SE CREÓ UN SISTEMA DE GARANTÍA DE PAGO ADELANTADO AL CONCESIONARIO SIN SUSTENTO

Humala regaló a Odebrecht el Gasoducto del Sur

Primera dama y seis ministros del gobierno nacionalista crearon las bases para la entrega del proyecto presuntamente en pago a Odebrecht por dinero para la campaña presidencial.

Demoledoras conclusiones contra ex pareja presidencial contiene informe de comisión Lava Jato sobre el GSP. (FOTO: EXPRESO)



Debido a que se facilitó la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano a la empresa Odebrecht en condiciones lesivas para los intereses del país, el informe de la Comisión Lava Jato recomendó denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala y a gran parte de su gabinete ministerial, así como solicitó a la Fiscalía investigar por el presunto delito de lavado de activos a Nadine Heredia, a su madre Antonia Alarcón Cubas y a su amiga Rocío del Carmen Calderón.

Entre los titulares de portafolios que se solicita que sean acusados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, está Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía; Jorge Humberto Merino Tafur y Eleodoro Octavio Mayorga Alba, exministros de Energía; René Cornejo Díaz, exministro de Vivienda;  Juan Manuel Benites Ramos; exministro de Agricultura, y José David Gallardo Ku, exministro de Transportes.

HISTORIA

El proyecto Gasoducto Andino del Sur fue otorgado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas el año 2008 y, ese mismo año, el Estado y la citada empresa suscribieron el contrato de concesión respectivo.

Durante el gobierno del expresidente Humala, el 28 de marzo de 2012, Odebrecht compró las acciones de Kuntur convirtiéndose, en la práctica, en la concesionaria del proyecto Gasoducto Andino del Sur.

Ese mismo día, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri, entonces directivos de la constructora brasileña, tuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con el expresidente Humala y unos días después se emitió la ley en beneficio de esta empresa.

A los cuatro meses, el 28 de julio de 2012, el exmandatario anunció la concesión de un nuevo proyecto, esta vez denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, mientras que el proyecto del Gasoducto Andino del Sur había quedado paralizado.

Ante este hecho, correspondía ejecutar una carta fianza que Kuntur había otorgado a favor del Estado en garantía del cumplimiento de sus compromisos; sin embargo, nunca se ejecutó la carta fianza ni se efectuó el cobro de la garantía.

Después del anuncio del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano se preparó el camino para la creación del citado proyecto. Más tarde, el 4 de enero de 2013, Proinversión decidió, mediante acuerdo de consejo directivo, incorporar este proyecto al proceso de promoción de la inversión privada.

Posterior a ello, el Ejecutivo emitió la Resolución Suprema 005-2013-EF, ratificando el citado acuerdo y, más tarde, se emitió la Resolución Suprema 015-2013-EF por la que se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada relativo al mencionado proyecto.

De esta manera se dio inicio al proceso de concesión del proyecto en mención con dos hechos irregulares: el nuevo esquema se había realizado sobre el mismo trazo geográfico del proyecto Gasoducto Andino del Sur, y se había iniciado sin haberse comprobado la existencia de gas.

Aun así, Proinversión condujo el proceso de concesión del proyecto, hasta que finalmente fue otorgado a la sociedad Gasoducto Sur Peruano.  Esta empresa tenía como accionistas a la empresa Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos SAC, conducida por funcionarios de Odebrecht, y a Enagás Internacional SLU.

Después de otorgado el proyecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) suscribió el contrato de concesión con la sociedad Gasoducto Sur Peruano. Esta situación dio lugar a la coexistencia de dos proyectos superpuestos sobre un mismo trazo, pertenecientes, en la práctica, a la misma empresa: Odebrecht.

En el contrato se establecieron cláusulas lesivas para los intereses de la ciudadanía. El Estado se comprometió a otorgar “ingresos garantizados’’ a favor de Gasoducto Sur Peruano.

DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

Por estos hechos irregulares, el informe Lava Jato recomienda denunciar constitucionalmente por responsabilidad política a Ollanta Moisés Humala Tasso, en su calidad de expresidente de la República, por infracción al principio de Buena Administración, al haber participado en el impulso del lesivo proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.

Dicha participación consistió en el favorecimiento de intereses privados en desmedro de los intereses de la nación, materializado, en parte, en la emisión de diversas resoluciones supremas que hicieron posible la concesión del citado proyecto y, asimismo, anteponer intereses privados al garantizar deudas contraídas por la sociedad Gasoducto Sur Peruano S.A.

En cuanto a la función pública, Humala Tasso habría vulnerado la Constitución al haber mantenido reuniones con Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri a fin de comprometer al Estado peruano en dotarle, al grupo empresarial Odebrecht, de condiciones favorables, afectando recursos de los usuarios del servicio de electricidad y mediante garantías a cargo del propio Estado.

Asimismo se le facilitó de mecanismos para financiar el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

“[Humala] se puso al servicio del grupo empresarial extranjero en detrimento de los intereses del Estado peruano. Así, concertó con las personas antes mencionadas para crear el “mecanismo de pago de los ingresos garantizados anuales”, mediante el cual otorgaba seguridad sobre ingresos por 900 millones de dólares anuales durante 30 años, en contravención del principio constitucional de que el Estado protege a los consumidores”, indica el informe.

LOS MINISTROS

Los  funcionarios que integraron el Consejo Directivo de Proinversión y el Comité Pro Seguridad Energética no actuaron con la seriedad y diligencia necesarias para cautelar los intereses del Estado, pues aparentaron tomar decisiones en supuestas sesiones no presenciales.

Estas sesiones se usaron, en realidad, para implementar documentariamente la estrategia para facilitar las condiciones de la concesión, tanto legales como económicas, a favor de Consorcio Gasoducto Sur Peruano, según órdenes de los más altos niveles del gobierno peruano y del directorio de Odebrecht.

Entre las personas involucradas en estos actos y a quienes se les denuncia constitucionalmente está Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía (28 de julio de 2011 – 14 de setiembre de 2014), quien participó como presidente del Consejo directivo de Proinversión durante el proceso de adjudicación del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.

En su calidad de presidente del citado Consejo, Castilla dirigió todas las  “sesiones no presenciales’’ en las que se tomaron acuerdos sobre las obligaciones que, más tarde, se plasmarían en el contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y el Consorcio Gasoducto Sur Peruano.

SIN GAS…

Como se sabe, este proyecto se adjudicó sin haberse probado la existencia de gas y, como consta en el contrato, se fijaron una serie de cláusulas lesivas para los intereses del Estado, entre ellas, el otorgamiento de ingresos garantizados a favor de la empresa concesionaria.

En el caso de Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía entre 11 de diciembre de 2011 y el 24 de febrero del 2014, se afirma que participó como miembro del Consejo Directivo de Proinversión en el proceso de promoción de la concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, desde la inclusión del proyecto en el Plan de Promoción de Proinversión hasta febrero de 2014.

Participó también en la “sesión no presencial” del 12 de febrero de 2012 que modificó el Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado del citado proyecto.

La modificación del cronograma se hizo con la finalidad de favorecer al Consorcio Gasoducto Sur Peruano que, a la fecha original de la presentación de los sobres, aún no se había constituido como consorcio.

Eleodoro Octavio Mayorga Alba, exministro de Energía y Minas (24 de febrero de 2014 – 17 de febrero de 2015) fue miembro del Consejo Directivo de Proinversión en el proceso de promoción de la concesión del proyecto.

Participó en la “sesión no presencial” del 21 de abril de 2014, que aprobó la modificación sustancial a las bases del proyecto y en la del 7 de mayo de 2014, en la que se designó a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca.

René Helbert Cornejo Díaz, exministro de Vivienda Construcción y Saneamiento (28 de julio de 2011-24 de febrero de 2014), participó como miembro del Consejo Directivo de Proinversión en el proceso de promoción de la concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano hasta febrero de 2014.

Participó en la “sesión no presencial” del 12 de febrero de 2012, en la que se modificó el Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del citado proyecto.

INGRESOS GARANTIZADOS   

Como se sabe este proyecto se adjudicó sin haberse probado la existencia de gas y, como consta en el contrato, se fijaron una serie de cláusulas lesivas para los intereses del Estado, entre ellas, el otorgamiento de ingresos garantizados a favor de la empresa concesionaria.

Juan Manuel Benites Ramos, exministro de Agricultura (24 de febrero de 2014-28 de julio de 2016) fue miembro del Consejo Directivo de Proinversión durante el periodo en que se adjudicó al consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por Odebrecht y Enagás.

Participó en la designación de dos miembros del Comité Pro Seguridad Energética, entre ellos Edgard Ramírez Cadenillas como su presidente.

Luego, participó en los acuerdos que aprobaron los pedidos del Comité Pro Seguridad Energética que viabilizaron la concesión como el Límite Máximo de Costo de Servicio y la versión final del contrato de concesión.

José Gallardo Ku, exministro de Transportes y Comunicaciones (23 de junio de 2014-28 de julio de 2016), estuvo en la “sesión no presencial” del Consejo Directivo de Proinversión del 15 de julio de 2014, que aprobó otorgar seguridades y garantías del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria que “constituirá el adjudicatario Consorcio Gasoducto Sur Peruano”.

Como se sabe, el proyecto finalmente se adjudicó sin haberse probado la existencia de gas y, como consta en el contrato, se fijaron una serie de cláusulas lesivas para los intereses del Estado, entre ellas, el otorgamiento de ingresos garantizados a favor de la empresa concesionaria.

RESPONSABILIDAD PENAL

El informe también recomienda acusar constitucionalmente al ex mandatario Ollanta Humala por presunta comisión del delito de colusión agravada.

Se ha determinado que existen indicios de actos de colusión entre Ollanta Humala Tasso (calidad de autor) y Marcelo Odebrecht, Jorge Simoes Barata y Luiz Antonio Mameri (en calidad de cómplices). Ellos tuvieron hasta dos reuniones en el Palacio de Gobierno, el 28 de marzo y el 9 de agosto del año 2012.

Asimismo, en el desarrollo y ejecución de este acuerdo, habrían  participado en diversas formas los ministros miembros del Consejo Directivo de Proinversión.

28 de julio de 2012

En estas Fiestas Patrias el entones presidente Ollanta Humala anunció la concesión del nuevo gasoducto llamado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” en favor de Odebrecht, mientras quedaba desechado el proyecto de Kuntur Transportadora de Gas.

 

LA OBRA DEL GASODUCTO IBA A DEMANDAR $ 1,300 MILLONES DE DÓLARES PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN PRIVADA, SIN PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, SIN EMBARGO EN EL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA SE ANULÓ EL CONTRATO EN EL 2014 Y EL PROYECTO PASÓ A COSTAR MÁS DE $ 7,000 MILLONES.

 

Único postor

La ejecución del acuerdo colusorio se habría dado a lo largo de los años 2012, 2013 y 2014, con la emisión de normas tendientes a la promoción del proyecto, con la convocatoria pública para la concesión, así como lograr que Odebrecht quede como el único postor de dicho concurso, logrando finalmente obtener la buena pro. El perjuicio al Estado también se verificó, pues se creó un sistema de garantía de pago adelantado al concesionario, el cual carecía de sustento.

A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL “APORTE DE CAMPAÑA”

Nadine contribuyó a incorporar dinero ilícito al sistema financiero

La investigación también establece que Nadine Heredia Alarcón, esposa del ex presidente Ollanta Humala y su círculo más cercano habrían cometido el delito de lavado de activos y tráfico de influencias.

De acuerdo al informe, entre el mes de diciembre de 2009 y los primeros 6 meses del 2011, Odebrecht habría realizado pagos durante la campaña presidencial de Ollanta Humala, conforme a la declaración brindada por Jorge Barata, así como lo evidenciado en las anotaciones de agenda de Nadine Heredia.

Ante los fiscales brasileños, el pasado 15 de diciembre de 2016, Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht, confesó que pagó 3 millones para la campaña presidencial de Ollanta Humala a partir del segundo semestre de 2010 y hasta mayo de 2011.

Ese dinero no habría sido abonado a la contabilidad del Partido Nacionalista ni declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Heredia, al haber contribuido para que Jorge Barata transfiera dinero, cuya procedencia ilícita conocía, para que sea incorporado al sistema financiero a través de la figura del “aporte de campaña”, actuó como cómplice del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia, donde el autor del delito es Jorge Henrique Simoes Barata.

Asimismo, al haber  recibido el dinero ilícito habría cometido, en calidad de autora, el delito de lavado de activos.

En el caso de Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, también habría cometido el mismo delito en calidad de autora.

Entre los años 2011 a 2015, Calderón percibió, se afirma, un ingreso total aproximado de $ 304 mil 882, con los cuales, durante dicho periodo, adquirió dos casas en los distritos de La Molina y La Victoria, así como un auto.

Además, compartió su línea crediticia con la ex primera dama Nadine Heredia quien, como ya se ha señalado, habría recibido dinero de proveniencia ilícita, por parte de los funcionarios de la empresa Odebrecht.

Los gastos que a través de ella habría realizado la señora Heredia, según se ha identificado, ascenderían a US$ 38,107.84, entre el 2012 y 2015.

El mismo delito de lavado de activos, lo habría cometido Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia.

Aunque Antonia Alarcón tenía por fuente de ingresos la actividad de movilidad escolar, se observa  incrementos  patrimoniales registrados, en el que se incluye la adquisición de inmuebles, realizado en coordinación con Filomeno Serna Guía.

De acuerdo a las indagaciones también, también habrían cometido el mismo delito los ciudadanos Claudia Teresa Hokama Kuwae, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis Fernando de Castro Santos, Felipe Montoro Jens, Luiz Lindgren Costa y Jorge Henrique Simoes Barata.

TAMBIÉN MERINO

Asimismo, se le atribuye la misma acusación de lavado de activos al ex ministro Jorge Merino Tafur, quien hizo un pago en efectivo por la suma de US$ 480,000 para efectuar la compra de un inmueble sin acreditar el pago efectivo y utilizando personas de su entorno familiar.

MARÍA TERESA GARCÍA

 









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