Odebrecht impide apoyo suizo al Perú

Fiscales sabían desde noviembre que abogados de brasileños bloqueaban desencriptar la información de servidores My Web Day y Drousys desde Europa, pero guardaron silencio.

Además de ocultar más de 20 obras conseguidas mediante sobornos, de contradecirse en varias declaraciones, y demandar al Perú por S/ 4,000 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Odebrecht también ha estado impidiendo el acceso a los servidores informáticos donde están todos los codinomes de sus cómplices.

“La constructora brasileña ha presentado recursos legales en Suiza para evitar que la compañía Safe Host, que almacena datos informáticos de corporaciones y entidades bancarias, remita a las autoridades peruanas la información original contenida en los servidores My Web Day y Drousys, plataformas en las cuales se ocultó el detalle de los pagos ilícitos y la identidad de quienes los recibían desde el Departamento de Operaciones Estructuradas”, reveló el portal Convoca.pe.

Al igual que con la demanda, el Ministerio Público ya sabía de este impase, pero lo ocultó, a fin de que Jorge Barata y demás delincuentes extranjeros siguieran dando declaraciones con cuentagotas.

“Las acciones de los abogados de Odebrecht, la última de las cuales se interpuso ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, fueron reportadas el 18 de noviembre último a la fiscal superior Celia Goicochea, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía del Perú, por parte del Basel Institute on Governance”, agrega el informe.

La fiscal federal suiza Elisabetta Tizzoni había informado de esto semanas antes en Europa, ya que el equipo Lava Jato y el procurador Jorge Ramírez habían apoyado que se les pague S/ 524 millones a los brasileños, para que estos a su vez paguen los servicios de Safe Host.

BLOQUEADOS

Si bien la legislación suiza permite que sus servidores judiciales operen directamente con Safe Host, Odebrecht ha solicitado ser incluida como parte en el proceso de asistencia legal internacional.

“Aunque inicialmente esa pretensión fue desestimada por el Ministerio Público Federal de Suiza, Odebrecht ha insistido ante la siguiente instancia, en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, capital del cantón del Tesino”, se indica.

Esto lleva más de tres años, ya que la activación de la cooperación judicial con el país de Roger Federer se dio en diciembre de 2016, cuando el fiscal Hamilton Castro estaba a cargo del caso Lava Jato.

Con la gestión de Rafael Vela, se han centrado en los servidores de Brasil, dejando de lado este punto, así como al convenio con el exfiscal suizo Stefan Lenz.

“Odebrecht no se opone a la cooperación jurídica internacional y al intercambio de datos, sino que, de hecho, defiende su legitimidad para ser parte de los pedidos de cooperación jurídica internacional”, fue su respuesta.
Según dicen, solo quieren asegurar que la información corresponda a actividades de los respectivos países que la solicitan, previo acuerdo de colaboración firmado.

¿Sabía el fiscal Vela de esta actitud obstruccionista de sus aliados en las investigaciones? ¿Su colega Celia Goicochea no se lo dijo, o prefirieron darle impunidad al entorpecimiento?

A esto se suma una media verdad señalada por el coordinador del equipo Lava Jato: que el acuerdo de colaboración eficaz ponía trabas a cualquier intención de demandar al Estado peruano.

CLÁUSULA PERDIDA

“Las preguntas claves son: ¿por qué no se aplicó desde el principio la cláusula anticorrupción?; ¿por qué no se amplió el caso si ya en enero de 2019 se sabía de la demanda ante CIADI?; y ¿por qué se mantiene a fiscales que han actuado como abogados de Odebrecht?”, escribió el analista Hugo Guerra en Twitter.

LUZ VERDE PARA DEMANDA

La verdad completa es que no se pone ninguna traba a esta posibilidad, no solo ante tribunales internacionales, sino ante el mismo Poder Judicial peruano.

Otra sospechosa afirmación de Vela es que Odebrecht sí habría reconocido pagos ilegales a funcionarios del gobierno de Ollanta Humala a cambio del Gasoducto Sur Peruano, con lo cual se podría acusar a los brasileños de sobornos en esta obra.

En realidad, Barata solo ha admitido pagos ilícitos de la “Caja 2” a Luis Pizarro Aranguren, abogado de un estudio particular que murió en agosto de 2017 de un sospechoso infarto en Buenos Aires.

A Pizarro se le ha identificado según dos codinomes: “Disco” y “Princesa”. Según Barata, se le dio 1.3 millones de dólares, pero como no era funcionario del gobierno humalista y ya murió, no se lo puede seguir investigando.

CHÁVARRY LO ADVIRTIÓ

En medio de estas revelaciones, el fiscal supremo Pedro Chávarry dejó su silencio y recordó que él quería publicar todo el acuerdo con Odebrecht para saber si se había incluido el compromiso de los brasileños, de no entablar demandas contra el Perú.

Como se sabe, el pedido a Vela fue en diciembre de 2018. Como este se negó a proporcionar la información, Chávarry lo sacó de su cargo, pero no contaba con que el propio presidente Martín Vizcarra iniciaría una furibunda campaña en su contra, la cual terminó sacándolo de la Fiscalía de la Nación.

“Por transparencia y por antecedentes de la empresa decidí hacerlo público de inmediato, debíamos evitar exponernos a demandas internacionales. Pero decidieron ocultar el acuerdo. Lamentablemente, la empresa nos demandó. ¿Quiénes son los responsables de este engaño al Perú?”, cuestionó.

Esto, y la denuncia por falsedad ideológica, peculado y encubrimiento que hiciera el también magistrado supremo Tomás Gálvez, además de la desaprobación ante la opinión pública, provocó la evidente desesperación de José Pérez.

El fiscal había salido de la audiencia de prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda (ex socio de Pedro Pablo Kuczysnki en empresas que recibían dinero de Odebrecht), argumentando que su esposa, Vanessa Medina Muñoz, estaba siendo atacada, y que debía salir a defenderla.

“Una turba de desadaptados ha ido a agredir verbalmente con insultos y palabras nada adecuadas y agravios hirientes a mi esposa en su centro de labores”, señalaba a su salida.

Lo que el fiscal no había dicho es que su esposa es directora de Compras Corporativas y Encargos de Perú Compras, entidad a cargo del Ministerio de Economía. Medina fue ascendida en el actual gobierno, y gana más de 20,000 soles mensuales.

Tampoco dijo que solo hubo críticas frente al local público sobre este aspecto, por parte del colectivo La Resistencia, cuyos miembros en ningún momento se cruzaron con la funcionaria.

“El héroe llorón y sus amigos mermeleros quieren hacer creer que hemos agredido a su esposa. ¡Falso! Fuimos a protestar por el conflicto de intereses que tiene Vizcarra con Pérez, donde a todas luces se ve que ascendieron a su esposa por un muy evidente intercambio de favores”, respondió Juan Muñico, líder de los manifestantes.

PÉREZ INVENTA ATAQUES

En otro momento, Pérez volvió a su costumbre de calificar de corruptos a quienes critican al equipo Lava Jato y al acuerdo con los brasileños, para pasar a quejarse de un meme en Twitter.

“Observo no solamente ataques de Tomás Gálvez Villegas, de Pedro Chávarry, sino también de una persona que ha sido llamada como miembro consultivo de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), que es el señor Jaime de Althaus. Está bien la crítica a la actuación fiscal, es correcto que todo ciudadano pueda criticar la actuación de juez o fiscal, pero llevarlo a la sorna, a la burla, al agravio, al ataque, como viene realizando el señor Jaime de Althaus, me parece que no es aceptable”.

Para Pérez los memes en redes sociales son ataques, y agregó que el periodista podría tener injerencia en el proceso de evaluación o ratificación a magistrados.

“¿Cuál es el mensaje que nos está dando Jaime de Althaus con esos ataques a nuestro trabajo? Que no es una persona imparcial, y la Junta Nacional de Justicia debería tomar nota de la actuación que está tomando esta persona”, aseguró.

En conversación con EXPRESO, De Althaus se mostró sorprendido por la reacción de su meme en Twitter, y recordó que jamás ha caído en el ataque personal.

“Lo que yo he formulado siempre son críticas fundamentadas, argumentadas, en mis artículos y también en los tweets. Claro, los tweets son más sintéticos. Me parece que hay intolerancia a la crítica. Es el maniqueísmo primario que considera que todo aquel que discrepa tiene intereses o está parcializado con la corrupción”, aseveró.

El analista añadió que él considera –al igual que la mayor parte de penalistas- que el equipo Lava Jato está equivocado cuando concentra sus esfuerzos en los aportes de campañas, porque se puede forzar la figura de lavado de activos con el famoso “pitufeo”.

Asimismo, que la insistencia en prisiones preventivas no ayuda a las investigaciones.

“Yo creo que el fiscal está completamente desenfrenado. Debería calmarse y ajustar sus estrategias a derecho. En relación con su sugerencia de que me retire del consejo consultivo de la JNJ porque podría tener injerencia en la evaluación que se haga de su desempeño, me sorprende su desconocimiento de lo que es un consejo consultivo, que se reúne una vez cada dos meses más o menos y que nunca ve casos particulares ni tiene capacidad alguna de influir y menos de resolver”, acotó el profesional.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Entretanto, la lucha contra la corrupción tiene que continuar en el próximo Congreso de la República. No se puede tolerar que una empresa como Odebrecht tire por tierra el acuerdo de colaboración que firmó con la fiscalía peruana. Si hay un acuerdo, deben cumplirlo. Si van a venir con malas artes tenemos que tomar otro tipo de medidas. Es decir, buscar allanamientos, embargos, o medidas parecidas.

Así lo indicó el virtual congresista del Frente Amplio (FA), Enrique Fernández Chacón tras comentar la demanda de arbitraje que nos ocupa.

“Si uno llega a un acuerdo con un delincuente, le estás dando la mano, y luego este te mete una puñalada por la espalda, no hay la mínima confianza. Tenemos que actuar de otra manera, si es posible cambiar de estrategia. Tenemos que saber bien qué es lo que está pasando”, cuestionó.

Fernández Chacón refirió que resulta “extraño” por parte de la constructora brasileña que recurra al CIADI porque existen todas las evidencias que montó para obtener licitaciones de manera ilícita. “Ellos van a perder”, dijo.

“NI DE VAINAS”

“¿Honesta? ¿Rehabilitada? La corrupta empresa Odebrecht demanda al Perú ante el CIADI por 1,200 millones de dólares. ¿Solución amistosa como sugiere la empresa corrupta? Ni de vainas. Respuesta firme. Rechazo a la demanda en todos sus extremos”, escribió Ronald Gamarra.

POR: CÉSAR ROJAS/ ERICK SÁNCHEZ

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