JUEZA MARÍA ÁLVAREZ LOS OBLIGÓ A INCLUIR CANDADOS EN CONVENIO CON ODEBRECHT

Fiscales entre la espada y la pared por acuerdo

Pérez, Vela y procurador Ramírez podrían ir a la cárcel si no aplican nuevas reparaciones civiles que no habían contemplado en pacto original.

Eric Campos
  • Fecha Martes 16 de Julio del 2019
  • Fecha 6:00 am



A pesar de que el equipo especial Lava Jato y la procuraduría ad hoc habían liberado a Odebrecht de nuevas obligaciones económicas por proyectos corruptos no incluidos en el acuerdo de colaboración eficaz, ahora podrían ir a la cárcel si no cobran una reparación civil mucho mayor a los 610 millones de soles pactados a mediados de febrero.

El documento firmado por Rafael Vela, José Domingo Pérez y Jorge Ramírez, a nombre de la parte peruana, no incluía protección alguna si la constructora brasileña estaba enfrentando investigaciones por casos ajenos a la Interoceánica Sur, la Línea 1 del Metro de Lima, la Costa Verde del Callao o la Vía de Evitamiento del Cusco.

A pedido de la jueza María Álvarez Camacho, estos tres funcionarios tuvieron que hacer varias modificaciones para obtener su aprobación. Una de estas fue sobre no aplicar la norma sobre embargos de capitales y propiedades para asegurar el dinero de la reparación civil.

“Atendiendo al plazo estipulado para la entrada en vigencia del fideicomiso consensuado por las partes, para que la inaplicación de la Ley 30737 surta efectos, deberá el Ministerio Público informar al ente administrativo competente, con conocimiento del órgano jurisdiccional, que a dicha fecha no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ente jurídico Odebrecht”, se indica en el acuerdo homologado.

Este extremo del acuerdo se ha convertido en una piedra en el zapato para quienes lo gestionaron, ya que el 1 de julio, los actuales ejecutivos de la constructora enviaron una carta al Ministerio de Justicia para que se les pague 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

“La resolución judicial le puso un candado a la devolución de dinero a favor de la constructora (…). La constructora sí está implicada en otras investigaciones, preliminares y preparatorias, en las que no ha reconocido culpabilidad”, reveló ‘Punto Final’.

VELA MINTIÓ

El programa añadió varios puntos del acuerdo homologado, así como de la distribución de dinero de la transacción de la referida obra en Huánuco: un total de 1,050 millones de soles, de los cuales 435 millones fueron a pagar deudas por impuestos, 12.5 millones para la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y 80 millones como primera cuota –esta sí– del convenio de colaboración eficaz.

Esto demostraría que Vela mintió cuando –en conferencia de prensa del 19 de junio– afirmó públicamente que “el acuerdo ha sido aprobado sin ninguna restricción, conforme a los términos expuestos por el Ministerio Público”.

El documento confirma que sí se añadía restricciones que se le “habían pasado” a fiscales y procuradores, sobre todo asegurar que Odebrecht pague toda la reparación civil que implican obras donde hasta ese momento no había admitido culpabilidad.

“En el acuerdo de colaboración había cláusulas referidas a los arbitrajes. En el acta del 20 de mayo, se hicieron precisiones en la cláusula de arbitraje para que el Estado tenga una mejor posición”, había añadido en ese momento la procuradora adjunta, Silvana Carrión.

Esto refuerza ahora que los términos originales del convenio secreto no eran tan favorables al Perú como se decía.

EXPRESO conversó con la exprocuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, quien explicó que la venta de Chaglla había sido en términos favorables a Odebrecht, pero que la modificación que se hizo a pedido de la jueza Álvarez ha malogrado los planes de quienes se sentían impunes.

“El ministro [Vicente] Zeballos dijo que se iban a retener 319 millones de dólares de la operación, y que eso iba a un fideicomiso, pero en el acuerdo negociado se estipulaba eximirle de retención, y se creaba otro fideicomiso porque el procurador Ramírez estaba muy preocupado por la situación financiera de Odebrecht. Solo gestionó que se separen 80 millones de soles para la primera cuota, que recién se hace efectiva con homologación”, cuestionó.

Indicó que ahora a los fiscales no les queda más remedio que informar al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia que, efectivamente, los brasileños tienen pendientes no una, sino varias investigaciones por corrupción en diferentes obras millonarias.

Maquillan cifras

La deducción de US$ 661’776,485 a los iniciales 1,300 millones de dólares del “valor del proyecto”, para sacar los US$ 638’223,515.00 del “precio de venta”, correspondería, según Economía y Finanzas, a que se descontaron las deudas financieras y comerciales, los gastos transaccionales y las garantías.

TRES INVESTIGACIONES

“En el Gasoducto hay tres investigaciones: la carpeta 301-2014, que involucra al exProinversión Édgar Ramírez, y la exejecutiva Claudia Hokama; la 12-2007, interpuesta cuando estábamos en la Procuraduría ad hoc, que pasó al fiscal Reynaldo Abia, y de allí al equipo especial Lava Jato. Allí sí están [Jorge] Barata, Odebrecht, Enagás y Nadine Heredia; y la que deriva de la denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma”, precisó.

Ampuero agregó que también hay pesquisas en el Ministerio Público por los peajes de Rutas de Lima, la carretera IIRSA Norte, el proyecto de irrigación Chavimochic y otros más, entre ellos la misma hidroeléctrica de Chaglla.

“Ya pasó el plazo para apelar la sentencia sobre el acuerdo, así que los fiscales tienen que enviar la información de estos casos. No pueden mentir o poner más pretextos, porque podrían ser acusados penalmente por defender a los corruptos”, enfatizó.

Finalmente, la abogada consideró que el procurador Ramírez debería ejercer sus funciones y de una vez solicitar formalmente al Poder Judicial la publicación completa del acuerdo homologado. Como se recuerda, el mismo abogado del Estado, Rafael Vela, el fiscal Germán Juárez y la Defensoría del Pueblo indicaron que no había impedimento legal para hacerlo.

Ante esta situación Vicente Zeballos, ministro de Justicia, afirmó que el Gobierno no atenderá el requerimiento de Odebrecht por los S/ 524 millones, hasta que el Ministerio Público así lo considere.

“Hay inclusive un requerimiento planteado por la propia empresa a la unidad funcional del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la parte resolutiva de este mismo acuerdo establece que en tanto no tenga otro proceso aperturado en curso  [se hará la devolución]. ¿Esa información quién la tiene que dar? El Ministerio Público”, declaró en el Congreso.

POR: CÉSAR ROJAS 

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