La prisión preventiva en su día D

Ante la crítica generalizada, los jueces supremos fijarán jurisprudencia que luego deberán acatar los magistrados de todo el país.

¿Qué ha pasado para que la detención preliminar y la prisión preventiva se hayan vuelto una plaga, y que su uso haya llegado a ser un abuso o un exceso como lo señalan autoridades máximas de los tres poderes del Estado, a los que se suma el Tribunal Constitucional? Esta es la pregunta que tienen que responder los magistrados del sistema anticorrupción, incluidos los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato.

No solo en sede nacional sino en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se interrogan cómo es que la doctrina garantista de este ente supranacional, desarrollada por la Corte Suprema del Perú, por ejemplo, en la Casación N° 626-2013-Moquegua de 27 de febrero de 2016, no se cumpla en su idea central, que es el carácter excepcional de la prisión preventiva y no lo usual, como sucede en la actualidad.

Por si fuera poco hace dos años la CIDH resaltó otra sentencia casatoria, N° 631-2015-Arequipa del 21 de diciembre de 2015, la cual “contiene elementos positivos en la materia, al reiterar la excepcionalidad y la proporcionalidad de la prisión preventiva…”.

El problema se ha hecho evidente cuando afecta a expresidentes de la República, como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y a Alan García con su trágico final, aparte de la prisión de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Pero al margen de dichas personalidades, son más de 30 mil personas que lo sufren en las prisiones del país.

En tales circunstancias el presidente Martín Vizcarra hizo un llamado a la reflexión del Poder Judicial y del Ministerio Público para no abusar de las citadas figuras jurídicas.

“Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos […]. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos, que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”, dijo el mandatario en una entrevista a TV Perú días atrás.

La respuesta no se hizo esperar de parte del fiscal José Domingo Pérez del caso Lava Jato, antes de su partida al Brasil al interrogatorio del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata: “El Ministerio Público va a seguir realizando su labor como siempre lo ha hecho. Se solicita respeto de la independencia de administración de justicia. Finalmente somos evaluados producto de resultados”, sostuvo.

El titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, si bien remarcó que el problema es de quienes aplican la ley, y no de la ley en sí misma, no dejó de señalar que “hay varios casos [de prisiones preventivas] en los que ha habido excesos”, planteando que sea la Sala Plena de la Corte Suprema la que debería alinear criterios.

Sin embargo en el Congreso ya hay un proyecto de ley sobre el tema: el de la legisladora Luciana León (CPA).

El domingo pasado el doctor Ernesto Blume, titular del Tribunal Constitucional, también aseguró que “hay un uso excesivo y en algunos casos hasta abusivo” de la figura jurídica de la prisión preventiva y que el Congreso debería corregirla.

“Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido dos informes muy importantes: uno del año 2013 y otro del año 2017 […]. Yo diría que el Congreso tiene que revisar esta normativa”, sostuvo en “Agenda Política” de Canal N.

Si a todo lo anterior sumamos las exhortaciones de dos expresidentes de la Corte Suprema, César San Martín y Duberlí Rodríguez, en el sentido de respetar los derechos fundamentales que consagra la Constitución, podemos decir que la comunidad jurídica está viendo con preocupación que se ha llevado el Derecho no a sus límites sino al terreno del abuso y la arbitrariedad.

“Hay que rechazar la polarización de los que pretenden dividirnos entre buenos y malos. Cuando se abusa, cuando se extienden los delitos para que sea lavado de activos, cuando se encierra por 36 meses para recién investigar, cuando a una organización de personas se le dice ‘organización criminal’, se le hace un flaco favor a la lucha contra la corrupción. Eso es algo abusivo”, expresó por su parte el jurista Ángel Delgado.

Por su parte, Carlos Chipoco Cáceda asegura que hay un sistema anticorrupción, encabezado por los fiscales del caso Lava Jato, que actúa con total independencia de las mismas autoridades, sea de la Fiscalía o del Poder Judicial, y que, tras los esquemas aplicados por el juez Sergio Moro en Brasil, consideran lícito masificar las carcelerías preliminares y preventivas, así sea violentando la legislación peruana garantista, es decir sin respetar la presunción de inocencia y los derechos humanos.

“La lucha contra la corrupción hay que darla, y a fondo, pero no a costa de sacrificar la presunción de inocencia y los derechos humanos”, afirma.

PLENO JURISDICCIONAL

Con estos antecedentes es que los jueces supremos fijarán jurisprudencia sobre la prisión preventiva, entre otros temas, desde hoy en el XI Pleno Jurisdiccional Penal “con el propósito de establecer criterios jurídicos uniformes que luego deberán observar los magistrados de todo el país”.

“Estos tópicos –propuestos en un foro de aportes con participación ciudadana– son ‘La prisión preventiva: presupuestos y vigilancia electrónica’, ‘Pena efectiva, principio de oportunidad y acuerdo reparatorio’ y ‘Diferencias hermenéuticas y técnicas especiales de investigación en los delitos de organización criminal y banda criminal’”, señala el Poder Judicial.

Otros temas son el “Impedimento de salida del país y diligencias preliminares” y “Absolución, sobreseimiento y reparación civil. Prescripción y caducidad en ejecución de sentencia en el proceso penal”.

Finalmente, los “Problemas concursales en los delitos de trata de personas y explotación sexual”, “Viáticos y delito de peculado” y “Actuación policial y exención de responsabilidad penal”.

El plazo para la presentación de ponencias es el 15 de mayo.

La idea de los magistrados supremos es que al concluir el pleno se determine el criterio “más apropiado en cada caso concreto para lograr la predictibilidad judicial mediante la unificación de criterios jurisprudenciales, evitar fallos contradictorios y reducir el margen de inseguridad jurídica”.

Tal vez en este cónclave se resuelva un interrogante que flota hace tiempo más allá de los corrillos judiciales y los Pasos Perdidos del Congreso de la República: ¿en qué medida el uso y abuso de la prisión preventiva afecta al principio de la presunción de inocencia en la legislación penal peruana?

Flores-Aráoz: totalmente de acuerdo

“Es evidente que con el tema de la detención preliminar y la prisión preventiva se han convertido dichas medidas extraordinarias en ordinarias, de inusuales en usuales, abusando de ellas tanto la Fiscalía como el Poder Judicial”, señala el extitular del Congreso Ántero Flores-Aráoz.

Para salir de este problema, en su opinión, no hay más que dos salidas. La primera, haciendo las modificaciones precisas del Código de Procedimientos Penales en el Congreso. Y, la segunda, una interpretación de la Sala Plena de la Corte Suprema cuya resolución debe ser vinculante.

“Estoy absolutamente de acuerdo con lo decidido por la Suprema para realizar su Pleno Jurisdiccional Penal y lo que allí se acuerde debe ser obligatorio para todo el sistema”, concluyó el también exministro de Defensa.

Proponen modificar cuatro artículos del Código Penal

El proyecto de la parlamentaria Luciana León (Apra) plantea modificar los artículos 269, 270, 272 y 290 del Código Penal, para así establecer requisitos específicos por los cuales un fiscal podría solicitar una prisión preventiva, así como un arresto domiciliario.

Con la modificación del artículo 269, se busca establecer que existan motivos razonables y fundados para señalar que un investigado tiene peligro de fuga; con la modificación del 270 se buscaría especificar los motivos por los que un imputado podría buscar obstaculizar una investigación, mientras que el artículo 272 señala que una prisión preventiva no puede excederse de los seis meses.

Sobre el último artículo, la propuesta de León propone que en procesos complejos, la prisión preventiva puede ser de nueve meses, y para casos de crimen organizado, la prisión preventiva podría ser de 18 meses. Respecto a la modificación del artículo 290, se busca establecer que el arresto domiciliario no pueda ser aplicado a quienes se encuentran procesados por el delito de ser integrantes de crimen organizado.

PPK PODRÍA SUFRIR “MUERTE SÚBITA”

La clínica Anglo Americana, en la que se encuentra hospitalizado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), emitió anoche un comunicado en el que da detalles de su estado de salud. El exmandatario cumple en este lugar una prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

PPK padece de “taquicardia ventricular no sostenida (esporádica) con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés, con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita”, explica el informe médico.

Entre otros males, PPK presenta bloqueo auriculo-ventricular de primer grado e hipertensión arterial que es contralada con antihipertensivos y ansiolíticos.

Por ello, las conclusiones de este informe sostienen que el paciente “deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta controlar adecuadamente las condiciones médicas mencionadas”.

POR: PLINIO ESQUINARILA

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