SE TRATA DE ELEODORO MAYORGA, SEGÚN CONGRESISTA YENI VILCATOMA

Odebrecht habría colocado ministro para obtener el gasoducto

En la denuncia fiscal contra ejecutivos de la empresa brasileña, la exprocuradora señala que para obtener el negocio del gas en Camisea, varios  ministros y funcionarios de entidades como Proinversión cumplieron el rol de “operadores técnicos”.

Odebrecht habría colocado ministro para obtener el gasoducto
(Foto: Edgar Machaca/EXPRESO)
  • Fecha Jueves 28 de Marzo del 2019
  • Fecha 6:00 am

Con el objetivo de obtener el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP),  Marcelo Odebrecht, a través de Jorge Barata, representante de la constructora brasileña en el Perú, le habría pedido al entonces presidente Ollanta Humala colocar como ministro de Energía y Minas a Eleodoro Mayorga Alba.

Así lo señala la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, en la denuncia dirigida a la fiscal superior coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en contra de los directivos de la empresa Odebrecht por el delito de organización criminal.

Es necesario precisar que cuando el referido proyecto estuvo planteado como una iniciativa privada por Kuntur Transportadora de Gas S.A.,  su presupuesto ascendía a US$ 1,330 millones; sin embargo, luego de convertirse en una Asociación Público Privada (APP) con Odebrecht, el monto creció en US$ 7,328 millones.

Según la legisladora y exprocuradora, se conformó una organización criminal integrada por directivos de Odebrecht, quienes se valieron de altos funcionarios peruanos, así como del Legislativo, en su condición de operadores políticos, para crear el marco legal que le permitiera obtener la licitación del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

Para lograrlo, ministros de Estado, funcionarios del Consejo Directivo de Proinversión y del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, así como del equipo técnico, entre otros, cumplieron el rol de “operadores técnicos operativos”.

De acuerdo a la denuncia, Marcelo Odebrecht como dueño de Kuntur y directo interesado en obtener ganancias para la explotación del gas peruano, solicitó el marco legal a la medida de sus intereses, además del direccionamiento del proceso con la finalidad de eliminar toda competencia y obtener la buena pro en la licitación del proyecto antes citado.

“Luego pidió condiciones para que este negocio no tuviera riesgo alguno, es decir un contrato bancable, con la finalidad de que cualquier entidad financiera le otorgue dinero, y esto se obtenía con la figura del ingreso garantizado [de parte del fisco]; por ello es que este punto se estableció en la ley”, indica.

De esa forma se lograba, según la acusación, ganancias ilimitadas e ilegales y por ello se pasa de una iniciativa privada con Kuntur a una Asociación Público Privada (APP) con Odebrecht, proyectando un negocio sin riesgo bancable debido al ingreso garantizado que se le permitió pagarle a través de los recibos de electricidad.

En esta trama corrupta estaría Marcelo Bahía Odebrecht en su condición de empresario y presidente de la constructora Odebrecht, quien habría dirigido y conformado una organización criminal destinada a conseguir grandes obras públicas en infraestructura, para lo cual habría cometido actos de corrupción “disponiendo el soborno de autoridades del Ejecutivo y Legislativo”.

“Para ello se habría reunido en varias oportunidades –entre los años 2010 y 2011– con Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia en su residencia en Sao Paulo, Brasil, para luego reunirse en Palacio de Gobierno en el año 2012”, dijo la legisladora.

“Marcelo Odebrecht habría intervenido en el proceso de adjudicación de la concesión de transporte de gas precisamente con el objeto de que su empresa vaya como postor único, tal y como lo declaró ante el fiscal brasileño Orlando Martello y el fiscal peruano José Domingo Pérez el 9 de noviembre de 2017”, se señala.

Jorge Simoes Barata, en su condición de director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, habría estado encargado de coordinar con Ollanta Humala la elaboración del proyecto de ley para permitir que en el sector energético también se pueda hacer una APP con la finalidad de que Odebrecht gane la licitación del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, con ganancias exorbitantes e ilegales.

DESIGNACIÓN

No solo eso sino que “habría coordinado con Humala, a través de Nadine Heredia, la designación del ministro de Energía, Eleodoro Mayorga Alba, quien había sido socio del estudio Laub & Quijandría, siendo su cliente principal Odebrecht, empresa de la cual nunca se desligó y con quien siempre habría mantenido relaciones”, señala la parlamentaria en su acusación.

Raymundo Trindade Serra, en su condición de gerente general de Odebrecht, habría entregado sumas de dinero a nombre de la constructora carioca, como aporte de campaña a los candidatos presidenciales de las regiones de Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Apurímac, esto con el objetivo de que, al ser elegidos como autoridades, presionen al Ejecutivo en la necesidad de construir el Gasoducto Sur Peruano.

“Lo que se buscaba era obtener la licencia social, es por eso que primero se busca el contacto en el Poder Ejecutivo para dar a conocer el proyecto, y luego se busca el contacto en el Legislativo para que cuando el proyecto de ley sea sustentado en la Comisión de Energía, este sea aprobado, tal y como sucedió”, señala.

Rodney Rodríguez de Carvalho, en su condición de director del proyecto y firmante del contrato de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, habría firmado el contrato de concesión en representación de la concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A.

En tanto que Renato Ribeiro Bortoletti, director de contratos de la empresa, habría coordinado con el equipo técnico de Proinversión para que se entregue la buena pro del proyecto a favor del grupo empresarial Odebrecht, siendo el concesionario la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. (GSP S.A.) y teniendo como consorciadas a Inversiones en Infraestructura de Transportes por ductos S.A.C y Enagas Internacional S.L.U.

Mariana Demoro Simoes, en su condición de directora jurídica de Odebrecht, habría elaborado como integrante del Estudio Delmar Ugarte, un informe a través del cual se descalificó al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, competencia de Odebrecht, por lo que se le entregó a esta la concesión del proyecto.

OLLANTA HUMALA

Ollanta Humala en su condición de presidente habría participado en el impulso del proyecto en mención al favorecer los intereses privados en desmedro de los de la nación, para lo cual emitió diversos instrumentos normativos –como las resoluciones supremas Nº 05-2013-EF y 015-2013-EF– que hicieron posible la concesión del indicado proyecto al garantizar deudas contraídas por la sociedad GSP S.A. a través del Decreto Supremo Nº 2017-2014-EF.

Para este objetivo, de acuerdo a la denuncia, Humala se habría reunido varias veces con Marcelo Odebrecht y Jorge Simoes Barata con la finalidad de comprometer al Estado Peruano para darle al grupo empresarial  brasileño condiciones favorables afectando los recursos de los usuarios del servicio de electricidad y mediante los mencionados ingresos garantizados a cargo del propio Estado.

“Habría promovido un marco legal especial conformado por las leyes 29969 y 29970, así también mediante DS Nº 207-2014-EF ordenó se otorgue mediante contrato las seguridades y garantías del Estado contenidas en el contrato de concesión del proyecto en perjuicio del interés nacional”, señala.

NADINE HEREDIA

En su condición de primera dama habría ordenado a Jorge Acurio, entonces presidente regional del Cusco, encargarse de llevar a los presidentes regionales para que presionaran en la Comisión de Energía a fin de que se aprobara el dictamen que originaron las leyes 29969 y 29970.

A su vez, Juan Jiménez Mayor, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, se afirma que avaló con su firma el proyecto de ley 1396/2012 el mismo que dio origen a la Ley 29970, la que sirvió de marco legal para el proyecto.

TEÓFILO GAMARRA

Según la denuncia fiscal, Teófilo Gamarra Saldivar, en su condición de congresista y titular de la Comisión de Energía, sería el encargado de presentar, con fecha 6 de diciembre de 2012, el proyecto de ley Nº 1794/2012 –CR, “redactado por Odebrecht y que buscaba se declare de interés nacional el afianzamiento de la seguridad energética del país a través de la promoción de procesos de inversión”.

VÍCTOR ISLA

El nacionalista Víctor Isla Rojas, en su condición de presidente del Congreso (2012-2013), habría presionado para que se pusiera en agenda del Pleno del Congreso el debate de los proyectos de ley Nº 1794/2012-CR y 1396/2012-PE, los mismos que dieron origen al marco legal conformado por las leyes 29969 y 29970.

Habrían ocultado información sobre Gasoducto del Sur

En el documento fiscal, la exprocuradora Yeni Vilcatoma señala que los representantes de Odebrecht estarían incumpliendo la obligación de proporcionar todas las evidencias de las obras en las cuales se habrían cometido actos de corrupción.

Ello porque esas evidencias que llegaron del Brasil y Suiza demuestran que en las obras públicas emblemáticas, como Gasoducto, Olmos y Chaglla, también se habrían pagado sobornos a altos funcionarios del Estado.

Según indica la legisladora, se sabe que a inicios de 2017, representantes del Ministerio Público recibieron información importante de evidencias delictivas en la obra del Gasoducto y por ello Hamilton Castro, exjefe del Equipo Especial de las investigaciones Lava Jato, decidió incorporar a Jorge Simoes Barata como investigado en la carpeta fiscal.

“Es muy complicado asimilar que esta empresa corrupta solo haya coimeado en cuatro obras y no lo haya hecho en las obras de mayor envergadura como Gasoducto y Olmos”, se señala.

Asimismo, se hace referencia a las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht, indicando el gran interés de esta empresa por intervenir en inversiones de gas. Esta línea de investigación se quiebra con la conformación del nuevo equipo especial del caso Lava Jato en la Fiscalía.

“Todo ello nos lleva a concluir que Odebrecht y sus representantes habrían callado intencionalmente y [habrían decidido] no decir nada, ni aportar prueba de cargo, en actos de corrupción en esta gran obra del Gasoducto que involucra a expresidentes”, se subraya.

Yeni Vilcatoma añade que si la empresa Odebrecht y sus representantes no quieren admitir culpabilidad en este proyecto, es deber del Ministerio Público efectuar una investigación y así identificar a los responsables.

“El contrato de Gasoducto del Sur tuvo un diseño mafioso”

El expresidente de la primera comisión Lava Jato, Juan Pari Choquecota, señaló que el contrato de la obra Gasoducto del Sur Peruano se realizó bajo un diseño “mafioso” puesto que el Estado era quien subvencionaba económicamente la obra, a través de garantías con cartas fianza, “a una empresa corrupta”.

Explicó que existen evidencias de sobrevalorización en la compra de los tubos de las conexiones por donde iba a pasar el gas y, además, hay indicios de pago de sobornos.

El exlegislador dijo no entender por qué esa obra gasífera no fue incluida en el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht.

No obstante, consideró que este caso puede entrar en un acuerdo complementario o en un nuevo acuerdo, más allá de que existan muchas personas que quieran que este caso no sea investigado.

Recordó que esta obra no comenzó en el gobierno de Ollanta Humala sino en el de Alan García, con la obtención de la buena pro por parte del consorcio Kuntur.

Pari Choquecota lamentó que esta obra esté paralizada actualmente, puesto que los principales perjudicados son las familias del sur del país que no se han podido beneficiar con las conexiones de gas domiciliario a sus viviendas.

La obra se encuentra paralizada desde el año 2016 y Odebrecht afirma haber invertido más de 2 mil millones de dólares junto a sus socios Graña y Montero y Enagás.

MARÍA TERESA GARCÍA

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