Marchas y contramarchas de Concepción Carhuancho afectan la imagen del PJ

Magistrado suspendió la medida en contra de los Humala en la mañana y horas después anuló su resolución.

Las marchas y contramarchas del juez Richard Concepción Carhuancho –disponer la incautación de los bienes de los Humala-Heredia, al día siguiente temprano suspender la medida por un mes y luego en la tarde volver a la disposición inicial– afectan la imagen del Poder Judicial, dijo a EXPRESO Duberlí Rodríguez.

Encontramos al presidente del Poder Judicial con la preocupación reflejada en el rostro y no era para menos. La reputación de la justicia peruana está en entredicho. En ese estado de cosas no podíamos dejar de preguntarle sobre los repentinos cambios de opinión del juez Concepción Carhuancho.

“No puedo calificar las resoluciones de los jueces, pero sí me preocupan esas marchas y contramarchas, porque eso afecta lo que nosotros llamamos seguridad jurídica. No considero que sea muy lógico que se tome una decisión y, luego, de manera inmediata se dé un paso atrás y, luego, se vuelva a dar otra resolución sobre el mismo caso”, dijo.

Consideró que eso afecta la imagen y la credibilidad del Poder Judicial. “El juez Concepción Carhuancho ha intervenido en casos muy complejos y, obviamente, tiene una suerte de imagen positiva en la ciudadanía, pero obviamente no existe ningún juez perfecto”, dijo.

Recomendó a los jueces que sean “muy cuidadosos” al momento de emitir sus resoluciones para que después no tengan que estar dando marcha atrás. “El juez es un tercero imparcial y tiene que estar al margen de las pretensiones de las partes”, remarcó.

INCERTIDUMBRE

Más adelante advirtió que este tipo de decisiones genera incertidumbre en la ciudadanía, porque no entiende cómo se emite una resolución que se ejecuta y luego otra vez se da marcha atrás. “Eso origina una situación, muchas veces hasta de desconfianza en los jueces, y yo espero que esto no vuelva a ocurrir en el futuro”, dijo.

Rodríguez reconoció que en el Perú, lamentablemente, muchas veces los procesos se vuelven mediáticos y, a veces, hasta las condenas tienen esa categoría.

“Un juez nunca puede resolver en función de lo que dice la prensa o la ciudadanía, porque esta reacciona a veces sobre la base de sentimientos de venganza”, indicó.

Dijo que en un proceso penal, cuando una persona todavía está investigada y no ha sido condenada, se toman medidas provisionales, por ejemplo, respecto a la libertad se puede pedir la prisión preventiva, que ya la hubo en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia y luego el Tribunal Constitucional consideró que era desproporcionada.

“Pero aparte de la libertad de una persona también hay medidas que van a los bienes, tal como es el embargo. Por lo demás, ya que el mismo juez Concepción Carhuancho lo ha reconocido en la resolución del 7 de mayo, también de por medio está la situación de los niños [se refiere a los hijos de la ex pareja presidencial]”.

Al preguntársele si no era mejor que el magistrado dejara las cosas como estaban inicialmente, porque ya los Humala habían retirado sus pertenencias de la casa incautada, Rodríguez dijo que esa es una situación que también “genera una suerte de incomprensión”.

“Porque dicen cómo es eso que el Poder Judicial hoy día dice una cosa y mañana otra. Eso afecta definitivamente la imagen del Poder Judicial y por eso espero que los jueces sean mucho más responsables al momento de tomar decisiones que tienen que ver con la libertad y propiedades de las personas y también cuando hay niños de por medio”, dijo.

YA HABÍA EMBARGO

Duberlí  Rodríguez dijo que la incautación no era una medida estrictamente necesaria, si se tiene en cuenta que, previamente, se había trabado embargo sobre el inmueble familiar de la ex pareja presidencial.

“Entonces si ya se hicieron uso de las medidas de embargo y se inscribieron en los registros públicos para garantizar el pago de una reparación civil, ya el tema de la incautación no resulta una medida absolutamente necesaria, aun cuando q está prevista en la ley”, sostuvo.

Dijo que los jueces cuando reciben un pedido de esta naturaleza (en relación con la incautación) si ya estaba trabado el embargo tienen que recurrir siempre a tres principios que son: necesidad, temporalidad y proporcionalidad.

DEMORA FISCAL

En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Duberlí Rodríguez consideró que la Fiscalía ya ha tenido tiempo suficiente para  presentar la acusación respectiva.

“La Fiscalía ya debería formular la acusación, si es que lo va a hacer. Dentro del Sistema de Justicia hay roles, cada uno tiene que hacer su trabajo, porque si no el sistema cojea”, dijo.

Añadió que las investigaciones no pueden ser eternas, “los procesos deben tener plazo y con mayor derecho cuando hay personas que están privadas de su libertad. Lo único que puedo pedir es que hagan sus investigaciones dentro de los plazos razonables”.

Rodríguez dijo que el plazo ordinario de una investigación preparatoria es cuatro meses, que es el tiempo suficiente que la ley  establece para para investigar y eventualmente acusar.

“Pero como la mayoría de los casos están vinculados a temas complejos, entonces el plazo es de ocho meses, pero resulta que ahora tenemos a los procesos que se van a los dos años, a los 18 meses y a los tres años, eso es violatorio de un principio que se llama plazo razonable”, afirmó.

Dijo que en una ocasión el Tribunal Constitucional también “le dio un jalón de orejas” al Poder Judicial por la demora de los procesos  cuando falló respecto al general Chacón que estuvo seis años en juicio oral.

“Eso es intolerable en cualquier democracia, eso es una tortura psicológica, entonces el TC lo apartó del proceso, para que no ocurra eso los jueces deben resolver en el plazo razonable”, dijo.

SE EXAGERA

Duberlí Rodríguez dijo a EXPRESO que en el Sistema de Justicia  existe una marcada tendencia a favor de las prisiones preventivas por encima de las comparecencias.

Refirió que en términos generales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una especie de radiografía de cómo está yendo la prisión preventiva en América Latina. Dicho informe concluyó que el Perú es el país que más hace uso abusivo de esa medida.

“La CIDH ha ratificado lo que es regla en las normas penales, que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, vale decir, cuando exista el peligro de fuga de la persona investigada hay que asegurarlo para que no se vaya a escapar, pero esa es la excepción”, indicó.

Sin embargo dijo que en el país ocurre que muchas veces la excepción termina siendo regla, es decir, se ordena de manera mayoritaria prisiones preventivas y pocas comparecencias

“La regla es que mientras una persona no haya sido declarada culpable debe asistir al proceso en libertad con comparecencia, porque la protege un principio fundamental que se llama presunción de inocencia”, expresó.

“¿Qué pasa si una persona es privada de su libertad y luego lo absuelven como ha ocurrido con Eva Bracamonte y Rómulo Alegría, que estuvieron presos como cuatro años con prisión preventiva y luego fueron absueltos?, ese es el peligro del uso de la prisión preventiva”, advirtió.

En todo caso opinó que la cárcel debe ser para quien fue condenado, “para el que está recién investigado debe priorizarse la comparecencia con reglas”.

FUSIÓN DE SPN

Rodríguez dijo a EXPRESO que de todas maneras será fusionada la Sala Penal Nacional a la que pertenece el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Con esta Sala lo que va a pasar es que vamos a entrar a un proceso de unificación de las dos subespecialidades que en este momento tenemos en el Perú: crimen organizado, que está a cargo de la Sala Penal Nacional que coordina la doctora Inés Villa Bonilla, y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios que coordina la doctora Susana Castañeda”, dijo.

“Para poner término a esta situación irregular hemos decidido ir a la unificación de las dos subespecialidades a través de la creación de una Corte Superior de Justicia  Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado”, detalló.

Esta Corte tendrá sus jueces titulares, y como será permanente, se pondrá a consideración del CNM para que convoque al concurso y todos los jueces que trabajen allí en las dos áreas de crimen organizado y corrupción de funcionarios estén debidamente nombrados como titulares, dijo.

Ello implica que ya no habrá la sala penal nacional con ese nombre ni existirá el subsistema nacional en delito de corrupción de funcionarios, sino habrá una sola Corte.

“El caso Odebrecht está bajo la jurisdicción y competencia de la Sala Penal Nacional y como juez de investigación preparatoria está el doctor Concepción. De tal manera que ese caso va a continuar allí y en el caso de que el CNM haga concurso para los titulares, los jueces de juzgamiento tendrán que ser nuevos y ya no los que ahora están en la Sala Penal Nacional”, finalizó.

EXCESO

La Conferencia Episcopal Peruana consideró que la incautación de la vivienda del expresidente Ollanta Humala Tasso por orden del Poder Judicial es un exceso y una medida desproporcionada.

TRIÁNGULO PROCESAL

En defensa de la imparcialidad, Duberlí Rodríguez dejó en claro que los jueces “no pueden ir de la mano con los fiscales” porque entonces pierden la imparcialidad. “El fiscal es una parte en el proceso, porque el fiscal hace el papel que el Estado le ha encomendado, que es la pretensión punitiva, y quien declara ganador a uno u otro es el juez”, dijo.

CORTE IDH

El presidente del Poder Judicial explicó también que Ollanta Humala y Nadine Heredia podrían recurrir a la Corte Interamericana de  Derechos Humanos solo cuando se hayan agotado los medios de defensa en la jurisdicción nacional. En ese sentido dijo que la resolución de incautación puede ser perfectamente impugnada y, por eso, no tiene sentido que se esté anunciando recurrir a la Corte IDH.

ROBERTO VIEIRA

Mala imagen para el Perú

El legislador Roberto Vieira (No agrupados) cuestionó la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho por suspender la incautación de la vivienda de Ollanta Humala y Nadine Heredia, debido a que este tipo de posturas contradictorias de una institución encargada de la justicia en el Perú, provoca una mala imagen al país a nivel internacional.

“Es una marcha y contramarcha, es una imagen pésima. ¿Qué le estamos mostrando al mundo? Muestra que somos un país que no tiene instituciones sólidas.  Acá estamos hablando de un tema de imagen como país. ¿Cuál es la imagen que estamos dando? Que somos un país realmente bananero. ¿Así queremos pasar al siglo XXI? Todavía estamos en el siglo XIX”, afirmó.

JORGE DEL CASTILLO

Represalias del Ministerio Público

El vocero del Partido Aprista, Jorge del Castillo, calificó como una represalia las medidas tomadas por el Ministerio Público y aprobadas por el Poder Judicial contra Ollanta Humala, como la incautación de vivienda y la suspensión de la incautación, debido a que con estas acciones no solo afectan al expresidente, también a toda su familia.

Del Castillo recalcó que la acción solicitada por la Fiscalía fue presentada como una medida alternativa al levantamiento de la prisión preventiva, la cual fue aprobada por el Tribunal Constitucional, por lo que aseguró que si las instituciones de justicia en el país manifiestan este tipo de posturas, el sistema judicial en el país no tiene estabilidad.

EN POCAS HORAS 

Juez cambia de opinión dos veces

En un solo día, el juez Richard Concepción Carhuancho cambió de opinión respecto a la medida de incautación de la vivienda de Ollanta Humala y Nadine Heredia que dictó el 27 de abril y se ejecutó el lunes último.

Muy temprano se hizo pública la Resolución Judicial Nº 3 emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Concepción Carhuancho, por la cual se suspendía la ejecución de la incautación de la vivienda de los Humala-Heredia por 30 días.

El argumento era que la casa de la calle Fernando Castrat  Nº 177-183 (Santiago de Surco) es “un inmueble familiar de los imputados, en donde residen con sus menores hijos conforme lo han indicado los peticionantes”, se indica en la resolución.

No obstante en la tarde, el mismo juez emitió la resolución Nº 4 dejando sin efecto la disposición anterior, en la medida en que la incautación ya había sido ejecutada.