CONGRESO TAMBIÉN FUE RESPONSABLE DEL MARCO LEGAL QUE PERMITIÓ LA IRRISORIA REPARACIÓN CIVIL 

La ley Odebrecht fue producto de un gran lobby

Norma fue aprobada con 80 votos a favor, 24 en contra y siete abstenciones. Los de la bancada de PPK y los avengers votaron todos a favor, además de 42 fujimoristas dubitativos. Votaron en contra Acción Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú Guido Lombardi: Las bancadas “han trabajado con verdadero ahínco en el debate y en el mejoramiento del Proyecto de Ley 2408-2017 (ley 30737), que viene a reemplazar al Decreto de Urgencia 003”. 

El oficialismo -con Gilbert Violeta- decía que la ley buscaba una reparación civil mucho mayor. Y esta no llegó. (FOTO: EXPRESO)
  • Fecha Sábado 9 de Febrero del 2019
  • Fecha 6:00 am




Congresistas de diferentes bancadas han cuestionado en las últimas semanas el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y la Procuraduría con la empresa Odebrecht, principalmente por el monto de reparación civil que pagará la constructora brasileña al Estado peruano, sin embargo se debe recordar que fue el mismo Congreso el que facilitó el marco legal para dicho preacuerdo.

Durante la sesión de instalación del segundo periodo legislativo 2017-2018, realizada el 8 de marzo del 2018, pese a que no estaba en la agenda, la Junta de Portavoces decidió darle prioridad al debate del Proyecto de Ley 2408 venido del Ejecutivo con carácter de urgencia dizque para “asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos”.

Y de inmediato el Pleno del Congreso lo aprobó por mayoría (70 %) y el 11 de marzo de 2018 fue promulgado como la Ley Nº 30737 que reemplazó el Decreto de Urgencia (DU) 003-2017 cuando Pedro Pablo Kuczynski aún era presidente de la República.

Los parlamentarios que presidían las comisiones de Justicia y de Economía en ese momento, Salvador Heresi y Guido Lombardi, respectivamente, ambos en Peruanos por el Kambio, confirmaron que la norma buscaba reemplazar al polémico DU promulgado cuando Marisol Pérez Tello era la titular de la cartera de Justicia.

“El antecedente de esta iniciativa fue el Decreto de Urgencia 003 del año 2017, que tuvo por objeto evitar la paralización de la ejecución de obras públicas o Asociaciones Público Privadas y la ruptura de la cadena de pagos de las mismas, como consecuencia de actos de corrupción denunciados”, señaló Heresi en aquella sesión plenaria del 8 de marzo.

Salvador Heresi también indicó que la ley 2408 fue propuesta para reemplazar al DU 003, debido a que éste último resultó “insuficiente” por lo que era necesario que el Congreso “subsane los vacío”.

Por su parte, Lombardi Elías también enfatizó en el debate que las bancadas “han trabajado con verdadero ahínco en el debate y en el mejoramiento del Proyecto de Ley 2408-2017 (ley 30737), que viene a reemplazar al Decreto de Urgencia 003”.

Añadió que el DU 003 “no logró resolver los problemas económicos derivados de los actos de corrupción de empresas jurídicas” como tampoco los “más  de 30 mil millones de soles en inversión que podrían paralizarse” y “más de once mil millones de deudas al sistema financiero”, dijo citando cifras de Economía y Finanzas.

Al final del debate, la norma fue aprobada con 80 votos a favor, 24 votos en contra y siete abstenciones. Precisemos que la bancada oficialista PpK votó por unanimidad por el total a la norma, junto a sus entonces aliados del grupo de Kenji Fujimori.

Una segunda posición fue expresada por los legisladores de la fujimorista Fuerza Popular, aunque expresaron sus dudas sobre la eficacia de la misma en la lucha anticorrupción y otros se abstuvieron.

En cambio los que manifestaron su total rechazo al proyecto porque solo favorecería a los empresarios implicados, como Odebrecht y Graña y Montero, fueron los congresistas del Frente Amplio, Nuevo Perú, Acción Popular y algunos no agrupados como Yeni Vilcatoma, que considera que esta ley “fue producto de una gran lobby”. (Ver nota aparte).

Se debe detallar que las abstenciones en Fuerza Popular fueron de los parlamentarios Carlos Domínguez, Mario Mantilla, Wuilian Monterola, Alejandra Aramayo, Rolando Reátegui, Roy Ventura y Edwin Vergara.

Mientras que los votos en contra fueron de Edmundo del Águila, Víctor García Belaúnde, Yonhy Lescano, Miguel Román, Armando Villanueva (miembros de Acción Popular); Justiniano Apaza, Marco Arana, Jorge Castro, Hernando Cevallos, Edilberto Curro, Zacarías Lapa, Humberto Morales, Wilbert Rozas y Rogelio Tucto (integrantes del Frente Amplio).

A estas dos bancadas, se sumó el voto en contra de Richard Arce, Mario Canzio, Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Oracio Pacori, Tania Pariona, y Horacio Zeballos (todos de Nuevo Perú). Yeni Vilcatoma, quien era parlamentaria independiente en ese momento, también votó en contra de esta norma.

EL DEBATE

Durante el debate de esa sesión, diversos parlamentarios se mostraron en contra de esta norma, ya que consideraban que era una propuesta que solo buscaba favorecer a la empresa Odebrecht, así como a sus consorciadas, y darles beneficios que implicarían pérdidas para el Perú, en términos de reparación civil.

Wilbert Rozas, vocero del Frente Amplio durante ese periodo, manifestó en su intervención que esta propuesta solo buscaba proteger a Graña y Montero y a las compañías que integran “El Club de la Construcción”, y consideró como un pretexto que se señale que esta ley facilitaría la colaboración eficaz.

“Esta ley, realmente se debería de llamar Ley Graña y del Club de los Constructores (…) ahora nos justifican que tenemos que sacar este decreto legislativo, este proyecto de ley. Vamos a sacarlo (…) con la siguiente justificación: de que con esto vamos a incentivar la colaboración eficaz, de que con esto vamos a garantizar la reparación civil, (…) que con esto vamos a dinamizar la economía. Mentira, Presidente, ninguna de las tres cosas vamos a incentivar”, aseguró.

A su turno, Víctor Andrés García Belaúnde, que era vocero de Acción Popular, explicó que la ley planteada por el Ejecutivo solo permitía que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ya no realice el embargo a empresas corruptas.

“Estamos levantando embargos de la Sunat a empresas corruptas, no levantamos el embargo al comerciante del frente, que es un hombre honesto y decente y que no pudo pagar. No, a ese no se le levanta el embargo, se le levanta el embargo a una empresa corrupta, ¿para beneficiar a quiénes?”, encaró.

Oracio Pacori (Nuevo Perú) sostuvo que tanto el Decreto de Urgencia como esta ley, no solucionaban ni proporcionaban medidas para actuar contra las empresas que cometieron actos de corrupción en el país, al tiempo de cuestionar al Ejecutivo por enviar una norma de este tipo al Congreso de la República.

“Este Decreto Supremo y este dictamen [que] nos han traído al Congreso de la República, señor presidente, nos pone en grandes contradicciones, porque en el fondo lo que va hacer es que va a permitir que las empresas corruptas sigan operando. Pero como quien diría, la pelota nos lo han tirado desde el Ejecutivo al Congreso de la República”, acotó.

 

RESPALDO MAYORITARIO

No obstante, se debe precisar que esta norma contó con el voto a favor de 42 integrantes de Fuerza Popular, los 11 de Peruanos por el Kambio, siete de Alianza para el Progreso, cuatro del APRA y de 15 congresistas independientes.

Dentro de este conglomerado resaltaron las intervenciones de Lourdes Alcorta, Karina Beteta (FP), Javier Velásquez Quesquén (APRA), Marisol Espinoza (APP) y Gilbert Violeta (PpK).

“Porque acá también, señor Presidente, las instituciones en este país fallaron. La Contraloría, la ausencia de instituciones como la Contraloría, la Sunat, la Procuraduría, el Congreso mismo, todos fallamos o miramos al costado (…) Ahora solamente nos queda apoyar al gobierno para dar una solución y una salida a este entrampamiento en el que estamos por culpa de este mismo gobierno”, indicó Alcorta.

Por su parte, Beteta manifestó que “este proyecto no es nuevo, recordemos que hace un año atrás este Congreso y en especial, al igual que otras bancadas, la de Fuerza Popular, fue crítico duro frente al Decreto de Urgencia el 003, que hemos cuestionado, y hoy, el Ejecutivo nos da la razón, porque fue un decreto emitido justamente para favorecer a algunas empresas corruptas”.

Y luego aseguró que si bien no era un proyecto perfecto, seguramente en el camino irán habiendo mejoras, pero ya es una herramienta, qué le podemos decir, que todos los que estamos a favor de lucha contra la corrupción, es el inicio, y seguiremos avanzando en ese mismo sentido”.

Por su parte, Velásquez Quesquén propuso durante su participación, que la ley establezca que sea la Contraloría General de la República la que tenga que definir cuáles serían los gastos de asesoría financiera legal, para así votar a favor.

PAGOS A FUTURO

Marisol Espinoza (APP) cuestionó la propuesta, explicando que “se coloca ‘Ley que asegura el pago inmediato’. No es pago inmediato, señor Presidente, y lo mismo lo señala incluso el artículo 7°, en la página 17, que es una reparación a futuro, es un pago a futuro. Y creo que también la población debería saber que no es una reparación inmediata, sino es una reparación a futuro”. A pesar de esa observación, votó a favor.

En otro momento, Gilbert Violeta (vocero de PpK) señaló que lo que se busca evitar es la ruptura de la cadena de pagos y que el fondo para la reparación civil sea mucho mayor. Y que el Ejecutivo garantice que las empresas no vayan a ser “completamente desmanteladas” para evitar hacer efectiva dicha reparación.

“VAMOS A SACAR ESTA LEY CON LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN: DE QUE CON ESTO VAMOS A INCENTIVAR LA COLABORACIÓN EFICAZ, DE QUE CON ESTO VAMOS A GARANTIZAR LA REPARACIÓN CIVIL (…), QUE CON ESTO VAMOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA. MENTIRA, PRESIDENTE, NINGUNA DE LAS TRES COSAS VAMOS A INCENTIVAR”, AUGURÓ WILBERT ROZAS, DEL FRENTE AMPLIO.

 

Hecha la ley, hecha la trampa

En el dictamen que terminó aprobando el Pleno sobre el proyecto de Ley 2408 y que fue promulgado por el Ejecutivo como la Ley Nº 30737 le dio a Odebrecht la salida perfecta para disminuir la reparación civil y de los procesos penales en giro. Eso está en la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de dicha norma que exime a la constructora de esa y otras obligaciones si se acoge a la “colaboración eficaz”.

Por eso es que en el punto VII del preacuerdo sobre la reparación civil acordada entre la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht se señala que “la misma ley 30737 prevé en su Décimo Tercera Disposición Complementaria Final, incentivos al procedimiento de colaboración, facultando al Ministerio Público que, en caso arribe a un acuerdo con una Persona Jurídica Colaboradora, puede eximir, reducir, o suspender los alcances de la Ley respecto a esta. En ese sentido, el Ministerio Público ha considerado eximir de los alcances de la Ley 30737 respecto a la Persona Jurídica Colaboradora”.

 

YENI VILCATOMA Y EDMUNDO DEL ÁGUILA

El tiempo se encargó de mostrar los perjuicios

En diálogo con EXPRESO, Yeni Vilcatoma, quien actualmente está de licencia de Fuerza Popular, manifestó que esta norma fue parte de un lobby organizado por algunos de los parlamentarios que votaron a favor de esta norma, y culpó directamente a Úrsula Letona de haber sido parte de este embrollo.

“Fue una ley con nombre propio para beneficiar a Odebrecht y las consorciadas brindando un trato privilegiado, sustrayéndolas de los alcances de lo previsto por el Código Procesal Penal para asegurar el cobro de la reparación civil”, dijo.

“Y es una trampa para asegurar que estas corruptas sigan contratando con el Estado. Su aprobación fue producto de un gran lobby de los que votaron por esa ley y los que la impulsaron, entre ellos [Úrsula] Letona”, añadió. ¿Quiénes fueron parte de este lobby?

Edmundo del Águila, actual vocero de Acción Popular, señaló a este diario que el “tiempo le dio la razón a su bancada”, ya que siempre denunciaron que esta norma solo pretendía darle un escape financiero a Odebrecht y a las consorciadas, como se está observando actualmente en el preacuerdo que busca establecer la Fiscalía y la Procuraduría con Odebrecht.

“Creemos que lo que se va a pagar [como reparación civil] es poco, y todo eso en base a la ley que aprobamos [desde el Congreso] hace un tiempo”, señaló.

Efectivamente, como señaló Del Águila, Acción Popular advirtió el hecho de que el Ministerio Público pueda dar todo tipo de beneficio a las empresas que logren acogerse a una colaboración eficaz, como que se las exima -a las que reconozcan su responsabilidad- de efectuar el pago de la reparación civil o que la Sunat no pueda embargar sus cuentas.

 

AFIRMA FUJIMORISTA ROY VENTURA

“Esto es una irresponsabilidad del Ministerio Público”

Buscan responsabilizar al Congreso por pésimo resultado del preacuerdo, afirma

El parlamentario Roy Ventura (FP), uno de los fujimoristas que votó en abstención sobre esta ley, aseguró que traer la aprobación de esta norma al ambiente político actual, es una forma de buscar culpar al Congreso por el preacuerdo entre la Fiscalía y la Procuraduría con Odebrecht, el cual no sería beneficioso para el país.

“Lo que yo entiendo es que estamos ante la desesperación del Gobierno y de la Fiscalía de querer tapar el error garrafal, la estafa que nos quieren hacer al Estado peruano, al pueblo peruano [a través del pre acuerdo], y escudarse en una ley que efectivamente fue aprobada por el Congreso, con participación activa de los ministros, para tomar esa decisión”, afirmó.

Ventura también responsabilizó a la Fiscalía y a la Procuraduría por el monto irrisorio de la reparación civil de 610 millones de soles que se le estaría imponiendo a Odebrecht, a pesar de que la empresa busca denunciar al Estado en tribunales internacionales.

Finalmente dijo que votó en abstención en el pleno del 8 de marzo del año pasado  porque no participó del debate en la comisión que dictaminó.  “Tenía además ciertas dudas respecto a las deudas que podría sanear [el Estado a las empresas], o qué deudas se podrían asumir [de parte de Odebrecht], o qué deudas se podría dejar a las consorciadas”, concluyó.

 

JOSÉ M. CARMEN MORÁN

 

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