ODEBRECHT Y GRAÑA Y MONTERO

No pusieron ni un dólar en Chavimochic

En mayor o menor medida, ha sido una práctica constante permitida por autoridades corruptas en el financiamiento de los proyectos de la Interoceánica, Olmos, Chaglla, los peajes de Lima…

García Belaunde confirma más perlas de Odebrecht y GyM en caso Chavimochic. (FOTO: COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA)
  • Fecha Miércoles 12 de Diciembre del 2018
  • Fecha 6:00 am



¿Cuánto ha invertido la constructora brasileña Odebrecht y su consorciada peruana Graña y Montero en la ejecución fallida de la  tercera etapa del proyecto agroenergético Chavimochic III? Esa es la pregunta precisa que debió responder en su momento tanto la Comisión Lava Jato del Congreso, como las entidades de control y de la Fiscalía de la Nación.

Lo único que está claro, incluido en los resúmenes de la mencionada comisión congresal, son las partidas con las cuales el Estado debía retribuir los avances de obra logrados por la concesionaria con dinero de todos los peruanos, conseguidos mediante dos operaciones de endeudamiento externo en la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Desde el 4 de mayo de 2014 en que se firma el contrato con la Concesionaria Chavimochic SAC, conformada por dos empresas de Odebrecht y Graña y Montero, esta última con 26 % del  accionariado, el monto referencial del financiamiento fue definido en un “marco referencial” de US$ 715’447,020.00.

De este monto, el Estado solventaría la cifra de US$ 373’813,112.00 a través del gobierno regional de La Libertad, y el aporte privado del concesionario fue establecido en US$ 341’633,908.00 para la segunda etapa.

De este última cifra, la verdad sea dicha, Odebrecht y su socia local Graña y Montero no pusieron ni un dólar o ni un sol en la obra propiamente dicha.

Los más de 341 millones de dólares estaban allí para el marketing político y mediático o para insumo de los gurúes que, año tras año, desfilan en las reuniones anuales de ejecutivos de la CADE hablando de las bondades de la inversión privada y de las asociaciones público privadas (APP).

Como en EXPRESO hemos leído y releído el informe final de la  Comisión Lava Jato y no encontramos la cifra precisa de aporte de  la concesionaria, recurrimos al legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP).

Y él se encargó de confirmar nuestras sospechas: “Su aporte ha sido cero, no han puesto ni un sol”, fue su respuesta después de revisar la información técnica que maneja como integrante de la Comisión Investigadora Multipartidaria que se encargó de investigar las concesiones, obras y proyectos adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y  otras que firmaron contratos con el Estado peruano.

Para reconfirmar nuestras sospechas, porque parecidos eran los esquemas de financiamiento en las Intereoceánicas, Olmos y Chaglla, incluidos los peajes de Lima, tomamos contacto con la  titular de la Comisión Lava Jato,  Rosa María Bartra (FP), y su respuesta no desmintió nuestras sospechas. Sólo guardó silencio por entrar en semana de representación.

LAS PISTAS

Al final de cuentas esta es la paradoja: la concesionaria trabaja con nuestra plata, mejor dicho con la deuda que todos los peruanos pagamos al exterior y que debe estar consignada en las cifras globales de las leyes anuales de presupuesto y de endeudamiento; es decir administran nuestros recursos con el que pagan las obras y el personal de Chavimochic III y también su expertise.

¿Cuál es entonces la “inversión privada”” que pone el concesionario? Nada de su bolsillo o de sus créditos nacionales o extranjeros sino de nuestro dinero del fisco que sale, según el contrato de concesión, por una serie de obligaciones de pago a los señores de Odebrecht y Graña y Montero, como detallamos a continuación.

Ellas están en la página 990 del referido informe final del Congreso donde hay un esquema que da la pista del supuesto “aporte privado” de la concesionaria. Y no es otra cosa que los diferentes mecanismos de pago que le deben depositar las autoridades regionales a nombre del Estado por la “recuperación de [sus] inversiones”.

Nos referimos en primer lugar a la “Retribución Anual máxima por recuperación de inversiones del concesionario”, más conocida como RPI, cuyo monto anual –según el contrato firmado– sería hasta US$ 39’478,715.00.

Otro ítem acordado, siempre por contrato, es la “Retribución Anual máxima por operación y mantenimiento”, cuya cifra anual sería hasta de US$ 10’311,777.00.

Asimismo una “Garantía Soberana” por una cantidad no precisada y finalmente otro pago por concepto de “Fondo de reserva” que debería depositar la región La Libertad en el fideicomiso de la concesión “por un monto anual de US$ 8’000,000.00”.

La suma que deberíamos pagar cada año los peruanos, aparte del monto no precisado de “garantía soberana”, sería por alrededor de US$ 57’790,492.

Y como el contrato es por 25 años de vigencia, tendríamos una hipotética suma de US$ 1,444’762,300.00, esto sin que las empresas Norberto Odebrecht SA, Odebrecht Partipacoes e Investimentos, y Graña y Montero S.A.A., hayan invertido nada, más allá de su ‘expertise’.

ACTAS DELATORAS

¿Cuánto ha puesto Graña y Montero en Chavimochic III según confesión propia? Ese dato está en el “Acta de Junta General de Accionistas de Graña y Montero SAA”, de fecha 28 de febrero de 2017, donde consignan que “nuestra inversión en el mencionado proyecto –a la fecha– asciende a la suma aproximada de USD 8.6MM [millones] en calidad Capital Social”.

“Adicionalmente, la Concesionaria ha emitido una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por la suma de USD 35.7MM (de los cuales aproximadamente USD 9.5 MM corresponden a Graña y Montero S.A.A.)”.

Así está en blanco y negro en la página 334 del libro de actas de dicha constructora legalizado por el notario Eduardo Laos de Lama.

Es decir, su aporte en inversiones en Chavimochic es el “capital social” que plasmó en la constitución del consorcio, que no es más que una cifra que no implica ningún aporte de dinero, menos aún para la obra.

Otro “aporte” es la parte que a Graña y Montero le correspondía apoquinar en la mencionada carta fianza, que tampoco es una inversión sino dinero muerto que le es devuelto a la concesionaria cuando entrega la obra.

Para las confesiones sinceras como la de Graña y Montero los abogados tienen una frase poco feliz: a confesión de parte, relevo de pruebas.

 

Abogado de Nadine afirma que se insiste en difamarla

Otra carta notarial dirigida a este diario por el abogado de Nadine Heredia y su esposo Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, afirma que nuestras últimas portadas y algunas imágenes de sus patrocinados son evidencia de que dichas publicaciones no se limitan a resumir el informe del caso Lava Jato del Congreso sino que insisten en endilgar “responsabilidades de mis patrocinados que no la tienen”.

Los hechos anteriores, añade Pedraza, “afectan su honor, buena reputación e imagen, lo que configura el delito de difamación previsto en el artículo 132º del Código Penal” que reprime a quienes lo infringen “con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años…”.

De forma que los Humala-Heredia se reservan “el derecho de acudir a la autoridad judicial correspondiente solicitando incluso las medidas cautelares que correspondan”.

 

LA REGIÓN NO ENTREGÓ LOS TERRENOS EXPROPIADOS A CONCESIONARIA

El precio de una improvisación sospechosa

Odebrecht tiene todas las de ganar en arbitraje internacional.

Si el 9 de mayo de 2014 se firmó el contrato de concesión, en el gobierno nacionalista de Ollanta Humala Tasso, efectivamente por un periodo de 25 años, es decir prácticamente hasta el 2039, se debería trabajar las obras de la primera fase de la Tercera Etapa, siempre según el contrato, con la inversión pública de US$ 373’813,112.00.

En esta tercera etapa lo más importante de Chavimochic es la construcción de la presa de Palo Redondo que asegura el agua en circunstancias en que –por el cambio climático– hay cada vez menos recurso hídrico.

¿Qué dice Graña y Montero sobre los avances de obra? Sobre esta primera fase, que se financia con desembolsos trimestrales de recursos públicos de los 373 millones de dólares, principalmente para la Presa Palo Redondo, que surtirá de agua al proyecto, “a la fecha, se ha ejecutado el 70 % de las Obras de la Primera Fase y están pendientes de aprobación valorizaciones de la concesionaria por un aproximado de US$ 16MM (millones de dólares)”.

Estos datos corresponden a la información del Acta de Junta General de Accionistas de Graña y Montero SAA de fecha 28 de febrero de 2017.

Las obras de la segunda fase, referidas principalmente a las obras del canal madre en el tramo Moche-Chicama-Urricape, que tiene una longitud aproximada de 130 km, financieramente es de responsabilidad exclusiva del concesionario con la “recuperación de inversiones a través del pago de la remuneración por inversión (RPI)”.

Pero el avance es cero, según el informe Lava Jato.

Es así, según la misma Graña y Montero, porque “para el inicio de la construcción de las Obras de la Segunda Fase, el Concedente [es decir la región] debe cumplir con la Entrega de los terrenos, lo que no se ha cumplido hasta la fecha”.

Se refiere a las expropiaciones que debían hacerse efectivas en el área de influencia del proyecto Chavimochic para avanzar en las obras.

Por eso se ha paralizado la obra, según esta versión, “lo cual está estipulado como un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del Concedente, siendo esto una causal de caducidad por causas imputables al Concedente conforme a lo previsto en el literal b), numeral 111.1, Literal c) de la Cláusula 15.1del Contrato de Concesión”.

¿Qué habría pasado para el abandono de la obra? Según los expertos que conocen el tema, resulta que gobiernos como el de Ollanta Humala firmaron las concesiones “al guerrazo” sin los saneamientos físicos de los terrenos que debían entregar a Odebrecht y Graña para hacer, por ejemplo, el citado canal madre.

De paso, en los proyectos y contratos dejaban vacíos para ser llenados por las adendas que elevaban el costo de los mismos, como se ha visto en la Interoceánica y otros, para de esa forma favorecer a las constructoras en sospechosos actos colusorios.

Entretanto, esos saneamientos de tierras necesitaban otros presupuestos del fisco, pero hasta en esto hubo desidia del gobierno regional, en ese momento encabezado por César Acuña Peralta, motivando que los abogados de Odebrecht plantearan la resolución del contrato, y, por si fuera poco, demandaran al Estado en un nuevo arbitraje internacional que empezó el 22 de febrero de 2017 para resolver la controversia.

Obviamente tiene todas las de ganar, amén de las penalidades de incumplimiento, sin haber puesto un sol en la inversión de la obra.

Ni con esas…

Mediante la Ley 30458, el gobierno de Humala Tasso aprobó, el 14 de junio de 2016, el financiamiento para la expropiación de las tierras identificadas del proyecto Chavimochic III, por una partida doble de 50 millones de soles para el 2016 y otra de 50 millones de soles para el 2017. Ni con esas.

 

 

PLINIO ESQUINARILA

 








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