Es un crimen impedir compra de vacunas

Poner trabas legales y burocráticas al sector privado que quiere salvar vidas y a su personal es insólito, afirman expertos.

En circunstancias en que el gobierno del presidente Francisco Sagasti ha demostrado –con el escándalo del Vacunagate– su incapacidad para manejar la actual crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, los pedidos para la participación del sector privado se han hecho cada vez más insistentes, y los mismos gobiernos del exterior, como la Federación Rusa, están dispuestos a negociar con empresas para la venta de vacunas.

No solo Rusia, sino que en Estados Unidos, desde marzo, los ciudadanos podrán vacunarse al hacer el mercado (o el supermercado) porque la empresa Publix administrará las dosis junto a 136 farmacias.

Ecuador también permitirá, por mandato del gobierno saliente del presidente  Lenin Moreno,  a los privados y municipios, importar vacunas contra la covid-19, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.

En Brasil, desde el 5 de febrero, el presidente Jair Bolsonaro apoyó una propuesta empresarial  para importar 33 millones de dosis de vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. El Senado de ese país habría dado el primer paso en tal dirección.

Y así podríamos seguir poniendo ejemplos en todo el mundo, sin dejar en claro que por ahora el trato preferente –decidido por el oligopolio de las grandes farmacéuticas– es negociar con los gobiernos nacionales por la magnitud y montos de estos grandes negocios.

Esto último obviamente tiene otra explicación. Y es que la mayoría de los proyectos de vacuna, incluidos el de Pfizer o Moderna, han dependido parcial o enteramente de los recursos de las economías más poderosas del mundo. De lo contrario no se hubiera agilizado tanto como lo hemos visto.

No es cierto entonces lo declarado este jueves por la premier Violeta Bermúdez, quien dijo que los laboratorios venden estas vacunas “solo a los gobiernos por garantía de pago”.

Pero de inmediato le respondieron que las cartas de crédito bancarias internacionales e  irrevocables son la mejor garantía de pago de los privados, mecanismo este que junto a otros son bien conocidos en el mundo de los proveedores.

CAMBIO DE PIEL

En el Perú hay un debate sui géneris. Después que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, aceptara al inicio de su gestión la participación de la empresa privada, pronto cambió de opinión. Ahora dice que si bien ese sector puede importar los inoculantes, debe distribuirlos gratuitamente en cumplimiento a lo dispuesto 234 del Código Penal.

“No estamos en contra de la participación del sector privado [en la compra de vacunas], pero sobre la base de que sean gratuitas y con respeto a las prioridades de vacunación establecidas y que no le reste al Estado la posibilidad de negociar para comprar más vacunas”, subrayó.

Para entender el temperamento del ministro debemos señalar que la normativa peruana sobre el tema en debate se basa en la Ley 31091 –de diciembre del 2020– sobre el acceso al tratamiento preventivo y curativo del nuevo coronavirus y otras pandemias, que en su artículo 4  señala que “la adquisición, distribución y disponibilidad y medicamentos de vacunas de coronavirus SARS-Cov-2 en el ámbito privado no podrá contravenir el artículo 234 del Código Penal”.

Y este artículo indica que “el productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”.

En tiempos de pandemia, el gobierno del Partido Morado se esmera no solo en este tipo de trabas legales, que pueden ser superadas en el ámbito administrativo y legislativo, sino que además ha puesto los obstáculos a cualquier vacuna que ingrese al país mediante burócratas politizados en la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud.

SPUTNIK-V

Ante esta y otras trabas, la lectura de los empresarios y de la mayoría de líderes políticos es otra. El legislador Luis Roel Alva (AP) ha escrito en sus redes sociales que el embajador de Rusia, Igor V. Romanchenko, le informó que el Fondo Ruso de Inversión Directa, responsable de gestionar la vacuna Sputnik-V, puede negociar con los privados –aparte del Gobierno Central y los gobiernos locales– si la legislación y el Ejecutivo lo permitieran.

Roel Alva, con base en dicha información, ha pedido a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y al titular de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, cuáles son las restricciones de tipo legal para evitar que las vacunas lleguen al Perú y si acaso hubiera alguna directiva o instrucción a las autoridades rusas “a no realizar negociación alguna con el sector privado peruano para la compra de la vacuna Sputnik-V”.
Diethell Columbus (FP) no está lejos del temperamento anterior. (Ver recuadro).

En medio de estos reclamos ante la terquedad oficial de que el Gobierno sea el proveedor único de las vacunas, salió a la palestra el embajador Igor Romanchenko quien desde el canal del Estado señaló que la entidad científica de su país está autorizada a negociar a nivel del gobierno central, gobierno local y con la empresa privada. “Esto depende totalmente de las decisiones que tome al respecto el gobierno peruano”, aclaró.

El diplomático informó también que las autoridades rusas y peruanas vienen negociando un suministro de 20 millones de vacunas para aplicarlas a 10 millones de peruanos.

Añadió que el precio por cada dosis de Sputnik-V es inferior a 10 dólares estadounidenses y tiene un 91.6 % de eficacia frente a la covid, además de ser un antídoto eficaz contra la nueva cepa británica.

Las negociaciones para la venta de las vacunas al Perú empezaron en agosto pasado, durante el Gobierno de Martín Vizcarra, entre el Fondo Ruso de Inversión Directa, y el Ministerio de Salud y la Cancillería, por el lado del Perú.

CONFIEP

Se debe tener en cuenta que desde mediados de febrero de este año, la Confiep, a través de su presidenta, María Isabel León, propuso al Gobierno “aportar solidariamente a la provisión de una vacuna adicional, por cada cuatro adquiridos, para favorecer al sector pyme (micro y pequeña empresa) nacional”, indicó un comunicado del gremio.

Estas y otras propuestas de contenido solidario fueron conocidas después, sin embargo el Ejecutivo, no obstante su manifiesta incapacidad,  no permite que los privados participen, política con la que agrava la crisis sanitaria y la continuación de la actual mortandad que ya es una vergüenza en el mundo entero, con ribetes de crimen contra la humanidad, como ya lo perciben determinados juristas especializados.

Prefieren que la gente se muera, esto por sus prejuicios ideológicos, y que no participe en forma eficiente el sector privado, lo que para ellos significaría el triunfo del capitalismo, ahondando el problema que tarde o temprano llevará a denuncias de lesa humanidad, reclaman en forma masiva los usuarios de las redes sociales.

BENEFICIA A LOS POBRES

En resumen, cuando mueren a diario miles de peruanos por falta de oxígeno y camas UCI, no es hora de discutir si el Estado tiene siquiera la mínima autoridad para establecer topes a los precios luego del escándalo del Vacunagate, señala el portal Montonero en su editorial del pasado 21 de febrero.

¿Por qué beneficia al país y a los más pobres la participación privada en el tema que nos ocupa?  He aquí una de las razones: “Los seguros privados necesitan evitar los costosos y largos tratamientos frente a la covid, que llegan hasta la posibilidad de las camas UCI (cubiertos al 100%). La única manera de hacerlo es con la inmunización de sus asegurados y de sus familias”.

De otra parte, “las AFP [que también comprarían la vacuna] necesitan preservar la vida de los aportantes para desarrollar cualquier estrategia previsional. El único camino pasa por inmunizar a sus afiliados y a sus familias”.

“Entre los seguros privados y las AFP del sistema privado de pensiones se suma más de 7.5 millones personas. Si se considera a los familiares (padres o esposa e hijos) tendríamos que multiplicar y hablar de compras privadas que superarían las 21 millones de inmunizaciones (42 millones de vacunas). En otras palabras, casi dos tercios de la población. No nos queda la menor duda de que las vacunas estarían en territorio nacional en pocas semanas y a mucho menor costo que las adquiridas por el Estado”, agrega.

En contrapartida, el plan de inmunización del Estado se podría focalizar obviamente en los sectores más pobres y marginados y de esa forma se avanzaría o se complementarían los esfuerzos para alcanzar la inmunidad natural.

CUESTA MUCHO FORMARLOS

“Lo que las autoridades no entienden es que el empresario cuida su fuerza laboral porque cuesta mucho tiempo formarla y capacitarla. Incluso para ello necesitan vacunas que ellos mismos lo pueden comprar en el exterior, por lo que es un crimen porque estamos en una guerra atípica; poner trabas legales y burocráticas al sector privado que quiere salvar vidas y a su personal”, afirma el economista Dennis Falvy.

Hacer lo contrario significa, además, la continuidad de la quiebra de la economía nacional, sobre todo de las pequeñas empresas, como se ha visto en la última cuarentena, con un futuro sombrío en que las autoridades recurrirían al fácil expediente del endeudamiento externo y los bonos soberanos…, hasta para pagar los intereses de los mismos bonos, con un déficit fiscal que puede bordear el 10 % este año.

No olvidemos que junto a la caída de la producción, muchos olvidan el problema del empleo, que en esta pandemia originó 7 millones de parados en el momento más crítico, y luego un millón de desempleados formales en Lima y cerca de 2 millones que se refugiaron en sus tierras y en el agro.

POLITIZACIÓN

Sectores politizados en el Minsa y en Digemid se resistieron o resisten a otorgar el registro sanitario de Astrazeneca, por ejemplo, no obstante que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ya otorgaron los correspondientes registros.

MÁS BARATO

Dicen que los privados no deben importar vacunas porque especularían con los precios. Sin embargo, un privado vendería más barato que lo pagado por el Gobierno peruano a Sinopharm. Asimismo, regalarían los antídotos a sus trabajadores. Y, finalmente, el Estado tendría la oportunidad de ser más eficiente que los privados en los sectores marginales y pobres, señalan en Twitter.

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Según la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, los privados no deben importar vacunas, porque sólo se benefician sus propios intereses; “pero se queda callada cuando sus socios ideológicos ya se vacunaron antes de los que realmente las necesitan”, señala la cuenta Políticamente Incorrecto en la red.

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