TAMBIÉN INVESTIGARÁN ROL DE FISCALES JOSÉ DOMINGO PÉREZ Y RAFAEL VELA

El acuerdo con Odebrecht en la mira del Congreso

Moción presentada por Yeni Vilcatoma señala que estimación de la reparación civil es errada, ya que convenio no incluye el caso Gasoducto.

El acuerdo con Odebrecht en la mira del Congreso
  • Fecha Domingo 14 de Julio del 2019
  • Fecha 6:00 am

Tras conocerse que el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato no exigió incluir el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) en el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, pese a conocer que existían investigaciones en curso sobre actos de corrupción vinculados a esa obra, el Congreso de la República conformaría una comisión investigadora para escudriñar ese convenio.

“Constituir una Comisión Investigadora que en el plazo de 120 días hábiles se encargue de investigar los actos y procedimientos realizados por el Ministerio Público a través del denominado ‘Equipo Especial de Fiscales’ que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con Delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros”, sostiene la moción presentada el pasado jueves por la congresista y exprocuradora Yeni Vilcatoma.

El objetivo, de acuerdo al documento, es indagar también lo efectuado por la Procuraduría Pública Ad  Hoc para las investigaciones y procesos vinculados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y conexos en los que habría incurrido Odebrecht; y otras entidades competentes sobre la materia, durante las fases del proceso de colaboración eficaz seguido con la empresa hasta la fecha, con el objetivo de conocer las actuaciones de los funcionarios involucrados; así como establecer las responsabilidades a que hubiere lugar en la presunta comisión de delitos y faltas que se hubieran producido durante la tramitación de dicho proceso.

La presentación de la moción es motivada por la revelación del portal ecuatoriano de noticias “La Posta” y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en lo que respecta al  archivo de la Dirección de Operaciones Estructuradas (Caja 2) de la constructora brasileña, el cual mostraba pagos en obras que no habían sido reconocidos, no solo en el Perú, sino en Ecuador, República Dominicana y Venezuela.

“Concretamente, según el referido informe se habrían producido 17 pagos por un total de US$ 3´200,000, relacionados con el Gasoducto del Sur en el Perú. Son 17 transferencias bancarias entre el 19 de septiembre y el 12 de noviembre de 2014”, indica el pedido.

Vilcatoma recuerda, a través del documento, que tampoco fue incluido en el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz el caso Vías Nuevas de Lima, a cargo de la empresa Rutas de Lima, de propiedad de Odebrecht, cuyo contrato fue suscrito durante la gestión  de la exalcaldesa Susana Villarán y en el que también habrían sido entregadas una serie de coimas.

Hace énfasis en que existen indicios suficientes que permiten colegir que se habrían producido graves irregularidades en la determinación del conjunto de proyectos en los que se habrían producido hechos ilícitos, cometidos por la constructora brasileña y sus ejecutivos, los cuales habrían contribuido a reducir el accionar delictivo de la persona jurídica y de las personas naturales comprendidas en el proceso de colaboración eficaz.

REPARACIÓN ERRADA

“Ello implica una estimación errónea de la reparación civil que realmente les corresponde pagar a la empresa corrupta y sus ejecutivos, lo cual, en la práctica, ha generado impunidad para los responsables de los ilícitos (…), así como ha perjudicado gravemente el derecho del Estado peruano para exigir una justa indemnización por parte de Odebrecht, por el daño moral y económico causado al Estado y sociedad peruana”.

La moción también hace referencia a la inacción de los fiscales del

Equipo Especial Lava Jato, pues la resolución de aprobación judicial del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz de Sao Paulo señala que “corresponde al Ministerio Público el control de su cumplimiento, y su informe al órgano jurisdiccional en los términos en los que la ley ha reservado”.

“Precisándoles a los sentenciados que en el supuesto de incumplimiento, la Fiscalía podrá solicitar al juez que otorgó el beneficio premial, su revocatoria”, añade.

REVOCATORIA DE BENEFICIOS

La moción presentada por Yeni Vilcatoma indica que la posibilidad de revocatoria de beneficios, además, está precisada en el “Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios”, el cual sostiene en su cláusula  XII, la facultad reconocida del Ministerio Público para revocar los beneficios otorgados a Odebrecht, en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

“El literal c) de la cláusula 9.3, del precitado ‘Acuerdo Preparatorio’ establece que se deja a salvo la facultad del Ministerio Público de iniciar las acciones correspondientes cuando los nuevos hechos con contenido penal’ no provengan de los actos de colaboración de la persona jurídica colaboradora o de información de sus funcionarios, ex funcionarios, o sociedades del grupo Odebrecht”, enfatiza.

En el documento, la exprocuradora subraya que, hasta la fecha, ni el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, ni el fiscal superior coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, han adoptado ninguna acción respecto a la acción dolosa de la empresa Odebrecht, pese a haber reconocido públicamente que la constructora ha mentido.

“NO SE PUEDE AMPLIAR”

Cuando el responsable del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato, Rafael Vela, dice que el acuerdo de colaboración eficaz homologado por el Poder Judicial puede ser ampliado ante los hechos que demostrarían presuntos sobornos en el caso del Gasoducto, el citado magistrado miente, pues el convenio no contempla una cláusula abierta.

“Esa es una mentira del señor Vela. Porque este acuerdo homologado no tiene una cláusula abierta de colaboración eficaz que diga: ‘mañana me reconoces, te hago una adenda a la sentencia’, porque no hay adenda en las sentencias, estas son cerradas porque genera un efecto jurídico que hay que controlar y que tiene que tener supervisión que es lo que le ha dicho la jueza en el acuerdo en el momento de ser homologado”, sostuvo Yeni Vilcatoma.

Enfatizó que el del Gasoducto Sur Peruano no es un caso nuevo, como lo señalan los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, ya que ambos conocían de las denuncias hechas por presunta corrupción.

POR: MARÍA TERESA GARCÍA

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