JNJ: los ‘anticuchos’ del suplente Abraham Siles
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Mientras la mayoría de las ONG “progresistas” se centra en acusar a Marco Falconí y a María Zavala para que no asuman como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el segundo suplente para esta instancia, Abraham Siles, también tendrá que dar explicaciones.

En caso de que los dos primeros nombrados sean defenestrados por el “delito” de haberse telefoneado con César Hinostroza -antes de que se sepa que el ex juez supremo utilizaba su cargo para obtener beneficios personales-, el tercero de los mencionados asumiría como titular la tarea de evaluar jueces y fiscales.

Así lo reveló el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, recordando que Walter Albán, principal promotor de las denuncias contra Falconí y Zavala, admitió en RPP que él, como directivo de la ONG Proética, prefería que Siles ingrese como miembro titular.

“Ha reconocido que Siles es el candidato de ese grupo de personas. Evidentemente, están haciendo todo lo posible por que el señor Siles ingrese (…). Tendrá que aclarar las vinculaciones con las ONG que representa el señor Albán”, agregó el titular del PJ.

Como informó EXPRESO hace unos días, el segundo suplente de la JNJ es apoyado por el conglomerado de organizaciones no gubernamentales financiadas desde el extranjero. Además de Proética –donde Albán es directivo-, han respaldado su postura Allan Wagner, de Transparencia; y Glatzer Tuesta, del Instituto de Defensa Legal.

El “lobby” que el exministro del Interior de Ollanta Humala hace –acusando a Falconí de plagio, de sospechosa conducta moral por llamadas con Hinostroza, etc.- para limpiar la cancha, tendría más de un punto de coincidencia en los intereses de cierto grupo político.

Según el registro de la Contraloría General de la República, Albán se reunió durante varias horas con el mismo Nelson Shack el 20 de diciembre. ¿De qué hablaron? Shack no lo ha dicho, y ha apelado a un estratégico silencio en los últimos días, dejando que los demás miembros de la comisión evaluadora se pronuncien.

Pero si Falconí y Zavala tienen registros de llamadas entre sus respectivos celulares con los de un “Cuello Blanco”, Siles participó de la polémica reforma judicial que intentaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos a fines de los noventa.

MONTESINISMO

Según documentación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el preferido de las ONG para la Junta de Justicia cobró 5,423 soles en 1999 de la Gerencia Central de la Reforma del Poder Judicial, la cual servía como claro intento del poder fáctico de entonces para controlar a jueces y fiscales.

Por contactos en este ambiente, el segundo suplente de la JNJ hizo otros servicios para la Academia de la Magistratura antes y después de la caída del régimen autoritario.

“La tal reforma era la etiqueta falsa del avasallamiento total del Poder Judicial ante los inapelables designios de la mafia que se había apoderado del Perú”, señalaba la prensa poco tiempo después.

El llamado sector “caviar” recibió miles de dólares gracias a ese proyecto impulsado por el corrupto Montesinos. El más claro ejemplo es la Comisión Andina de Juristas, de Diego García-Sayán, la cual le hizo servicios hasta 1999. Precisamente, este personaje fue quien firmó una adenda al contrato original, junto a Ricardo Mendoza Torres, primo de Montesinos Torres.

Se gastaron 98 millones de dólares en un proceso que no sirvió para nada, y por el cual el Ministerio Público abrió investigación sobre presunta malversación y peculado. Varios funcionarios de entonces fueron presos, y otros hasta murieron.

‘HERMANITO’ DEL SECRETARIO

Pero hay otra revelación más novedosa sobre los lazos de Siles con personas allegadas al poder de turno. En esta ocasión fue Rafael Rey quien denunció que el favorito de las ONG izquierdistas trabaja codo a codo con, nada más y nada menos, el secretario técnico de la comisión evaluadora, Abraham García Chávarri.

“Siles, segundo suplente, al que la caviarada quiere en la JNJ, ocultó conflicto de interés. Mintió al declarar que no lo tenía con García Chávarri, el secretario ejecutivo de la comisión especial que los elige. Integra con él un Grupo de Investigación en Derecho Constitucional”, reclamó Rey.

Esto pudo verificarse en la propia página web de la PUCP http://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/derecho-constitucional/acerca-del-grupo/miembros-del-grupo/, justamente la universidad de donde salió un comunicado la semana antepasada contra el proceso.

Ya en ese momento se sabía que Aldo Vásquez y otros seis candidatos habían quedado mejor en el examen de conocimientos y en la evaluación curricular, y solo faltaban las entrevistas personales.

Según el portal web del referido centro de estudios, el Vicerrectorado de Investigación tiene a su cargo el equipo señalado. Siles figura como coordinador del grupo, y García participa como profesor.
También aparecen conocidos personajes del Derecho y de la política, como César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional; David Lovatón, exasociado de IDL; y el actual procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta.

García Chávarri fue contratado como secretario de la comisión evaluadora para la JNJ en marzo de este año, pero en junio fue despedido porque se le responsabilizó parcialmente del fracaso en el primer intento de formar este importante organismo. El único candidato clasificado, Pedro Patrón Bedoya, no había sido transparente en comunicar que tenía una sentencia por falsedad genérica.

Meses después, se reveló que había sido repuesto en su cargo. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló en el Congreso que se había optado por no reemplazarlo para “agilizar” el proceso de elección.

¿CAMBIO DE EQUIPO?

En caso de que Falconí y Zavala no asuman los cargos para los cuales fueron designados, se convocaría a los dos primeros suplentes para reemplazarlos.

Además del mencionado Abraham Siles, ingresaría Guillermo Thornberry.

Thornberry es un abogado con 25 años de experiencia, además de poseer un máster en Filosofía, y ha sido directivo en Petroperú, Osiptel y Osinergmin.

INTERESES

¿Debió haber dicho esto Siles en su hoja de vida cuando postuló a la Junta de Justicia? Según Rey Rey, sí. Hoy debería explicarlo, porque una cercanía tal a un funcionario clave en el proceso podría no ser casualidad.

Otro cuestionamiento, pero a todo el proceso, era que no se publicaban las actas de votación, así como tampoco las de evaluaciones. Esto llegó incluso al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“En el caso materia de autos se aprecia que el recurrente ha solicitado una copia de la grabación de audio y video del examen de conocimientos de diversos postulantes al concurso público de méritos destinado a seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia”, respondió esta entidad a un pedido de Saúl Ampuero, y le dio cinco días útiles a la comisión especial para entregar el material audiovisual.

Pero al grupo que integran Lecaros, Gutiérrez, Shack, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; la Presidencia del TC, los representantes de universidades, le podrían venir más problemas por haber suspendido la juramentación de Falconí y Zavala.

“La suspensión de la juramentación de Marco Falconí y María Zavala y la no publicación de sus resoluciones de nombramiento en el diario oficial El Peruano se configuran como situaciones inconstitucionales por cuanto para dicha suspensión no se ha seguido ningún procedimiento regulado de forma previa en norma de rango legal, no se ha emitido ninguna resolución que motive dicha suspensión, hay un tratamiento diferenciado respecto de los demás miembros, que no se ha justificado y que devendría en discriminatorio”, sostuvo el constitucionalista Joseph Campos.

A esto se suma que, durante el proceso, no hubo cuestionamiento mayor contra alguno de los postulantes que llegaron a la etapa final.
Incluso el domingo Albán añadió a sus denuncias una contra Henry Ávila, quien habría plagiado para presentar un documento supuestamente suyo. A Ávila no se le ha postergado en ningún momento, a diferencia de Falconí y Zavala.

En palabras de los mismos comisionados, el cuestionamiento a Falconí es minoritario, solo de Ávalos, porque ella ha hecho una interpretación restrictiva de los derechos constitucionales.

DEFENSOR Y LLAMADAS

El designado miembro de la JNJ obtuvo un diez por ciento adicional de puntaje, el cual fue decisivo.

Este aspecto fue cuestionado por sectores mediáticos afines a las mencionadas ONG, en el sentido de que la ley del 2008 solo otorgaba los puntos extra para quienes eran licenciados de las Fuerzas Armadas desde esa fecha.

Sin embargo, en la mayoría prevaleció el espíritu de la norma, de no perjudicar a quienes ya eran considerados licenciados antes.
Es decir, los aún no juramentados miembros de la JNJ solo deberían explicar si sus comunicaciones podrían representar conflicto de intereses u otro impedimento para ejercer la importantísima tarea de evaluar jueces y fiscales, así como a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil.

Pero aplicar este criterio para suspender una ceremonia oficial podría costarle caro al defensor del Pueblo. Se conoció que él también registra llamadas con el polémico ex juez supremo, entre el 2015 y el 2017.

Estas aparecen en registros telefónicos en poder del Ministerio Público, desde donde se habrían filtrado para impedir que personajes no aprobados por la fiscal de la Nación integren la Junta de Justicia.

“Sobre las llamadas a las que se hace mención en la nota periodística, es necesario precisar que antes de ser defensor del Pueblo, e incluso luego de asumir el cargo, he recibido llamadas de jueces, fiscales y otras autoridades del sistema de justicia interesadas en que se difundan sus trabajos debido a que, anteriormente, fui director de diversas publicaciones jurídicas”, respondió Gutiérrez.

Gutiérrez explicó que, por haber sido decano del Colegio de Abogados de Lima, así como director de la revista Gaceta Jurídica, tiene constante comunicación con altos funcionarios del Derecho.

Agregó que, por su trabajo, recibe y atiende llamadas de autoridades de diferentes ámbitos del Estado.

“Sería imposible cumplir con mis funciones si no interactúo con autoridades del Estado; lo que no implica que tenga una relación de amistad o vínculo alguno con ellas”, precisó.

CENSURADOS

Desde diversos sectores oenegeros se pretende que Walter Gutiérrez no vote respecto a si Falconí y Zavala pueden ser miembros de la JNJ, luego de saberse que los tres se comunicaron telefónicamente con César Hinostroza, antes del caso “Cuellos Blancos”.

HABLA HINOSTROZA

El tema llegó a un punto tal que desde España, donde espera su extradición, Hinostroza emitió un comunicado.

“El hecho de llamar o recibir llamadas telefónicas de una persona ‘investigada” no constituye falta alguna (…) conversaciones con una variedad de personas entre colegas magistrados, académicos, profesores universitarios y algunos funcionarios o servicios públicos”, aseguró.

Se basó en los motivos laborales y académicos en su condición de maestro de Derecho Penal y Procesal de varias universidades.

Además indicó que satanizar a los interlocutores de las llamadas constituye un acto “oprobioso y violador de los derechos humanos”.

COORDINADOR

En el currículum vitae de Siles Vallejos figura que trabajó para el Consejo de Coordinación Judicial (CCJ), organismo creado por Alberto Fujimori en 1996.

También estuvo en la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, en gobiernos más recientes.

POR: CÉSAR ROJAS

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