EJECUTIVO... Y MINISTRO DEL INTERIOR BRILLAN POR SU AUSENCIA

La delincuencia secuestra al país

Malhechores ahora tienen en la mira a autoridades, como el baleado funcionario de Sedapal José Olivares. Antes apedrearon al exministro Daniel Urresti y asaltaron propiedad de congresistas Lizbeth Robles y Marisa Glave.

La delincuencia secuestra al país
  • Fecha Lunes 2 de Septiembre del 2019
  • Fecha 6:00 am

POR JUAN CARLOS ÁNGELES MORENO

El país está secuestrado por la delincuencia y ha puesto al descubierto que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, junto al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Morán, no saben cómo actuar frente a esta crisis, que involucra la incapacidad de diferentes entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La inseguridad no solo tiene como rehén a los ciudadanos de a pie, pues ahora ha puesto la mira en altas esferas del Estado. La noche del sábado, José Andrés Olivares Canchari (41), director de Sedapal, fue atacado por dos criminales de nacionalidad venezolana cuando regresaba a su hogar, ubicado en la cuadra 2 de la Av. Roca y Boloña (Miraflores).

Después de retornar de un viaje a Estados Unidos, Olivares se dirigió a su casa, junto a su esposa Karina Giovana Seminario Hurtado (42), y su bebé de ochos meses en un taxi por aplicativo de placa AY0589.

Cuando llegaron a su destino, descendieron del vehículo y dos criminales a bordo de una moto lineal los emboscaron con la intención de arrebatarles sus pertenencias. Los llaneros apuntaron con su arma de fuego a sus víctimas, sin importar que la fémina tuviera entre sus brazos a su bebé recién nacido, y lo primero que le quitaron al funcionario público fue su reloj marca Rolex.

Olivares puso resistencia y clamó para que no les hicieran daño, que recapacitaran por la presencia del nene. En ese momento, el vigilante del edificio, identificado como Lulio Arce Selgueron (36), interfirió para frustrar el atraco, pero desató la ira de los delincuentes que a diestra y siniestra comenzaron a disparar.

En un abrir y cerrar de ojos, se escucharon más de cinco proyectiles y gritos de desesperación. Los responsables del ataque decidieron escapar al ver las consecuencias de sus actos. La escena era desgarradora, Olivares Canchari terminó con un disparo en el tobillo izquierdo, su esposa con una perforación en el pie izquierdo y el vigilante con dos balas en el cuerpo, uno en el abdomen y otro en muslo. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas y vieron cómo tres cuerpos estaban perdiendo sangre, mientras el bebé lloraba desconsoladamente.

A las 10:50 p.m., la pareja ingresó a una clínica privada. En paralelo, el agente de seguridad del edificio fue trasladado al Hospital Nacional José Casimiro Ulloa, donde su estado es crítico por las lesiones que tuvo y la cantidad de sangre que perdió.

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los facinerosos son parte de la organización ´Los malditos relojeros´, integrada por ciudadanos venezolanos y dedicados a sustraer relojes de cotizadas marcas para luego venderlas en el mercado negro. Aunque la PNP capturó a nueve de este peligrosa banda, aún hay cuatro extranjeros que están libres y en plena identificación.

Ante ello, la unidad de investigación de las fuerzas del orden investigó quién conducía el taxi por aplicativo (AYO589) a fin de descubrir si se trataba de un cómplice. El auto color marrón nogal figura como propiedad de Elías Joel Mendoza Izahuirre (27), pero era conducido por Roberto Pedro Vargas Mamani (34). Las autoridades continúan indagando este crimen.

Para la opinión pública estos actos delincuenciales no son novedad, pues sufren diferentes agresiones en la ciudad. Sin embargo, es evidente que esta crisis se ha desbordado ya que también están siendo afectados funcionarios públicos.

OTRAS AUTORIDADES

Un hecho similar se registró en Los Olivos, donde el gerente de seguridad ciudadana del distrito y ex titular del Interior Daniel Urresti fue agredido por “mafias que cobran cupos a los comerciantes de la zona”. El exministro fue golpeado con una piedra en la cabeza, que dejó una herida abierta y tuvo que ser controlada con puntos, mientras dos agentes a su cargo terminaron con cortes en la pierna y en la mano.

Hay antecedentes conocidos y algunos desconocidos sobre lo sucedido a otras autoridades y congresistas, incluidos familiares, como el asalto, en Cañete, al negocio de propiedad de legisladora Lizbeth Robles (C21) a mediados de diciembre del año pasado. En ese entonces el sobrino de la parlamentaria resultó herido de bala.

Antes, en mayo de 2017, la congresista Marisa Glave (NP) quedó impactada por el asalto de la casa de su señora madre, en Miraflores. Algo parecido sucedió con la progenitora del entonces ministro Milton Von Hesse en agosto de 2015, y antes con las hijas de los excongresistas Fernando Andrade y Renzo Reggiardo y el asalto al entonces congresista nacionalista José Urquizo.

Frente a esta situación, el país se pregunta dónde está la presencia del Ejecutivo, encabezado por el presidente Martín Vizcarra y cuyo objetivo en estos momentos es adelantar las elecciones; el Ministerio del Interior (Mininter), ya que según la Contraloría General de la República hay graves deficiencias en las comisarías; el Congreso, donde hay tres proyectos de ley para mejorar el panorama y no lo han aprobado por estar ocupados en el enfrentamiento con el jefe de Estado.

Y dónde está el Ministerio Público, que libera a los malhechores cuando la Policía los atrapa, y el Poder Judicial, cuyos magistrados han sorprendido al aceptar pedidos de algunos fiscales contra los efectivos de la PNP que han utilizado su arma de reglamento en intervenciones.

CIFRAS ALARMANTES

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el proyecto de ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020 que envió al Legislativo, indico que destinará S/ 11,003 millones al sector de Orden Público y Seguridad, de los cuales el 62.2 % será utilizado en reducir los niveles de inseguridad ciudadana, así como los niveles de tráfico ilícito de drogas.

En dicho proyecto, se cita la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), el cual indica que los hechos delictivos cometidos con armas de fuego se han incrementado de 5.9 % en el año 2011 a 9.2 % en el año 2018; mientras que el porcentaje de hogares en cuya zona o barrio se ha adoptado alguna medida de seguridad para prevenir la delincuencia ha pasado de 27.1 % en el 2014 a 29.6 % en el 2018.

“Atendiendo este contexto, el presupuesto [para el programa ‘Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana’] será de S/ 5,084 millones en el año 2020, donde el 63.9 % se asignará a la actividad ´Patrullaje Policial por Sector´ (S/ 3,246 millones) y el 27.7 % a la actividad ´Operaciones Policiales de las Unidades Especializadas para Reducir los Delitos y Faltas´ (S/ 1 408 millones)”, argumenta el dispositivo legal.

Asimismo, el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del INEI, muestra que los puntos con mayor número de denuncias son: Callao (5669), Lima (41619), Lambayeque (7176), La Libertad (6447), Piura (5900), Arequipa (6142), Cusco (4058), Ica (4300), Junín (3927) y Ancash (3721).

En ese sentido, la Contraloría General de República, en su operativo ´Seguridad Ciudadana 2019´, identificó que el 29.8 % de comisarías a nivel nacional no ejecutarían el servicio de Patrullaje Integrado con la municipalidad de su jurisdicción, lo cual afectaría el alcance e impacto de las actividades de patrullaje que de forma independiente realizan ambas entidades.

También que “el 55.1 % de comisarías a nivel nacional no contarían con el ‘Plan de Patrullaje Integrado’ para el año 2019, situación que denotaría la ausencia de acciones articuladas e integradas entre las comisarías y municipalidades y la posible subutilización de los recursos no dinerarios que deben destinarse para fines de seguridad ciudadana”.

“Los efectivos policiales que realizan patrullaje motorizado y a pie, no contarían con el equipamiento completo que requiere la ejecución de dicha actividad, lo cual afectaría la eficacia del servicio a la ciudadanía y la integridad física de los propios policías. [Y] el 30.9% de los vehículos motorizados que se destinan al patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afectaría la cobertura del servicio de patrullaje e incrementaría la percepción de inseguridad entre los ciudadanos de la jurisdicción de las comisarías”, revela dicho estudio.

De otro lado, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció ayer la firma de un convenio con una ONG venezolana para poner una línea telefónica y un correo electrónico donde los mismos llaneros puedan denunciar a sus compatriotas si comenten delitos. ¿Se necesita un convenio para ese tipo de medidas?

Finalmente, hoy, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, Carlos Tubino, recibirá al canciller Néstor Popolizio para que explique las medidas del Ejecutivo sobre el control de ingresos de extranjeros al país, en especial de Venezuela.

El país está secuestrado por la delincuencia y ha puesto al descubierto que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, junto al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Morán, no saben cómo actuar frente a esta crisis, que involucra la incapacidad de diferentes entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La inseguridad no solo tiene como rehén a los ciudadanos de a pie, pues ahora ha puesto la mira en altas esferas del Estado. La noche del sábado, José Andrés Olivares Canchari (41), director de Sedapal, fue atacado por dos criminales de nacionalidad venezolana cuando regresaba a su hogar, ubicado en la cuadra 2 de la Av. Roca y Boloña (Miraflores).
Después de retornar de un viaje a Estados Unidos, Olivares se dirigió a su casa, junto a su esposa Karina Giovana Seminario Hurtado (42), y su bebé de ochos meses en un taxi por aplicativo de placa AY0589.

Cuando llegaron a su destino, descendieron del vehículo y dos criminales a bordo de una moto lineal los emboscaron con la intención de arrebatarles sus pertenencias. Los llaneros apuntaron con su arma de fuego a sus víctimas, sin importar que la fémina tuviera entre sus brazos a su bebé recién nacido, y lo primero que le quitaron al funcionario público fue su reloj marca Rolex.

Olivares puso resistencia y clamó para que no les hicieran daño, que recapacitaran por la presencia del nene. En ese momento, el vigilante del edificio, identificado como Lulio Arce Selgueron (36), interfirió para frustrar el atraco, pero desató la ira de los delincuentes que a diestra y siniestra comenzaron a disparar.

En un abrir y cerrar de ojos, se escucharon más de cinco proyectiles y gritos de desesperación. Los responsables del ataque decidieron escapar al ver las consecuencias de sus actos. La escena era desgarradora, Olivares Canchari terminó con un disparo en el tobillo izquierdo, su esposa con una perforación en el pie izquierdo y el vigilante con dos balas en el cuerpo, uno en el abdomen y otro en muslo. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas y vieron cómo tres cuerpos estaban perdiendo sangre, mientras el bebé lloraba desconsoladamente.

A las 10:50 p.m., la pareja ingresó a una clínica privada. En paralelo, el agente de seguridad del edificio fue trasladado al Hospital Nacional José Casimiro Ulloa, donde su estado es crítico por las lesiones que tuvo y la cantidad de sangre que perdió.

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los facinerosos son parte de la organización ´Los malditos relojeros´, integrada por ciudadanos venezolanos y dedicados a sustraer relojes de cotizadas marcas para luego venderlas en el mercado negro. Aunque la PNP capturó a nueve de este peligrosa banda, aún hay cuatro extranjeros que están libres y en plena identificación.

Ante ello, la unidad de investigación de las fuerzas del orden investigó quién conducía el taxi por aplicativo (AYO589) a fin de descubrir si se trataba de un cómplice. El auto color marrón nogal figura como propiedad de Elías Joel Mendoza Izahuirre (27), pero era conducido por Roberto Pedro Vargas Mamani (34). Las autoridades continúan indagando este crimen.

Para la opinión pública estos actos delincuenciales no son novedad, pues sufren diferentes agresiones en la ciudad. Sin embargo, es evidente que esta crisis se ha desbordado ya que también están siendo afectados funcionarios públicos.

OTRAS AUTORIDADES

Un hecho similar se registró en Los Olivos, donde el gerente de seguridad ciudadana del distrito y ex titular del Interior Daniel Urresti fue agredido por “mafias que cobran cupos a los comerciantes de la zona”. El exministro fue golpeado con una piedra en la cabeza, que dejó una herida abierta y tuvo que ser controlada con puntos, mientras dos agentes a su cargo terminaron con cortes en la pierna y en la mano.

Hay antecedentes conocidos y algunos desconocidos sobre lo sucedido a otras autoridades y congresistas, incluidos familiares, como el asalto, en Cañete, al negocio de propiedad de legisladora Lizbeth Robles (C21) a mediados de diciembre del año pasado. En ese entonces el sobrino de la parlamentaria resultó herido de bala.
Antes, en mayo de 2017, la congresista Marisa Glave (NP) quedó impactada por el asalto de la casa de su señora madre, en Miraflores. Algo parecido sucedió con la progenitora del entonces ministro Milton Von Hesse en agosto de 2015, y antes con las hijas de los excongresistas Fernando Andrade y Renzo Reggiardo y el asalto al entonces congresista nacionalista José Urquizo.

Frente a esta situación, el país se pregunta dónde está la presencia del Ejecutivo, encabezado por el presidente Martín Vizcarra y cuyo objetivo en estos momentos es adelantar las elecciones; el Ministerio del Interior (Mininter), ya que según la Contraloría General de la República hay graves deficiencias en las comisarías; el Congreso, donde hay tres proyectos de ley para mejorar el panorama y no lo han aprobado por estar ocupados en el enfrentamiento con el jefe de Estado.
Y dónde está el Ministerio Público, que libera a los malhechores cuando la Policía los atrapa, y el Poder Judicial, cuyos magistrados han sorprendido al aceptar pedidos de algunos fiscales contra los efectivos de la PNP que han utilizado su arma de reglamento en intervenciones.

CIFRAS ALARMANTES

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el proyecto de ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020 que envió al Legislativo, indico que destinará S/ 11,003 millones al sector de Orden Público y Seguridad, de los cuales el 62.2 % será utilizado en reducir los niveles de inseguridad ciudadana, así como los niveles de tráfico ilícito de drogas.
En dicho proyecto, se cita la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), el cual indica que los hechos delictivos cometidos con armas de fuego se han incrementado de 5.9 % en el año 2011 a 9.2 % en el año 2018; mientras que el porcentaje de hogares en cuya zona o barrio se ha adoptado alguna medida de seguridad para prevenir la delincuencia ha pasado de 27.1 % en el 2014 a 29.6 % en el 2018.

“Atendiendo este contexto, el presupuesto [para el programa ‘Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana’] será de S/ 5,084 millones en el año 2020, donde el 63.9 % se asignará a la actividad ´Patrullaje Policial por Sector´ (S/ 3,246 millones) y el 27.7 % a la actividad ´Operaciones Policiales de las Unidades Especializadas para Reducir los Delitos y Faltas´ (S/ 1 408 millones)”, argumenta el dispositivo legal.

Asimismo, el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del INEI, muestra que los puntos con mayor número de denuncias son: Callao (5669), Lima (41619), Lambayeque (7176), La Libertad (6447), Piura (5900), Arequipa (6142), Cusco (4058), Ica (4300), Junín (3927) y Ancash (3721).

En ese sentido, la Contraloría General de República, en su operativo ´Seguridad Ciudadana 2019´, identificó que el 29.8 % de comisarías a nivel nacional no ejecutarían el servicio de Patrullaje Integrado con la municipalidad de su jurisdicción, lo cual afectaría el alcance e impacto de las actividades de patrullaje que de forma independiente realizan ambas entidades.

También que “el 55.1 % de comisarías a nivel nacional no contarían con el ‘Plan de Patrullaje Integrado’ para el año 2019, situación que denotaría la ausencia de acciones articuladas e integradas entre las comisarías y municipalidades y la posible subutilización de los recursos no dinerarios que deben destinarse para fines de seguridad ciudadana”.

“Los efectivos policiales que realizan patrullaje motorizado y a pie, no contarían con el equipamiento completo que requiere la ejecución de dicha actividad, lo cual afectaría la eficacia del servicio a la ciudadanía y la integridad física de los propios policías. [Y] el 30.9% de los vehículos motorizados que se destinan al patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afectaría la cobertura del servicio de patrullaje e incrementaría la percepción de inseguridad entre los ciudadanos de la jurisdicción de las comisarías”, revela dicho estudio.

De otro lado, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció ayer la firma de un convenio con una ONG venezolana para poner una línea telefónica y un correo electrónico donde los mismos llaneros puedan denunciar a sus compatriotas si comenten delitos. ¿Se necesita un convenio para ese tipo de medidas?

Finalmente, hoy, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, Carlos Tubino, recibirá al canciller Néstor Popolizio para que explique las medidas del Ejecutivo sobre el control de ingresos de extranjeros al país, en especial de Venezuela.

DEBATIR Y PROMULGAR

En el Congreso se debe debatir los proyectos de Ley de Defensa Propia de los congresistas Jorge del Castillo y Carlos Tubino. Asimismo el Ejecutivo debe promulgar las autógrafas de Protección Policial y de Seguridad Cibernética aprobados por el Legislativo.

MOTOS LINEALES

Según el coronel de la PNP Juan Olivera García, las motos lineales se han convertido en los vehículos favoritos de los criminales. “Estos motorizados van a una velocidad de 150 kilómetros por hora, y en la congestión de Lima pueden emprender sus huidas y salir victoriosos. Los distritos en los que más se registran robos con motos son Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Comas y Callao”.

LOS DE MÁS DENUNCIAS

Lima Provincias, Callao, Arequipa, Ica, Cusco, Junín, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura son las regiones con mayor número de denuncias de la actividad criminal en lo que va el 2019.

Hay incapacidad del Gobierno, advierten expertos

Se debe hacer una verdadera redistribución de personal y eliminar el 24×24, proponen.

El exministro del Interior Remigio Hernani culpó al gobierno de Martín Vizcarra y al actual titular Carlos Morán del desborde de la inseguridad ciudadana, pues se están preocupando por temas netamente políticos en vez de aplicar una estrategia contra la delincuencia, que afecta directamente a la ciudadanía.

“El Presidente no tenía idea de lo que es inseguridad ciudadana, no tiene idea de lo que es combatir la delincuencia. El mandatario está ensimismado de ver sus reformas políticas y judiciales, que hasta el momento no han dado resultados positivos. A este gobierno no le interesa la seguridad, que es lo que más daña a las personas. Mientras que parece que el ministro Morán solo está haciendo consignas de anteriores titulares del sector”, manifestó.

Para el general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, se debe redistribuir la cantidad de oficiales que están en actividad para patrullar y eliminar el sistema de trabajo 24×24 en la Policía, con el objetivo que los efectivos trabajen de manera exclusiva en el Estado y no en entidades privadas.

“Son 130 mil agentes activos, de los cuales 41 mil están en comisarías, que son los únicos que patrullan. Tenemos 5 mil que no son policías, sino contadores, médicos, entre otros profesionales asimilados. Acá viene lo interesante, hay 46 mil que están en unidades administrativas. Por eso, se debe hacer una verdadera redistribución y sacar gente a la calle, así como eliminar el 24×24 para que no trabajen en entidades privadas”.

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