ASTUDILLO (CCFFAA) FRENTE A CELIS KUONG (CGEP)

Ejército dividido por cuestión de confianza

“Generales moqueguanos” apoyan propuesta de cerrar el Congreso y los institucionalistas podrían ser pasados al retiro.

  • Fecha Martes 10 de Septiembre del 2019
  • Fecha 6:00 am



Por César Rojas.

Dentro de los escenarios que el presidente Martín Vizcarra evalúa, no solo figuran el adelanto de elecciones ni una renuncia, sino hacer una “interpretación auténtica” de la Constitución para dar en la práctica un golpe, cerrando el Congreso. Sin embargo, altos oficiales del Ejército no apoyarían esta medida, y corren el riesgo de ser postergados por una decisión política. Luego de que EXPRESO publicara el polémico proceso de compras de blindados 8 x 8 y 4 x 4 (en un caso se pretendía adquirir el modelo norteamericano Stryker, y en el segundo vehículos que llegarían recién el otro año), hubo diversas reuniones de coordinación en el Ministerio de Defensa, en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y en el Ejército mismo.

En una de estas, se deslizó la idea de un apoyo unánime e institucional al mandatario, como jefe supremo de las FFAA. Ante ello, el comandante general del EP, Jorge Celis Kuong, trasladó la propuesta que habría llegado de un enviado de Palacio de Gobierno. “El pedido no fue aceptado en forma unánime y disciplinada. El jefe del Estado Mayor General y el Inspector General, ambos miembros del Alto Mando del Ejército, no apoyan las decisiones políticas del presidente Vizcarra.

Tampoco lo hacen algunos miembros del Consejo Superior (órgano integrado por todos los generales de División). En suma, rechazaron la participación del Ejército en actividades políticas que afectan al país”, informó un alto oficial en actividad. En la actualidad, son 14 generales de División (el requerimiento técnico permite hasta 15 siempre y cuando sea por necesidad de servicio), pero solo 13 ocupan cargos que corresponden a su alto rango.

Quienes tienden a apoyar una obediencia debida y jerarquización radical, son: Celiz Kuong, Walter Astudillo Chávez, comandante general de Doctrina y Educación; Augusto Villarroel Rossi, comandante operacional del Vraem; Carlos Mayca Vásquez, jefe de la II División del EP/Lima; y José Rospigliosi Galindo, responsable de la V División EP/Iquitos. A ellos se suman David Ojeda Parra, Comando de Operaciones Especiales; Carlos Ríos Aguilar, comandante general de Personal; y Wuilliam Saturnino Flores Zúñiga (jefe de la Casa Militar).

PAISANOS EN ACCIÓN

En este grupo figuran los “generales moqueguanos”: Celis, Rospigliosi y Flores. Todos han salido de la región donde Vizcarra se desarrolló y fue máxima autoridad, con el agregado de que Rospigliosi y Flores son muy cercanos al entorno del mandatario. Quien desentona en el esquema operativo es Flores. Este oficial salido de la promoción 1986 de la Escuela Militar de Chorrillos, logró su reciente ascenso con la firma del mismo presidente, a quien conoce desde sus años de juventud en Moquegua y otros lares.

El “moqueguano” Flores ocupa el cargo de jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, un puesto que siempre había sido ocupado por un general de Brigada o su equivalente en rango de los otros institutos armados, como contralmirantes y mayores generales. ¿Qué hace un encargado de seguridad de un local público en reuniones de coordinación con quienes son jefes en las regiones militares, con importantes cuarteles llenos de oficiales, suboficiales y tropa dispuestas a combatir terroristas y posibles amenazas externas? Los generales de División que no están convencidos de arriesgar sus trayectorias profesionales con un cumplimiento de órdenes que pueda llevarlos a prisión son: César Astudillo Salcedo, actual jefe del CCFFAA; Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Estado Mayor General; Próspero Díaz Arrué, inspector general; Manuel Rodríguez Luna Victoria, comandante general de Logística; Walter Córdova Alemán, jefe de la División de Piura; y José Vizcarra Álvarez, jefe de la III División, acantonada en Arequipa. Es decir, ocho generales a favor, pero seis en contra de un eventual cierre del Congreso.

MATICES

Cabe indicar que acá hay matices. Algunos del primer grupo apoyan porque en este mes se definen las vacantes para los ascensos de fin de año, y no quieren ser parte de los que se van. “En la reunión se alegó que era una directa violación a la Constitución, porque el artículo 206 dice expresamente que una reforma constitucional no puede ser objetada por el presidente de la República, pero nosotros apoyamos al Presidente porque consideramos que él es el jefe supremo de las FF.AA., como dice la Constitución.

Lo que él ordene es nuestro deber hacerlo, más allá de nuestros opiniones personales o políticas”, nos dijo un presionado oficial. La presión viene porque los generales que pertenecen a las promociones 84 (Ollanta Humala) y 85 (Antauro Humala) de la EMCh, podrían ser no solo relevados de sus cargos, sino pasados al retiro, para permitir que asciendan sus coetáneos o del año inmediatamente inferior. Quienes encabezan la “línea institucionalista” son los generales Astudillo Salcedo (no confundir con Astudillo Chávez, de Doctrina y Educación) y Rodríguez Luna Victoria (arma de Infantería que dirige el Comando de Logística).

Ellos han dejado sentado que la institución de Francisco Bolognesi defiende a la Patria y al Estado. Por ley, los ascensos de generales de División los firma el presidente de la República, a propuesta del instituto militar. Sin embargo, él decide finalmente si asciende o no, y también a quienes se les invita a dejar el servicio activo.

VACANTES

“En cumplimiento de la Ley de Ascenso para Oficiales de las Fuerzas Armadas (Ley N°29108), la tercera semana de septiembre se determinará el número de vacantes para el grado de general de División, en el proceso de ascenso 2019 – promoción 2020. Si las vacantes actuales son 15, y hay 14 generales de División en actividad, corresponde generar solo una para este grado”, agregó una de nuestras fuentes. Esta situación hace que los 14 altos oficiales dependan directamente de Palacio de Gobierno para seguir en sus cargos. Si ya existen 13 generales de División en sus respectivas responsabilidades operativas, solo cabría retirarlos porque ya no tienen expectativas de ascenso a ser jefes del Ejército.

Esto no se cumple con la mayoría de casos. Celis es promoción 83 de la EMCh, la primera que debería pasar al retiro en orden cronológico, pero le queda un par de años para seguir en actividad. Entre la promoción 84 estaría su sucesor: Gómez de la Torre, Díaz Arrué, Luna Victoria y Villarroel Rossi. Gómez de la Torre tiene una destacada trayectoria, y era voceado como quien tomaría la posta de Celis en el 2020 o 2021, aunque en junio último protagonizó un problema público, cuando accedió a un pedido de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, de ponerse él y sus subalternos mandiles rosados sobre el uniforme militar.

Esto se produjo por “coincidencia” cuando el comandante general del EP aceptaba una invitación a una ceremonia castrense en Brasil, justo cuando se jugaba la Copa América en ese país, donde Perú quedó subcampeón. De esa manera, las críticas se dirigieron al número 2 de la institución.

“Se proyectaría la necesidad de tres vacantes para general de División, de manera de generar las condiciones administrativas para pasar al retiro por la causal de renovación a los tres generales de división integrantes de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, que le siguen en antigüedad al comandante general del Ejército, por no apoyar las decisiones políticas del Gobierno a pesar de tener un techo profesional hasta diciembre de 2023”, se denuncia en redes sociales internas del “Pentagonito”.

15 AÑOS DE CÁRCEL

A toda este tire y jale político, lo que no se tiene claro en el Ejército es que según el Decreto Legislativo 1094, promulgado en agosto de 2010, un militar o policía podría ir entre 15 y 20 años preso por el delito de rebelión, por “aislar una parte del territorio de la República, alterar o afectar el régimen constitucional, sustraer de la obediencia del orden constitucional a un grupo o parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; o impedir la formación, funcionamiento o renovación de instituciones fundamentales del Estado”.

En caso de una negativa del militar o del policía a evitar rebelión, sedición o motín, la pena es de hasta diez años de cárcel. Similar sanción será para los uniformados que conspiren para estos fines. En diciembre de 2012, en el gobierno de Ollanta Humala se reforzó esta normativa con el Decreto Legislativo 1143, que incluye como causal de retiro en la Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, “participar en la ruptura del orden constitucional”, según el artículo 44, inciso L de dicha norma.

DE ANCHA BASE…

En los altos círculos militares se habla de que lo mejor sería una salida conversada a la crisis política, por ejemplo, mediante la conformación de un gabinete o gobierno de ancha base, como lo ha venido planteando la vicepresidenta de la República y congresista Mercedes Aráoz Fernández.

CASO HERMOZA RÍOS

Nicolás Hermoza Ríos fue comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. cuando Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos dirigieron el “autogolpe” del 5 de abril de 1992. Actualmente está encerrado en el penal de Ancón, Lima, en estado vegetativo, a pesar de lo cual tiene que cumplir sus 22 años de condena.

FLORES ZUÑIGA

“Es vox populi en el Ejército que hay un grupo de generales afines a Vizcarra, que estarían dispuestos a todo para mantener sus cargos si el presidente plantea la cuestión de confianza. Se comenta mucho que Flores Zúñiga es uno de los moqueguanos que lleva y trae los encargados directamente del presidente”, señaló el general EP ® Wilson Barrantes.

POR: CÉSAR ROJAS

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