ACUERDO CON LA CONSTRUCTORA NO DEBE FIRMARSE SOBRE LA BASE DEL PREACUERDO

Nadie debe permitir que Odebrecht dañe los intereses del Perú

Ex ministros de Justicia Víctor García Toma y Gustavo Adrianzén señalan que el documento de colaboración eficaz debe ser modificado sobre todo en el monto de la reparación civil.

Ex ministros de Justicia Víctor García Toma y Gustavo Adrianzén
  • Fecha Lunes 11 de Febrero del 2019
  • Fecha 6:07 am



Emplazan al ministro de Justicia Vicente Zeballos a pronunciarse y dejar de escudarse alegando la “autonomía de los procuradores”. También a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

La posibilidad de que el acuerdo que establezca la Fiscalía y la Procuraduría con Odebrecht se concrete sobre la base del pre acuerdo que se firmó el último 7 de diciembre sería lesivo para los intereses del Perú porque se pudo dar forma a un contrato con mejores beneficios para el país, señalaron a EXPRESO los ex ministros de justicia, Víctor García Toma y Gustavo Adrianzén.

El primero en mostrarse en desacuerdo con la posibilidad de que el acuerdo sea sobre la base del documento firmado entre los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, el procurador Jorge Ramírez y dos representantes de la constructora brasileña fue García Toma, quien señaló que al conocerse por las filtraciones a la prensa los titulares del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia debieron pronunciarse al respecto.

“Está claro que al haberse revelado el contenido de este acuerdo, los titulares de esas instituciones [de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio de Justicia] tienen que señalar de manera clara si comparten o no comparten las críticas que se han hecho a ese acuerdo, o si los avalan. Si no los avalan, no debería seguirse actuando, porque nadie debería permitir que, por omisión, se dañen los intereses del país”, afirmó García Toma.

El constitucionalista explicó que la firma del convenio genera dudas en la opinión pública debido a que ni la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ni el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, han expresado de forma directa su respaldo al pre acuerdo de colaboración eficaz entre las autoridades peruanas y la constructora de Marcelo Odebrecht.

“Seguimos esperando el pronunciamiento oficial, tanto del Ministerio Público, como del Ministerio de Justicia, en el sentido de que los titulares de esas instituciones señalen, expresamente, su aval en términos institucionales a lo realizado por sus subordinados”, dijo el jurista.

“En tanto no se produzca, el acuerdo quedará, en términos históricos, en una situación crítica, dejaría la sensación que por cierto desconocimiento, no se llevó a cabo un mejor acuerdo en favor de los intereses del país”, añadió.

El también ex presidente del Tribunal Constitucional rechazó la posición que han mostrado ciertos sectores pro-oficialistas, quienes afirman que el acuerdo debe firmarse para obtener la información necesaria de parte de la firma brasileña, a través de la colaboración eficaz, esto porque se pudo llegar a mejores términos, sin perder la posibilidad de obtener una buena reparación civil.

“La importancia de la fecha está vinculada con unos acuerdos en recibir declaraciones [de los representantes de la empresa], para recibir información, eso está bien; pero igualmente es cierto que si bien es muy importante obtener esta información, no menos importante es que se pueda acceder a información de otros procesos, que son igualmente corruptos y dañinos para el país, además del monto indemnizatorio, que todos han calificado de irrisorio, para que pueda ser replanteado”, aseveró.

Víctor García Toma puso énfasis en lo revelado por un reportaje de Panorama, en el cual se señala que Odebrecht incumplió un primer acuerdo con la Fiscalía, cuando Hamilton Castro estaba a cargo del caso Lava Jato, y cuestionó que en este nuevo acuerdo  no se hayan considerado medidas para garantizar que la empresa cumpla con dicho acuerdo.

“Como el primer acuerdo ha sido incumplido, lo que cabe es exigir el cumplimiento de este acuerdo. En segundo lugar, en relación al segundo acuerdo, es tomando en consideración el historial de la empresa en falta a la palabra empeñada que surge esta interrogante: ¿qué medidas de seguridad se habrían adoptado en el acuerdo para que esa situación no vuelva a repetirse? (…) Esas medidas de seguridad no aparecen en el pre acuerdo”, advirtió.

¿CUÁL AUTONOMÍA?

Gustavo Adrianzén por su parte tuvo críticas sobre diferentes puntos del pre acuerdo que está en debate. El ex titular de Justicia durante el gobierno de Ollanta Humala cuestionó, como primer punto, el monto de la reparación civil al Estado, así como el plazo que se le otorga a la empresa para que cumpla con el pago.

“Yo veo el acuerdo con gran preocupación, en primer lugar porque me parece insuficiente el monto de la reparación civil que habría sido aprobado por el procurador Jorge Ramírez (…) En segundo lugar, no estoy de acuerdo con el hecho de que se le permita a una empresa, no solamente seguir trabajando, sino que nos pague a lo largo de 15 años este monto, que resulta irrisorio”, indicó.

Además, Adrianzén señaló que es importante recordar que la compañía brasileña ha denunciado al Perú en tribunales internacionales por montos mayores a la reparación civil, amén de que solo se mencione de forma directa a cuatro obras realizadas por la empresa como las principales en la que cometieron actos irregulares.

Esto en relación a los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico de Lima y las vías Costa Verde-tramo Callao y la de Evitamiento del Cusco

“Además, me parece que tenemos que ser conscientes que Odebrecht está llevando a arbitraje al Perú por otros temas, por montos significativamente mayores (…)”, recordó.

“Además hay que tener en consideración que en el acuerdo preparatorio se menciona solamente cuatro grandes casos, sin embargo, allí hay una referencia a otras 16 otras causas que serían objeto de análisis. Espero que esos grandes casos que ahora aparecen ausentes, sean señalados con puntos y comas en el acuerdo definitivo”, aseveró.

“”Yo espero que el plazo y el monto no hayan sido objeto de un cierre definitivo y que el Estado manifieste que hay otros casos igualmente importantes; y por el perjuicio causado en estos casos, es imprescindible ampliar el monto de la reparación civil”, acusó.

Asimismo, Adrianzén manifestó que el procurador Jorge Ramírez debería explicar los motivos por los que la reparación civil que mencionó en su momento, a inicios del 2018, era mucho más grande que la que recibirá el Estado con este acuerdo que es de 610 millones de soles.

“Reitero, el propio procurador Jorge Ramírez nos hizo saber meses atrás, que él esperaba la aceptación de un perjuicio de más o menos 1500 millones de soles, ¿Qué es lo que ha pasado? Él tiene que explicarlo”, dijo.

En ese sentido, manifestó que el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, debería tomar acciones más directas sobre esta situación, y lo emplazó a dejar de escudarse y omitir su responsabilidad en el acuerdo con Odebrecht, alegando la autonomía de los procuradores.

“No creo que el Ministro de Justicia tenga solamente que decir que los procuradores son autónomos, porque él [Vicente Zeballos] es finalmente el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, coordina, supervisa y controla las actividades de todos los operadores del sistema (…), no puede escudarse en una autonomía para quitar cuerpo en algo que es tan importante como esto”, indicó.

No se ha tomado en cuenta que Odebrecht ha denunciado al Perú por montos mayores a la reparación civil en el exterior.

CRÍTICAS Y MEJORAS DESDE EL CONGRESO

Bancadas a favor de reformular preacuerdo

JUAN CARLOS DEL ÁGUILA, VOCERO ALTERNO DE FP

Es un pacto de impunidad

“Creemos que el preacuerdo con Odebrecht no responde a la defensa real de los intereses del Perú; se ha priorizado el manejo de cierta información, y se ha premiado en demasía a esta empresa, en perjuicio de la economía del país. Con la firma de ese acuerdo le ponen un sello de oro a este pacto de impunidad que se está llevando a favor de Odebrecht. Trataremos de citar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para ver el tema, y en su momento a la Fiscal de la Nación”, aseguró Juan Carlos Del Águila.

LUCIA ÁVILA, VOCERO DE CAMBIO 21

“Un tremendo engaño”

“Como congresista, creo que es un tremendo engaño, una estafa al país (…) No podemos permitir que haya más corrupción en este tipo de negociados que se pretende hacer (…) El país necesita saber cómo han acordado, si están acordando debajo de la mesa cuatro cosas; ojo que nuevamente van a salir los negociados”, advirtió Lucio Ávila, de Cambio 21

ALBERTO QUINTANILLA, VOCERO ALTERNO DEL NP

Es demasiado abusivo

“Yo creo que hay que buscar que la reparación civil sea lo más significativa posible, se garantice su cobro, y que se dé información relevante (…) Es demasiado abusivo otorgar 15 años de plazo para el pago de la reparación,  que no repara ni la mínima parte [con la cantidad de 610 millones de soles]. Vamos a ver la posibilidad de mejorar esto, sin el riesgo de perder la oportunidad de conocer la verdad”, aseguró Alberto Quintanilla, vocero alterno de Nuevo Perú.

EDMUNDO DEL ÁGUILA, VOCERO DE AP

Necesitamos leyes cerrojo

“Hay que ver los mecanismos legales que les otorgaron al momento de la negociación, de tal forma que las empresas que ya engañaron al Perú, no lo hagan dos veces (…) Primero hay que ver el cumplimiento del convenio en sí, y, segundo, se debería complementar con algunas leyes que sirvan de cerrojo y de candado para evitar que pase lo que ha pasado. Creo que la próxima semana nos reuniremos como bancada. Por lo demás, cualquier pre acuerdo que se haya tomado es perfectible”, afirmó.

CÉSAR VÁSQUEZ, VOCERO DE APP

Acuerdo se puede replantear

“Lo ideal hubiera sido que el monto de la reparación civil se renegocie y se beneficie un poco más al Perú, con una reparación más justa, porque si no la empresa se la lleva fácil, pero si el costo de la verdad implica perder ese presupuesto, se justifica (…) Desde APP queremos que el acuerdo se pueda replantear, pero siempre y cuando no se ponga en riesgo la negociación”, enfatizó César Vásquez.

FERNANDO CALLE HAYEN CUESTIONÓ INACCIÓN DEL PARLAMENTO

“No se entiende por qué el Congreso no pide cuentas”

Últimamente se ha escuchado que hay muchos colaboradores eficaces, pero nadie está preso ni detenido, con excepción de Keiko Fujimori, advierte el jurista.

La pasividad con que ha actuado el Congreso de la República, respecto al acuerdo que firmarían la Procuraduría y la Fiscalía con Odebrecht, genera preocupación sobre el accionar fiscalizador que debió tener este poder del Estado en relación a este contrato, afirmó el ex miembro del Tribunal Constitucional, Fernando Calle Hayen.

“Yo no sé por qué el Congreso no exige que dé cuentas [sobre este tema] el Ministerio Público. Entiendo que es una institución autónoma, que sus fiscales son autónomos, y que el Fiscal de la Nación no tiene que saber todo, pero es la institución del Fiscal de la Nación. No quiero decir que les interesa poco, pero por lo menos que sean coherentes los que dicen de boca que quieren luchar contra la corrupción”, indicó.

No obstante, el constitucionalista no dejó de cuestionar la investigación fiscal que se viene realizando sobre el caso Lava Jato, debido a que si bien se han recibido declaraciones de colaboradores eficaces, aún no se han realizado las detenciones respectivas que vayan acorde a la información revelada por dichos colaboradores.

“Lo que dice un colaborador tiene que ser acreditado, que no haya un milímetro de duda, y hago esta referencia, porque últimamente se ha escuchado que han hablado muchos colaboradores eficaces, pero nadie está preso, nadie está detenido, y eso no se entiende, con excepción de Keiko Fujimori, pero no hay absolutamente nada más”, afirmó.

JOSÉ M. CARMEN MORÁN

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