Lossio?

Hay que determinar si efectivamente la versión de los postulantes a colaboración puede ser acreditada. Entiendo que en el caso de Castañeda tenemos a un colaborador que ha sido un funcionario muy cercano a él, pero lo que se diga, se tiene que acreditar. La labor de la Fiscalía es esa, corroborar lo que se dice. No se le debe dar a un colaborador beneficios por información que no sabemos si es verdad.

-¿Realmente está hablando Odebrecht o los que hablan son los exfuncionarios públicos? ¿Ha confesado algo verdaderamente útil Jorge Barata?

La idea de postulante a colaboración eficaz es que sea un tipo de fuente exclusiva de información: solo él pudo ver una reunión, solo él sabe en qué cuenta está el dinero, solo él recuerda las fechas, solo él tiene el acceso al servidor. Sin embargo, en el caso del Perú no fue así. En el caso Odebrecht, el Perú tuvo la oportunidad de obtener información directamente de los servidores, pero los abogados de Odebrecht bloquearon el acceso.

-El caso Humala está muy avanzado, han dicho los fiscales del equipo especial. Sumándolo a los hechos revelados sobre Nadine Heredia, ¿estamos llegando al ‘ocaso’ de la apodada ex pareja presidencial?

Lo que veo es que hay, todavía, una tremenda pelea que se va a definir judicialmente porque apenas se va a entrar a una etapa de juicio oral. Es ahí donde se va a tener que determinar con las pruebas si se cometieron delitos o no. Hay todavía mucho por conocer en este caso.

-Ollanta Humala alegó recientemente que existe un abuso y una judicialización de la política. ¿Estamos ante una persecución política real?

Es que la función pública, en un 99%, se judicializa sí o sí. ¿Qué alcalde o qué gobernador no ha terminado su cargo sin acusaciones o procesos ante la Justicia? Todo político asume que le van a llevar procesos o quejas. Lo que sí debemos cuestionar es que haya decisiones del Poder Judicial que sean más insistentes con un sector y no se toquen o investiguen otros, como hemos estado comentando.

-¿No complica su situación o la de su esposa el testimonio del colaborador eficaz 4-2019?

Insisto en que va a depender del desarrollo del juicio porque en el juicio oral pueden determinarse muchas cosas: conducta atípica, pruebas insuficientes, pruebas prohibidas. Todo va a depender de cómo se va a conducir el juicio oral.

SERÁ INVESTIGADO

Martín Vizcarra terminará siendo investigado como otros expresidentes, no solamente por los procesos congelados que tiene en la Fiscalía de Moquegua, sino por presuntos vínculos con Odebrecht.

«MÁS DATOS»

“Así como la normativa se cambió para adecuarse a los megaproyectos de corrupción, ya en un procesamiento a Odebrecht se cambia también la normativa para favorecerlos tremendamente”, afirma.

«MÁS DATOS»

Salas sostiene que exministro Liu y Revilla, además del exprocurador ad hoc Jorge Ramírez, deben ser investigados por patrocinio ilegal y encubrimiento; sin embargo, cuestiona que Fiscalía no haya iniciado acciones de oficio.

POR: FRANCO MORI PETROVICH

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