PUSO TRABAS A INVESTIGACIÓN

Fiscal Pérez ocultó información del caso Gasoducto

Cuando se le pidió que compartiera testimonios de Barata sobre proyecto energético, fiscal denunció intromisión en su trabajo.

Fiscal Pérez ocultó información del caso Gasoducto
  • Fecha Martes 17 de Septiembre del 2019
  • Fecha 7:30 am

Por César Rojas.

A las polémicas acciones del fiscal José Domingo Pérez en beneficio del presidente Martín Vizcarra al retirarlo de los casos “Moqueguazo” y “Chinchero”, ahora se suma otra revelación: cuando aún no pertenecía al equipo Lava Jato, puso trabas para la investigación del Gasoducto del Sur, megaproyecto otorgado por el gobierno de Ollanta Humala a Odebrecht. Así lo indican documentos del año 2017, cuando fiscales anticorrupción solicitaron acceder a información llegada desde Brasil a los magistrados encargados específicamente de lavado de activos con aportes de campañas políticas.

La respuesta del magistrado provincial fue una denuncia pública de que se pretendía entorpecer su investigación. EXPRESO accedió a documentos del Ministerio Público, de cuya lectura se desprende que no hubo intento de obstruir el trabajo de Pérez, sino más bien de aprovechar los registros del celular de Marcelo Odebrecht y de los correos electrónicos de Fernando Migliaccio Da Silva.

En el 2017 se habían encontrado registros sobre “Aumentar Keiko y hacer visita”, y de “Programa OH”. Lo que no se había dicho entonces era que la primera fase no acababa allí, sino que seguía refiriéndose a Ollanta Humala. En la segunda estructura, Jorge Barata admitió luego que sí se hablaba del expresidente. “Una vez que recibo el expediente me entrevisto informalmente con el doctor Alonso Peña Cabrera, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, para que me oriente cuál iba a ser el mecanismo para obtener la declaración de Marcelo Odebrecht en Brasil (…) me pregunta si iba a preguntar sobre todas las inscripciones, le dije que sí, y me dice ‘¿incluido AG?’ y me dijo que AG no se pregunta”, dijo Pérez el año pasado, acusando un supuesto sabotaje. Lo que no precisó el fiscal provincial entonces, es que cuando se descubren estas menciones, había sido dentro de las confesiones de Barata, así como de otros exejecutivos, a los encargados de casos de lavado de activos, con carpeta 55-2017.

REUNIÓN DE URGENCIA

El coordinador del grupo de fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela convocó a José Domingo Pérez, Germán Juárez y Geovana Mori y al procurador ad hoc Jorge Ramírez a una reunión de coordinación por la investigación al proyecto del gasoducto. La reunión es a pedido de Pérez (porque el procurador le solicitó documentación del caso), se realizará este jueves 19 de septiembre, a las 11 de la mañana.

SOLO LAVADO

Es decir, era información que no se les había brindado directamente a los miembros del equipo Lava Jato que dirigía entonces Hamilton Castro. “Debo precisar que la información referida es de interés para los efectos de la carpeta fiscal 12-2017, concerniente al proyecto Gasoducto del Sur, a cargo del fiscal provincial Javier López Romaní”, señala un oficio del 10 de noviembre de 2017, dirigido por Castro a César Zanabria Chávez, fiscal superior coordinador del sistema anticorrupción.

En los celulares incautados en el 2015 a Odebrecht, y cuya data fue expuesta a Pérez, se filtró primero a la prensa lo referente a Keiko Fujimori (sin completar la frase que aludía a Humala Tasso), pero recién meses después se supo que había cuatro registros específicamente del GSP, proyecto de más de 7,000 millones de dólares y con cláusula anticorrupción. “PDEC demanda ¿D p/FO? JN, Kuntur (DE responde preguntas) Kuntur”, “CC/AG versus DR y JCN, CSN Perú y AHE Colombia”, “Anuncio Kuntur ahora bueno para Perú/AG, etc.” y “¿Humala? Perú. Gas como oportunidad de aproximación/alineación versus farm out PB)”, se incluía.

Kuntur era el primer proyecto energético –bajo el gobierno de Alan García- para dotar al sur de gas propio y barato, por aproximadamente 1,300 millones de dólares, cifra que casi se quintuplicó con el humalismo. A esto se sumaban anotaciones de reuniones de los brasileños en junio de 2011 con el ya electo Humala, así como hasta tres entrevistas durante su gobierno, las cuales no se habrían dado en Palacio de Gobierno, ya que no figuran en los registros oficiales, a diferencia de las de Alan García, que incluso eran informadas por sus funcionarios de Prensa. Un hecho cuestionable al actual equipo Lava Jato es que Ollanta Humala no figura como investigado en el caso de supuesto cohecho en el GSP, sino su esposa Nadine Heredia, así como funcionarios menores. Tampoco se han aceptado como pruebas las agendas de la exprimera dama.

OLLANTA IMPUNE

Cabe indicar que, además de la carpeta 12-2107 que veía sobornos para obras, también existía la 7-2017 a cargo del fiscal Ángel Gonzales Farfán, que también investigaba este tipo de delitos. “Hamilton Castro demoraba en firmar el acuerdo de colaboración eficaz porque había indicios de corrupción con el Gasoducto. Con esta información que tenía Pérez se podía obligar a exejecutivos de la empresa a que reconozcan haber pagado sobornos, y se aplicaba la cláusula anticorrupción contra cualquier arbitraje. Eso no lo gestionaron Pérez y Vela en su acuerdo”, informó un miembro del Ministerio Público. En la carpeta que fue derivada a Vela por orden de Chávarry, Jorge Barata figuraba como probable investigado por el proyecto gasífero. Sin embargo, meses después fue excluido totalmente del caso, porque se acogió a la colaboración eficaz. ¿Cómo se le permitió, si ya había información que demostraba corrupción y lo incriminaba? Estos trámites del equipo Lava Jato que lideraba Castro se habían iniciado hacía semanas, y justo cuando se avanzaba la coordinación para que, de simple lavado el tema pase a los investigadores de sobornos (el 26 de octubre el fiscal coordinador remitía la información inicial), Pérez interpuso su primera queja. Lo hizo contra Alonso Peña Cabrera, fiscal coordinador de Cooperación Internacional que había dado visto bueno a compartir la información sobre el Gasoducto; no se incluiría en las carpetas de pesquisas sobre coimas, pero servía como insumo para cruzar información.

DINERO DE CHAGLLA

En febrero de 2018, la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero pidió a Zanabria coordinar si había información de coimas en la central hidroeléctrica de Chaglla.

Este proyecto terminó siendo vendido por unos 1,200 millones de dólares este año, de los cuales se pagaron deudas, y se congeló 525 millones de soles para un fideicomiso especial. Sobre Chaglla, la Comisión Lava Jato del Congreso determinó que hubo indicios de delitos y faltas administrativas comprobadas, pero estas últimas habían prescrito, y de lo primero, no se habría ahondado a nivel del Ministerio Público. De esta manera, el nuevo equipo dirigido por Rafael Vela no incluyó al Gasoducto Peruano del Sur ni a la hidroeléctrica Chaglla en sus negociaciones para un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Por parte de los delincuentes brasileños, afirmaron que no hubo delito alguno en ninguna de estas obras. Pero mentían. El último 25 de junio, el portal ecuatoriano La Posta reveló archivos del sistema Drousys, de pagos ilegales relacionados al GSP, y que no habían sido informados a las autoridades. Ante ello, el propio Vela admitió que la compañía había abonado pagos ilícitos relacionados con la concesión.

CULPA A MUERTO

“Hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad sobre lo que se está investigando en el caso específico del Gasoducto del Sur”, señaló entonces a la prensa. Sin embargo, nunca aclaró si sus “pagos ilícitos” los considera sobornos o simple pago no declarado. Tampoco si se refería al primer proyecto (iniciado con García Pérez y continuado en el primer año de Humala Tasso) o al segundo, el cual sí tiene cláusula anticorrupción.

En los servidores de Odebrecht figura un pago de la Caja 2 (de la cual salía el dinero para corromper funcionarios) a los codinomes “Disco” y “Princesa”, por 1,300,000 dólares, para el GSP. Cuando se le preguntó a Barata quiénes eran estas personas, respondió que eran una misma: el abogado Luis Pizarro, quien murió hace dos años. De todo lo anteriormente dicho, el Perú podría tener que pagar 1,980 millones de dólares a Enagás, socia con un 25 % en el Consorcio del Gasoducto Sur Peruano, y que demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

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