POR CASO "CUELLOS BLANCOS"

Fiscales supremos se dicen de todo

EXPRESO accedió a la transcripción de la Junta de Fiscales donde Zoraida Ávalos, Gonzalo Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez y Pablo Sánchez no se callan sus verdades

Fiscales supremos se dicen de todo
  • Fecha Martes 22 de Octubre del 2019
  • Fecha 6:00 am

No todo lo que afirmó la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, como primicia en el medio de comunicación de un procesado por el caso Lava Jato, fue exacto, respecto al debate de la Junta de Fiscales Supremos sobre el caso “Cuellos Blancos”. Pero tampoco lo fue lo dicho por otros altos magistrados de esa instancia, como confirma la transcripción oficial cuyos mejores extractos merecen conocerse.

En principio, sí se aceptó el acuerdo tomado por mayoría, de que solo quien ocupa la Fiscalía de la Nación tiene atribuciones de investigar a los supremos por casos que implican un antejuicio –trámite previo al de una investigación común-. Incluso se oficializó esto en el acta, como “Acuerdo 5633”.

“La Junta de Fiscales Supremos, previo debate, deliberación y por mayoría con los votos en contra de los señores magistrados doctora Zoraida Ávalos Rivera y doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, miembros de este colegiado, con dispensa de la lectura y aprobación del acta, ACORDÓ que las investigaciones seguidas contra los magistrados aforados por regla general corresponden al Congreso de la República, y por excepción de las investigaciones preliminares serán de conocimiento exclusivo de la Fiscalía de la Nación”, se lee en la página 59 del documento.

Parte de esta sesión había sido publicada en prensa oficialista, pero sin incluir la aparente incoherencia entre lo que Ávalos asintió el lunes 14 de febrero, y rechazó apenas días después, en el video que difundió en un canal de cable, antes que en los medios oficiales del organismo que dirige.

Tal vez esto se entienda por la constante reiteración de la titular del Ministerio Público, de que estaba preocupada respecto a que la opinión pública se entere de que se estaba aplicando la ley, cuando Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez le pedían aplicar las normas respectivas.

“Artículo 1.- Titular de la investigación preliminar. El fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución”, señala la Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley Nº 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución (antejuicio).

A esto se añade la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, en su artículo 66: Son atribuciones del Fiscal de la Nación 1.- Ejercitar ante el Tribunal de Garantías Constitucionales la acción de inconstitucionalidad, parcial o total, de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravinieren la Constitución Política, por la forma o por el fondo.

Sánchez había iniciado la etapa de indagaciones por encargo de Chávarry, cuando este último era cabeza del Ministerio Público. Como no era lógico que se investigue a sí mismo, para no impedir la averiguación de la justicia, cedió al fiscal supremo más antiguo (Pablo Sánchez) el encargo.

“Señora presidenta, este tema quedó pendiente de la sesión anterior”, dijo la secretaria Zabela Casanova Chumpitaz, dando inicio al debate sobre el pedido de Gálvez –quien también ha solicitado citar a los fiscales del equipo Lava Jato, cuya respuesta duerme el sueño de los justos.

El primer “pero” que puso Ávalos fue un hábeas corpus presentado por el referido fiscal a la Corte Superior de Lima, el pasado 13 de septiembre, donde plantea los mismos argumentos legales.

“Pero ya lo has judicializado. Acabas de interponer un hábeas corpus” y “no sé hasta qué punto, si ya lo has judicializado, lo tendremos que ver acá”, fue la posición inicial de la fiscal de la Nación.
Como Gálvez le explicó que si la Junta de Fiscales Supremos tomaba el acuerdo, por mayoría, de aplicar las referidas normas, la demanda quedaba resuelta por la figura legal de “sustracción de la materia” –cuando lo que se pide a nivel judicial ya fue cumplido en la práctica por otra instancia-, la respuesta cambió.

“No veo honestamente la razón por la cual no pueda trabajar el doctor Pablo con una competencia delegada porque al final la denuncia la voy a hacer yo, no el doctor. El doctor Pablo está haciendo la investigación”, aseguró la magistrada, aparentemente adelantando opinión de que ya deseaba acusar a los investigados, por lo cual tuvo que agregar: “Por favor, no estoy diciendo que los voy a denunciar”.

En otro momento, Ávalos vuelve a manifestar su inquietud porque cierta prensa divulgue que se le estaba quitando el caso a Sánchez Velarde. A pesar de que Rodríguez Monteza le aclara varias veces que solo están determinando competencias dentro de las normas existentes, y no con nombre propio, ella seguía preocupada.

“Cuántas veces me han puesto micrófonos, me he cuidado porque esta vida da vueltas”. “Esto va a traer cuestionamientos”, “porque esto va a salir, porque acá la gente se entera de todo”.

Ante ello, Gálvez replica que se debe aclarar que no se pretende un blindaje y que se caigan las pesquisas, sino que se realicen sin ningún vicio legal. “No estamos pidiendo que nos archiven el caso, estamos pidiendo que nos investiguen”, precisa.

Chávarry también aprovecha este momento para dejar sentada su opinión legalista, más que mediática: “Si la institución cumple la ley, ¿cuál es el temor?”.

Sánchez, quien se mantiene callado durante extensos momentos, apela entonces a supuesta jurisprudencia, pero le replican que está mezclando casos de hechos comunes con acciones dentro del ejercicio de la función de fiscal supremo.

Por último, tanto Ávalos como Sánchez terminan admitiendo que no concuerdan con la posición mayoritaria, pero aun así intentan un último esfuerzo de convencerlos de no aplicar la Ley Nº 27379 y la Orgánica del Ministerio Público.

“No estaba en mi mente estar en el cargo, por lo tanto, no había buscado gente”, admitió la alta funcionaria, recordando que el acuerdo de hace tres años era que se vayan turnando su cargo cada dos años, por lo cual ella pensaba recién asumir el 2021.

Cuando le imputaron a Pablo Sánchez que él no estaba habilitado para asumir funciones de fiscal de la Nación, respondió: “No todo puede estar en la ley”.
“Hacer excepción sobre excepción ya es ir demasiado in extenso”, señaló finalmente Rodríguez Monteza, sobre las atribuciones a Sánchez.

El final fue el que todos saben, pero no exactamente –reiteramos- como han venido diciendo algunos de los participantes en esa agitada reunión.

DUELO DE IRONÍAS

Chávarry: Ahora el doctor Pablo [Sánchez] se ríe.

Ávalos: ¿Y qué quieren?

Chávarry: Le parece mal lo que estamos discutiendo.

Sánchez: No sonrío ni nada.

Chávarry: Qué suerte que él nunca ha hablado por teléfono, nunca nadie le interceptó la llamada, no tenía telefónos.

Ávalos: Doctor, no podemos caer en eso.

Chávarry: Entonces, pues.

NO PIDEN BLINDAJES

En las actas de Junta de Fiscales Supremos no se busca un blindaje ni que se caigan las pesquisas del caso ‘Cuellos Blancos’, sino que estas se realicen con base en la legalidad vigente. “No estamos pidiendo que nos archiven el caso, estamos pidiendo que nos investiguen”, precisan.

POR: CÉSAR ROJAS

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