Fiscalía es un caos por caso Odebrecht
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Las supuestas “declaraciones del fin del mundo” siguen siendo repeticiones de cosas que ya se sabían hace meses, e incluso años, sobre cómo Odebrecht organizó una maquinaria financiera para ganar miles de millones de dólares en el país.

Ayer tocó el turno del extesorero internacional de la constructora, Luiz Da Rocha, quien habló sobre cómo se usaba a la Banca Privada de Andorra para derivar dinero de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2) hacia cuentas de personajes, o a intermediarios.

En ese sentido, se limitó a ratificar, confirmar o insistir en que Gonzalo Monteverde era el operador principal de la Caja 2 para generar recursos en el Perú a través de sus empresas Construmaq y Área Sac.

¿Dijo algo nuevo? No. Sino lo mismo que el equipo Lava Jato tenía en su carpeta de investigación hace meses, con lo cual se había pedido la prisión preventiva del empresario peruano, actualmente prófugo.

Lo único “novedoso” fue que Da Rocha contó que “era posible” que Monteverde pagara de su dinero al receptor final, y luego Odebrecht le abonara el equivalente, por lo cual a veces las fechas de los pagos en la planilla de la Caja 2 no coinciden.

El brasileño no confirmó los nombres de las personas que recibían finalmente las coimas. Es decir, no acusó ni a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Susana Villarán ni Luis Castañeda.

NO ADMITEN SOBORNO

Pero Rafael Vela ya había ensayado una explicación para que los exejecutivos de Odebrecht no admitan que le dieron sobornos: el derecho a la no autoincriminación. “Siempre es un asunto de carácter voluntario.

No se puede obligar a nadie a que asuma responsabilidad penal”, adujo el fiscal superior.

Esto parte del acuerdo de colaboración eficaz inicial, según el cual Marcelo Odebrecht, Jorge Barata o algún otro elemento criminal brasileño no podían ser incriminados por sus declaraciones sobre las cuatro obras iniciales.

Supuestamente sí lo habrían hecho, pero solo sobre la carretera Sisa en la Región San Martín, durante la gestión de César Villanueva. La información sobre el presunto soborno no se había conseguido por el convenio con los delincuentes extranjeros, sino a través de la prensa extranjera.

“Nos encontramos satisfechos con el desarrollo de la diligencia” y “está dentro de la línea de investigación explorada por la fiscal Geovana Mori” fueron las expresiones comunes de Vela al final de la pesquisa de ayer, al igual que en las anteriores.

Como se sabe, las más de veinte obras conseguidas con sobornos costaron decenas de miles de millones al Perú en sobrecostos, a cambio de un 1% de ese costo –en promedio- en sobornos. También se dio un monto mucho menor para financiar campañas electorales. “Los aportes de campaña también han sido materia de explicaciones”, admitió.

NADA NUEVO

El ex tesorero internacional de Odebrecht, Luiz Da Rocha Soares, no ha declarado nada sustantivo y nuevo ante la fiscal Geovana Mori, del equipo Lava Jato, en Brasil. Dijo Da Rocha que Gonzalo Monteverde dio dinero en efectivo a Jorge Barata para los pagos de sobornos y aportes de campaña. Para Rafael Vela “Monteverde se convirtió presuntamente en el principal lavador de Odebrecht”.

SIN “PECES GORDOS”

Sin embargo, reconoció también que no hubo ninguna delación a “pez gordo” alguno sobre coimas, como se había anunciado hace un año. El interrogado no había tratado personalmente con candidatos presidenciales, municipales ni congresales, y –por lo tanto- no podía mencionar a ninguno.

“Específicamente el señor Da Rocha Soarez, como usted comprenderá, no es una persona que haya tenido contacto directo a excepción de, específicamente, con quien en determinado momento lo hizo, como sí, con el señor Monteverde”, declaró el coordinador del equipo Lava Jato.

Hoy le toca hablar a Ricardo Boleira, y mañana a Barata. Este último fue quien puso más trabas en agosto, negándose a colaborar porque no se había confirmado el pago millonario de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla que Odebrecht exigía para cumplir el acuerdo.

EN MIAMI

En medio de este oxímoron fiscal, la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, tomaba los días de vacaciones que se le debían de los últimos dos años. Así lo confirmaba la Resolución de Junta de Fiscales Supremos Nº 111-2019-MP-FN-JFS, con la cual la alta funcionaria desde ayer está libre de obligaciones laborales hasta el 21 de diciembre.

Es decir, la principal responsable del manejo de la Fiscalía de la Nación –que está en Miami- no estará en su puesto cuando acabe esta enésima ronda de interrogatorios en Brasil, para exponer un balance final de lo que se pueda o no conseguir de información eficaz.

A esto se agrega que dejó sin resolver el Informe 04-2019-20FSEDCFL-MP-FN, de la magistrada Escarleth Laura Escalante, de la Segunda Fiscalía Superior especializada en delito de corrupción de funcionarios.

En septiembre, ella había pedido autorización para investigar una serie de aparentes negligencias en el allanamiento a oficinas de la Fiscalía de la Nación por obra de los polémicos José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, ya que se había declarado fundada una denuncia penal en su contra por abuso de autoridad.

Todo esto nacía del requerimiento de allanamiento al despacho de un asesor del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry en enero, cuando ya se había dispuesto la derivación de la noticia criminal al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Es decir, no le competía a Pérez Gómez.

A esto se agrega que el supuesto encubrimiento de Chávarry a personajes de Fuerza Popular investigados por el fiscal provincial, solo podía ser pesquisado por quien tenía la carpeta con los documentos sobre esa denuncia. Esto tampoco lo poseía Pérez.

“Hechos que el mismo fiscal investigado reconoce que no tiene competencia para investigar, como son los supuestos actos de encubrimiento real y personal por parte del fiscal supremo”, detalla el informe elevado a Ávalos, donde se agrega que el magistrado no sabía ni dónde estaba la oficina a allanar.

CHINCHERO VIGENTE

Por si fuera poco, el espinoso caso Chinchero también ha quedado congelado, en lo que respecta a Martín Vizcarra. La fiscal Zoila Sueno había elevado también su informe para que se decidiera si se reabría el caso en el extremo que tocaba a Martín Vizcarra.

El hoy mandatario era ministro de Transportes cuando se firmó la adenda con Kuntur Wasi que era dañina a los intereses económicos del Perú. Cuando Pablo Sánchez era titular del Ministerio Público, esto se archivó, aunque con Chávarry se volvió a evaluar.

En el puesto de Ávalos se ha quedado precisamente Sánchez, quien dirigiera a toda la institución cuando empezaron las tratativas del acuerdo de colaboración eficaz, y fuera apoyado públicamente por la ONG Instituto de Defensa Legal para una reelección que no se dio, porque le tocaba a Pedro Chávarry sucederlo.

Pocos días antes del viaje de Zoraida Ávalos, José Pérez había sido incluido en diferentes procesos, y acusaba a una supuesta mafia que servía a la corrupción. Este estilo de mandar indirectas fue asumido por Rafael Vela, lo cual colmó la paciencia del fiscal supremo Tomás Gálvez, responsable de una investigación a Pérez por supuesto prevaricato.

“Creen que su palabra es ley, se han olvidado de que pertenecen a una organización jerarquizada. Creen que cualquier disparate que ellos dicen es la última palabra (…). Está delirando, ese señor está delirando. Ha perdido el sentido de la realidad”, sostuvo Gálvez, tras negar vínculos con Fuerza Popular.

¿MEF CAMBIÓ DE OPINIÓN?

¿Es cierto que el MEF ha cambiado de opinión sobre la naturaleza pública de los recursos provenientes de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla? Este es un tema que debe aclararse, al margen de que este dinero -de US$131’800,000- ya habría sido transferido a un banco privado en Lima.

VELA ES “IGNORANTE”

En ese sentido, recordó que a él lo excluye del proceso Juan Sheput, quien no tiene ligazón política con el fujimorismo, y más bien acusó a este de haber protegido a Chávarry.

“Mi caso lo vio en el Congreso Sheput. Él acusó a Chávarry y a mí me dijo que se archive. ¿Qué le debo a Fuerza Popular? (Vela) es ignorante y no sabe lo que habla”, sentenció Gálvez.

El magistrado supremo se ratificó en que el equipo Lava Jato no ha resguardado los intereses del Perú, y que toda su estrategia legal ha terminado favoreciendo a Odebrecht, pagándole 524 millones de soles, cuando nos deben, solo por cuatro obras corruptas, S/ 610 millones.

Respecto a que habría una maniobra para perjudicar a Pérez justo antes de que viaje a Brasil, Gálvez precisó que el fiscal provincial viaja constantemente a ese país, a entrevistar a las mismas personas, por lo cual no puede acusar a otros de sus veleidades laborales.

“No sé qué está haciendo. ¿Acaso le sigo la corriente? A cada rato se va, a cada rato regresa. ¿Qué tengo que ver con eso? Que haya coincidido, ha coincidido pues. Es una coincidencia”, aseveró.

LAVADO DE ACTIVOS

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción declara fundada incorporación de Construmaq SAC, Isagon SAC, Constructora Dimaco SAC y otras seis empresas, en investigación contra empresario Gonzalo Monteverde, por lavado de activos.

POR: CÉSAR ROJAS

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