EL HOSPITAL LORENA DEL CUSCO SE HIZO CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO INEXISTENTE Y LUEGO CON UN EXPEDIENTE CON DEFICIENCIAS

Nadine Heredia fue la “instigadora”

Colusión, lavado de activos y falsedad ideológica que incriminan a la ex primera dama, gobernadores regionales Jorge Acurio Tito y Juan Carlos Paredes Concha, y otros responsables como la supervisora Cesel.

Nadine Heredia y Acurio en la lupa de la Comisión Lava Jato por escándalo del hospital Lorena del Cusco. (FOTO: EXPRESO)
  • Fecha Sábado 8 de Diciembre del 2018
  • Fecha 9:00 pm



Que el Estado peruano resulte perjudicado por un monto de 232 millones de soles en la fallida ejecución del proyecto del Hospital Antonio Lorena del Cusco por parte de la constructora brasileña OAS no ha pasado desapercibido por la Comisión Lava Jato del Congreso de la República.

Y no es para menos. Haber pretendido, con apoyo de autoridades regionales, maquillar el avance de ejecución de obra en un 84 % cuando en realidad solo había llegado al 47.16 %, según los trabajos de campo y de gabinete de técnicos de la misma región y del Gobierno Central, llevó al citado grupo de trabajo a la conclusión de que hubo “un presunto acuerdo entre la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y funcionarios peruanos de alto nivel para asegurar condiciones ventajosas y beneficios económicos en la ejecución del proyecto”.

Otra de las conclusiones es que la variación de las condiciones del contrato a través de adendas dirigidas fue para favorecer la posición económica de la contratista “a pesar de tener una modalidad de contrato a suma alzada, que se caracteriza por la invariabilidad del monto del contrato”.

Asimismo, la elección de la Supervisora Cesel S.A., se añade en la página 891 del informe, fue “para favorecer con su accionar pasivo a la Constructora OAS (…) lo cual se evidenció cuando aprobó un expediente técnico inexistente y luego un expediente técnico con deficiencias, entre otras irregularidades”.

Entre estas últimas está el “dar conformidad a valorizaciones mensuales del contrato mal ejecutadas, permitir la ejecución de partidas no contempladas en el expediente técnico y no informar correctamente el porcentaje de valorizaciones”.

Todo esto mientras se seguía “efectuando los pagos al contratista pese a encontrarse retrasada en la ejecución de la obra”.

A estos cargos, de por sí graves, se suma que la Oficina de las Naciones Unidad para Servicios de Proyectos (UNOPS), que se encargó de llevar adelante el proceso de selección de la Licitación Pública Internacional PER/12/82063/1745 para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Hospital Lorena, adjudicado al Consorcio Salud Lorena de OAS, “se negó [a] remitir copia de toda la documentación de este proceso de selección”.

¿Cuál fue el argumento? Que “ya lo había remitido al Gobierno Regional del Cusco, lo cual limitó la fiscalización y control de esta Comisión”.

 

COLUSIÓN

En consecuencia, “los altos funcionarios de la entidad [el gobierno regional de Cusco] se coludieron con el Consorcio para intervenir, directa o indirectamente, por razón de su cargo, en la ejecución contractual del mismo, omitiendo sus obligaciones, dándole ventajas o interpretaciones fuera del marco de la ley con el único objeto de favorecerlo económicamente”.

En ese orden de ideas, el grupo de trabajo multipartidario ha ubicado presuntas responsabilidades penales contra la Administración Pública, en su modalidad de colusión, por parte de Jorge Isaacs Acurio Tito, “en su calidad de expresidente del Gobierno Regional del Cusco”.

También de René Concha Lezama, otro expresidente regional; de Juan Carlos Paredes Concha, ex gerente general del Cusco; Javier Félix Huisa López, por entonces director de la Oficina de Supervisión, Liquidación, Transferencia de Proyectos de Inversión, y de Leonardo Fracassi Costa, representante del consorcio, en este caso como cómplice.

El representante del ‘Consorcio Salud Lorena’ está ubicado en el mismo probable delito de complicidad; Jesús Gattas Abugattás Abuid, representante legal de la empresa CESEL S.A. (cómplice) y Nadine Heredia Alarcón como instigadora.

 

LAVADO DE ACTIVOS

En la misma determinación de responsabilidades, “se ha podido advertir la presunta comisión del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión, previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley N° 27765, Ley Penal Contra el Delito de Lavado de Activos, por parte de Nadine Heredia Alarcón”.

Esta imputación se basa en la declaración brindada por Martín Belaunde Lossio a la comisión indagadora, de fecha 5 de junio de 2017 en el Penal Ancón I, donde quedó en claro “que la señora Nadine Heredia Alarcón tuvo injerencia en el proyecto del hospital Lorena”.

De otro lado, la revisión de las anotaciones en la libreta Michele Belau, que se encuentra en las “Agendas” de propiedad de la ex primera dama, se advierte la anotación “Rocío [del Carmen Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia] (05/03/10) + 9000.00, así como otras anotaciones de fecha julio, agosto, septiembre y diciembre, las cuales permiten establecer una periodicidad en el tiempo”.

En su defensa Calderón Vinatea declaró que no puede precisar nada al respecto o que no se acordaba, aunque reconoció que durante el año 2010 mantuvo una contratación con la empresa OAS, por el monto de US$ 10 mil mensuales por una consultoría de derecho administrativo.

Este hecho permite inferir que a través de Rocío Calderón, Heredia Alarcón habría recibido dinero ilícito proveniente de la empresa OAS, a través del ejecutivo de OAS Valfredo de Assis Ribeiro.

Estos hechos permiten determinar –indica el informe de la comisión– que la señora Calderón Vinatea habría ocultado el dinero ilícito proveniente de la empresa OAS y que tenía como destino pagar una presunta coima a la señora Heredia Alarcón.

Sobre este mismo tema, es de recordar que, de acuerdo a las indagaciones de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Lavado de Activos, una de las imputaciones centrales es que la esposa de Ollanta Humala y dirigente del Partido Nacionalista se dice que ha recibido dinero ilícito de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht.

Incluso “se presume que el dinero generado ilícitamente habría sido utilizado

para solventar la adquisición del inmueble ubicado en la calle Castrat N° 177-183 –urbanización Chama – Santiago de Surco, valorizado en US$ 160 mil, según Partida N° 44567512 y comprado con préstamo hipotecario” y cancelado en julio de 2016.

Lo anterior, aparte de la adquisición del “vehículo camioneta rural Grand Cherokee Laredo, con placa de rodaje N° RIH-176”.

De acuerdo a estas narrativa, Rocío del Carmen Calderón Vinatea también estaría incursa en lavado de activos, “en la modalidad de ocultamiento, previsto y sancionado en el artículo 2 de la Ley N° 27765”.

FALSEDAD IDEOLÓGICA

Hay un capítulo especial en el informe relacionado con la omisión a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (ver nota aparte), que debieron ser presentados ante la Contraloría General de la República, aparte de su falsedad en el caso de Acurio Tito, lo que conlleva a que este exfuncionario “habría cometido el delito de falsedad ideológica tipificado en el artículo 428 del Código Penal vigente”.

En el análisis y determinación de responsabilidades se reprocha a Acurio Tito el hecho del 1 de enero de 2011, al presentar su declaración jurada de bienes y rentas como flamante gobernador regional del Cusco. Este documento fue muy distinto al que presentó un día antes (el 31 de diciembre de 2010) en su cargo precedente como alcalde saliente de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Cusco.

Y es que en ese cruce o cotejo de información se descubrieron varias  inconsistencias que cruzan la delgada línea roja del delito.

Tanto es así que declaró tener cuatro inmuebles valorizados según este exfuncionario en S/ 2’096,000.00, los cuales no existían. Dicho de otra forma los cuatro predios no tienen inscripción en los Registros Públicos.

Con el agravante que tres de los cuatro inmuebles, en lugares distintos, tengan por dirección la Mz. I, lote 1, pero al efectuar las verificaciones policiales dichos bienes tampoco existen.

Posteriormente, el 7 de agosto de 2012, Acurio presentó su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas ante la Contraloría, la cual también presenta inconsistencias porque según el cotejo con lo publicado en los registros públicos del Cusco, de fecha 3 de agosto de 2012, se encuentra una inscripción registral por la compra de un nuevo inmueble de Jorge Acurio Tito en el Lote 18 de la Mz. C de la Asociación de Pequeños Propietarios de Pampachacra del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco, por un valor de US$ 250 mil, el cual no ha declarado.

 

LO HIZO PARA APARENTAR UN PATRIMONIO MAYOR DEL QUE TENÍA

Jorge Acurio declaró inmuebles inexistentes a precios exorbitantes

Lo hizo para que durante su gestión regional no parezca raro el incremento de sus bienes.

Está probado por la Comisión Lava Jato que la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de Jorge Acurio Tito, ex gobenador regional entre 2011 y diciembre de 2013, presenta inconsistencias al parecer insalvables y que rayan con el delito.

¿Cuáles fueron sus bienes inmuebles? Un departamento ubicado en Av. La Molina S/N, Mz. I, Lote 1, Residencial La Molina, Lima. También dos casas, una en la Av. Patrón San Sebastián S/N, Mz. I, Lote 1, Urb. Patrón San Sebastián, San Sebastián, Cusco, y otra en el Pasaje Asociación Pro Vivienda Ex trabajadores Ferroviarios S/N, AH Asociación Perú, Cusco, Wanchaq. Asimismo, un terreno en la Carretera CC.CC. Ticapata S/N, Mz. I, Lote 1, AH Ticapata, Cusco, en San Sebastián.

El primer inmueble fue valorizado en 481,000.00 soles, el segundo en 400,000.00, el tercero en 900,000.00 y el terreno en 315,000.00 soles, lo que hace un total de 2´096,000 soles.

Entre sus bienes muebles informó de un camión Volvo 1979 valorizado en 39 mil soles y una camioneta Toyota de 65 mil soles, amén de unos ahorros de 132,700 soles.

Esta fue la declaración jurada del 1 de enero de 2011 cuando asume la gobernación regional del Cusco.

Pero en la precedente de diciembre de 2010, cuando aún era alcalde de la Municipalidad de San Sebastián, Cusco, declaró no tener ningún inmueble, salvo la camioneta Toyota del 2008. El camión Volvo no lo consignó ni en el formato entregado a la Contraloría.

Además, si en su forzada declaración jurada del 31 de diciembre de 2010 sostuvo no tener ningún bien inmueble, ¿cómo es que al día siguiente aparece que tiene cuatro inmuebles valorizados –según él– en S/ 2’096,000.00?

Pero  lo grave es que los cuatro inmuebles no existían ni menos podían tener inscripción, según constatación policial y de Registros Púbicos.

Estas declaraciones falsas llevaron a la comisión a deducir “que [Acurio] declaró inmuebles con montos exorbitantes que no existían para aparentar un patrimonio mayor del que realmente tenía”.

Esto “para que durante su gestión administrativa no parezca raro el  incremento del mismo”.

René Concha Lezama, quien reemplazó a Acurio a fines de 2013, simplemente incumplió la Ley N° 27482 “Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado”.

Es decir no presentó declaración jurada, no obstante su obligatoriedad durante el ejercicio con periodicidad anual y al término de la gestión.

Edwin Licona Licona tampoco presentó dicha declaración al inicio de su gestión, en 2015, sino que lo hizo en forma extemporánea, dos meses después, el 4 de marzo de 2015. Tampoco presentó su declaración jurada de periodicidad anual del 2016, 2017 y 2018.

Javier Félix Huisa López, exdirector de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del gobierno regional del Cusco, también omitió la citada obligación legal.

 

 

AFIRMA SU ABOGADO WILFREDO PEDRAZA

“Retiraron imputaciones a Nadine”

En carta notarial llegada esta redacción, el abogado de la ex primera dama Nadine Heredia afirma que nuestra edición del 4 diciembre es “insidiosa y difamatoria” respecto de su patrocinada porque en el debate del Informe de la Comisión Lava Jato y del extremo sobre el Hospital Antonio Lorena del Cusco “se retiraron las imputaciones contra mi patrocinada”, afirma el letrado.

Agrega que las versiones iniciales contra Heredia Alarcón en el caso Lorena “estuvieron basadas en el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que desde hace mucho tiempo viene afirmando falsedades e inconsistencias”.

Además, agrega, “tal versión ha sido contradicha  por decenas de testigos y documentos que obran en la investigación” que lleva adelante la Fiscalía en la carpeta Nº 506015504-2017.

“Más aún, Valfredo de Assis, responsable de OAS, también señaló en el Brasil que no realizó pagos o contribuciones a Nadine Heredia Alarcón por obras, contratos ni adendas”, menos aportes al Partido Nacionalista.

“La circunstancia de que el fiscal haya invocado ese hecho para sustentar la prisión preventiva [de Nadine Heredia], solo demuestra la fragilidad de ese requerimiento, razón por la cual el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 26 de abril de 2018, la revocó y calificó de arbitraria”, sostiene.

Publicamos in extenso esta carta pero EXPRESO se ha limitado a resumir el capítulo referido al caso Lorena, así como sus conclusiones que están en esta edición.

PLINIO ESQUINARILA    

 










Top
Nadine Heredia fue la “instigadora”

Nadine Heredia fue la “instigadora”