COMPAÑÍAS DEL “CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN” SIGUEN CONTRATANDO CON EL GOBIERNO  

Mil millones de soles para empresas investigadas

Graña y Montero, Cosapi, Málaga Hermanos y Obrainsa son algunas de las favorecidas, no obstante que la Corte Suprema las considera terceras civilmente responsables de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir.

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  • Fecha Martes 5 de Febrero del 2019
  • Fecha 6:00 am




Diversas empresas que fueron sindicadas por el Poder Judicial (PJ) como integrantes del “Club de la Construcción”, contrataron con el Estado por casi 1,000 millones de soles durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Ello pese a que la Corte Suprema las calificó como terceras civilmente responsables por una presunta asociación ilícita para delinquir, en el marco de las investigaciones que se efectúan por el caso Lava Jato.

De acuerdo a los contratos consignados en el portal web de Provias Nacional, institución adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las empresas Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Málaga Hermanos, Johe S.A., Mota Engil y Obrainsa han logrado obtener licitaciones por diferentes proyectos al interior del país.

Además, se debe señalar que son seis los contratos en los que se ha establecido una nueva vinculación entre el Ejecutivo y las empresas cuestionadas.

Uno de los primeros contratos fue 044-2018-MTC/20, en el que se le otorga la ejecución de la obra “Construcción de la carretera Calemar – Abra el Naranjillo” al “Consorcio Naranjillo integrado por Construcción y Administración S.A. e Hidalgo e Hidalgo S.A.”

El monto para la realización de esta obra se estableció en “S/ 155’188, 460.98, que incluye todos los impuestos de ley”.

Cabe precisar que de acuerdo al expediente judicial Nº 46-2017-58-5201-JR-PE-01, en donde el procurador Jorge Miguel Ramírez presentó diversos argumentos para incluir a varias empresas como terceras civilmente responsables en el “Club de la Construcción”, tanto Construcción y Administración S.A. como Hidalgo e Hidalgo S.A. fueron incluidas en los argumentos de la procuraduría.

En el documento se señala que a la empresa Construcción y Administración S.A. “se le adjudicó, en consorcio, tres contratos dentro del periodo de investigación (coincidentes con H&H S.A)”, periodo en el que el “Club de la Construcción” habría operado en el Perú.

Los proyectos y fechas de la adjudicación de estas obras, de acuerdo a la resolución judicial, son “LP 2-2011-MTC/20 (13/10/2011), LP 6-2012-MTC/20 (13/09/2012), LP 16-2012-MTC/20 (03/12/2012)”.

Mientras que en el caso de Hidalgo e Hidalgo S.A., el procurador señaló que a esta compañía “se le adjudicó, en consorcio, tres contratos dentro del periodo de investigación (Construcción y Administración S.A. (…): LP 2-2011-MTC/20 (13/10/2011), LP 6-2012-MTC/20 (13/09/2012), LP 16-2012-MTC/20 (03/12/2012)”.

El segundo contrato establecido entre el Gobierno y una empresa vinculada al “Club de la Construcción”, es el 055-2018-MTC/20, documento en el que se señala que “el Consorcio Vial Tambillo, conformado por las empresas MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y COSAPI S.A. (…) se obliga a continuar realizando a favor de Provías Nacional la prestación del Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de Servicio del corredor vial: Ayacucho – Tambillo –EMP.PE – 3S (OCROS) y EMP.PE-32 A (CHALCO) – Pampa Cangallo – DV. Carapo – Huancasancos – Llauta – Palpa”.

Además, el documento indica que “el monto total del servicio materia del presente contrato complementario asciende a S/ 43’017, 019.45, incluido el IGV, comprendiendo el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente Contrato Complementario”.

No obstante, estas dos empresas también fueron incluidas en los argumentos del procurador Jorge Ramírez, dentro del expediente judicial Nº 46-2017-58-5201-JR-PE-01, en el cual solicitó incorporar a estas compañías como terceras civilmente responsables en el caso del “Club de la Construcción”.

Según el documento del Poder Judicial, sobre la compañía Mota-Engil Perú se señala que “del mismo se encontraron buenas pro adjudicadas en las siguientes obras: CP Nº 034-2012-MTC/20 (28/12/2012), CP Nº 037-2012-MTC/20 (10/05/2013), LP Nº 02-2014-MTC/20 (12/11/2014 y convocada el 16/04/2014), y LP Nº 014-2011-MTC/20 (12/04/2012), todos en consorcio”.

El tercer contrato establecido entre empresas incluidas al “Club de la Construcción”, es el “contrato complementario Nº 107-2018-MTC/20.2 al contrato de servicios Nº 049-2013-MTC/20”, entre Provias Nacional y “el consorcio ALVAC – JOHESA (conformado por ALVAC S.A Sucursal del Perú y JOHE S.A.)”.

Este contrato fue establecido por “la contratación complementaria del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Puente Chuquicara – Caban – Pallasca – Santiago de Chuco – Shorey y Tauca – Bambas – DV. Sihuas, hasta por un monto máximo de S/ 34’232, 778.50”.

En el caso de este consorcio, es solo la empresa JOHE S.A. la que fue incluida en el expediente judicial como parte del Club, esto debido a que el procurador argumentó que “durante el periodo de investigación se advierte se le adjudicaron las siguientes buenas pro (todos en consorcio): LP Nº 029-2012-MTC/20 (24/04/2013), LP Nº 08-2011-MTC/20 (16/04/2012), LP 11-2010-MTC/20 (20/09/2011), CP Nº 35-2012-MTC/20 (12/11/2013), y CP Nº 033-2012-MTC/20 (22/03/2013)”.

El cuarto contrato revisado es el “contrato de ejecución de obra Nº 165-2018-MTC/20.2”, establecido para la “rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca – Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – EMP. Ruta 10, tramo Mollepata – Pallasca”, establecido entre Provias y el “consorcio Vial Pallasca, integrada por las empresas Sinohydro Corporation Limited, Sucursal del Perú y Constructora Málaga Hermanos”.

“El monto total del presente contrato asciende a S/ 235’168, 404.25, que incluye todos los impuestos de ley”, también se lee en el contrato.

Sin embargo, de este consorcio, la empresa incluida como miembro del “Club de la Construcción” en el expediente judicial Nº 46-2017-58-5201-JR-PE-01, es la Constructora Málaga Hermanos.

Esto debido a que “dentro de periodo investigado se han precisado las siguientes adjudicaciones de buena pro a su favor en consorcio: LP 8-2011-MTC/20 (16/04/2012), LP 13-2011-MTC/20 (27/04/2012), LP 7-2012-MTC/20 (05/11/2012)”.

 

SUBSIDIARIA DE GRAÑA

El quinto es el “contrato de servicio Nº 173-2018-MTC/20”, el cual fue firmado con la empresa CONCAR S.A., por la “gestión y conservación rutinaria por niveles de servicio del corredor vial: Atico – DV. Quilca – Matarani – Ilo y Punta de Bombón – D. Cocachacra – EMP. PE-1S”.

El monto por este servicio fue establecido en S/ 32’413, 346.76, “que incluye todos los impuestos de ley”, como informó EXPRESO en su momento.

Cabe precisar que la compañía CONCAR es subsidiaria de Graña y Montero, y precisamente fue contra Graña y Montero que el expediente judicial señala que la compañía era parte del “Club de la Construcción”, debido a que “la empresa aparece beneficiada (en consorcio) con la L.P. 6-2011-MTC/20 con adjudicación de la buena pro el 14/10/2011”.

 

(((Recuadro)))

Sexto contrato

El sexto contrato que se estableció entre una compañía que habría cometido actos irregulares y el Gobierno es el “contrato de servicio Nº 180-2018-MTC/20.2”, formulado por el “reciclado y recapeo de la carretera: DV. Marcona – DV. Puerto Lomas y Tanaka – Puerto Inka y DV. Chaparra – Puente Chaparra”.

El acuerdo se estableció con la empresa Obras de Ingeniería (Obrainsa), y se señala que el monto por esta obra “asciende a S/ 79’475,132.80, que incluye todos los impuestos de ley”.

Sobre Obrainsa, el argumento del procurador en el expediente judicial señala que lo siguiente: “Durante el periodo de investigación se adjudicaron a su favor las siguientes contrataciones públicas: en consorcio LP Nº 5-2014-MTC/20 (16/05/2014), LP Nº 24-2012-MTC/20 (21/03/2013), LP Nº 033-2012-MTC/20 (24/06/2013), LP Nº 02-2011-MTC/20 (13/10/2011), CP Nº 06-2012-MTC/20 (25/07/2012), e individual el CP Nº 40-2012MTC/20 del 14/06/2013”.

2018: El año del club

‘Panorama’ denunció que empresas del “Club de la Construcción” (como Cosapi vinculada a PPK y Graña y Montero) coimearon al hermano del ex ministro de Transportes, Carlos Paredes. Ahora, el presidente Martín Vizcarra, en 2018 les entrega S/ 1,000 millones a este club de la corrupción, afirman en las redes sociales.

BANCADAS CUESTIONAN AL EJECUTIVO POR PERMITIR ESTAS LICITACIONES

Plantean instalar una comisión investigadora

 Congresistas de distintas bancadas cuestionaron la labor del Ejecutivo respecto a las licitaciones que vienen ganando las empresas que fueron sindicadas por el Poder Judicial como parte del “Club de la Corrupción”, y emplazaron al Gobierno a tomar medidas claras para evitar seguir contratando con estas compañías.

Víctor García Belaunde (Acción Popular), ex integrante de la Comisión Lava Jato, indicó que esta situación es producto de una actitud permisiva del Ejecutivo, el cual estaría tratando de ayudar a las empresas del citado club.

“[Hay una complacencia] total del Ejecutivo. (…) El señor [Martín] Vizcarra es constructor, a todos los conoce, con muchos de ellos ha trabajado, directa o indirectamente. (…) Él conoce el tema de cerca, por lo tanto, suponemos que tiene conocimiento exacto de lo que está pasando, nadie mejor que él para tomar las precauciones del caso, pero parecería que no las está tomando”, señaló.

García Belaunde consideró que este tipo de situaciones solo demuestran que es necesario instalar una comisión investigadora sobre el “Club de la Construcción”, para así esclarecer toda esta situación, y lamentó que, pese a existir recomendaciones de la Comisión Lava Jato para no contratar con estas compañías, no se haya tomado en consideración este punto.

“Yo creo que hay que formar la comisión investigadora del ‘Club de la Construcción’, Acción Popular la va a pedir, ahí podemos aclarar todos estos aspectos. (…) En el informe [Lava Jato] se hace mención a muchas de ellas. Deberían leer el informe de la comisión, donde recomendamos que no se contrate con empresas coludidas con Odebrecht u otras brasileñas, pero parece que no les importa”, advirtió.

Para la legisladora Lizbeth Robles (Cambio 21), el Gobierno está mostrando una actitud permisiva con las empresas vinculadas al “Club de la Construcción”, por lo que emplazó al Presidente a actuar de forma directa con temas de corrupción, y así demostrar que efectivamente este año “es el de la lucha contra la corrupción”.

“Yo creo que sí [el Ejecutivo tiene una actitud permisiva], porque si uno viene informando de las cosas que pasan, y el Ejecutivo no está reaccionando, o somos parte de la complicidad o somos cómplices. Ya manifestó el Presidente que este año será de la lucha contra la corrupción, entonces, hay que asumir ese término”.

Además, Robles aseguró que la Procuraduría no estaría actuando de forma correcta, y no estaría ayudando a promover medidas que eviten que estas empresas sigan contratando con el Estado.

“Sí, por supuesto [la Procuraduría no está actuando como corresponde], y como bien se sabe, siempre perdemos contra estas empresas, el Estado siempre pierde. No sé si el procurador no hace bien su función, o se colude con estas empresas. Creo que en este caso el Estado tiene gran culpabilidad, y si [el procurador] no está emitiendo opinión, pues hay otros procuradores que lo pueden hacer de forma mucho más eficiente”, indicó.

JOSÉ M. CARMEN MORÁN

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