ADMITEN QUE NO TIENEN DINERO PARA PAGARNOS

¿Los funerales de Odebrecht…?

Banca brasileña pide junta de acreedores para empresa que estafó al Perú. Además, arrestan a procurador que les redujo reparación civil.

¿Los funerales  de Odebrecht…?
  • Fecha Sábado 5 de Octubre del 2019
  • Fecha 6:00 am

La megacorrupción de Odebrecht y sus cómplices está llegando a su fin: sus bienes en Brasil están a punto de ser embargados totalmente, y se descubrió que sobornaron a sus investigadores para reducir su reparación civil. Esto sucede justamente cuando Martín Vizcarra cierra el Congreso y se anuncia que pagará S/ 524 millones a “la empresa que lucha por ser honesta”.

El banco estatal brasileño Caixa Económica Federal pidió a su Poder Judicial que decrete la bancarrota del grupo, luego de que no cumpliera con las expectativas en el plan de recuperación que presentó a sus acreedores.

“Durante los 60 días de plazo que les concedió la ley a las empresas del grupo Odebrecht que se acogieron a la ley de quiebras fueron incapaces de evolucionar mínimamente en las negociaciones con sus acreedores, hasta para proponer una forma de pago básica”, consta en el documento revelado por EFE.

Al cambio actual, la deuda de la empresa mafiosa es de unos 24,500 millones de dólares solo en el país de la samba.

“Y todavía más grave, el citado plan, además de no tener lo que un plan de recuperación real debería tener, está lleno de ilegalidades, con autorizaciones genéricas, previsión de supresión de garantías y tratamiento diferenciado de acreedores”, agrega Caixa Económica Federal.

Por su parte, la empresa emitió un comunicado señalando que las observaciones son normales en todo proceso, y que esto “se trata de una mera formalidad (…). Odebrecht está en proceso de negociación constructiva con sus principales acreedores y confía en que su plan de recuperación será aprobado para la preservación de sus más de 40,000 empleos”.

SIN REFINANCIAMIENTO

El también estatal Banco do Brasil se sumó a estas “meras formalidades”.

Tomando en cuenta que, si en su país de origen la cuestionada firma no podría cancelar sus acreencias, ¿quién asegura que lo haga en Perú, especialmente respecto a la reparación civil con el Estado?

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, esto no solo implicaría que, ahora más que nunca, es necesario no reembolsar los 524 millones que exigen los brasileños por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, para asegurar aunque sea una parte de lo que nos deben por reparación civil.

“Si se declara en quiebra a Odebrecht y se interviene cesando a directivos, ¿quién le pagará al Perú en quince años los S/ 610 millones acordados? Y el gobierno después del golpe decide devolverle S/ 524 millones [producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla] e invertir S/ 370 en cuidar tubos del Gasoducto. ¿Y la corrupción?”, cuestionó.

Como si fuera poco, doce fiscales de la Administración Federal de Impuestos fueron arrestados porque habrían sido sobornados por los mismos investigados de Lava Jato.

“Marco Aurelio Canal, quien al parecer dirigía la organización criminal, actuaba como supervisor de programación del Fisco, grupo que ejecutaba las multas contra los investigados y era integrante de la fuerza tarea del Lava Jato”, señalaron cadenas internacionales.

En Brasil se llama fiscales a representantes del Estado que investigan penalmente para conseguir indemnizaciones. En nuestro país, su equivalente sería Jorge Ramírez Ramírez, el procurador ad hoc del caso, quien incluso tiene una denuncia penal por no asegurar el pago de la reparación civil de 610 millones de soles, respecto a cuatro únicas obras donde Odebrecht admitió sobornos en el acuerdo de colaboración.

De acuerdo con la Policía Federal, esta red delictiva tenía acceso a detalles de la investigación, los cuales usaba para exigirles coimas a cambio de la reducción o la cancelación de las multas por evasión de impuestos. ¿Coincidencia?

Al conocer la información, Canal y su grupo, en vez de cobrar las multas, negociaba sobornos con los sospechosos.

OTRO INTERROGATORIO

Jorge Barata y Eleuberto Martorelli, ex ejecutivos de Odebrecht, serán interrogados por los fiscales del caso Lava Jato entre el 14 y el 17 de noviembre de este año en Curitiba, en Brasil, siempre sobre los codinomes cada vez más enredados.

INVESTIGADORES CORRUPTOS

Según la Fiscalía, también se ha identificado una “extensa red de lavado de dinero”, y entre los motivos que justificaron las órdenes de arresto figura el de ayudar a ocultar los valores.

Entre las 14 órdenes de captura expedidas por la Justicia están la de José Carlos Lavouras, quien se encuentra en Portugal y la de una mujer, de la que no fue revelado el nombre, quienes fueron declarados prófugos.

También se efectuaron 39 allanamientos en residencias de los acusados para buscar pruebas.

Justamente, en estos días se cumplen dos meses desde que el procurador anticorrupción, Amado Enco, denunciara penalmente a Ramírez por negociación incompatible y omisión de funciones.

A esto se sumaba un requerimiento ante Fiscalía de parte de la congresista Yeni Vilcatoma, el cual incluía a la procuradora adjunta del caso Lava Jato, Silvana Carrión.

Según Enco, el defensor de los intereses del Estado habría pactado con los delincuentes para darle prioridad al dinero de Odebrecht antes que asegurar la reparación civil.

Se calcula que las casi 40 obras con indicios de corrupción del gigante brasileño costaron más de 12,000 millones de soles en sobrecostos, por medio de sobornos a políticos y empresarios.

CÁRCEL SI NO PAGAN

Frente a ello, Ramírez aceptó la tesis de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, de poner en el acuerdo de colaboración eficaz que solo se les cobraría 610 millones de soles y se les daría impunidad total a sus exejecutivos, a cambio de información.

El hecho es que, si Odebrecht cobrará los S/ 524 millones restantes de la venta de Chaglla, y luego argumentara que no tiene liquidez o se declara en quiebra, se declararía fundada la denuncia de Enco, y Ramírez terminaría tras las rejas.

Justamente, Enco afirmó que no existe ninguna clase de fundamento para la devolución de esta cantidad, ya que existe un compromiso por parte de la compañía ante la Fiscalía, validado por el Poder Judicial, para colaborar en todas las diligencias.

“Existe una denuncia formulada en la Fiscalía de la Nación la cual sigue su curso, hemos sostenido que la situación de insolvencia no es noticia de ahora, lo conocía la Procuraduría Ad Hoc, en el Perú ese riesgo es latente, y lo único que se busca es garantizar la reparación civil”, indicó.

GOBIERNO SABÍA DE INSOLVENCIA

El exvicepresidente de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro, responsabilizó al Gobierno de la posibilidad de que el Estado no pueda recibir la reparación civil que debe cumplir Odebrecht ante la eventualidad de que la justicia de Brasil la declare en bancarrota.

En diálogo con EXPRESO, Castro afirmó que este tema se conoció en 2017, cuando este grupo investigador citó a Mauricio Cruz, quien pasó a reemplazar a Jorge Barata como máximo representante de Odebrecht en el Perú.

“Nosotros hablamos de la quiebra. El primero de febrero del 2017, cuando asistió Mauricio Cruz, hicimos la evaluación económica y financiera de la empresa, y ahí quedó claro -con las preguntas que hicimos- que estaban en insolvencia. Jamás nosotros hubiésemos podido aceptar esas condiciones donde tendríamos que devolver Chaglla, o tendríamos que pagar más, nos han perjudicado y punto”, afirmó.

Además, responsabilizó al Gobierno de no haber realizado una planificación correcta para garantizar una responsable reparación económica a favor del Estado, y que parte de esta responsabilidad también recae en otras instituciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Todo esto [el acuerdo de colaboración eficaz] era un salto al vacío, porque estaban en la idea de que la empresa iba a superar los problemas, pero eso era imposible, eso demuestra que no saben nada de economía en el Ministerio de Economía, ni en la presidencia de la República, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público. Hay que ver la cantidad de dinero que le han entregado, y que ahora es irrecuperable, porque cuando una empresa es insolvente, es que están debiendo tal cantidad de dinero que sobrepasa todos los límites, no puedes pagar tus pasivos”, expresó.

No obstante, recalcó que la principal responsabilidad es del Poder Ejecutivo “al haber designado a un procurador público que en su momento se dijo que era un novato, y no puedes entregar esa cantidad de dinero a personas que no tienen el conocimiento suficiente, y lamentablemente han firmado [el acuerdo], y peor aún, ahora se quiere decir que todo es por saber la verdad. ¿Qué verdad? Si todo se sabe y ya la conocíamos. Hablamos en la comisión de Castañeda, Villarán, y qué han encontrado”, aseveró.

En consecuencia, el Gobierno “tiene que aceptar su responsabilidad, al igual que el presidente Vizcarra, el procurador, los fiscales… ¿Cómo van a firmar un documento por 15 años cuando se sabía que estaban en esa condición de insolvencia”, concluyó.

POR: CÉSAR ROJAS

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