PIERDE APELACIÓN Y TENDRÍA QUE PAGAR REPARACIÓN CIVIL

Nuevo revés judicial para Graña por Interoceánica

Procuradoría calcula en más de S/ 609 millones el monto que deberá devolver al Estado, en forma solidaria con Odebrecht y otros socios, por gestionar adendas corruptas.

  • Fecha Jueves 6 de Junio del 2019
  • Fecha 6:00 am



A pesar de sus constantes intentos de lavarse la cara y presentarse como una empresa totalmente limpia y renovada, Graña & Montero (G&M) sigue en altibajos no solo económicos, sino con la justicia. El Poder Judicial resolvió que la principal constructora peruana sea incluida como tercero civilmente responsable en el caso Interoceánica Sur (Tramo 2).

Junto a sus otrora elogiadas socias Norberto Odebrecht, JJC Contratistas Generales e Ingeniero Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA), enfrenta un pedido de la Procuradoría del caso Lava Jato para pagar 182 millones de dólares como reparación civil al Estado.

“Se dice que es preliminar porque el caso está en etapa de investigación preparatoria y el monto podría aumentar, según el avance de las investigaciones y la constatación de más daños civiles al Estado”, informó una fuente.

Otro punto que debemos precisar es que la incorporación de G&M y las otras empresas como terceros civiles responsables, es independiente de su papel como investigadas en términos penales.

En temas penales, la empresa cuyo principal accionista es José Graña Miroquesada, podría afrontar sanciones que van desde la suspensión de la empresa, el pago de multas o hasta la disolución de la misma. Esto ya depende de la forma en que el equipo especial del Ministerio Público decida tipificar su participación en el proceso.

“Terceros civilmente responsables en la investigación preparatoria formalizada en contra de Héctor Martín Kuang Salas y otros por la presunta comisión de delito de negociación incompatible y alternativamente colusión en agravio del Estado”, señala la Resolución N° 8 10/04/19, suscrita por la Corte Superior de Justicia de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

El pasado 10 de abril, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había considerado solo implicar a la razón social Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 2 SA, el cual estuvo a cargo de las obras de la carretera Interoceánica Sur tramo 2 (2006-2011).

Esta razón social era diferente a G&M, con lo cual esta evadía su responsabilidad en la red de corrupción que no solo llegó hasta Alejandro Toledo, sino que tenía operadores en organismos técnicos, donde supuestamente los funcionarios de rango mediano no se prestaban a malas maniobras.

Un total de 21 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte, perjudicaron al Estado con estudios y aprobación de adendas en el tramo referido, indicó el portal Gato Encerrado.

ESTIMADO INICIAL

Estas maniobras “técnicas” provocaron que la obra cueste 182’185,907.28 dólares americanos más, y también los gastos generales, que pasaron de 27 por ciento a 35.5%, cifra que es un estimado inicial.

La resolución judicial se da exactamente una semana después de que el portal IDL Reporteros publicara que G&M se acogía a la colaboración eficaz, anuncio que sirvió para que las acciones de la constructora subieran en tres días un 4 %, en un intento de recuperarse de la caída de 8 % de un mes atrás.

Sin embargo, eso no le sirvió de mucho, ya que en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el escenario fue peor. Al inicio de la jornada del tres de junio, cada acción valía US$3.26, y al final estaba en 3.20 dólares.

Regresando a los motivos que dieron razón a la apelación, uno de ellos fue la refutación a los abogados grañistas, quienes manifestaban que, si bien es cierto Conirsa podía tener responsabilidades, estas no atañen, dijo, a las empresas que la conformaban.

“A partir de las acciones desplegadas por el imputado Héctor Martín Kuang Salas, se presentaron 3 hechos que fueron observados por la Contraloría de la República como irregularidades: i) tres soluciones técnicas (Hualla Hualla, Hayllayoc y Congate), ii) trato directo, y iii) incremento de gastos generales”, señala la sala presidida por Emérito Ramiro Salinas.

Otro punto que determinó la responsabilidad de las empresas, fue que todas suscribieron la escritura para formar Conirsa, luego de conseguida la buena pro para el tramo 2 de la Interoceánica Sur, el 30 de junio del 2005.

La firma del contrato la hicieron con esta nueva razón social el 4 de agosto de ese año, designando a Luiz Fernando de Castro Santos como su representante.

“Decidieron consorciarse y luego formaron otra empresa solo para efectos de firmar el contrato de concesión, les guió una única voluntad ilícita generadora del daño patrimonial y extra patrimonial en perjuicio del agraviado que, en este caso, es el Estado peruano”, determina el documento.

La sobrevaluación en el Tramo 2

El Tramo 2 de la Carretera Interoceánica es una vía de 300 kilómetros que une Urcos (Cusco), Ocongate, Marcapata, Quincemil y Puente Inambari (Madre de Dios), obra entregada a Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., conformada por las constructoras Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A.A., JJ Camet Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA). La buena pro fue ganada en 2005.

Se trata de  un tramo concesionado por 25 años, siendo el Estado cofinanciador. Como informó EXPRESO, este proyecto tuvo un costo inicial de US$ 263’061,649.00, pero con sus ocho adendas en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García Pérez, a diciembre de 2017 sumaba una inversión de US$ 1,110’250,289.77.

Es decir, la diferencia entre el presupuesto inicial y la inversión real al año 2017 era de nada menos que de US$ 750’737,890.77.

LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

-Luiz Fernando de Castro Santos, exdirector de Consorcio -Interoceánica Sur Tramo 2 SA

-Héctor Martín Kuang Salas

-Roger Fernando Llanos Correa

-Luigi D’alfonso Crovetto

-Juan Carlos Polo Puelles

-Carlos Alberto Aguilar Meza

-Wilber Javier Pérez Alata

-Wilfredo Becerra Silva

-Augusto Martín Pehovaz Carreño

-Dante Rodríguez Mogrovejo

-Luis Alberto Taipe Silva

-Víctor Raúl Vallejos Vallejos

Primera sentencia por caso Odebrecht

El próximo martes 11 de junio el Poder Judicial emitirá la primera sentencia por el caso Odebrecht -Lava Jato correspondiente al proceso que enfrenta el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, denominado “Carretera Chacas-San Luis”.

El fallo será emitido por el Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo de Nayko Coronado Salazar.

Además, dado a conocer tras concluir el juicio oral por el referido caso con la autodefensa del acusado Luis Díaz Vilca, quien, junto con Álvarez Aguilar y otros nueve exfuncionarios del gobierno regional de Áncash, enfrenta cargos por colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.

La Fiscalía solicitó para los acusados penas entre seis y ocho años de cárcel, inhabilitación para ejercer cargos públicos y reparación civil.

La historia de los “riesgos adicionales”

EXPRESO informó en su momento que la coima o “propina” entregada a altos funcionarios de esos años tendría, en el libro de la Junta General de Accionistas de Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., el nombre técnico de “riesgos adicionales”, como se puede leer en las en actas de la sesión del 1 de junio de 2011 que da cuenta de las utilidades en ese ejercicio de un monto de US$ 94’318,519.47.

Estos “riesgos” fueron explicados por José Graña Miró Quesada, en ese entonces ejecutivo de Graña & Montero, como el reconocimiento de un mayor porcentaje a Odebrecht por otorgar garantías de reparación por los daños o arreglos que tuvo que afrontar su socia mayor.

“La verdad es que la palabra [riesgos adicionales] entiendo que suena raro, pero es clarísimo, los constructores sabemos lo que quiere decir”, fue la explicación que ensayó Graña en su presentación ante la citada comisión congresal.

En el Informe Final de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, dichos presuntos sobornos fueron repartidos en función delo accinariado9 de los integrantes del consorcio, más conocido como Conirsa: el 70 % lo solventaba la constructora Norberto Odebrecht, 18 % Graña y Montero, JJC Contratistas Generales el 7 %, y el 5 % salía de las arcas de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).

Es más, como ya es público, Jorge Barata había declarado que las consorciadas peruanas participaron y asumieron un porcentaje del pago de los sobornos a favor del ex presidente Alejandro Toledo.

“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que [el pago de sobornos] se distribuyó entre los consorciados”.

Por eso es que tanto en la investigación de la Fiscalía como de la comisión investigadora del Congreso se ha verificado que las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA cedían una parte de sus utilidades a Odebrecht por aquellos “riesgos adicionales”.

Estas declaraciones fueron anteriores a otras incriminaciones de Barata a G & M sobre el pago de sobornos en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, junto a la constructora brasileña.

La sucesión de escándalos de G&M, incluida la última visita el grupo Lava jato de la Fiscalía a Brasil, había terminado de jubilar a los ex líderes de la empresa, José Graña Miró Quesada, Hernando Graña y Mario Alvarado, quienes ya no participaron en las negociaciones sobre la colaboración eficaz en curso.

LA CONEXIÓN VIZCARRA

Para consumar su obra corrupta, G&M y sus socios contrataron a la empresa C y M Vizcarra S.A.C., en las obras de la carretera Interoceánica Sur. Esta empresa pertenecía al hoy presidente Martín Vizcarra y a su familia, y cobró S/ 323,004 a Conirsa entre el 2006 y 2008.

El último 9 de enero, el mandatario negó conexión alguna con Odebrecht, pero cuando fue desmentido, arguyó que no sabía que los brasileros eran parte del conglomerado empresarial, algo muy difícil de creer, ya que manejaban el 70 por ciento de las acciones de este.

La Comisión de Fiscalización del Congreso inició una investigación sobre el tema, pero cuando ya había citado a Carlos Vizcarra, hermano del jefe de Estado, el grupo parlamentario se quedó sin presidente. Luis López, su titular, fue suspendido 120 días por presuntos tocamientos indebidos a la legisladora Paloma Noceda.

“No tenemos impedimento para ejecutar contratos”

El sábado pasado circuló en los correos electrónicos de G&M una carta firmada por el Luis Díaz, el gerente general corporativo, quien afirma en la parte sustantiva de la misiva que “somos una compañía que cuenta con el respaldo de nuevos accionistas, bancos y clientes que confían en nosotros y que nos han renovado su confianza otorgando importantes proyectos no solo en Perú sino en la región”.

En otro párrafo añade: “Quisiera enfatizar que nada de lo que se ha difundido cambia la situación legal de la compañía. No tenemos impedimento para ejecutar los contratos que tenemos, con el nivel de calidad y compromiso que siempre nos ha caracterizado, ni para contratar nuevos proyectos con nuestro clientes actuales o futuros”.

POR: CESAR ROJAS VIDARTE

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