UN REGISTRO DE LLAMADAS SIN AUDIOS

Lecaros sería la próxima víctima

Por conversación San Martín- Walter Ríos, fiscal de la Nación negó tráfico de influencias, pero ahora cambia de criterio y abre investigación a presidente del PJ

Lecaros sería la próxima víctima
  • Fecha Sábado 18 de Enero del 2020
  • Fecha 6:00 am

El aparente deseo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público, de llegar a la verdad de las llamadas entre cuestionados personajes y José Lecaros, presidente del Poder Judicial, reveló el doble criterio ético de la alta funcionaria.

“Lo que se castiga es traficar con influencias, o sea, cobrar por recomendar. Si recomendar fuera delito, habría un fiscal supremo procesado por haber recomendado a su hijo ante el Jurado Nacional de Elecciones y varios otros funcionarios que simplemente recomiendan y no es delito. Delito es cobrar para recomendar”, sostuvo el juez supremo.

“No tenía ninguna evidencia ni sospecha que [Iván] Noguera o [Julio] Gutiérrez Pebe estuvieran cobrando por recomendar y, si no hubo eso, no tenía nada que denunciar”, añadió.

Según la fiscal de la Nación, los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe incurrieron en el delito de tráfico de influencias cuando pidieron a Lecaros que los ayude, sea con un puesto público para un “recomendado”, o para la sentencia de una casación.

Con esta lógica, a pesar de que está comprobado que el presidente de la Corte Suprema no les hizo los favores referidos, Ávalos considera que hay motivos como para iniciar una investigación preliminar por omisión de denuncia, porque no se denunció el supuesto delito.

Cabe indicar que la alta funcionaria no es una abogada especializada en Derecho Penal, lo cual explicaría las constantes críticas hacia sus actos en este rubro, especialmente de magistrados que han demostrado conocimiento profundo en la especialidad.

“La fiscal de la Nación de repente está mal asesorada y tendrá que archivarse en su momento porque, como digo, el señor Gutiérrez Pebe y el señor Noguera, si no cobraron por su gestión, no han cometido delito alguno. Para que sea delito, el que recomienda tienen que recibir a cambio un pago, prebenda o favor. Si sostengo eso y lo he hecho en mis ejecutorias, ¿cómo podría denunciar un hecho que considero que no es delito?”, reiteró Lecaros.

Es vox populi en todo el Ministerio Público que Ávalos es muy cercana al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, y justamente a Sánchez es a quien el juez supremo habría aludido cuando sostuvo que si recomendar fuera delito, “habría un fiscal supremo procesado por haber recomendado a su hijo ante el Jurado Nacional de Elecciones”.

El caso específico es de Diego Sánchez Navarro, vástago del fiscal supremo que trabajó en el Jurado de Elecciones por recomendación directa de su progenitor. Incluso el mismo joven lo admitió en el programa televisivo Panorama en agosto del año 2018.

“Mi ‘apá’ me dijo si estaba interesado en trabajar. Dije ‘Bueno, papá, estoy buscando trabajo’ y la verdad es que simplemente trabajaba apoyando nada más. Era simplemente un cargo de asistente”, reconoció quien fuera funcionario recomendado, cobrando S/ 2,800 al mes, a pesar de no tener experiencia laboral en rubro similar.

Sánchez Navarro trabajó en el JNE entre el 2015 y el 2016. En total, recibió un monto de 67 mil soles. Su padre nunca fue investigado.
Similares situaciones se dieron con el esposo de la exjefa de OCMA Ana María Aranda, el esposo de la vocal suprema Elvia Barrios, y la esposa del entonces también supremo Vicente Walde Jáuregui.

Pero regresando al criterio de Ávalos Rivera, veamos lo que ella decía en agosto pasado sobre lo que era tráfico de influencias.

“Durante el diálogo telefónico entre el investigado César San Martín y Walter Ríos, no se constata que el primero de los mencionados ofrezca algún donativo o promesa, ni entrega de dinero, beneficios o ventajas”, señalaba en una disposición de archivamiento.

Como se habrá dado cuenta, amigo lector, nos referimos al famoso audio de la vergüenza donde San Martín le pedía al entonces presidente de la Corte Superior del Callao, que presionara a una jueza que tenía en sus manos un proceso de una familiar suya.

Recordemos lo que, para Ávalos, no es delito:

WALTER RÍOS (WR): Al toque, al toque.

CÉSAR SAN MARTÍN (CSM): Desde cuándo estoy en esa cojudez…

WR: Sí, sí, sí, ya doctor, no se preocupe.

CSM: 3525-2017 es el Cuarto Juzgado de Familia.

WR: Sí, lo tengo acá anotado, no se preocupe doctor.

CSM: Por favor, pues hermano, presiona eso para que… son cojudeces, que salga está bien…

WR: Cojudeces, son pe.

CSM: Para bajar el tema.

WR: Ya, doctor.

CSM: Te agradezco, hermano.

WR: No, encantado.

César San Martín: Hasta luego, hasta luego.

Walter Ríos: Un abrazo.

Por esto, el procurador anticorrupción Amado Enco entabló la denuncia penal por tráfico de influencias, pero la fiscal de la Nación consideró que, al no haber una contraprestación de San Martín a Ríos, no se completaba el círculo criminal.

“No se aprecia una afectación a la autonomía de la juez que incidiera en el resultado del proceso (…) No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra César Eugenio San Martín Castro por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado; debiendo por consiguiente, archivarse lo actuado”, disponía Ávalos hace solo cinco meses.

MAL ASESORADA

“La fiscal de la Nación de repente está mal asesorada y tendrá que archivarse en su momento (la investigación) porque, como digo, el señor Gutiérrez Pebe y el señor Noguera, si no cobraron por su gestión, no han cometido delito alguno”, declaró José Luis Lecaros ante periodistas.

OTRO TRASFONDO

En los corrillos judiciales se habla de que la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tiene el objetivo gubernamental de controlar en forma total el Poder Judicial, hoy en manos de un José Luis Lecaros que mantiene una independencia relativa.

Para conseguir tal propósito se publicaron unas llamadas telefónicas en un diario local y luego también llamadas sin ningún contenido con el empresario hotelero Salvador Ricci en otro medio escrito.

Este jueves, además, tuvo lugar una reunión de Sala Plena de la Corte Suprema donde se habría tratado el tema de las filtraciones de informaciones reservadas del caso de los “Cuellos Blancos del Puerto” que buscan incriminar a Lecaros y otros, como el mismo titular del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona.

Si bien Ávalos ha negado que sea la Fiscalía la que ha estado filtrando ese tipo de información, echándole la culpa a la Policía, el ministro el Interior Carlos Morán ha rechazado de plano dicha imputación.

En la comunidad jurídica se afirma que son determinados cuerpos de la Fiscalía los que vienen filtrando a la prensa oficialista este tipo de destapes y que el objetivo de fondo sería, en efecto, el control total del Poder Judicial, como lo expresa el ex magistrado Walter Ibazeta en esta edición y es el mismo parecer del jurista Aníbal Quiroga.

“Ya le han armado toda la camita al doctor. Lecaros”, afirmó a EXPRESO un abogado curtido que litiga a diario en Palacio de Justicia, pero es difícil que consigan su propósito porque el presidente del Poder Judicial tiene apoyo en su institución, agregó.

Aun así, Lecaros podría ser entonces la nueva víctima de esta campaña desestabilizadora que nada bien le hace al país, en la medida que los ciudadanos observan que entre las mismas autoridades del más alto nivel se investigan.

El problema es que sin Congreso de la República en funciones y sin Junta Nacional de Justicia la única entidad que podría dar luz verde a la investigación a Lecaros es la Sala Plena de la Suprema. Pero esta pesquisa, aunque sea preliminar, ya esté en curso.

COPAMIENTO

Para los analistas es evidente que el Gobierno quiere controlar todas las instituciones que no estén de lu lado. Controla la Fiscalía, cerró el Congreso, copó la Junta Nacional de Justicia, y, ahora, al parecer, se lanza a copar el Poder Judicial.

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