POR DENUNCIAS DE ENCO, VILCATOMA Y OTROS

En salmuera Pérez y procurador Ramírez

Debido a que se habrían coludido para pago de S/524 millones a Odebrecht, fiscal, procuradores y brasileños afrontarían investigación por organización criminal y falsedad genérica, entre otros crímenes.

En salmuera Pérez y procurador Ramírez
  • Fecha Martes 10 de Diciembre del 2019
  • Fecha 9:00 am

Haber dado prioridad al pago de Odebrecht, antes que a los intereses del Estado –según diversas denuncias penales- podría costarle más que su carrera al fiscal José Pérez y a los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión. La magistrada suprema Bersabeth Revilla evalúa abrir investigación a los mencionados funcionarios por diversos delitos.

Cohecho (recibir soborno), omisión de funciones, abuso de autoridad, prevaricato (resolver en contra de la ley), falsedad genérica, colusión, negociación incompatible y organización criminal son solo algunos de los cargos por los que tendrían que responder.

También están comprendidos, como denunciados, los ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht que participaron de las tratativas.

Según se supo, la magistrada decidió el pasado 6 de noviembre programar su investigación solicitando, en primer lugar, al despacho de la jueza María de los Ángeles Álvarez, una copia del acuerdo de colaboración eficaz que firmó el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría ad hoc.

“Ofíciese al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios a efectos de que remita copia certificada de la sentencia contenida en la resolución N° 20 de fecha de 17 de junio de 2019, sobre la colaboración eficaz, así como el acta de acuerdo de colaboración eficaz y beneficios de 15 de febrero de 2019 y acta complementaria de 20 de mayo de 2019”, señala el oficio.

Junto a este documento, que ha dividido al país, la fiscal suprema solicitó al mismo despacho copia certificada de la devolución del saldo de unos 524 millones de soles a favor de Odebrecht.

Estos y otros documentos servirán de base para que la fiscal Revilla decida si abre investigación preliminar por los presentes delitos arriba citados.

ORÍGENES

Todo esto nace a raíz del acuerdo de colaboración eficaz, donde los representantes del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo y de la empresa brasileña se pusieron de acuerdo para solo incluir cuatro obras conseguidas con corrupción, y a cambio de eso darle total impunidad penal a los delincuentes extranjeros. Además, se les otorgaba el reembolso de 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Revilla ha decidido acumular la denuncia que en agosto hiciera el procurador anticorrupción Amado Enco, con cuatro anteriores: dos de la ex congresista Yeni Vilcatoma, una del exprocurador Mario Cavagnaro Basile, y otra del abogado aprista Pedro Panta.

“Habrían desarrollado presuntas conductas ilícitas, las mismas que se encuentran previstas y tipificadas como delitos contra la administración pública y otros”, reza la primera denuncia, presentada el 1 de febrero por Panta.

El 5 de abril, la congresista Vilcatoma interpuso la suya, primeramente contra Ramírez, y en agosto la amplió a Carrión, dentro de la carpeta 314-2019 que maneja la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Para ella, el cargo es de omisión de funciones y falsedad genérica en agravio del Estado.

REFLOTAN A ODEBRECHT

“Tiene una deuda de 1,400 millones de dólares y tenía activos por US$ 800 millones en el país, eso fue una evaluación financiera y económica que también se tuvo y se hizo en el proceso de negociación. Entonces, Odebrecht, para que pudiera pagar sus deudas y la reparación civil, necesitaba seguir operando porque no iba a poder pagarnos a nosotros ni a sus acreedores”, dijo el 23 de junio en ‘Cuarto Poder’ la procuradora, en lo que sería una demostración de darles más importancia a los brasileños que a los intereses del país.

EXPRESO informó entonces que este argumento de la funcionaria quedó sin piso porque, con la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, se podía cobrar S/ 524 millones de una sola vez, y no esperar 15 años para que nos paguen 610 millones de soles en 15 cuotas cómodas anuales.

Respecto a la denuncia de Enco, esta se basaba en que Odebrecht, Ramírez y el fiscal José Domingo Pérez se pusieron de acuerdo en salirse del marco legal del Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR, creado en la Ley 30737), y crear un “fideicomiso consensuado”, como un contrato que excede a las normas.

“Abusando de su cargo, fue más allá de [sus] atribuciones, otorgándoles beneficios excesivos a los colaboradores eficaces, y generando obligaciones económicas al Estado (…) y haber favorecido a la empresa Odebrecht a expensa de los intereses del Estado”, señaló el jefe de la Procuraduría Anticorrupción.

Mientras que por pertenencia a organización la pena máxima es de 20 años de cárcel, por negociación incompatible, que es el cargo en el cual concuerdan los cuatro denunciantes, los negociadores con la transnacional del delito podrían ir cuatro años.

LO ÚLTIMO…

El Ministerio Público consiguió que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva de 18 meses formulado por la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Norma Geovana Mori, contra Dirsse Paul Valverde Varas, por la investigación de la carretera Chacas-San Luis, en Áncash.

EL MEF

En el ínterin, la posición de Enco fue de alguna forma reforzada por Ministerio de Economía y Finanzas, que sostuvo días atrás que el dinero procedente de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla son recursos del Estado porque la administración del flujo financiero está a cargo del sector público, es decir del Banco de la Nación.

“Los fondos (…) adquieren característica de Fondo Público cuando se determine la existencia de la obligación de pago de la reparación civil a favor del Estado, a través de la emisión de las correspondientes resoluciones judiciales, las mismas que se encuentran consentidas y ejecutoriadas y que la deuda tributaria sea exigible”, señaló el MEF en un oficio dirigido al Ministerio de Justicia.

Este temperamento ponía en cuestión, para algunos partidarios del acuerdo con Odebrecht, como Jorge Ramírez, el acuerdo propiamente dicho y, como tal, era una obstrucción a la lucha anticorrupción.

Recuérdese que el acuerdo al que arribaron el procurador Ramírez y Odebrecht era que el Estado solo debería cobrar la primera cuota de 80 millones y devolver los 524 millones restantes a la firma corrupta, “para que la empresa pueda subsistir y seguir colaborando con las investigaciones”, señalaba la prensa oficialista.

Estas controversias ahora serán definidas en el despacho de la fiscal Revilla.

OTROS ANTECEDENTES

La posición de los ahora denunciados por el acuerdo se dijo que era lo más conveniente para condenar a “peces gordos” a los cuales Odebrecht admite haberles dado dinero para ser favorecidos en obras, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Susana Villarán, así como otros que no llegaron a ser gobierno, como Keiko Fujimori y Lourdes Flores.

Los hechos desmienten –hasta el momento- esta posición, ya que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata negaron haber corrompido funcionarios para el Gasoducto del Sur Peruano, los peajes de Rutas de Lima, la carretera Sisa-San José (San Martín), Interoceánica Norte, pero fueron desmentidos en junio, cuando el portal ecuatoriano La Posta reveló registros de sobornos en estas obras y varias más.

“REFRITOS”

En esta situación, el equipo Lava Jato llegó hasta la sede de la Procuraduría Federal de Paraná, para interrogar a Eleuberto Martorelli, exdirector de inversiones de Odebrecht en Perú, sobre la referida carretera construida durante la gestión de César Villanueva, y las carreteras IIRSA Norte e IIRSA Sur.

El brasileño reiteró que se había pagado a Villanueva (30 mil dólares), al exfuncionario Marco Díaz y al abogado Celso Gamarra Roig en San Martín. Esta parte de la diligencia la encabezó el fiscal Hamilton Montoro, en reemplazo de Germán Juárez, quien se quedó en Lima.

“En una caja negra en un local de Surco”, dijo Martorelli, sobre el expremier de César Villanueva.

Todo esto ya había sido informado hace tres semanas por los mismos exejecutivos, y ampliado hace dos semanas por el programa ‘Panorama’, incidiendo en la intervención de Gamarra.

Por el caso de las IIRSA, la magistrada Geovanna Mori hizo las preguntas respectivas.

El hampón brasileño admitió transferencias de dinero efectuadas por la constructora en la cuenta de la empresa Randalee Investments S.A., en la Banca Privada de Andorra (BPA), cuyos beneficiarios y representantes son Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, vinculados con la compañía Alpha Consult S.A.

El Ministerio Público ya manejaba los montos de US$2’605,006, entre los años 2010 y 2013, por conceptos de sobornos.

Martorelli dio algunos detalles, como que reprogramó un pago de US$ 815 mil para “Don Quijote” (Jorge Peñaranda), con la autorización de Jorge Barata, y el dinero salía de la División de Operaciones Estructuradas, más conocida como “Caja 2”.

Esta información ya la tenía la Fiscalía, excepto por la confirmación verbal de que Barata había dado la orden. Sin embargo, el acuerdo impide acusar de delito alguno a los colaboradores eficaces.

Otro punto fue el de Gonzalo Monteverde, dueño de Constructora Área. El empresario está no habido desde que se le dictó prisión preventiva sobre la base de una carta de Lourdes Carreño, actual ejecutiva de Odebrecht. El contenido era una traducción equivocada del testimonio original en portugués, por lo cual el fiscal Pérez ahora afronta una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad.

HABLA VILCATOMA

Para la congresista Yeni Vilcatoma, la acumulación de todas las denuncias a los responsables del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht demuestra que sí hay indicios fuertes de comisión de delitos, en perjuicio del Perú y a favor de los brasileños.

¿QUIÉN ES REVILLA?

La fiscal suprema Bersabeth Revilla sustentó días atrás el impedimento de salida del país -por 18 meses- al expremier César Villanueva, quien buscó infiltrar topos en el equipo Lava Jato. Asimismo, investiga al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real.

POR: CÉSAR ROJAS

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