OCULTÓ INFORMACIÓN Y COORDINÓ DEFENSA CON CÓMPLICES, SEÑALA JUEZ

Mandan a la cárcel a Susana Villarán por obstruir a la justicia

Exalcaldesa aún tendría dinero que le dieron Odebrecht y OAS a cambio de peajes, apunta fiscal Zuluaga.

(Foto: Gerald Suárez/EXPRESO)
  • Fecha Miércoles 15 de Mayo del 2019
  • Fecha 6:00 am




Por entorpecer la investigación sobre lavado de activos desarrollada por la Fiscalía, ocultando que desde un principio sabía del ingreso de millones de dólares de Odebrecht y OAS, y coordinar con sus presuntos cómplices cómo negar los cargos, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán cumplirá una orden de 18 meses de prisión preventiva.

Así lo determinó el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. “Es el medio proporcional para alcanzar los fines de la investigación”, indicó el magistrado.

La confesión de Villarán a través de las redes sociales y en un medio de comunicación, el pasado fin de semana, jugó en contra de las posibilidades de libertad para la izquierdista, aunque habría sido para aparentar que solo había delinquido con José Miguel Castro –ex gerente municipal de Lima– a fin de evitar la acusación de organización criminal.

Ángela Zuluaga, fiscal que sustentó el pedido de 36 meses de prisión preliminar, señaló que a esto se sumaba el audio con Castro y el exgerente de Seguridad Ciudadana de Lima, Gabriel Prado, otro de los investigados, donde se comprobaba que Villarán “obstaculizaba a la justicia” con esta “relación de lealtad”.

“Ella obtiene información en tiempo real de lo que sucede en las investigaciones. ¿A través de quién? (…) Un pacto de impunidad con José Miguel Castro Gutiérrez y que influenciaba en sus coprocesados para que el Ministerio Público no pueda llegar a la verdad”, refirió la magistrada, posición que admitió el Poder Judicial.

Desde el 27 de diciembre pasado, Villarán y Castro tenían impedimento de salida del país, así como de comunicarse entre ellos, mientras eran procesados por cohecho pasivo propio (soborno) y lavado de activos. A pesar de ello, sí conversaron para coordinar una estrategia que les diera impunidad, como prueba el audio que grabó Prado.

El juez Chávez también tomó en cuenta que Villarán había negado una relación directa con la asociación Amigos de Lima, la cual supuestamente recibía aportes ciudadanos y los derivaba para la campaña, pero en su vivienda se encontró el libro y las actas de esta organización.

“Pidieron dinero para sus campañas a cambio de las obras y de las concesiones que tenía la Municipalidad de Lima”, fue otro elemento de convicción que se tomó en cuenta por parte del Ministerio Público.

Esto apuntaría a que los peajes de Rutas de Lima y de Línea Amarilla –concedidos a Odebrecht y a OAS, respectivamente– se gestionaron y ratificaron gracias a los US$ 10 millones que los brasileños entregaron al villaranismo.

“Se suscribió el contrato de una manera más célere sin contar con informe del MEF”, señaló Zuluaga, respecto a ambas situaciones, donde se violaron las normas administrativas para consumar estas obras con ganancias multimillonarias.

“En la campaña de revocatoria se suscribió la adenda 1, el 13 febrero 2013, con la firma del entonces gerente Domingo Arzubialde, que determinaba ampliar el plazo de concesión a la empresa, de 30 a 40 años”, agregó la fiscal.

Según esta tesis, Villarán organizó una estructura dentro de la Municipalidad de Lima para negociar con las empresas brasileñas a cambio de dinero que no solo habría sido para gastos de publicidad, sino para su propio bolsillo.

Las cuentas de las campañas del No a la Revocatoria no cuadran, y menos aún las de la frustrada reelección de 2014. En esta última etapa, los brasileños habían aportado 4 millones de dólares, pero solo se rindió cuentas por un monto mucho menor, por lo cual se presume que Villarán, Castro y sus cómplices se habrían aprovechado personalmente del dinero.

“DOY LA CARA”

En su defensa, Villarán de la Puente dijo que no había cometido delitos al recibir dinero de Odebrecht y de OAS, empresas que contrataban con la Municipalidad de Lima bajo su gestión

“Yo no soy de las personas que se fugan, no soy de las personas que evaden a la justicia, yo soy de las personas que siempre han dado la cara”, aseveró.

Su abogado, Iván Paredes, indicó que en el caso de su defendida no había hechos que la hicieran merecedora de prisión preventiva, sino solo de comparecencia restringida.

PARTES APELAN

La fiscal Ángela Zuluaga anunció que insistirá en que la prisión preventiva sea del máximo de 36 meses, mientras el abogado defensor Iván Paredes pedirá que se anule la medida restrictiva.

PÉSIMO DÍA PARA “BUDIÁN”

Cuando se iba a iniciar la audiencia de prisión preventiva, el exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, comunicó que José Orrego había renunciado a seguir siendo su abogado.

“Lo que solicito, en este caso, es que mi caso particular pueda ser visto hoy (ayer) por un abogado público y el día de mañana (hoy) voy a designar un nuevo abogado”, informó al Poder Judicial.

Castro, identificado como “Budián” por Jorge Barata, también fracasó en acogerse a la colaboración eficaz. El fiscal Carlos Puma consideró que no había brindado información novedosa, y mantuvo su pedido de prisión preventiva.

Rafael Vela pasó 2 meses sin verificar audio

Desde el 26 de febrero, el Ministerio Público tenía el audio donde Susana Villarán, José Miguel Castro y Gabriel Prado hablaban del dinero de Odebrecht y OAS, reveló el abogado de este último, Eduardo Roy Gates.

El destacado penalista Mario Amoretti indicó que recaerían serias responsabilidades en el equipo especial Lava Jato, dirigido por Rafael Vela, por no haberlo evaluado ni sometido a un peritaje previo.

“Llama poderosamente la atención que con una prueba bastante delicada para dilucidar la situación jurídica de Susana Villarán no se haya ordenado una diligencia de audición para que se pueda incluir a tiempo”, detalló.

Aseguró que esto podría servir a la defensa para apelar la prisión preventiva, ya que hasta el momento “el audio no tiene ningún valor probatorio” sin estas gestiones de verificación previa.

PRADO ENTREGA COMPUTADORA

Gabriel Prado llegó la tarde de ayer a la sede judicial junto a sus abogados Eduardo Roy Gates y Manuel Asmat Rubio. Llevaron un sobre con una laptop dentro, donde estaría el audio original de su polémica conversación con Susana Villarán y José Miguel Castro.

En el audio la exalcaldesa se muestra preocupada porque se haga público que ella y Castro solicitaron “tres palos verdes” a Odebrecht para el No a la revocatoria en 2013, mientras Prado se queja de que hayan abierto una cuenta en Andorra a su nombre.

SOLIER, ANDRADE Y THORSEN COBRARON

Los artistas Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen apoyaron a Susana Villarán a cambio de pagos por servicios que eran solventados con fondos de la Municipalidad de Lima, sostuvo el Ministerio Público.

“Advertimos un modo de operar, tú me apoyas en campaña por revocatoria, y hay una contraprestación posterior, contratándote para la Municipalidad de Lima”, indicó Ángela Paredes.

Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Jason Day, Daniel F y Amanda Portales fueron otros personajes artísticos que participaron en los videos proselitistas grabados por FX Comunicacao, empresa que era pagada con dinero de Odebrecht y de OAS.

“Estos artistas, junto a otros, habrían sido contratados por la gestión de Susana Villarán –advirtiéndose aquí también una contraprestación– en razón de haber colaborado en su campaña; esto se evidencia con la información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 3559-2017-EF/52.06”, se había informado hace unos días.

“Apelación por audio no anula prisión preventiva”

El especialista en derecho penal Carlos Caro Coria precisó que la decisión de la defensa de apelar por la inclusión del audio para dictar la prisión preventiva de 18 meses contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán no anula la resolución.

Detalló que la prueba puede ser excluida en una segunda instancia sin la necesidad de que quede en libertad, tal como sucedió con el caso de Keiko Fujimori con el chat de ‘La Botica’.

“Si no es parte del debate, el juez no puede servirse de eso, pero que se excluya la prueba no implica la libertad de Susana Villarán”, sostuvo.

Consideró que el fiscal del caso no incluyó la prueba porque habría tenido suficientes elementos de convicción como para no incluirlo en el proceso. Asimismo, dijo que al tratarse de un audio pudo ser fácilmente objetado por la otra parte.

Por su parte, Luis Lamas Puccio aseguró que el audio que contiene la conversación entre Susana Villarán, Gabriel Prado y José Miguel Castro pertenece a un conjunto de elementos que ya venía investigando la Fiscalía en el caso de la exalcaldesa de Lima Metropolitana.

Sostuvo que los 18 meses de prisión preventiva responden a una medida de carácter provisional y no condenatorio, donde las sentencias mantienen una dimensión de contenido estrictamente procesal.

“Hay que entenderlo en el espectro que la Fiscalía venía acopiando información que dio lugar a elementos de convicción que son exigencia para una medida de detención preventiva. Lo que han hecho es reforzar lo que ya se conocía”, explicó.

Sin embargo, no descartó que el material deba ser sometido a una pericia para que sean valorados en su “exacta y real dimensión”.  Además, detalló que el juez consideró otros elementos de peso en la resolución dictada.

“El derecho a que esto sea verificado en una segunda instancia es una decisión de las partes. Ambos han interpuesto un recurso de apelación, tanto el fiscal del caso, como la señora Susana Villarán”, añadió.

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