NO ADMITIR QUE HUBO SOBORNOS EN EL GASODUCTO DEL SUR

La última treta de Odebrecht y los fiscales Lava Jato

Solo aceptarían ilícitos de la primera etapa del proyecto gasífero Kuntur en tiempos de García.

Eric Campos
  • Fecha Sábado 13 de Julio del 2019
  • Fecha 6:00 am



Si el equipo Lava Jato de la Fiscalía asegura, a través de su jefe Rafael Vela, que ha firmado un acta de colaboración con Odebrecht sobre el Gasoducto del Sur, como una adenda al acuerdo de colaboración eficaz, está en la obligación de precisar en qué hechos concretos y en qué tramo del proyecto la constructora brasileña ha aceptado culpabilidad o delitos.

“Odebrecht ya está colaborando”, ha dicho Vela. Pero resulta que en los allanamientos de este martes el énfasis está puesto en funcionarios del segundo gobierno de Alan García que no tuvieron participación gravitante en la primera etapa de la concesión; es decir, con Kuntur Transportadora de Gas SAC.

Nos referimos, por ejemplo, al exministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, quien renunció en octubre de 2008. ¿Qué tiene que ver este señor, entre otros del mismo periodo, con el gasoducto si además la firma de la concesión fue a “solicitud de parte”, es decir sin apoyo financiero de la parte peruana, como veremos después?

El citado énfasis llama la atención de los observadores porque en dicha etapa del proyecto de Kuntur no se firmó cláusula anticorrupción en el contrato de concesión. A menos que la declaración de culpabilidad de la que habla el fiscal Vela esté circunscrita a este tramo, lo que está por dilucidar.

Es decir, si acaso está ubicada entre los años 2008 y 2012, correspondiente a la etapa Kuntur, sin cláusula anticorrupción, o está relacionada a la etapa siguiente (2012-2014), que corresponde estrictamente a Odebrecht, donde el contrato sí establece la temida cláusula en el gobierno de Ollanta Humala.

Pero como no hay nada claro, y el secreto es lo que prima, no obstante las prédicas por la transparencia, no hay otra salida que exigir que se haga público el contenido del acta firmada con Odebrecht.

Dicho de otra forma, algún funcionario de la Fiscalía, de la Junta de Fiscales Supremos o la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tendrían que informar a la ciudadanía a qué tramo del proceso está referido la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht.

La prensa oficialista ya ha adelantado que la planilla de los US$ 3 millones de presuntos sobornos en el gasoducto -que puso al descubierto la prensa ecuatoriana y desarrollada en el Perú por el portal Convoca.pe-, fueron para pagos a privados, sean abogados, asesores, consultores u otros que no querían ver sus nombres ligados a la constructora brasileña por el caso Lava Jato.

De esa forma allanan el camino para que en el nuevo careo, probablemente entre el 22 y 23 de julio, los “delatores premiados” brasileños, Jorge Barata y Ribeiro Bortolotti, expliquen a los fiscales peruanos, en Brasil, cuál fue la naturaleza de los pagos a cargo del gasoducto e identifiquen los “codinomes” ya conocidos: “Princesa”, “French”, Gaza”, “Magali”, “Disco” y “Novatos”.

En rigor, hasta ahora no aparece nada de sobornos del periodo Odebrecht (2012-2014), es decir desde la anulación de la primera concesión de Kuntur, hasta la firma del contrato de la nueva concesión con Odebrecht después que ganara la buena pro el 30 de junio de 2014, a mediados del gobierno de Ollanta Humala.

Si se está afirmando que la información procedentes del Ecuador es similar a la entregada por Odebrecht a la Fiscalía el 1 y el 12 de junio, y que sería para pagos a privados en 2014, con fondos provenientes del Gasoducto del Sur que tenía en su presupuesto “sobornos sin tocar”, eso significa que Odebrecht no ha aceptado ni aceptará culpabilidad en el tramo en que firmó la cláusula anticorrupción.

Si esto es así, y es lo más probable, según consultas hechas por este diario a expertos en la materia que solicitaron el anonimato, estamos ante una treta pro-impunidad, y a Odebrecht no le pasará nada.

De lo contrario, el caso Lava Jato tomaría un nuevo giro y de suyo el acuerdo firmado con Odebrecht entraría en una fase devaluada o a revocar, como ya lo insinúan algunas autoridades, como el procurador ad hoc Jorge Ramírez.

Esto porque la misma anulación del contrato de concesión no tomaría tanto en cuenta la imposibilidad de Odebrecht del cierre financiero, sino porque de raíz el contrato y todo lo actuado serían nulo por la sola aplicación de la cláusula anticorrupción.

Y nulo el arbitraje planteado por Enagas ante el CIADI donde está de por medio un reclamo por alrededor de US$ 2,000 millones por culpa de Pedro Pablo Kuczynski y las autoridades peruanas que aún resguardan indebidamente unos activos privados del consorcio, como veremos después.

Esto porque la demandante Enagás, que tiene el 25 % de las acciones, exige el pago de US$ 511 millones; por  lo que Graña y Montero, que tiene el 20 % restante, le tocaría unos 400 millones, y a Odebrecht la mayor parte de la eventual reparación que podría pagar el Perú si no toma las medidas del caso.

Claro que del total de las expectativas (los citados US$ 2,000 millones), los bancos acreedores se reservarían al menos el 60 %, es decir más de US$ 1,000 millones.

Una lluvia de millones sin contar la nueva demanda del mismo Odebrecht ante una corte de Luxemburgo donde aún no ha fijado monto por trato discriminatorio en todas las obras del Perú, según dicen, esto por aplicación del DS 003.

BIENES AJENOS

De otra parte, es importante recordar que a los pocos días de la caducidad del contrato entre Odebrecht y el Estado peruano, en enero de 2017, Pedro Pablo Kuczynski promulgó el decreto de urgencia 01-2017 donde ordena a Osinergmin contratar un administrador de cuidado de bienes del gasoducto por parte del Estado, para después eventualmente venderlos.

También ordena que la carta fianza del consorcio de US$ 280 millones deberá usarse para el pago del cuidado de bienes de Odebrecht y sus socios.

Graña y Montero toca fondo en esos días, el 20 de enero para ser precisos, y al darse la caducidad de la concesión esta constructora, aduce a un artículo del contrato que le daría derecho a cobrar por los avances en el gasoducto. Esa fue la “Ley Graña”: el decreto de urgencia 01-2017.

Si esos bienes, sobre todo los ductos y la maquinaria, no eran del Estado, ¿a mérito de qué el entonces presidente Kuczynski ordena que el Estado sea el cuidante de bienes ajenos? Hasta ahora PPK ni el equipo Lava jato de la Fiscalía han respondido a esta interrogante.

Estas decisiones generaron divergencias en la tecnocracia del Ejecutivo, y al final se impuso la idea de PPK de contratar una empresa colombiana a la que se pagó US$ 48 millones por un año (2017), y el servicio ha sido renovado hasta mayo de este año, y obvio que continúa con partida en el Presupuesto Público de 2018.

Esta enajenación de bienes privados fue utilizada por Enagás para presentar una solicitud de trato directo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el pago de sus activos del gasoducto, lo que también favorecería a sus socios Odebrecht y Graña.

Y como no hubo acuerdo en el trato con el MEF, Enagás ha demando al Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, como señalamos líneas arriba.

El más caro

El Gasoducto Sur Peruano, de 1,134 km de ductos desde el yacimiento de Camisea en la selva de Cusco hasta Ilo, con un presupuesto que pasó de US$ 1,300 millones a US$ 7,328 millones, es el proyecto más caro en la historia de la República. Tal vez el más corrupto.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

A estas alturas del partido, las preguntas que surgen son varias. ¿Se ha investigado la ley antes mencionada y las motivaciones de Kuczynski para que el Estado se haga cargo, en forma indebida, de los activos del Consorcio Gasoducto del Sur que no tenía por qué asumirlos?

Con el agravante de que el decreto de urgencia antes mencionado pone como argumento que los activos se venderían, ¿para qué se metieron Kuczynski y otros lobbistas del Congreso?, ¿para qué Graña y Odebrecht cobren?  Este es un tema de investigación.

De lo anterior se deduce que las actuales autoridades del Gobierno, tras los pasos de PPK, han dado reiteradas muestras para pagar los bienes del proyecto gasífero, por lo que la queja ante el CIADI sigue su curso.

POR: PLINIO ESQUINARILA

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