Fiscales y jueces carceleros siguen el ‘pensamiento Moro’

Por eso desobedecen las sentencias del TC y de la Corte Suprema y violan los DD.HH., afirma jurista Carlos Chipoco.

– ¿Cuál es la razón de las decisiones del Ministerio Público y jueces anticorrupción?

Yo también me he preguntado qué lleva a un fiscal y a un juez anticorrupción a tamaña injusticia como afirmar que PPK debe estar tres años preso sin acusación ni condena. Lo que lleva a fiscales y jueces al abuso es la “ideología Moro”, pero mal entendida. Lo concluyo luego de leer sus artículos, libros y entrevistas. Y estudiar las decisiones del Ministerio Público peruano.

–¿Cómo es esto de la “ideología Moro”?

El exjuez, hoy ministro del coronel conservador Bolsonaro en Brasil, plantea una tesis central en su lucha: que la corrupción es un fenómeno criminal de enormes dimensiones, donde participan los grandes empresarios, políticos, medios de comunicación, etc. “Es muy difícil liderar con ciertos tipos de delito, practicados por personas políticamente poderosas”, afirma. En consecuencia, para enfrentarse en esta lucha desigual los jueces y fiscales deben usar de todo. En esta visión, el Estado de Derecho garantista de los derechos humanos es un corsé, una suerte de obstáculo que debe ser sorteado o eludido. Se justifica la presión y prisión sobre acusados, sospechosos y testigos para que confiesen. Dicho por el mismo Moro, “los únicos que pueden salir de testigos son los propios delincuentes”.

–¿Qué otros elementos tiene esta doctrina?

Sostiene que solo la opinión pública respalda esta cruzada anticorrupción. Por eso es que se debe tener una alianza privilegiada con ciertos medios de comunicación y entregarle en forma secreta pruebas clave. Entonces hay que presionar a todos los sectores (en especial a los líderes) políticos y económicos; bordear las obligaciones con los derechos constitucionales y acusar, apresar y presionar a todos para que confiesen delitos. Así, la lucha anticorrupción deviene en una excepción –donde lo central no es proteger derechos constitucionales ni a los inocentes–, pues es el costo de pelear con un gigante, según esta visión. El procedimiento garantista y moderno debe dar paso entonces a investigaciones y juicios en los límites de Derecho.

–Pero afecta a inocentes…

Es el costo de atacar a la poderosa corrupción, sostiene Moro. Poner en práctica su fórmula provocó que la Corte Suprema de Brasil lo excluya del caso Lula por no respetar los derechos a la privacidad y filtrar conversaciones telefónicas no autorizadas.

Volviendo a la idea central, creo que los fiscales y jueces del sistema peruano han asumido que, sin la presión indebida, sin abuso de acusaciones y prisiones, no hay lucha posible contra la corrupción. Esa es la tesis que lleva a los jueces y fiscales a desoír las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, a encarcelar a quienes recibieron dinero para campañas, aunque no sea delito, a encarcelar a un anciano enfermo o una política [Keiko Fujimori] que nunca ha administrado dinero público. El miedo de los investigados, acusados o apresados, es el factor fundamental para los propósitos de los fiscales.

–¿Y el caso de las detenciones preventivas de Humala, Keiko Fujimori o PPK?

En palabras de Moro “para la delincuencia poderosa hay que tener cierto rigor (…). Una situación de excepcionalidad obliga a la detención preventiva porque se investiga un sistema preestablecido de corrupción para proteger a la sociedad”. Por eso decretó 175 prisiones “provisorias” de tres años solo en un periodo de juez. Inocentes y culpables son sometidos “a la presión de decidir cuándo confesar”.

–¿Cómo opera esto en el Perú?

Habría que revisar quién educó a jueces y fiscales y quiénes han organizado el sistema anticorrupción. Moro fue invitado por el Poder Judicial y sostuvo entrevistas, dio conferencias y les mostró su camino a jueces y fiscales. También creo que Moro es mucho más sofisticado que los magistrados peruanos que lo escucharon y leyeron. Su mérito es haber mostrado la dimensión de la corrupción en Brasil. Pero acá se desarrolla una visión simplista y se entiende el análisis de Moro sobre Brasil como si fuera un “vale todo”.

–¿Cómo así?

Por ejemplo, el juez del cono sur que pretendió encarcelar a Alan García, y el juez de Chimbote que ordenó la prisión de tres años a PPK, o los jueces que encarcelaron a Humala y a Keiko, todos debieron haber bebido de esta doctrina, entendiéndola a su manera, exagerando o estirando las facultades de fiscales y jueces hasta hacerlas arbitrarias. Por ejemplo, no creo que Moro hubiera encerrado por tres años a un expresidente enfermo y derrotado. Ni a personas que nunca administraron recursos públicos.

Eso explica por qué en el Perú los seguidores de Moro desobedecen lo que resolvió el TC en el caso Humala. Las amenazas de huir o de malograr el proceso penal deben ser reales, no supuestas. Debe respetarse la presunción de inocencia. Tampoco hacen caso lo que resuelven los jueces constitucionales porque mientras estos obligan a respetar la Constitución y los derechos fundamentales, Moro les ha enseñado que esa conducta “garantista” impide la lucha contra la corrupción.

–¿Esa es entonces la razón de los abusos que hemos visto con sorpresa?

Mire, esa creo yo que es la razón principal. No hay que descartar el figuretismo político. Moro termina de ministro y al parecer  ambiciona ser presidente de Brasil. Somos diferentes a Brasil. Aunque nos parecemos en algo: la total deslegitimidad de los partidos políticos, lo que los hace una presa fácil para la persecución.

–¿En qué se han violado los derechos o se los han puesto al límite?

Para detener a alguien no importa la gravedad de su delito porque no es una precondena. No importa el quántum (la cantidad y calidad) de las pruebas. En esta fase del proceso penal solo se está investigando para eventualmente acusar. Como la población desconoce estos tecnicismos, cree que se está decidiendo sobre la culpabilidad y no es así.

En resumen, lo único que cuenta es si hay peligro concreto de fuga (lo ha dicho el TC y la Suprema) y obstaculización de parte del procesado. En esta fase solo se trata de en qué condición el procesado enfrenta el proceso. La ley señala que debe ser tratado como inocente hasta la condena. En los casos de PPK y de Alan García no se cumplen estos requisitos.

Alan había solicitado un asilo, ese es un derecho humano, concederlo es un derecho del Estado. El ejercicio de un derecho no puede ser penalizado, lo han dicho diversas cortes internacionales de derechos humanos. El peligro de fuga es el único argumento del juez que ordena su detención. Tampoco podía huir si estaba las 24 horas del día vigilado por una camioneta policial con cámaras interconectadas. Y tenía prohibición de salida.

–¿Y en el caso de PPK?

Resulta que el juez de primera instancia ordena que se quede detenido tres años. Y el expresidente tiene una válvula en el corazón, está en cuidados intensivos, tiene prohibición de salida, cuentas congeladas y no puede vender sus inmuebles. ¿Cómo puede el juez decir en su resolución que, por el hecho de que su familia americana está en Estados Unidos aterrorizada de lo que pasa en el Perú, esto sea una preparación de fuga? La respuesta está en el pensamiento Moro, porque se trata de generar miedo en él y entre sus allegados. Esa es la razón por la que querían detener a su secretaria y chofer. A ver si así declaraban algo comprometedor.

–Va quedando claro…

Obvio. Ahora sí podemos entender por qué los fiscales y jueces están dispuestos a hacer cosas absurdas que todos vemos espantados. Son una versión exagerada de Moro. Hay un pensamiento fundamentalista que cree ser redentor del país. En todo caso, la fama de Moro estriba en que –en el pandemónium de Brasil– combatía, sin límites, la corrupción. Acá los fiscales y jueces no tienen eficacia. Su caso estrella, el de Humala, fue liberado por el Tribunal Constitucional y es probable que todos seguirán ese camino, tras algunos meses de prisión.

–¿Cómo encaja en todo esto la figura del lavado de activos?

Moro ha sido quien ha sostenido que el lavado de activos es una figura autónoma, lo desarrolla en su último libro y es la tesis de los fiscales peruanos.

Aclaración necesaria

“Lo primero que debo decir –para evitar malas interpretaciones– es que estoy a favor de promover y perfeccionar un sistema que ataque que destruya la corrupción en el Perú. Pero también debo añadir que todas las actuaciones del Estado, incluso contra los más terribles delitos, deben hacerse dentro del respeto a los derechos humanos. Nada de lo dicho puede entenderse como socavar la lucha o el sistema anticorrupción», aclara Chipoco Cáceda.

Se violan los derechos humanos

¿Cuál es el error constitucional más grave de fiscales y jueces?, preguntamos a Chipoco Cáceda.Sostener que porque la corrupción es grave, se puede poner entre paréntesis los derechos humanos. También lo es creer que recibir donaciones durante campañas electorales es delito. De acuerdo a la Constitución en el Perú rige el principio de legalidad. Esto significa que solo se puede procesar y condenar por los delitos preestablecidos en el Código Penal. Ese es un derecho humano. No se puede condenar por similitud”, sostiene.

“Y no puede haber delito de lavado de activos porque nadie antes de 2016 sabía que Odebrecht era corrupta ni que había una caja 2. Si era evidente –como ellos dicen–, los primeros que deben ser procesados son los fiscales que lo sabían y no denunciaron a los directivos de Odebrecht. Por eso es que cuando se produzca el control constitucional, sus casos se van a caer. Dicho de otra forma, con estos prejuicios fiscales y judiciales la vía penal va perdida. Solo queda el camino del control constitucional”, agrega.

Evaluará pedido presidencial sobre prisión preventiva

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, adelantó que evaluarán el pedido del presidente Martín Vizcarra para reflexionar sobre las órdenes de prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público, en el marco de investigaciones preparatorias.

“Ese es un tema que en todo caso lo vamos a evaluar, es todo lo que voy a decir por ahora”, señaló Ávalos durante la presentación de las bases del concurso para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, más tarde dijo a través de un comunicado que la detención preliminar y la prisión preventiva “no son medidas abusivas ni generalizadas”.

El jefe de Estado hizo el domingo un llamado a la reflexión al Poder Judicial y Ministerio Público acerca de las órdenes de prisión preventiva, ya que se trata de medidas excepcionales.

“Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos (…); que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos, que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”, dijo Vizcarra.

Por su parte, el titular de la PCM, Salvador del Solar, se pronunció sobre las órdenes de prisión preventiva que se han dictado desde el Poder Judicial a los investigados por el caso Lava Jato.

“Hay un margen para que nos preguntemos también, con total respeto a la autonomía, ¿estamos haciendo de una medida excepcional como la prisión preventiva una moneda corriente que se ha hecho de uso cotidiano? Creo que hay un espacio para que se reflexione al respecto. El Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer esa reflexión con total respeto de su autonomía», declaró en RPP Noticias.

Todos los fiscales están sometidos a órganos de disciplina

El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público (ODCI-Lima), fiscal superior Luis Alberto Germaná Matta, respondió al comunicado del Equipo Lava Jato sobre su posición frente al anuncio de investigación de esta dependencia.

Germaná Mata rechazó el comunicado del equipo liderado por Rafael Vela que acusa la apertura de investigación, tras el suicidio del expresidente Alan García, como una de las acciones «sorpresivas y arbitrarias» en contra de los integrantes del equipo.

«Al igual que cualquier fiscal del Ministerio Público, todos somos iguales ante la ley y estamos sometidos a los órganos de disciplina, sin excepción; lo contrario, es considerarse por encima de ella», señala el documento.

Al finalizar el comunicado, el fiscal superior Germaná Matta señala que “en uso de mi legítimo derecho de opinión y del Principio de Autoridad, considero que el accionar de todo fiscal no solo debe tener sustento legal y obedecer a una estrategia, sino que, al igual que cualquier operador de justicia, debe tener sustento en normas éticas de conducta que también nos son impuestas legalmente a través de un catálogo de deberes y obligaciones…”.

Ello, dice, con el objetivo de no vulnerar el debido proceso y otros derechos fundamentales, “especialmente frente a la lucha contra la corrupción, en la cual todos los peruanos estamos comprometidos”.

Recalca de igual modo el comunicado que la autonomía e independencia de los fiscales del equipo especial se encuentra garantizada, al igual que la de ODCI que ejerce sus funciones disciplinarias.

PLINIO ESQUINARILA

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