FISCALÍA DA UN VUELCO ESPECTACULAR AL CASO

MP pide 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán

Medida se toma tras declaración de Barata sobre soborno de US$ 3 millones a la entonces alcaldesa y detalles del contrato de Rutas de Lima, donde Odebrecht habría comprometido US$ 700 millones.

(Foto: Richard Barrueta/EXPRESO)
  • Fecha Viernes 10 de Mayo del 2019
  • Fecha 6:00 am



Cuando todos los reflectores del país estaban en el pleno del Congreso de la República, que debatía el tema de la igualdad de género en el currículo escolar, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso Odebrecht.

Fue el fiscal Carlos Puma quien hizo dicho pedido junto a la variación de la comparecencia con restricciones mientras prosigue la investigación por los presuntos aportes ilegales que habría recibido para financiar su campaña del No a la Revocatoria en 2012 y 2013.

Por lo que se ve, el equipo de fiscales del caso Lava Jato, en el momento de mayor desprestigio de la figura jurídica de la prisión preventiva, recurre a la misma, no obstante que su jefe, Rafael Vela Barba, era de la idea que el caso Villarán sí tenía pruebas, pero que a la vez era el más difícil por estar con apremios judiciales.

Fuentes del Ministerio Público afirman que no pudo ser otro el desenlace para Villarán después de las declaraciones de Jorge Barata, quien días atrás confirmó en Curitiba, Brasil, que la constructora brasileña que representó en el Perú aportó US$ 3 millones para la campaña contra la citada revocatoria.

Y que para ejecutar el pago del financiamiento a la campaña del No a la Revocatoria se reunió con el exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, con quien se acordó que dos millones de dólares se entregarían a los marketeros brasileños y el millón restante se le entregó de forma directa y en efectivo.

“Con José Miguel Castro quedamos que dos millones de dólares se pagaban en Brasil a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre y el otro millón se le entregaba en Lima directamente a él”, habría asegurado Barata.

El financiamiento para este pago salió de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, oficina que se encargaba de administrar los recursos de “la Caja 2”, el fondo para los pagos irregulares, como informó EXPRESO en su momento.

Asimismo, Barata detalló que los pagos se realizaron antes y después de culminados los comicios.

Y en cuanto a Castro, añadió que él fue de la idea de usar la banca extranjera para hacer los depósitos de dinero, y es por eso que abrieron una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Gabriel Prado, por entonces gerente de Seguridad Ciudadana de la administración Villarán.

“Se generó una reunión entre [Andrés] Sanguinetti [funcionario uruguayo de la BPA], Castro y Prado. Yo no sé si le explicaron a Prado si era para el pago de la campaña. Pero la gente de la Banca Privada de Andorra sabía que eran pagos indebidos”, detalló Barata.

“El pago comenzó a demorar demasiado. Cuando yo salí de la constructora había todavía un saldo, y Castro me pedía a mí que terminara de pagarle y también le pedía a Raúl Ribeiro (exrepresentante de Odebrecht en Rutas de Lima)”, habrían sido las declaraciones del exejecutivo.

Ahora Castro también tiene pedido de 36 meses de prisión preventiva.

NEGOCIOS SON NEGOCIOS

Barata aseguró que su representada se vio obligada a entregar ese monto de dinero porque la revocatoria de Villarán ponía en peligro el proyecto de la obra Rutas de Lima y sus peajes donde estaba en juego una cantidad –según se supo– de alrededor de US$ 700 millones.

Recordemos que la firma del contrato tuvo lugar en enero de 2013, entre la Municipalidad de Lima y el consorcio Rutas de Lima, integrado por las empresas Norberto Odebrecht y Odebrecht Participacoes e Investimentos.

Y fueron 12 peajes de la ruta Vías Nuevas de Lima, por los que la constructora se comprometió a pagar US$ 550 millones, para así construir seis nuevos intercambios viales, puentes peatonales, paraderos, rotondas, pasos a desnivel, y ampliar 19 kilómetros la avenida Ramiro Prialé.

Fue cuando Villarán decidió otorgarle a Odebrecht el control de todos los peajes por un periodo de 40 años.

CON OAS

De otra parte, Villarán estaría además comprometida con la  constructora OAS, por el caso Línea Amarilla, la que le habría entregado un millón de dólares.

De esta forma es que se va cerrando el círculo del caso Villarán, quien, como se sabe, ya tenía una orden de impedimento de salida del país, pero ahora su expediente será evaluado por el Poder Judicial.

Hace varias semanas el fiscal del caso Lava Jato, Rafael Vela, dijo que “probablemente [el del Villarán] sea el caso en el que más evidencia tenemos…”, precisamente por los aportes de Odebrecht y el millón de dólares adicionales de OAS.

Pero el mismo magistrado añadió que “necesitamos nuevos presupuestos legales. Variar una medida de coerción [de impedimento de salida del país] es muy complicado”, argumentó. Pero la realidad al parecer ha cambiado.

Antes de recibir esta noticia, la exalcaldesa se presentó previamente, y por primera vez, en la sesión de la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, el martes 7 de mayo último, para responder sobre la investigación de los peajes y de los contratos suscritos por la Municipalidad de Lima con las constructoras Odebrecht y OAS.

Pero guardó silencio amparada en que el proceso estaba en investigación en el Ministerio Público. Ahora ya no podrá dejar de hablar, aunque con la justicia peruana nunca se sabe.

CONTRATO Y ADENDA

¿Cuándo es que se realizó el pedido del dinero a Odebrecht?  En el primer trimestre de 2013, cuando Susana Villarán y José Miguel Castro eran funcionarios. Y por esas fechas se suscribieron tanto el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima como la Adenda N° 01 del Proyecto Línea Amarilla, los cuales beneficiaron a las empresas brasileñas.

A favor y en contra de la detención de Villarán

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se mostró ayer en contra del pedido de detención preventiva de 36 meses solicitado por la Fiscalía contra la exalcaldesa Susana Villarán.

“No le deben de dar [la detención preventiva] porque no debemos de estar generalizando la detención preventiva porque se debe esperar que se concluya el proceso para que recién se dicte la detención; le deben dar otra medida restrictiva, como arresto domiciliario u otra”, añadió.

El congresista Mauricio Mulder señaló que le parece que hay una lógica en la Fiscalía para que haya pedido la detención preventiva de Villarán.

“Me parece que hay cierta lógica porque hay elementos de prueba suficientes, como se ha hecho con otras personas, y correspondería”, señaló el legislador aprista.

No obstante, dijo que el pedido se da cuando existe riesgo de obstrucción a la justicia y eso no lo ha visto en el caso de la exalcaldesa.

Señaló además que está de acuerdo con que, desde el Congreso, se revise la modificatoria de la ley para que no se cometan excesos.

El portavoz de la bancada de Acción Popular dijo que se debe respetar la decisión de la Fiscalía y del Poder Judicial y precisó que se trata de “una determinación propia de aplicación de las normas”.

Los voceros de las bancadas Nuevo Perú y Frente Amplio, Richard Arce y Hernando Cevallos, se mostraron también a favor del pedido de la detención preventiva solicitada por la Fiscalía porque debe de tener razones justificables para hacerlo.

“Está muy bien; como corresponde con su proceso de investigación, que se proceda; es contundente por las pruebas y que este caso se dilucide”, dijo Arce.

“Habría que evaluar las razones de la Fiscalía, pero si va a ayudar a sacar conclusiones, son atribuciones del Ministerio Público, aunque, en el caso de Villarán, ameritan”, señaló, por su parte, Cevallos.

Sin embargo, Cevallos y Arce rechazaron que se pueda modificar la ley de detenciones preventivas a través de un proyecto en el Congreso.

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