Gasoducto: Graña y Montero demanda al Perú por S/ 1322 millones
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A través de un comunicado, Graña y Montero informó que, en efecto, ha presentado una solicitud de arbitraje ante el CIADI por el cese del contrato del Gasoducto del Sur.

«La Compañía podrá interponer la correspondiente demanda arbitral luego de que el CIADI acepte y registre la solicitud de inicio de arbitraje y se instale el respectivo tribunal arbitral», se lee en el documento.

INFORMACIÓN PREVIA

Luego de varios años de esconder sus verdaderas intenciones, la empresa Graña & Montero interpuso una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por no cumplir con el contrato del Gasoducto del Sur firmado en el gobierno de Ollanta Humala.

Si bien la demanda aún está pendiente de valoración en la sede central del organismo de arbitraje internacional (Washington, Estados Unidos), ya se notificó al gobierno de Martín Vizcarra, específicamente a los ministerios de Energía y de Economía.

La constructora peruana se había consorciado con Odebrecht y con Enagás (de España) para asumir el proyecto energético por el cual se iban a destinar más de siete mil millones de dólares de nuestros impuestos.

Hace unos días, el delincuente Jorge Barata admitió que G&M había sido un “socio oculto”, porque Nadine Heredia –quien supuestamente ordenaba las grandes licitaciones en el régimen presidencial 2011-2016- no quería facilitarle contratos.

El último domingo, ‘Cuarto Poder’ publicó acuerdos firmados desde junio de 2011 entre los empresarios peruanos y brasileños, los cuales se modificaron en febrero de 2014.

Rodrigues de Carvalho y Mario Harasic Angulo suscribieron por Kuntur (que sería absorbida por Odebrecht), Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker por Graña & Montero, y Barata y Nelson Vieira de Bulhoes por la empresa símbolo de megacorrupción.

EN LAS SOMBRAS

Uno de los acuerdos era que, si la participación de G&M implicaba la pérdida de contratos millonarios, esta se apartaría del consorcio oficialmente. Sin embargo, se contemplaba la posibilidad de seguir asociados en forma furtiva hasta que la concesión sea entregada, cuando podría acceder a su porcentaje de participación previsto.

Según Barata, no querían que Heredia Alarcón se enterara de la sociedad, debido a que estaba molesta con la línea crítica que tenía con el gobierno humalista el diario El Comercio, propiedad de José Graña Miró Quesada.

Esta noticia complementa lo sucedido con Enagás, la cual tenía el 25 por ciento de participación en el GSP. Sobre la base de esto, hace dos años ya había acudido al CIADI, pidiendo 1,980 millones de dólares –alrededor de 6,100 millones de soles- de indemnización al Estado peruano por todo concepto. De esto, la española pedía alrededor de 1,322 millones de soles.

El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski contrató al estudio jurídico internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para enfrentar el arbitraje. Los costos judiciales nos representan alrededor de S/ 22 millones hasta el año 2022, en el cual se calcula que el tema se resuelva a favor nuestro.

Tomando en cuenta el monto que pide Enagás por su porcentaje de participación en el GSP, el que estaría solicitando Graña & Montero es de aproximadamente mil doscientos millones de soles.

En enero de 2017, PPK había anunciado la rescisión del contrato porque Odebrecht había sido revelada como una empresa corrupta, y no conseguía el financiamiento bancario necesario para solventar el proyecto.

“Habrá que pedir la caducidad del contrato”, fueron sus palabras semanas antes, en aplicación de la cláusula anticorrupción incluida en el contrato del 2014. Sin embargo, la misma empresa reveló que el peruano-norteamericano había trabajado para ellos, con lo cual se inició un proceso de vacancia que duró meses, pero que terminó con su renuncia a la banda presidencial.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

La magistrada María de los Ángeles Álvarez considera que las empresas del ‘Club de la Construcción’ conforman una supuesta organización criminal. “Los elementos (entregados por la Fiscalía) versan sobre la presunta existencia de la organización criminal, sus componentes (…), acuerdos abordados, finalidades, entre otros; detallando lo que a nuestro criterio han resultado relevantes atendiendo a la naturaleza”, señala la resolución.

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

La entonces procuradora Katherine Ampuero planeaba invocar este dispositivo, para salvaguardar los activos de Odebrecht, a fin de garantizar una reparación civil millonaria. Sin embargo, fue retirada de su cargo, y su sucesor Jorge Ramírez no solo no la utilizó, sino que apoyó el polémico acuerdo de colaboración eficaz por el cual se le ha entregado S/524 millones a la empresa corrupta.

En el convenio que fue suscrito también por el equipo Lava Jato del Ministerio Público, no se incluía el GSP como una de las obras conseguidas mediante sobornos. Rafael Vela, José Pérez, y el mismo procurador Ramírez defendieron esta situación.

LA POSTA

Pero en junio estalló la mentira que no pudieron ocultar más. El portal ecuatoriano La Posta reveló que el proyecto energético sí había requerido fondos de la “Caja 2” de la firma brasileña, por un monto de tres millones de dólares (monto similar al aparecido en el celular de Marcelo Odebrecht para Ollanta Humala).

Con esto había carta libre para ejecutar la bendita cláusula anticorrupción, pero una vez más, los encargados no lo hicieron, y los 6,200 millones de soles que se podían rescatar entre patrimonio y cuentas bancarias, nunca se resguardaron.

Esto provocó que el fiscal supremo Tomás Gálvez solicitara a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, que se convoque al equipo especial para que expliquen los objetivos del acuerdo, lo cual fue aprobado por mayoría. Sin embargo, Vela se negó a ir, y la alta funcionaria no le insistió más de una vez.

Por gestiones del fiscal Hamilton Castro, cuando este estaba a cargo de las investigaciones del caso Lava Jato, José Graña y su primo Hernando estuvieron en prisión preventiva el año 2017. Esto era por sus presuntos vínculos con los sobornos de la carretera Interoceánica Sur.

Marcelo Odebrecht había admitido el pago de millones de dólares a Alejandro Toledo, cuando este era presidente del Perú, a cambio de la millonaria obra. Su secuaz Barata había ejecutado la entrega de la coima en Brasil mismo.

BLINDAJE DE ÁVALOS

En abril último, los brasileños habían admitido que los dueños de la empresa peruana sabían de los sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima –construida en el segundo gobierno de Alan García-, y que se les pidió que retribuyan lo pagado a funcionarios peruanos con su porcentaje.

“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados. No recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería”, dijo entonces Barata.

Llegó agosto, y el fiscal José Pérez estaba solicitando una nueva prisión preventiva para los hampones, por el mismo caso. A pesar de su grandilocuente anuncio, dos días después desistió en plena audiencia. ¿La razón? Habían confesado sus crímenes, y estaban pidiendo acogerse a la colaboración eficaz, a cambio de dar información nueva y útil sobre el caso Gasoducto.

Han pasado casi cuatro meses, y no se sabe de dato alguno dato nuevo que haya servido para avanzar las investigaciones que realiza la magistrada Geovanna Mori. En caso de que la colaboración no sea eficaz, ambos sujetos deberían ir presos.

Durante esos trámites, G&M confesó al fiscal Germán Juárez su participación en el esquema de sobornos del ‘Club de la Construcción’, con S/ 12.5 millones de coima a diversos funcionarios por la buena pro para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera la Quinua-San Francisco.

Provías Nacional la había adjudicado por 476.7 millones de soles en el 2011, durante el gobierno de Humala. En la documentación se confirmó que se había pagado el 2.69% del valor total del tramo 2 de la obra en Ayacucho

El “Club” era un grupo de empresas que se asociaban extraoficialmente para repartirse los proyectos del Ministerio de Transportes, impidiendo que otra firma pueda hacerse de estos en forma honesta.

G&M ADMITE COIMAS

Graña escondió en su contabilidad la cantidad entregada como soborno a los funcionarios de Provías y a los operadores externos que urdieron la trama para simular un concurso público y entregar la buena pro.
En este caso, se aplicó un modus operandi parecido al del Metro de Lima: ICCGSA pagó los S/ 37.5 millones de coimas, para luego hacer que sus consorciadas aporten 12.5 millones de soles cada una.

Por ello, el 4 de diciembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria incorporó a G&M como investigada en ese caso. De este modo, la constructora empezó las tareas para acogerse a la Ley N°30737, de fideicomisos que garanticen el pago de reparaciones civiles.

Con todos estos antecedentes, al principal cómplice peruano de Odebrecht solo se le ha impuesto el impedimento de salida del país, aunque no se le está permitiendo vender sus acciones en el sector construcción.

Hace dos semanas, Graña Miró Quesada indicó que aportó dinero a la campaña de Confiep por el “libre mercado” en el 2011. Keiko Fujimori representaba el apoyo a la inversión privada y Humala Tasso era visto como un estatista.

ACCIONARIADO

El accionariado del difunto consorcio Gasoducto Sur Peruano estaba dividido de modo que Odebrecht asumía el 55%, mientras que Enagás solo el 25% y Graña y Montero el 20%.

POR: CÉSAR ROJAS

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