Juicio político para inhabilitar a Vizcarra
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POR: PLINIO ESQUINARILA

El debate sobre el futuro del expresidente Martín Vizcarra, sobre quien pesa la posibilidad de unos 25 años de cárcel según penalistas consultados por este diario, está en el Congreso de la República que tiene que optar entre un juicio político de inhabilitación del expresidente, con mayor razón si ya ha sido vacado por incapacidad moral, u optar por aplicar el procedimiento de la acusación constitucional.

“A la incapacidad moral del exmandatario se suma el escándalo de las vacunas de la empresa china Sinopharm y nada impide que el pleno del Congreso tome una medida de juicio político o ‘impeachment’ a través de una moción de inhabilitación, que tiene un contenido estrictamente político y no penal”, dice el jurista liberal Enrique Ghersi a ser consultado por este diario.

Sin embargo, una vez discutida y aprobada la moción respectiva en el pleno, se debería darle al señor Vizcarra un plazo de unos 15 días para que tenga derecho a la defensa y al debido proceso, para estar a tono con las exigencias del respeto a las garantías constitucionales establecidas por el Tribunal Constitucional (TC), añade el abogado.

Esto no significa que no haya investigaciones a Vizcarra, a las exministras implicadas –Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, de Relaciones Exteriores y de Salud, respectivamente- y a otros en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, por la implicancias penales del tema, que también ya investiga el Ministerio Público, subraya.

Desde esta óptica, no hay necesidad de formar una comisión investigadora porque el ingrediente penal debe ser obra de la Fiscalía. “Sería mejor una comisión de la verdad que investigue el genocidio que ha vivido y que vivimos aún los peruanos por la pandemia del nuevo coronavirus”, insiste.

BURGA Y MESÍA

Vizcarra puede tener derecho a antejuicio por temas penales, pero no por inconductas políticas. Esto es también lo que piensan en el Congreso figuras como Ricardo Burga, de Acción Popular, y Carlos Mesía, de Fuerza Popular.
Mesía también plantea el ‘impeachment’ “que va de frente a la inhabilitación por infracción a la Constitución”.
Burga es más cuidadoso. Señala que “es posible utilizar” esta vía por el antecedente de la vacancia, pero se corre el riesgo de que los organismos de derechos humanos lo bloqueen.

Por esta razón sostuvo días atrás que la salida está en centrar el trabajo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que si bien tiene un plazo regular de más de 40 días hábiles, se puede disminuir con una declaratoria de sesión permanente y ahorro de los tiempos formales en la medida que el reglamento el Congreso habla de plazos máximos pero no de mínimos.

“En tres semanas se puede hacer el trabajo, cumpliendo con cada etapa del proceso que ordena el reglamento”, y puso como ejemplo la inhabilitación de quien fuera parlamentario Kenji Fujimori que fue “desaforado en diez días”, recuerda.

ERNESTO ÁLVAREZ

La posición divergente proviene del extitular del TC, Dr. Ernesto Álvarez, para quien el expresidente necesariamente tiene que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En esa línea sostiene que sigue pensando que “la acusación constitucional es el camino más expeditivo para la inhabilitación, con todos los procedimientos de ley, sin obviar ningún paso, con tal de evitar que el proceso se asemeje a un linchamiento político”.

Esto implica que todo debe ser legal, serio, formal, donde se cumplan las normas del debido proceso y se cubran los requerimientos del mismo Vizcarra y de todos los implicados, según el constitucionalista.

Siguiendo ese orden de ideas, Álvarez Miranda piensa que precipitar un juicio político sumario puede ser muy arriesgado.

En el caso de la vacunación de Vizcarra y su entorno al parecer hay varios delitos, como el peculado, que no encajan en el ‘impeachment’, una figura muy restrictiva por el carácter presidencialista de la Carta Política, menos aún si ya no está en el cargo.

“¿Para qué buscar cinco pies al gato y hacer aparecer como que el expresidente no tiene defensa y es linchado, más si sabemos que la política es el arte de las apariencias?”, insiste.

Además, la jurisprudencia señala que el Congreso debe cumplir con el principio de tipicidad del delito y lo único que está establecido son los delitos de traición a la patria, impedir las elecciones, por disolver el Congreso, entre otros establecidos en el artículo 117 de la Carta Política.

“Si yo fuera el abogado de Vizcarra, plantearía el camino del ‘impeachment’, del linchamiento y si es por traición a la patria, mejor. En cambio, lo que más temería sería un proceso serio, bien asesorado por expertos que conocen el derecho parlamentario, como el Dr. César Delgado Guembes, el mejor en la especialidad”, recomienda.

Ernesto Álvarez, en declaraciones a EXPRESO, prefirió no entrar en el tema penal de los presuntos delitos cometidos por Vizcarra, su entorno y las ministras implicadas.

INTERROGANTES CLAVE

“¿Solo se trata del aprovechamiento indebido del cargo y otros presuntos delitos o estamos ante una coima en el lote complementario de las vacunas chinas? Todo apunta a esto último porque ningún laboratorio regala vacunas adicionales a las pagadas. En el derecho internacional no hay ‘yapa’. Esta es una figura extraña a dilucidar”, reflexiona.

El Congreso debe entonces seguir investigando los hechos y los delitos porque aún no hay claridad, por ejemplo, si el caso se limita al aprovechamiento indebido del cargo o abuso de autoridad, sugiere.

Entretanto, “todo apunta a que hay delitos graves; una cosa es el funcionario público que recibe vacunas y otra el que negoció y entregó dinero al laboratorio”.

En este punto es la Fiscalía la entidad que tiene que indagar aunque en la apertura de la investigación preliminar no se hable de colusión, delito que está penado con un máximo de 15 años de cárcel.

“En otras ocasiones, como en el caso Lava jato, se ha metido a la cárcel a dos o tres para que hablen, ahora hay una pasividad absoluta de la Fiscalía”, asegura el ex alto magistrado.

Pero eso también trae consecuencias. Si la fiscal Zoraida Ávalos no hace bien su trabajo, le vendría “una acusación constitucional”.

DELGADO GUEMBES

Formada la comisión investigadora del Congreso sobre el caso Vacunagate, tiene 15 días calendario para determinar responsabilidades en el escándalo que sacude el país.

Si esto es así, “en apariencia la acusación constitucional contra el exmandatario va a estar asociada a lo que consiga la comisión investigadora”, señala por su parte el experto en temas parlamentarios, César Delgado Guembes.

Es decir “ya no bastaría la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque estaría respaldada por la Comisión Investigadora, lo que haría que al final sea una investigación más sólida”, asegura el jurista.

Si el grupo de trabajo se instala de inmediato, para el 3 o 4 de marzo debería presentar su informe. Acto seguido, si se encuentra responsabilidades, alguien tendría que denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Asumiendo que los de la comisión indagatoria son diligentes, el informe se presenta a la citada subcomisión, que para la admisibilidad y su pase a la Comisión Permanente demorará unos 15 días hábiles. Para entonces ya estaríamos a mediados de abril”, calcula.

El cumplimiento de todo el procedimiento en la subcomisión, hasta su pase al pleno, ya estaríamos hablando de fines de mayo o comienzos de junio, en que finalmente se votaría si no hay las consabidas contingencias como que “estoy enfermo” o “mi abogado no puede venir”.

Como a Vizcarra no le encaja ni la suspensión ni la destitución del cargo, porque ya fue vacado, podría ser la inhabilitación, dependiendo del delito o delitos.

Si se elige o privilegia en el caso Vizcarra la vía de la acusación constitucional y no de la Comisión Investigadora, en efecto los plazos se acortan en tanto se reduciría entre dos o tres semanas y alrededor de fines de mayo se tendría el resultado final.

Tampoco no sería mucho sino solo uso 15 días, pero se corre el riesgo de que por apresuramiento haya un retroceso en los pasos anteriores y la investigación puede retrotraerse incluso por vía judicial, como ya se ha visto en el caso de Alan García.

“No se puede violentar ni los plazos ni los pasos… Vizcarra los tratará de impugnar, por lo que se debe atender todos sus requerimientos y recursos que presente el expresidente”, recomienda Delgado Guembes.

En suma, para el especialista los trabajos de la subcomisión y de la comisión investigadora no son incompatibles. “Que proceda la subcomisión y en paralelo avanza la comisión. En algún momento se van a encontrar los hallazgos de ambas”.

Finalmente, el experto precisó que una comisión investigadora no puede inhabilitar al expresidente porque no es su función. Presenta hallazgos y recomiendo denuncia constitucional u otras medidas, concluye.

ZORAIDA ÁVALOS

Si la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos no hace bien su trabajo, no tipifica bien los delitos de Martín Vizcarra en la investigación preliminar en curso sobre el Vacunagate, le vendría una acusación constitucional.

LOS PLAZOS

El reglamento del Congreso contabiliza 44 días útiles para concluir con una acusación constitucional como la de Martin Vizcarra, aparte de que la Comisión Permanente nombre a quien lo acuse ante el pleno. Y, en esta instancia, para aprobar la inhabilitación, se necesitan los votos de dos tercios de la representación nacional.

JURAMENTOS

El congresista del Frepap, Richard Rubio solicitó al congresista Guibovich que pida información a la Mesa Directiva del Congreso para que entregue las declaraciones juradas de los 130 congresistas que afirman que no se han vacunado irregularmente.

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