Nos prueban con arbitraje cazabobos
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La semana pasada estuvo signada por el anuncio de que la constructora domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, Odebrecht Latinvest SARL (OLI Lux), había presentado una demanda al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington.

La pretensión de la demandante asciende a la suma de 1,200 millones de dólares (MMUS$), siendo el argumento supuestos incumplimientos del Gobierno relacionados con el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, conocido abreviadamente como Gasoducto Sur Peruano (GSP).

El requerimiento de OLI Lux generó un revuelo. El presidente Martín Vizcarra, el premier Vicente Zeballos, el procurador Jorge Ramírez, y los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez hicieron público un desgarramiento de vestiduras.
Aludieron haber sido sorprendidos, una falaz afirmación, pues la actitud de ir a un procedimiento arbitral internacional había sido manifestada por un miembro de la concesionaria Gasoducto Sur Peruano (CGSP), la española Enagás, así como por la misma OLI Lux desde el año 2017.

En el primer semestre del 2018, las dos empresas ya habían culminado el trámite administrativo de trato directo de seis meses, exigido normativamente antes de ir a presentar una demanda ante un tribunal arbitral internacional. La gestión se había realizado en la dependencia denominada “Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión” (SICRECI), que se encuentra en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

COMUNICADO CONMINATORIO

Tan pronto se hizo pública la demanda, y conocida la reacción del Ejecutivo y los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, Odebrecht publicó un comunicado señalando que esperaba que el Gobierno culmine el proceso de otorgamiento de la concesión del GSP a un tercero.

En esa lógica, el adjudicatario –el Perú– debería adquirir los bienes que pusieron ellos en obra y que, desde la publicación del DU-001-2017, en febrero de 2017, el Estado había admitido su pago, en una lectura particular del contrato de concesión que debería ser considerada no solo fallida sino sospechosa.

Y es que consideraban que se haría una preservación de bienes con cargo a los fondos obtenidos de la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento, la misma que ascendía a la suma de 262.5 MMUS$. A la fecha ya ha sido comprometido 200 MMUS$, es decir el 76 % del total.

GOBIERNO SE ALLANA

El jueves 6 de los corrientes, el hasta entonces superejecutivo ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, manifestó a un diario económico local, que se lanzaría el proyecto, describiendo un modelo de otorgamiento de concesión que era reflejo de la exigencia de Odebrecht.

Los medios lo siguieron buscando a Liu Yonsen para que desarrolle sus puntos de vista, y en entrevista televisiva propalada el domingo pasado, reconoce dos cosas: que había hecho trabajos de consultoría para la trajinada transnacional brasileña, y que, a instancias del procurador Jorge Ramírez, se había reunido con sus funcionarios, donde le plantearon llegar a un acuerdo.

La revelación motivó que se viese obligado a renunciar, pero siguiendo el libreto del pasaje bíblico decidió por un “mueran Sansón y los filisteos”. Reveló que la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, estaba informada de la reunión.

La primera consecuencia fue que de inmediato fue cesado de su cargo el procurador Jorge Ramírez, y, siguiendo la línea trazada por Liu, este último fue más allá fue más allá al afirmar que era la ministra quien había pactado la aciaga reunión.

Este ‘vómito negro’ desencadenó la caída de todo el gabinete Zeballos, pues resultaba increíble que este alto funcionario y la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, no supieran del cónclave tripartito: Liu, Ramírez y funcionarios de Odebrecht.

PENSAMIENTO ZEBALLOS

Antes del 21 de enero, fecha en que Odebrecht presentó la solicitud de arbitraje ante el Ciadi, Jorge Ramírez se reunió, según relató a IDL-R, con el premier Vicente Zeballos a pedido de este. “Me reuní personalmente con el premier. Me pidió que le explicara lo acontecido. Le expliqué todo lo que he narrado, que Odebrecht todavía no había presentado la solicitud de demanda ante el Ciadi. La posición del premier era que no se negociaba con delincuentes. En resumen fue eso”.

TRES ACTOS

Cualquier observador medianamente agudo podía concluir que la escena estuvo puesta en tres actos. En el primero, para la platea, se mostraban las declaraciones de Vizcarra Cornejo, de Zeballos y de los fiscales Vela y Pérez, todas enérgicas y conminatorias, exigiendo a los brasileños que se desistiesen de su arbitraje por 1,200 MMUS$ porque, de lo contrario, los incluirían en la denuncia sobre el caso GSP a cargo de la fiscal Geovanna Mori.

El segundo acto sería la respuesta de OLI Lux en la que deberían mostrarse conciliadores y hasta desistiéndose del citado arbitraje; se produjo mediante la información pública de sus abogados, el conocido internacionalmente estudio Clifford Chance LLP, que solicitaba una reunión al gobierno para evaluar la posibilidad de un acuerdo.

Y en el tercer acto vendrían los grandes titulares de la prensa “sahumadora” del Gobierno, mostrándolo triunfante de hacer retroceder a Odebrecht. Con esto caía el telón pero, tras bambalinas, seguía su curso el arbitraje presentado ante el Ciadi, por Enagás SA, uno de los tres miembros del CGSP, con la complicidad soterrada de la otra consorciada y hoy arrepentida Graña y Montero SA.

La demanda de Enagás, recordemos, había ingresado al Ciadi el 24 de agosto del 2018, anunciando que su pretensión económica era por 511 MMUS$. El 18 de julio del 2019 fue conformado el tribunal arbitral y en el mes de agosto la firma española anunciaba que esperaba un resarcimiento económico por 1,980 MMUS$.

En este nuevo monto, si se aplica la participación porcentual de los miembros del CGSP, se tendría que a OLI Lux le correspondería el 51.64 % (1,022 MMUS$); a Enagás SA, el 26.87 % (532 MMUS$) y a Graña y Montero, el 21.49 % (426 MMUS$).

Esto significaba que si OLI Lux se desiste de su demanda por los 1,200 MMUS$, tiene el backup o respaldo de la demanda de Enagás que, de aplicarse los intereses a los 1,022 MMUS$ que recuperaría, fácilmente puede llegar a su expectativa de 1,200 MMUS$. Esto porque los plazos para intereses corren desde enero del 2018, que era cuando se le vencía el plazo -al gobierno peruano- para la devolución del valor contable neto de los bienes del GSP, según la lectura del contrato del DU-001-2017.

CÓNCLAVE CLAVE

A las 9 de la mañana de ese fatídico 9 de enero, el entonces ministro de Energía y Minas, Liu Yonsen, recibe a los emisarios de Odebrecht Rogeiro Bautista, Mauricio Cruz, Ricardo Weyll y al abogado de la constructora, Ricardo Escobar. Estuvo además el procurador ad hoc Jorge Ramírez y unos cinco funcionarios del ministerio.

CADÁVERES INESPERADOS

La puesta en escena de la obra no contaba que murieran en escena, hablando en términos figurados, por lo menos tres actores: el ministro de Energía y Minas, la ministra de Justicia y el procurador Ramírez, no descartándose más muertos, pues se ha presentado una epidemia sobre un escenario en que el Gobierno se des-Barata.

De ahora en adelante, este guion de teatro o filme, que se podría titular como el “El arbitraje cazabobos”, será muy difícil que pueda continuar en cartelera por una sencilla razón: los espectadores ya conocen el final.

QUERÍAN FIRMAR ACTA

Los emisarios de Odebrecht, encabezados por Rogeiro Bautista, reiteraron el 9 de enero, en el Minem, que el interés de la empresa era llegar a una solución negociada con el Perú, para lo cual se hacía necesario firmar un acta para suspender el plazo de prescripción para no ir en queja ante Ciadi.

POR: CÉSAR GUTIÉRREZ

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