HABRÁ UN CLIMA MÁS HOSTIL CONTRA EL PARLAMENTO

La última carta para cerrar el Congreso

Publicar una lista selectiva de nombres de parlamentarios sería una maniobra del Gobierno que ayudaría a justificar el adelanto de elecciones generales.

La última carta para cerrar el Congreso
  • Fecha Viernes 20 de Septiembre del 2019
  • Fecha 7:30 am

Como el problema principal para el Presidente de la República y la coalición que lo apoya, principalmente las bancadas congresales de izquierdas, es mantener la propuesta del adelanto de elecciones en el centro del debate político, todo indica que la última carta será el destape masivo y selectivo de los ‘codinomes’ que no son otra cosa que apodos de congresistas, periodistas y funcionarios que habrían recibido aportes de la constructora brasileña Odebrecht.

La campaña es sostenida en todos los medios de la coalición vizcarrista. Al extremo que se afirma que la misión principal del equipo especial Lava Jato en los nuevos interrogatorios a Jorge Barata, es conocer los detalles de las identidades de los 71 ‘codinomes’, sobre todo de políticos, gobernadores y funcionarios implicados en las Interoceánicas, el proyecto Olmos, el Metro de Lima, la carretera San José de Sisa, los proyectos de saneamiento de Iquitos y Chimbote, el puerto del Callao, la vía Carhuaz-Chacas-San Luis y la represa de Marcapomacocha.

Son entregas de dinero por US$59 millones. Estos pagos ilegales corresponden al periodo entre enero de 2006 y mayo de 2011. Jorge Barata ya ha identificado algunos ‘codinomes’ en un interrogatorio ante los fiscales peruanos en agosto pasado. Tras esto, la empresa se reconoció culpable en las obras Gasoducto Sur y Carretera San José de Sisa.

En su última fase esta saga empezó cuando el 5 de septiembre pasado, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez revelan los ‘codinomes’ y pagos, entre ellos el rubro ‘DS JB’, que significa ‘despesas especiais’ o gastos especiales de Jorge Barata, con un total de US$ 7’050,855, siendo US$ 460,000 destinados a la llamada campaña legislativa (‘campanha legislativa’ (CL)).

En ese entonces se supo que la Fiscalía ya tenía los ‘codinomes’ correspondientes a los congresistas, y, obviamente, los reflectores se centraron ahora en el Congreso.

Tanto es así que Carlos Basombrío, exministro del Interior de la primera fase del actual gobierno, con Pedro Pablo Kuczynski, señalaba que no se podía desdeñar en el rechazo del adelanto de las elecciones “la cantidad de congresistas aludidos en diversos casos de corrupción”, que serían los interesados en que el periodo presidencial y congresal dure hasta el 2021.

Ante esta realidad los analistas consultados por este diario y el periodista Aldo Mariátegui coinciden en que los ‘codinomes’ son tal vez la última carta para arrinconar al Congreso y obligarlo, con apoyo de la prensa oficialista y la calle movilizada, a aprobar los proyectos de reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el año 2020.
Para Mariátegui todo indica que la develación de los ‘codinomes’ en el anunciado próximo interrogatorio a Barata va a devastar al Apra y especialmente a algunos de sus congresistas. “Me imagino que Vizcarra está esperando esa coyuntura para intentar cerrar a un Congreso que se verá debilitado por la bulla que levantará eso”, escribió en su columna habitual el 16 de septiembre último.

Las nuevas víctimas apristas podrían estar en torno a los seudónimos de “Sipán”, “Castelo” (Castillo), “Pastor Alemán”, entre otros.

En las redes sociales en estos días también se observa la reaparición de un video grabado en forma subrepticia por el legislador Moisés Mamani, a comienzos del año pasado, en el que Kenji Fujimori afirma que las campañas políticas de sus ex correligionarios de Fuerza Popular Luis Galarreta, Lourdes Alcorta y Úrsula Letona fueron financiadas por la constructora brasileña Odebrecht, sin que esas redes se hagan eco de que el mismo Kenji Fujimori reculó de sus temerarias incriminaciones.

Por el lado de otros partidos, como de Alianza Para el Progreso (APP), la situación no sería tan grave, toda vez que el “pez mayor”, César Villanueva, ya fue alcanzado por las acusaciones en la carretera San José de Sisa y un pago de US$ 320,000 para que favoreciera a Odebrecht en la licitación de esta carretera.

En la izquierda, sobre todo parlamentaria y a nivel de regiones del Cusco (Jorge Acurio), Cajamarca (Gregorio Santos), Junín (Vladimir Cerrón), Áncash (César Álvarez) y otras la relación con Odebrecht ha sido mayor, pero en tanto son aliados del Gobierno y su tendencia ideológica prima en la fiscalía, con seguridad que serán pasados por agua tibia en el caso de los ‘codinomes’.

ENCUESTADORAS FRACASAN

En EXPRESO somos claros en señalar que si hay congresistas corruptos que recibieron dinero sucio de Odebrecht, que se les juzgue y, si son culpables, que se vayan a la cárcel, pero el solo hecho de que exista una lista de beneficiarios de aportes de campaña, que en algunos casos puede no ser ilegal, no es –en ninguna sociedad civilizada- motivo para cerrar un poder del Estado, como lo señalan nuestros entrevistados en estas páginas.

El problema es que una medida de cierre, como señalan los analistas, al margen de ser violatoria de la Constitución, tendría que estar acompañada del apoyo masivo de la calle y de la opinión pública, lo que no está sucediendo como se ha visto en la movilización limitada del 5 de septiembre que no pasó de 3,000 manifestantes.

Si la calle no acompaña a un Vizcarra sin partido, sin bancada congresal, sin programa de gobierno ni menos con técnicos de primer nivel, mantener en el centro del debate político el tema del adelanto de las elecciones resulta pues huérfano e inviable.

Esto no obstante que la encuestadora preferida del Gobierno, Ipsos, asegura que “el 78 % de peruanos” considera que el Congreso obstruye al Ejecutivo, sobre todo en su iniciativa del adelanto de elecciones.

Si eso es así, si las encuestadoras han fallado en sus pronósticos para el 5 de septiembre, como muchos sospechan, todo parece indicar que el Gobierno buscará otro tema, que posibilite el mayor rechazo posible al Congreso. Y para eso están los ‘codinomes’ que se reseñan en estas páginas.

ESCENARIOS

En ese orden de ideas, la idea palaciega de buscar mediante una cuestión de confianza la censura del gabinete Del Solar, y así estar habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, es una cuestión a decidir en muy corto tiempo, aún si fuera inconstitucional.

Y es que los plazos le comienzan a jugar en contra al Presidente, porque ya se acaba septiembre, fecha tope que puso para que el Parlamento decida sobre la reforma constitucional que motiva el adelanto de elecciones, previo referéndum o dos legislaturas ordinarias consecutivas.

Todo indica que el Ejecutivo va descartando la reforma constitucional en los cauces que establece la Constitución, porque le daría a la mayoría parlamentaria elementos suficientes para dilatar o perturbar el debate, como critica la izquierda y la coalición vizcarrista, con mayor razón si el fujimorismo, el Apra y otras bancadas esperarán el informe de la Comisión de Venecia que lo ha anunciado para mediados de octubre.

Por eso en Palacio se habla de la Asamblea Constituyente como una salida intermedia. En el Congreso la comisión de Constitución que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular) tiene su propio juego y ha recibido el apoyo por el titular del Legislativo, Pedro Olaechea, ante las insistencias de Martín Vizcarra en la aprobación de su propuesta de adelanto de elecciones.

Olaechea ha dicho que esa discusión sigue su camino regular en el precitado grupo de trabajo y luego vino el pare directo a Martín Vizcarra: le recordó que “al Congreso no se le puede imponer plazos”.

CONTIENDA DE COMPETENCIA

La otra salida colateral, aparte del pronunciamiento de la Comisión de Venecia, es el inicio del nombramiento de los seis integrantes que han cumplido sus plazos de funciones en el Tribunal Constitucional (TC) en junio del año pasado.

El pedido de la recomposición del TC fue hecho por el presidente del TC, Ernesto Blume, ante el anterior presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y lo que está haciendo la actual Mesa Directiva dirigida por Olaechea es cumplir con el pedido de Blume y aplicar la normativa respectiva, aunque la izquierda no esté de acuerdo por ser absoluta minoría.

Si la actual mayoría congresal logra conseguir los 87 votos para el nuevo TC, la actual relación de fuerzas habrá cambiado y cualquier contienda de competencia que llegue a sus fueros para decidir sobre la cuestión de confianza en materia constitucional será a favor del constitucionalismo que en este momento prima en el Congreso. Y será, obvio, una derrota para Martín Vizcarra.

A menos que haya una negociación política realista que de ninguna forma puede pasar por una asamblea constituyente, según la mayoría de bancadas del Congreso. Lo que no significa ningún aval, para la unanimidad de analistas, de la deplorable composición de la mayoría fujimorista que se ha desprestigiado en demasía ante la opinión ciudadana.

HABLA HERESI

El segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, consideró que los nuevos codinomes aparecidos del caso Odebrecht, donde se ven involucrados congresistas del presente periodo parlamentario, así como de gobiernos anteriores, ayudaría a justificar el proyecto de adelanto de elecciones generales para el 2020 que planteó el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio.

“A mi entender todo esto podría ser un elemento político para generar un clima adverso al Congreso. Creo que lo que se tiene que hacer es esperar con calma las investigaciones y todo lo que diga Barata, cuando eso suceda, los congresistas imputados tendrán que salir a hacer sus aclaraciones”, dijo el legislador de Contigo.

Sin embargo, Heresi recalcó que dicho escenario no alteraría el mandato constitucional porque los imputados serían algunos legisladores y no la institución como tal. En tal sentido, resaltó que en el derecho público “lo que no está legislado está prohibido”, por lo que tampoco se podría aplicar una cuestión de confianza para el adelanto de elecciones y recortar el mandato de cinco años.

El exlegislador oficialista también recordó que el escándalo Lava Jato no solo involucra a congresistas de la República, sino que también están envueltos figuras de izquierda, gobernadores regionales y personas cercanas al gobierno de Martín Vizcarra, como el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

“El Gobierno no puede salir suelto de huesos a decir que cierren el Congreso por las investigaciones porque en el Ejecutivo también hay actores sindicados por actos de corrupción, los que fueron socios del Presidente. Este tema de Odebrecht ataca de manera transversal a toda la clase política y quienes son parte del problema no pueden pretender usar esta situación para seguir generando inestabilidad al país”, añadió.

GARCÍA BELAUNDE

“Creo que van a utilizar eso [los codinomes] para presionar al Congreso, van a usarlos políticamente para lograr el cierre. Quieren justificarlo escogiendo a personas importantes en el Congreso para demostrar que está corroído por la corrupción”, expresó Víctor Andrés García Belaunde.

NO HAY RESERVA

Salvador Heresi criticó que la información reservada del caso que maneja el Ministerio Público se filtre de manera recurrente a los medios de comunicación, además lamentó que en gran parte de los casos se direccione de acuerdo a la coyuntura política. “Es una de las cosas contradictorias que hemos visto.

El fiscal José Domingo Pérez denuncia que se filtraron temas en su equipo, sin reparar que durante toda la investigación se viene de manera recurrente filtrando -en tiempo real- los dichos de Jorge Barata, los interrogatorios y otros elementos que deben tener carácter reservado”, cuestionó.

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