FANTASMA DE LA DETENCIÓN DEL EXMANDATARIO INQUIETA AL GOBIERNO

No extraditan a Alejandro Toledo porque “sabe mucho”

Enrique Ghersi y Mario Amoretti se preguntan por qué hasta ahora no se ha solicitado el arresto preventivo con fines de extradición para el prófugo.

  • Fecha Miércoles 20 de Marzo del 2019
  • Fecha 6:00 am



Cuando pensábamos que la corrupción sería el último capítulo de la vida de Alejandro Toledo, porque después vendría la cárcel, el controvertido personaje no deja de sorprendernos con su última detención de California, Estados Unidos, por conducta impropia en estado de ebriedad, sumando una raya más a una trayectoria disoluta donde se suman escándalos de drogas, alcohol, sexo y ahora un proceso de extradición dilatado por las autoridades peruanas.

La percepción de la opinión ciudadana fue de alarma y broma. “Lo que la justicia peruana no pudo, Johnnie Walker lo hizo. Toledo en prisión en Estados Unidos”, decía un meme gracioso en las redes sociales que tal vez resumía lo que el peruano de a pie piensa de los procesos de Toledo relacionados con los casos Odebrecht y Ecoteva que hace años caminan a paso de tortuga.

A lo anterior se suma el proceso de extradición que, a decir de las mismas autoridades peruanas, está aún en etapa de evaluación en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es decir está en su primera fase sin haber llegado donde un juez federal.

Pero el escándalo de la borrachera de Toledo, como quiera que ha dado la vuelta al mundo, ha sacudido la conciencia de Palacio de Gobierno, del Ministerio de Justicia y obviamente que de la Judicatura, porque en el Perú nadie cree que el desborde de la noticia sea obra –según Toledo y su esposa Eliane Karp– de una “conspiración de sus enemigos políticos”.

Como quiera que los reflectores de la opinión pública se ubican en el proceso de extradición, tanto el presidente Martín Vizcarra como el titular de Justicia, Vicente Zeballos, se han dedicado en persona a dar cara al problema que les ha creado el ex líder chakano.

“Como Ejecutivo hemos contratado a un estudio de abogados con mucha experiencia, que ha logrado la extradición de un expresidente de Panamá en un proceso de dos años”, dijo el mandatario en alusión a Ricardo Martinelli, extraditado en noviembre de 2018 por malversación de fondos y espionaje.

Como es público, en febrero pasado se supo que el estudio norteamericano de abogados contratado por el Ministerio de Justicia es Foley Hoag LLP.

Se dio este paso a fuerza de críticas y cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos al fin estaba revisando –en fase inicial– el pedido de extradición de Toledo Manrique por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano.

Vizcarra se apresuró entonces a sostener ayer que estaban “haciendo todo el seguimiento” del caso porque en su opinión existe la documentación y el sustento correspondiente, elaborado por el Poder Judicial y tramitado por Cancillería.

Tanto Vizcarra como Zeballos calificaron de lamentable la detención de Toledo porque “afecta la imagen” del Perú, y desde el Minjus se anunció una teleconferencia con los abogados de la extradición de Toledo.

El objetivo de la diligencia, dijo Zeballos, es articular la estrategia de trabajo, compartir el estado de avance del proceso y determinar las acciones a tomar.

Precisó que este primer pedido de extradición es por el caso Odebrecht y que todavía se halla pendiente el requerimiento por el caso Ecoteva.

Además, dijo que en paralelo se negocia la colaboración eficaz con Josef Maiman, lo cual, subrayó, “puede fortalecer la argumentación ante las autoridades norteamericanas”, cita la agencia oficial Andina.

Aunque las autoridades hagan hincapié en que la detención en estado etílico de Toledo en un restaurante del condado de San Mateo, al sur de San Francisco, va por cuerdas separadas a la extradición, sin embargo el fantasma de la detención de Toledo al fin se ha empezado a avizorar por una borrachera.

EL SHERIFF

Y es que la BBC ha dado detalles de la preocupación de la Interpol que se acercó a las oficinas del sheriff de la localidad de Red Wood, de San Francisco, donde Toledo se encontraba bajo custodia hasta el lunes, para darle cuenta sobre “posibles cargos” en el Perú contra el detenido.

“Después de contactar a funcionarios peruanos de Interpol, nos enteramos de que la sola existencia de cargos en Perú no autoriza la detención del sujeto en Estados Unidos y el señor Toledo Manrique fue puesto en libertad”, indica la posición del sheriff, según un reporte de Reuters.

Este detalle de la Interpol es relevante porque Toledo, si bien aún es protegido por las leyes norteamericanas en tanto está en curso el proceso de extradición,  no puede salir de Estados Unidos a riesgo de ser detenido para ser trasladado a una cárcel peruana.

Otra desventaja es que el prófugo expresidente ya no tiene trabajo en el país del norte, o en la Universidad de Stanford donde mantenía la calidad de ‘visiting scholar’ o profesor visitante, porque no le han renovado ese estatus académico en dicho centro superior de estudios.

Tampoco puede gastar los presuntos sobornos de 20 millones de dólares declarados por la constructora brasileña Odebrecht ante la justicia norteamericana, o los 34 millones de dólares que ha hecho pública la cooperación suiza, la misma que, a las interoceánicas del sur, tramos 2 y 3, ha sumado otra “coima” en la Interoceánica Norte.

El fantasma de la Interpol entonces es premonitorio,  por más que Toledo, y la verdad sea dicha, haya sido favorecido por la lenidad o la lentitud, primero de la Fiscalía y luego de conocidos jueces que también lo apoyaron, sobre todo en el caso Ecoteva, que está armado desde hace unos cinco años.

Es más, para Relaciones Exteriores el caso Toledo debe ser “tóxico” o un tema que no les importa.  Ahora que el presidente más “parrandero” de la historia protagoniza un escándalo internacional, el titular de Torre Tagle, Néstor Popolizio, tendrá que comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que preside Luis Galarreta (Fuerza Popular) para que explique –este 1 de abril– el estado actual del proceso de extradición que nos ocupa.

Sobre el estado del proceso ya hemos dicho que está en su fase inicial de análisis en el Departamento de Justicia de los EE.UU., y si sortea esta valla, el expediente recién pasaría a un juez federal de California para que tome la decisión final.

EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

El tiempo puede durar de dos a cinco años, o tal vez más, según las versiones pesimistas en la comunidad jurídica, donde también hay expertos, como Enrique Ghersi y Mario Amoretti, que se preguntan por qué no se ha solicitado la detención preventiva con fines de extradición.

“Este es un procedimiento que se solicita a través del mencionado Departamento de Justicia porque, entre los delitos, hay uno muy grave, el de soborno o cohecho, donde se cumple la doble incriminación (tanto en el Perú como en Estados Unidos)”, dijo Ghersi a EXPRESO.

En esa línea de pensamiento, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, consideró que la extradición del expresidente Alejandro Toledo “ha estado durmiendo el sueño de los justos, no se ha movido en Estados Unidos y recién se contrata un estudio de abogados que debió hacerse hace meses con la finalidad de velar por los intereses del Estado”.

En ese sentido, el penalista aseguró que el bufete de abogados debe encargarse de revisar todo el expediente técnico de la extradición con la finalidad de encuadrar las pruebas que hasta el momento se tendría contra Toledo.

Asimismo, manifestó que los ilícitos por los cuales es acusado el exmandatario deben ser considerados delitos en el país norteamericano para que pueda ser aprobado sin problema por el Departamento de Justicia. Resaltó que se trata de un proceso engorroso que podría tardar hasta dos años a efectos de obtener el primer pronunciamiento.

“A [Alejandro] Toledo le conviene dilatar, al Estado peruano le conviene acelerar, cada uno por su lado tiene lo suyo, pero acá es importante destacar que la justicia estadounidense siempre es legalista en los procesos de extradición”, añadió.

Finalmente, lamentó que en diversas oportunidades figuras políticas hayan realizado comentarios sobre el tema, lo cual no facilita la pesquisa, dado que eso podría ser usado como argumento de “persecución política” por la defensa de Toledo, como el mismo hecho de haber hecho pública una recompensa de US$ 30,000 para quien diera información sobre su paradero.

Finalmente, la interrogante de por qué no traen a Toledo es de larga data. “Porque Toledo sabe mucho”, es la respuesta de quienes conocen el tema. (Ver recuadro).

10 de febrero de 2017

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó una orden de prisión preventiva y la captura a nivel nacional e internacional del expresidente Alejandro Toledo.

Muchos implicados no quieren que regrese el hijo de Cabana

No hay interés por la extradición de Alejandro Toledo porque si lo retornaran al Perú, el exmandatario incriminaría a buena parte de la clase política y empresarial, y a la misma izquierda. Veamos solo en dos casos: la Interoceánicas del Sur y el caso de América Televisión.

En dichos tramos carreteros, sin tomar en cuenta a IIRSA Norte, y solo en torno al delito de colusión, aparte del presunto autor Alejandro Toledo Manrique, entrarían como cómplices en el sector empresarial:

– Avraham Dan-On, jefe de seguridad de Toledo Manrique.

– Jorge Henrique Simoes Barata, apoderado de la Construtora Norberto Odebrecht S.A.

– Marcos de Moura Wanderley, director de Camargo Correa Perú S.A. Ingeniería y Construcciones.

– José Alejandro Graña Miró Quesada, presidente director de Graña y Montero S.A.A.

– Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, director de Graña y Montero S.A.A.

– Gonzalo Ferraro Rey, apoderado de Graña y Montero S.A.A.

– Fernando Camet Piccone, presidente del directorio de JJC Contratistas Generales S.A.

– Juan Pedro Portaro Camet, vicepresidente de directorio de JJC Contratistas Generales S.A.

– César Augusto Castillo Petit, director presidente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

– José Fernando Castillo Dibós, director de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

Y como cómplices principales en el sector público serían incriminados:

-Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo de Ministros y presidente de Proinversión.

-José Javier Ortiz Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones e integrante del Consejo Directivo de Proinversión.

-Carlos Ernesto Ferrero Costa, presidente del Consejo de Ministros e integrante del Consejo Directivo de Proinversión.

-Sergio Rafael Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura de Proinversión.

-John Patrick Michael Barclay Méndez, integrante del Comité de Infraestructura de Proinversión.

-Eduardo Chueca Romero, integrante alterno del Comité de Infraestructura de Proinversión.

-Vicente Giovanni José Campodónico Delgado (Proinversión).

-Guillermo Rebagliati Escala (Proinversión).

-Miguel Fernando Sánchez Moreno Cisneros, asesor legal.

-Juan Fernando Suito Larrea, jefe de Operaciones de Proinversión.

-Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, representante de Alpha Consult.

-Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez, consultor.

-Rene Helbert Cornejo Díaz, exdirector ejecutivo de Proinversión.

-Alberto Pascó – Font Quevedo, integrante del Comité de Infraestructura.

La lista es muchos más larga en otros proyectos y negocios de los que Toledo sabe mucho. Como el traspaso de América Televisión a los grupos de El Comercio y La República, como bien lo saben el excanciller Diego García Sayán, el ex presidente del Congreso Carlos Ferrero Costa y el ex titular de Justicia del gobierno de Toledo, Fernando Olivera Vega, implicado también en la Interoceánica.

Estos y muchos otros personajes no quisieran por nada del mundo que Toledo sea extraditado. Su vida correría peligro, con toda seguridad.

Gonzales Posada: “Nada impide que contrato con estudio de abogados sea público”

El excanciller Luis Gonzales Posada aseguró que no existe impedimento legal para que el contrato entre el estudio de abogados norteamericano Foley Hoag y el Ministerio de Justicia, para el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, permanezca con carácter reservado, por lo que solicitó que este se haga público.

“Ellos [el Estado] tienen que informar cuánto cuestan los abogados, eso no es secreto de Estado. La estrategia es reservada pero no el monto a pagar, por transparencia lo deben decir y más aún deberían publicar el contrato. Ojalá que Transparencia, que tanto se preocupa de otros casos, se preocupe de solicitar la publicación del documento”, manifestó.

En esa línea, criticó que no se conozcan mayores detalles al nombre del bufete de abogados que tiene a cargo el caso, incluso indicó que se desconoce hasta la fecha en la que se realizó el contrato.  Sin embargo, precisó que se trata de un proceso que podría tardar algunos años más.

Asimismo, sostuvo que los abogados a cargo del caso deberían brindar la información a las autoridades peruanas para que estos cumplan con dar a conocer a la opinión pública el tiempo que estiman que demore, así como las actuaciones judiciales que deberán revisarse para tal fin.

Por otro lado, afirmó que aun cuando todo se encuentra en manos de las autoridades norteamericanas, Perú es el responsable de inyectar el combustible, a través del envío de documentación, pruebas e indicios  para que se aceleren los trabajos en el caso.

“Es un proceso que demora buen tiempo, los magistrados son muy rigurosos del debido proceso de la actuación de las pruebas y que estas sean obtenidas legalmente. Además del cruce de información y una serie de requisitos a los que en Perú no estamos acostumbrados”, agregó.

Extradición nos costaría más de un millón de dólares

En febrero de este año se conoció que el Estado firmó contrato con el estudio de abogados Foley Hoag.  Hasta donde se sabe, pues así lo informó el Ministerio de Justicia (Minjus) en su momento, la tarifa por hora de los juristas de dicho bufete fluctúa entre los US$ 279 y US$ 945.

Por otro lado, un programa periodístico de economía de RPP detalló la mañana de ayer que los dos años y un mes que podría durar dicho proceso, de acuerdo a un primer informe que entregó el estudio de abogados, podrían costar cerca de un millón 85 mil dólares. Sin embargo, podría ampliarse en razón de ajustes de horas. Es de señalar que estas cifras tampoco incluyen los gastos operativos que se sumarían a la extradición.

Es de recordar que la extradición de Alberto Fujimori, de Chile, apenas bordeó los 400 mil dólares.

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