MAYORÍA DE BANCADAS SE PRONUNCIAN, INCLUYENDO LAS DE IZQUIERDA

Exigen publicar acuerdo secreto con Odebrecht

Delincuentes brasileños no solo borraron datos de Gasoducto, sino de Rutas de Lima y de Chavimochic.

Exigen publicar acuerdo secreto con Odebrecht
(Foto: Gerald Suarez/EXPRESO)
  • Fecha Sábado 29 de Junio del 2019
  • Fecha 6:00 am

Cuando el gobierno de Martín Vizcarra intentaba calmar el escándalo de las mentiras de Odebrecht sobre las obras conseguidas con sobornos en el Perú, se comprobó que la constructora brasileña también borró información del Gasoducto del Sur, Rutas de Lima y Chavimochic. Ante ello, la aplastante mayoría del Congreso y otros organismos exigieron publicar el convenio, para evaluar su eventual anulación.

Esto se confirma mediante los registros del sistema Drousys, que estaban disponibles en Estados Unidos y Suiza, pero que los fiscales de Latinoamérica no han usado para ampliar sus investigaciones.

Unas horas antes, el cuestionado ministro de Justicia, Vicente Zeballos, había declarado que “a manera de adenda” se podía incluir en el acuerdo de colaboración eficaz el caso de coimas en el proyecto energético, y que todos estaban en investigación.

En esto fue secundado por Gino Costa, el exministro del ahora prófugo Alejandro Toledo y exaliado de Susana Villarán, personajes comprometidos con la corrupción de Lava Jato.

Pero, una vez más, la verdad no pudo ocultarse, y el periodista Andersson Boscán, del portal de noticias La Posta, los volvió a dejar mal parados, ya que la conducta de obstrucción a la justicia no se dio solo en Ecuador, sino en Perú y otros países.

“También en Perú hubo información y comunicaciones borradas por Odebrecht como revelamos en #BriberyDivision Chavimochic, Gasoducto del Sol (Sur) y Vías de Lima, entre las obras ocultadas. ¿Y el acuerdo con la Justicia?”, tuiteó el investigador que reveló el nuevo escándalo.

Viendo las imágenes del sistema Drousys extraídas por Boscán, se lee claramente códigos y direcciones de correo electrónico, al lado de GSP Project, South Peruvian Gas Pipeline y Chavimochic. Se menciona a “Noshua”, apelativo de un empleado de Odebrecht que manejaba la Caja 2.

POSICIÓN MULTIPARTIDARIA

Ante el escándalo, representantes de las fuerzas políticas del Congreso se mostraron a favor de que el acuerdo de colaboración eficaz establecido entre el Ministerio Público, la Procuraduría y Odebrecht, sea de conocimiento público, para así conocer con mayor detalle qué tan beneficioso o perjudicial es dicho convenio para el Perú.

El legislador Juan Sheput, miembro del partido Contigo, indicó que ante la nueva aparición de información respecto al Gasoducto del Sur, lo ideal para el país sería conocer la totalidad del acuerdo.

“En vista de lo que está aconteciendo, y para no ser parte de lo que podría constituir una burla, yo estoy de acuerdo con lo manifestado por diversos congresistas en que el acuerdo tiene que ser conocido para determinar no solo las responsabilidades de esta empresa, sino para ver si se está beneficiando a costa de los intereses del Perú. En el país hay obras que son brutalmente inútiles, la gente habla de Chaglla, del Gasoducto, pero los problemas de Lima también son obras de los brasileños”, recalcó.

NADA DE OSCURIDAD

Para Justiniano Apaza (Frente Amplio) es necesario que ante la convulsionada situación política y jurídica que atraviesa el Perú, es necesario que se publique el acuerdo, para así garantizar la transparencia de las investigaciones en el sistema de justicia.

“Todo debe ser transparente y clarificado, nada puede ser oscuro, principalmente si se trata de temas de interés nacional (…) Sí debe hacerse público el acuerdo, porque mientras haya transparencia, va a ser mejor para quienes están involucrados en ese caso”, aseguró.

El legislador Jorge Castro (Acción Republicana), quien integró la Comisión Lava Jato, expresó que no le genera sorpresa la nueva información sobre el Gasoducto del Sur, la cual fue revelada desde el extranjero, y explicó que siempre llega información de fuera del país, debido al pésimo trabajo de investigación realizado por el Ministerio Público y a la información que ocultó esta institución sobre el caso.

“Esto para mí no es una sorpresa, porque en la comisión Lava Jato, desde hace varios meses, ya habíamos identificado los proyectos en los que pasó eso [el pago de coimas], y estaba metido el Gasoducto. El Ministerio Público tenía información privilegiada que no era compartida con nosotros. Ellos eran titulares de esos datos, y desde nuestro punto de vista se dijo que ocultaban información, y a pesar de eso, en Lava Jato llegamos a descubrir gran parte de lo que hoy se conoce”, remarcó.

Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) también se mostró a favor de hacer público el acuerdo, y luego de conocer todos los detalles, no descartó la posibilidad de anular el acuerdo, en caso de que efectivamente no sea beneficioso para el país.

“Creo que primero debe hacerse público [el acuerdo de colaboración eficaz], y con conocimiento de la causa se origina un debate, y recién ahí se puede determinar qué es lo que se hace. Ya no debe ser secreto, pero primero hay que verlo (…) Creo que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debería pronunciarse”, acotó.

CONFIDENCIALIDAD EN CUESTIÓN

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, se sumó al pedido de sus colegas parlamentarios, y consideró importante esclarecer todo el acuerdo, esto debido a que al haberse descubierto nueva información desde el extranjero, quedaría demostrado el irregular trabajo de los fiscales.

“Podría hacerse público, si ambas partes llegan a un acuerdo porque sé que hay un acuerdo de confidencialidad entre las partes. Yo no veo inconveniente en que se haga público, así la población verá lo que se está investigando (…) No solamente estos fiscales de Lava Jato, si no que más fiscales han ido apareciendo, los cuales trabajan más para la cámara que la justicia”, indicó.

Solo el integrante de la bancada oficialista, Carlos Bruce, mostró una posición más neutral, y enfatizó que si la ley permite esclarecer el acuerdo, de debe recurrir a esa medida.

“Si la ley permite que [el acuerdo de colaboración eficaz] se haga público, que se haga, pero si la ley no lo permite, tenemos que acatar la ley (…) Creo que los fiscales siempre tienen la oportunidad de entrevistar a los exdirectivos de Odebrecht [por esta nueva información del Gasoducto]”, señaló.

Pero el Congreso no es la única institución del Estado que ha solicitado que el acuerdo de colaboración sea de conocimiento público, también lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, institución que a través de un comunicado ha pedido que se conozcan los detalles de este convenio con la transnacional.

“La transparencia de las acusaciones públicas constituye un pilar de nuestro sistema democrático, en la medida que permite a la ciudadanía controlar la actuación de los funcionarios públicos (…) En esa línea, el referido acuerdo de colaboración eficaz debe ser publicado en principio, íntegramente, puesto que ello constituye una exigencia proveniente del derecho de acceso a la información pública y del principio de transparencia”, indicaron en un comunicado emitido recientemente.

CARLOS CARO: NO SE PUEDE PUBLICAR

Para el jurista penalista Carlos Caro Coria, el acuerdo no puede ser de conocimiento público, debido a que tiene la categoría de sentencia. No obstante, recomendó al Ministerio Público que active la cláusula que les permite indagar más obras, si se descubren elementos más graves en otros proyectos.

“Una opción en este caso es que se aplique la cláusula según la cual, si la Fiscalía descubre un delito, llama a la empresa para que negocie un aumento del pago de la reparación, y que la empresa colabore, eso sería más conveniente (…) El acuerdo no se puede hacer público, porque ha habido una colaboración eficaz. La homologación tiene calidad de sentencia”, enfatizó.

ANA JARA RENUNCIA AL PARTIDO NACIONALISTA

“Recientes revelaciones vinculadas al proyecto Gasoducto del Sur del quinquenio anterior, revisten gravedad, y como tal deben y tiene que investigarse”, sostuvo la exministra Ana Jara, en una carta dirigida a Ollanta Humala donde le comunica su renuncia irrevocable al Partido Nacionalista.

La ex titular del Consejo de Ministros agradeció al expresidente el haberle dado la oportunidad de incursionar en política, pero agregó que, a puertas del juicio oral a Humala y a Nadine Heredia por la acusación de lavado de activos, los dirigentes del PNP debieron haber pedido licencia en sus cargos, para evitar que se perjudique el nombre del partido.

Sala de José Lecaros publicó notificación 17 meses después

Otro sospechoso retraso en las investigaciones a los corruptos de Lava Jato involucra al presidente del Poder Judicial. Un pedido de la Procuraduría ad hoc, para incluir a Odebrecht como tercero civilmente responsable en el Gasoducto del Sur, tuvo que esperar 17 meses para obtener respuesta.

“Presentó, el 11 de enero del 2018, un recurso de casación que fue derivado a la Primera Sala Penal Transitoria. El 22 de junio de ese año, la sala que estuvo encabezada por el actual presidente del Poder Judicial, el juez supremo José Luis Lecaros, declaró inadmisible el pedido. La resolución fue emitida el mismo 22 de junio. Pero fue publicada el 21 de junio”, informó El Comercio.

En agosto de 2017, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia acusó oficialmente a Edgar Ramírez, expresidente del Comité Especial de Pro Inversión, y a Claudia Hokama, representante de Transporte por Ductos (empresa de Odebrecht), por presuntamente haberse coludido; y pedía entre 6 y 7 años de cárcel para ellos.

La procuradora adjunta, Silvana Carrión, indicó que recién el 20 de junio de este año se enteraron de la decisión, y que evalúan presentar una acción de amparo.

CÉSAR ROJAS/ JOSÉ M. CARMEN MORÁN



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