NO GARANTIZA PAGO DE S/ 610 MILLONES E IMPIDE COBRAR POR NUEVAS OBRAS CORRUPTAS

Ejecutivo se rompe por acuerdo con Odebrecht

Procurador anticorrupción pide seis años de cárcel para procurador de Lava Jato, Jorge Ramírez, por favorecer finanzas de brasileños, poniendo en peligro reparación civil al Perú

  • Fecha Jueves 8 de Agosto del 2019
  • Fecha 6:00 am



A pesar de que el presidente Martín Vizcarra, el ministro Vicente Zeballos y sus aliados mediáticos defendieron el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el procurador anticorrupción, Amado Enco, determinó que no solo fue lesivo para el país, sino que se incurrió en delito al firmarlo.

“Solicito se disponga el inicio de investigación preliminar por los presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales a Jorge Ramírez Ramírez, procurador ad hoc y los que resulten responsables”, señala la denuncia ingresada a la Fiscalía de la Nación.

De inmediato la procuraduría ad hoc a cargo del denunciado respondió mediante un comunicado en que “expresa su más enérgico rechazo a esta denuncia por considerarla un acto más de obstaculización respecto al acuerdo de colaboración eficaz, convenio que ha sido aprobado mediante una sentencia del Poder Judicial”.

Esta denuncia se suma a otras tres presentadas con anterioridad en contra del procurador Ramírez, las cuales persiguen la misma finalidad, añade.

Luego aclara “que el beneficio de inaplicar la Ley 30737 respecto a la empresa Odebrecht es potestad única y exclusiva del Ministerio Público”, tal como lo señala dicha norma. (Ver nota aparte)

¿Cómo se llegó a esta situación? En principio, gracias a la revelación del periodista Christopher Acosta (Latina), de que la empresa más corrupta de nuestra historia exigía que se le entreguen 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) retenidos por el Estado peruano para garantizar la reparación civil por todo lo que nos robó en obras con sobrecostos.

Para esto, Odebrecht, Ramírez y el fiscal José Domingo Pérez se pusieron de acuerdo en salirse del marco legal del Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR, creado en la Ley 30737), y crear un “fideicomiso consensuado”, como un contrato que excede a las normas.

“Abusando de su cargo, fue más allá de atribuciones, otorgándoles beneficios excesivos a los colaboradores eficaces, y generando obligaciones económicas al Estado (…) y haber favorecido a la empresa Odebrecht a expensa de los intereses del Estado”, señala Enco.

Según el Código Penal (artículo 399) solo por negociación incompatible, Ramírez podría ser condenado hasta a seis años de prisión efectiva, por actuar en contra de los intereses del país, ya que legalmente “los procuradores públicos son responsables por el ejercicio indebido de la Defensa Jurídica del Estado”.

Esto se enmarca en medio de la polémica por el “reembolso” a Odebrecht, pero que podría perjudicar enormemente al país.

El peligro que advierte el procurador anticorrupción se enmarca en que se ha defendido el acuerdo, diciendo que no fue firmado con el holding que está con problemas financieros, a tal punto que se ha declarado prácticamente en bancarrota en Sao Paulo. Allí se encuentra gestionando que se le perdonen 13,100 millones de dólares (43 mil millones de soles), de una deuda total de 21,400 millones de dólares (S/ 71,690 millones).

Pero lo que Ramírez y los fiscales no dijeron era que el convenio se suscribió con la constructora Norberto Odebrecht, la cual depende de su sede central en Brasil, y sería afectada por esta situación. Si se mantenía el FIRR, el dinero de la venta de Chaglla no iba a ser devuelto sino que podía quedar a cuenta de la reparación civil pactada a 610 millones de soles.

A esto se agrega que, en el acuerdo, la parte peruana se compromete a no cobrarle por este concepto a Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Carlos Nostre, quienes no solo complotaron para sobornar funcionarios, sino para lavar activos. Esto los liberaría de toda obligación pecuniaria si Odebrecht se declara en quiebra.

“Esta se encuentra desde el 2017 en una situación de insolvencia con negativo en su patrimonio de US $ 869,815,000, registrando deudas vencidas en el orden de US$ 1’272,000”, manifiesta el denunciante, basándose en información oficial de la cuestionada empresa.

Como si fuera poco, en otro lado del documento impulsado por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y el procurador Ramírez, se le da impunidad legal a los cuatro personajes mencionados anteriormente, a pesar de que no admitieron haber cometido el delito de lavado de activos con el dinero entregado a campañas electorales.

“No debemos olvidar el extremo del financiamiento de campañas políticas con cargo a dinero ilícito proveniente de la empresa Odebrecht, hecho por el cual solo se viene investigando a líderes políticos nacionales, pero no a la empresa ni a sus exejecutivos que fueron los que financiaron”, se alerta, en el sentido de que por esto tampoco se les podrá exigir indemnización económica.

Como ejemplo de que no era necesario darles impunidad para resolver estos casos, Enco cita al caso “Centralita” –llevado por la Fiscalía Anticorrupción–, donde Odebrecht asumió el pago por reparación civil, sin liberar de sus responsabilidades penales a los responsables, a tal punto que ya hay una sentencia.

A esto se agrega que el Estado figura como “quinto acreedor”, por lo cual recién al final se evaluará cumplir con el pago de trabajadores, proveedores, EsSalud, ONP y AFP.

EVIDENCIAS

La denuncia también reseña la “notitia criminis”. Es decir, declaraciones a medios de comunicación, tanto de Ramírez como de su adjunta Silvana Carrión, justificando darle una ayuda a Odebrecht para que se refinancie, y recién luego pague sus cuentas, cuando la norma previa al acuerdo permitía garantizar el pago de todo.

“Claras evidencias reveladoras de un interés indebido en beneficiar los intereses de la empresa Odebrecht por encima de los intereses del Estado”, es la imputación por estas palabras.

Cabe indicar que también se reseña que el equipo de fiscales liderado por Rafael Vela aceptó no investigar a Barata por lavado de activos (US$ 35 millones a Alejandro Toledo), ni a Ribeiro Bortoletti por asociación ilícita para delinquir (Vía de Evitamiento de Cusco), impidiendo que se aumenten los montos de reparación civil.

Finalmente, se especifica que la denuncia no pretende anular la aplicación del acuerdo, ya que, a pesar de que es considerado “lesivo”, ya fue homologado en una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada.

POR: CÉSAR ROJAS

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