DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA EXPRESIDENTE POR COLUSIÓN CON MARCELO ODEBRECHT, JORGE BARATA Y LUIZ MAMERI  

“Humala se puso al servicio de un grupo empresarial extranjero”

Luis Miguel Castilla del MEF, los titulares de Energía y Minas Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba, René Cornejo y otros implicados en el escándalo del gasoducto del sur

Larga lista de involucrados en la trama, entre ellos exministros como Castilla, Gallardo y Mayorga. (Composición Fotográfica)
  • Fecha Sábado 22 de Diciembre del 2018
  • Fecha 6:00 am



La participación de Ollanta Humala Tasso en el impulso del proyecto del gasoducto del sur para favorecer intereses privados de Odebrecht y sus socios en desmedro de los intereses de la Nación ha llevado a la Comisión Lava Jato del Congreso a solicitar una denuncia constitucional en contra del citado expresidente.

Se añade que Humala infringió el principio de buena administración contenido en el artículo 39 de la Constitución por haber participado en la promulgación de un paquete normativo que hizo posible la concesión del citado proyecto lesivo al interés nacional.

Nos referimos a las Resoluciones Supremas N° 05-2013-EF y N° 015-2013-EF y a ese estropicio de garantizar –a nombre del Estado – las deudas contraídas por la sociedad Gasoducto Sur Peruano S.A. a través del Decreto Supremo N° 207-2014-EF, como ha sucedido con los 160 millones de dólares ya perdidos por Cofide.

La conclusión sobre una eventual denuncia constitucional se fundamenta en que Humala Tasso mantuvo reuniones con Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora del mismo nombre, Jorge Barata y Luiz Mameri, funcionarios de la constructora carioca.

Esto con la finalidad “de comprometer al Estado peruano en dotarle al grupo empresarial Odebrecht de condiciones favorables, afectando recursos de los usuarios del servicio de electricidad y mediante garantías a cargo del propio Estado”.

Asimismo, la comisión congresal lo acusa de facilitar mecanismos para financiar el proyecto y promover una normativa ad hoc principalmente a través de la promulgación de las leyes 29969 que promociona la masificación del gas natural y más aún de la ley 29970, “Ley que Afianza la Seguridad Energética y promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País”.

Esta última –la ley 29970-, a diferencia del esquema del primer concesionario Kuntur Transportadora de Gas, que se comprometía a asumir todos los gastos del proyecto con inversión privada, pero con la nueva concesión del gobierno nacionalista era el Estado el que tenía que subsidiar el proyecto con “ingresos garantizados” a descontar de las facturas de los usuarios de la luz eléctrica, como lo ordena artículo 2 de la citada ley.

Igualmente, acusan al expresidente de haberse puesto “al servicio del grupo empresarial extranjero en detrimento de los intereses del Estado peruano” porque concertó con las personas antes mencionadas para crear el “mecanismo de pago de los ingresos garantizados anuales” a la firma brasileña.

Este esquema financiero, como es público, le otorgada a la compañía de Marcelo Odebrecht “seguridad sobre ingresos por 900 millones de dólares anuales durante 30 años, en contravención del principio constitucional de que el Estado protege a los consumidores”.

Esto implicaría, según cálculos de expertos, el desembolso de pagos indebidos calculado entre 14 mil y 15,000 millones de dólares en todo el periodo de la concesión.

COLUSIÓN AGRAVADA

Humala Tasso, además, podría cargar con una denuncia constitucional por responsabilidad penal en calidad de autor por presunta colusión con los privados Marcelo Bahia Odebrecht, Jorge Henrique Simoes Barata y Luiz Antonio Mameri.

Estos tres últimos en calidad de cómplices y representantes de Odebrecht, con quienes Humala se reunió hasta en dos oportunidades en el Palacio de Gobierno, el 28 de marzo de 2012 y el 9 de agosto del mismo año.

En el desarrollo y ejecución de este acuerdo colusorio habrían participado -en diversas formas- los ministros miembros del Consejo Directivo de Proinversión (Ver recuadro).

La ejecución del presunto acuerdo colusorio a través del otorgamiento de la buena pro se habría dado cuando el mismo 28 de marzo de 2012, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura compró las acciones de Kuntur Transportadora de Gas, tomando Odebrecht el control total de la concesión del servicio de transporte del gas de Camisea, aunque en la práctica Odebrecht ya manejaba Kuntur.

Es de recordar que el mismo día del mes de marzo se realizó un depósito por US$ 69’000,000.00 a través del Scotiabank en una cuenta Escrow (de tránsito) de la cual se transfirieron US$ 66’000,000.00 a Cusco Pipelines LTD ligado a la mencionada Kuntur.

Después de dicha transferencia se reunieron en el Ministerio de Energía y Minas Jorge Barata, Jorge Merino Tafur, entonces titular del sector, y Luis Castillo Rubio, de Economía y Finanzas.

Fue en este cónclave donde se le informó a Barata que en los próximos días -según narró Castilla en la comisión investigadora-  el entonces presidente Humala anunciaría, en el mensaje a la nación del 28 de julio de 2012, el proyecto de seguridad energética y transporte del gas de Camisea, como en efecto sucedió.

La segunda reunión entre dichos personajes tuvo lugar el 9 de agosto de 2012 en el Palacio de Gobierno.

UN SOLO POSTOR

Otra de las conclusiones de la comisión multipartidaria del Legislativo respecto de prácticas colusorias fueron las malas artes de cómo las autoridades de Proinversión sacaron del concurso de concesión al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur integrado por Gasoducto del Sur S.A. (Sempra); Tecpegas S.A. (Tecpetrol), GDFSUEZ South Peruvian Gas Pipeline S.A. (GDF Suez) y Transportadora de Gas Internacional.

Se trataba de una modificación de los porcentajes de participación de las empresas consorciadas antes mencionadas que impidieron se concrete estando en el plazo legal de tres días, a partir del 27 de junio, y que concluía a las 9:30 am del 30 de junio de 2014.

¿Qué pasó? El sábado 28 de junio de 2014, el abogado Luis Peschiera Rubini, del Estudio Delmar Ugarte Abogados, remitió un informe jurídico concluyendo que correspondía dejar sin efecto la carta remitida el 27 de junio por el Comité y proceder a la descalificación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur por falta de veracidad o insuficiencia en la información presentada.

Un día después los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reyna del Estudio Echecopar hicieron lo mismo.

Teniendo como sustento estos informes en favor de Odebrecht, el lunes 30 de junio de 2014, mientras estaba vigente el plazo de subsanación otorgado al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, se les hizo llegar una carta donde les informan que han sido descalificados del concurso.

Fue así como el consorcio Gasoducto Sur Peruano (conformado por Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos – de Odebrecht- y por ENAGÁS) quedó como el único postor del concurso, obteniendo la buena pro el 30 de junio de 2014.

 PERJUICIOS AL PAÍS

¿Cuál sería el perjuicio económico causado al Estado y a la sociedad? A lo largo del informe se ha determinado que el proyecto no era factible porque carecía de oferta y demanda, y, lo que es más grave, porque no existían reservas de gas para el proyecto, como lo constataron las entidades consultoras, la Contraloría y después lo confirmó el mismo Ministerio de Energía y Minas cuando fue ministra Cayetana Aljovín.

Está entonces claro para la comisión Lava Jato que se licitó y adjudicó un proyecto insostenible e injustificado, “constituyendo esto, por sí solo, un ejercicio abusivo del poder con graves perjuicios al Estado peruano”, señala el informe aprobado por pleno del Congreso de la República el 9 de noviembre de 2018.

A lo anterior se agrega que durante la ejecución del contrato de concesión el Estado asumió compromisos de pago en base a los “ingresos garantizados” anuales por 500 millones de pies cúbicos de un proyecto que no era “autosostenible”, como se estableció en el contrato.

Finalmente, tuvieron la desfachatez de poner en marcha la recaudación del “Adelanto de Ingreso Garantizado” afectando a los usuarios del servicio de electricidad mediante cobros indebidos de las llamadas Tarifa Regulada de Seguridad, Sistema Integrado de Seguridad Energética y Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE).

Ministros comprometidos

Denuncia constitucional contra los ciudadanos Luis Miguel Castilla Rubio (exministro de Economía y Finanzas), Jorge Humberto Merino Tafur (exministro de Energía y Minas), Eleodoro Octavio Mayorga Alba (exministro de Energía y Minas), René Helbert Cornejo Díaz (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento), Juan Manuel Benites Ramos (exministro de Agricultura) y José David Gallardo Ku (exministro de Transportes y Comunicaciones), cada uno de ellos en su calidad de exministros y exintegrantes del Consejo Directivo de Proinversión, por infracción del artículo 39 de la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto con condiciones negativas para los intereses de la Nación.

Merino Tafur, primer ministro de Energía y Minas del gobierno nacionalista,  participó en este desmadre desde la inclusión del proyecto en el Plan de Promoción de Proinversión hasta febrero de 2014. También participó en varias sesiones “no presenciales”, que no era otra cosa que sesiones “truchas” (falsas) para implementar acuerdos del más alto nivel político.

Eleodoro Mayorga Alba fue el sucesor de Merino en el sector. Se le han contabilizado su participación en ocho “sesiones no presenciales”, entre ellas la del Consejo Directivo de Proinversión del 7 de mayo de 2014, en la que se designó a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética del investigado Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca.

FUNCIONARIOS MOSTRARON UN INTERÉS DESMEDIDO PARA FAVORECER A ODEBRECHT

Implicarían a Nadine en lavado de activos

Alfredo Dammert Lira sería acusado por colusión porque como árbitro no permitió el cobro de la carta fianza que el Estado debía cobrar a Kuntur por un monto de U$ 66’705,106 millones.

La señora Nadine Heredia Alarcón ocupa el centro de la atención cuando se trata de ubicar presuntas responsabilidades penales ligadas a lavado de activos y tráfico de influencias.

Y es que entre diciembre de 2009 y los primeros 6 meses del 2011, Odebrecht habría realizado pagos durante la campaña presidencial de Ollanta Humala, como lo ha declarado Jorge Henrique Simoes Barata y lo ha puesto en evidencia las anotaciones de agenda de Nadine Heredia.

Y en ese contexto Heredia “habría recibido dinero en efectivo, en un lugar privado, sin testigos, sin comprobante ni declaración de entrega”.

“Además, este dinero no habría sido abonado oficialmente a la contabilidad del Partido Nacionalista o de la Alianza Gana Perú, ni declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, señala el informe Lava Jato.

En este caso ella actuó como “cómplice del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia”, donde el autor del ilícito sería Jorge Barata, según la Comisión Lava Jato.

Asimismo, al haber recibido Heredia dinero de procedencia ilícita habría cometido el delito de Lavado de activos en calidad de autora.

Para la comisión multipatidaria “la procedencia ilícita del dinero la pudo haber advertido por la forma en que fue entregada (en efectivo, de manera secreta, sin regularización posterior)”.

En cuanto a su amiga Rocío Calderón Vinatea se “presume la comisión del delito de Lavado de activos por parte”, al igual que de doña Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, madre de la ex primera dama.

También la misma figura legal podría incriminar a Claudia Teresa Hokama Kuwae, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis Fernando de Castro Santos, Felipe Montoro Jens, Luiz Lindgren Costa y Jorge Henrique Simoes Barata.

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE…

El exdirector de Promoción de Proinversión, Yaco Paul Rosas Romero, encabeza, junto con Luis Renato Sánchez Torino, expresidente de la Comisión de Evaluación de los Sobres N° 2 y Sobres N° 3 del concurso, la presunta comisión del delito de negociación incompatible y de colusión agravada.

Con relación a Rosas Romero se afirma que entre enero de 2013 a julio de 2014 “evidenció un interés indebido para que se otorgara la buena pro a favor de Odebrecht. La conducta se habría realizado con conocimiento y voluntad (conducta dolosa)”.

En las mismas figuras antes citadas podrían estar incursos los funcionarios públicos Gustavo Adolfo Navarro Valdivia (exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética), María del Rosario Raquel Patiño Marca (exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión).

También Edgard Bartolo Ramírez Cadenillas (expresidente del Comité Pro seguridad Energética de Proinversión) y Rosa María Soledad Ortiz Ríos, exmiembro del Comité de Pro Seguridad Energética de Proinversión, todos funcionarios públicos.

La comisión del delito de Colusión también se presume respecto de Claudia Hokama Kuwae, como cómplice particular.

“FUERZA MAYOR”

Asimismo existen indicios que permitirían atribuir al ingeniero Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, la presunta comisión del delito de Colusión porque –como árbitro- no permitió el cobro de la carta fianza que el Estado debía cobrar a Kuntur Transportadora de Gas por un monto de U$ 66’705,106 millones por incumplimiento del contrato de concesión con el argumento de “fuerza mayor” causada por una nueva concesión otorgada a la misma Odebrecht.

Merino Tafur otra vez

El exministro Jorge Merino Tafur es otro ciudadano de quien se presume la comisión del delito de lavado de activos porque hizo un pago -en efectivo- por la suma de US$ 480,000 para efectuar la compra de un inmueble sin acreditar el pago efectivo y utilizando personas de su entorno familiar.

“En base a ello, se justifica el inicio de una investigación a fin de determinar si en las operaciones comerciales se ha utilizado dinero de procedencia lícita considerando las circunstancias en las cuales se han llevado a cabo”.

 

PLINIO ESQUINARILA











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