El precio de miles de muertos por pruebas rápidas

Prensa internacional denuncia lo que se ocultó varios meses en el Perú comprando 86 marcas, algunas vetadas o de dudosa calidad.

Una vez más la prensa extranjera nos jala las orejas. Y no por eficiencia en el manejo del Covid-19 sino por irresponsabilidades que rayan la frontera del delito. ¿Acaso no era cierto que el pasado 19 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuestionaba, públicamente, la efectividad de las pruebas rápidas para detectar tempranamente el virus? ¿Acaso no es cierto que, respecto del Perú, también recomendaba, como lo hacía en forma persistente la comunidad científica peruana y este diario en solitario, privilegiar el uso de las pruebas moleculares?

Sin embargo, a contracorriente de la ciencia y del sentido común, las políticas públicas de la administración Vizcarra fueron en dirección contraria. Tanto es así que ese mismo día – 19 de mayo, cuando la pandemia arreciaba en Lima y otras ciudades- el Instituto Nacional de Salud, un órgano dependiente del Ministerio de Salud, le encargaba a la Central de Compras Públicas, Perú Compras, la adquisición de 3 millones y medio de pruebas rápidas o serológicas.

Sin concurso público sino usando los mecanismos directos que facilita toda emergencia, la citada agencia a los cinco días ya tenía designado un Deltalab Perú EIRL, con el compromiso de traer, en apenas nueve días, el 50% de las 3 millones y medio de pruebas desde Corea por la friolera de S/ 72’438,884, producto que después –como otros- sería puesto en cuestión.

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