CON EL ‘CUENTO’ DE MEJORAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA  

Multimillonaria estafa al Perú  

El costo inicial del proyecto era de US$ 1,330 millones y se elevó a US$ 4,910 millones. Después se incrementó a US$ 6,004 millones y finalmente la concesión se da por US$ 7,328 millones. Existen 31 millones de dólares cuyo destino y beneficiario se ignoran.

Marcelo Odebrecht y Jorge Barata reunidos con Ollanta Humala en Palacio de Gobierno, en marzo de 2012. (FOTO: EXPRESO)
  • Fecha Domingo 30 de Diciembre del 2018
  • Fecha 6:00 am




Uno de los proyectos que más expectativa levantó en el sur y en todo el país fue el gasoducto que transportaría gas natural, que debía extraerse de Camisea para llegar a millones de hogares peruanos a un precio accesible y económico.

Este proyecto se remonta al año 2008 con el contrato de concesión del Estado peruano con la empresa Kuntur Transportadora de Gas.

Cuando se prepara la ubicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, también se produce progresivamente el paso de los activos de Kuntur a las futuras empresas asociadas, como Kuntur Inversiones en Infraestructura, a través de compañías intermediarias como Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura y Odebrecht Perú en Ingeniería y Construcción, o directamente a Gasoducto Sur Peruano.

La segunda adjudicación del proyecto se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso. En realidad Kuntur Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano fueron un solo proyecto porque Odebrecht realiza pagos a la notaría encargada de los registros públicos de Kuntur.

Además, se efectuaron las obras en proyectos realizados sobre el mismo trazo y también se usaron los mismos estudios de impacto ambiental y los mismos estudios de ingeniería. Asimismo, la constructora brasileña Odebrecht intervino en la administración de Kuntur Transportadora de Gas desde mayo de 2009, llamando al proyecto Kuntur de Odebrecht.

En ese mismo contexto, Odebrecht realizó movimientos patrimoniales utilizando razones sociales de sus diversas empresas vinculadas, tales como incrementos de capital social de 1000 soles y 108 millones de soles.

 

REUNIONES

El 28 de marzo de 2012, Marcelo Odebrecht, Jorge Enríquez Simoes Barata y Luis Antonio Mameri tuvieron un encuentro con Ollanta Humala en Palacio de Gobierno.

Ese mismo día, Odebrecht depositó 69 millones de dólares a una cuenta peruana de Scotiabank y luego 66 millones de dólares, es decir 3 millones menos, se transfieren a Cusco Pipeline, pero según declaraciones de Odebrecht, él realizó pagos por 100 millones de dólares. Son 31 millones de dólares cuyo destino y beneficiario se ignoran.

Entre la primera visita de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri a Ollanta Humala en Palacio de Gobierno y la segunda visita en el mes de agosto del mismo año, se presentan una serie de acontecimientos que es preciso resaltar.

Por ejemplo, First Capital recibió pagos de Odebrecht por una asesoría de estructuración financiera a Kuntur Transportadora de Gas, cuyos accionistas eran Cusco Pipelines y Odebrecht con 49 % y 51 % de acciones respectivamente. El total en asesoría fue de 121,750 de dólares.

En el lapso de esos cuatro meses pasan hechos que llaman la atención. Ollanta Humala viajó a Brasil el 19 de junio. Luego Odebrecht compró las acciones restantes de Kuntur, obteniendo el 100 % de las acciones.

El 4 de julio de 2012, Kuntur ya con el 100 % de sus acciones en poder de Odebrecht y emite 121 millones de soles en acciones, las cuales son compradas por Odebrecht Perú Inversiones en infraestructura.

El 28 de julio de 2012,  en su Mensaje a la Nación, en el Congreso de la República, el entonces presidente Ollanta Humala anunció la ejecución del proyecto.

“La construcción de un gasoducto que una Malvinas con Quillabamba para afianzar la seguridad energética de nuestro país. Este nuevo proyecto es complementario al Gasoducto Andino del Sur”, dijo en ese momento.

Ese anuncio se vio materializado desde los compromisos que vienen de 2010 con los pagos registrados en las agendas de Nadine Heredia, lo cual indicaría que el nombre “Marcelo”, que aparece en las agendas de la ex primera dama, no es otro que el del brasileño Marcelo Odebrecht, pues se demuestra complementariedad entre estos pagos y los viajes de Ollanta Humala y su esposa a Brasil.

En el periodo de abril de 2012 a julio de 2014 se emitieron 10 normas para el transporte de gas con ductos de Camisea al sur del país.

En mayo de 2013, la consultora inglesa Wood Mackenzie, contratada por Proinversión, hizo las proyecciones de gas para el proyecto, pero dicha consultora evaluó reservas de gas que no estaban estimadas en el proyecto y, gracias a este estudio, el monto inicial se pudo elevar de 1,330 millones de dólares a 4,910 millones de dólares.

Por su parte, Kuntur, que ya estaba bajo el control de Odebrecht, elevó el monto de inversión estimado a 6,004 millones de dólares.

 

EL DECRETO DE PPK

Cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia de la República, declaró la terminación del proyecto, sin señalar nada sobre la resolución del contrato; no se convocó a subasta, de acuerdo al contrato, sino que se promulgó el decreto de urgencia 003- 2017 con efectos contrarios al objetivo que se planteó, dando lugar a procedimientos concursales y demandas arbitrales.

 

 

DE AUTOSOSTENIBLE A COFINANCIADA

El proyecto fue calificado como autosostenible, es decir, que no debería requerir garantías del Estado ni utilizar recursos públicos, pero al carecer de ofertas y demandas reales, el objeto del contrato se convirtió en cofinanciado. El proyecto para empezar no era factible.

Luego de varias reuniones, normas, movimientos patrimoniales y asesorías, el 30 de junio de 2014, el concesionario Gasoducto Sur Peruano, conformado por el grupo Enagas y Odebrecht, a los que luego se incorpora Graña y Montero, obtiene la buena pro.

El mismo día en que la concesionaria obtiene la buena pro se descalificó irregularmente a su único competidor. La concesión fue dada por 7,328 millones de dólares.

La Contraloría General de la República señala que el contrato de concesión prevé las disposiciones que regulan el ingreso garantizado anual, pero no contiene disposición alguna sobre las garantías de reserva disponibles, durante los 30 años de operación comercial del proyecto.

El proyecto está condicionado a las demandas de gas por las familias del sur y el Estado tendrá que intervenir para promover la demanda y garantizar las condiciones económicas requeridas en el contrato.

El contrato de concesión contaba con una cláusula anticorrupción, que, a pesar de los hallazgos y noticias sobre los malos actos de las empresas brasileñas, no se aplicó.

 

DEL GASODUCTO SUR DEL PERÚ

Solo existe un avance del 11.03 % en las obras

El proyecto del Gasoducto Sur Peruano actualmente se encuentra en 37.80 % pero el avance general previsto era de 78.16 %, mientras que el avance de obra solo se encuentra en el 11.03 %.

Aun así Odebrecht planteó una demanda contra el Perú, argumentando que cuando empezó este problema sus activos valían 3,000 millones de dólares y como el Estado no le dejó vender sus activos, ahora estos valían apenas mil millones de dólares.

Estos actos y otros descritos en el informe han llevado a la Comisión Lava Jato a recomendar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, formular denuncia contra varios exfuncionarios.

Los implicados son el expresidente Ollanta Humala; el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio; los exministros de Energía y Minas, Jorge Humberto Merino Tafur y Eleodoro Mayorga; el exministro de Vivienda, René Cornejo Díaz; los exministros de Agricultura, Juan Manuel Benítez y Milton Von Hese; y  los exministros de Transportes y  Comunicaciones, David Gallardo y Carlos Paredes Rodríguez. Todos ellos fueron miembros del Consejo Directivo de Proinversión.

También se implicó a Rosa María Soledad Ortiz, exministra de Energía y Minas, por el delito de omisión de actos funcionales y colusión agravada, y a Jorge Humberto Merino, por el delito de lavado de activos.

Asimismo, se recomendó a la Fiscalía de la Nación el pronunciamiento correspondiente por el delito de lavado de activos y tráfico de influencias que habrían cometido la ex primera dama, Nadine Heredia; su íntima amiga Rocío Calderón del Carmen Calderón Vinatea, y su madre Antonia Alarcón viuda de Heredia, por lavado de activos.

De igual forma, habrían cometido el delito de colusión agravada  Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri.

 

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

La Comisión Lava Jato del Congreso de la República recomendó al Poder Ejecutivo aplicar la cláusula anticorrupción contemplada en el contrato de concesión del proyecto.

Asimismo, el grupo indagador recomendó la conformación de una comisión del Congreso para que se encargue de investigar la actuación de los funcionarios públicos, en las principales etapas de los proyectos Gasoducto Andino del Sur, adjudicados a la empresa Kuntur Transportadora de Gas y Mejoras a la Seguridad Energética del Gasoducto Sur Peruano.

De igual forma para que indague con especial énfasis en la existencia de recurso natural del gas, la determinación del costo del gasoducto, la constitución de las cartas fianza y su ejecución, la viabilidad del proyecto y las alternativas sobre su realización, así como la identificación de las empresas que participaron en ambos proyectos incluyendo, entre otros aspectos, el pago de Odebrecht Perú por las acciones de la ‘offshore’ Cusco Pipeline.

GRAÑA Y EL ESTADO INICIAN TRATO DIRECTO

La constructora Graña y Montero S.A.A. inició trato directo con el Estado peruano buscando solucionar la deuda impaga que mantiene el Estado con Gasoducto Sur Peruano S.A. (GSP).

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) informó, el pasado 21 de diciembre, que se ha visto obligada a tomar esta determinación ante la inacción del resto de accionistas de Gasoducto Sur Peruano S.A. y el Estado del Perú en cerca de dos años.

 









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