Odebrecht manda en sistema judicial
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Por “coincidencia”, el último viernes, diversas instancias del sistema de justicia se pronunciaron contra el fiscal supremo Tomás Gálvez. Lo que pocos sabían es que, dos días antes, él había pedido oficialmente a los despachos especializados en extinción de dominio incautar los peajes de Rutas de Lima, entregados por Susana Villarán a Odebrecht, empresa que financió el No a la revocatoria en el 2013.

“Solicito a usted realice indagación patrimonial contra la empresa Odebrecht y demás de este grupo y sus representantes, así como contra las diversas empresas nacionales que actuaron consorciadas en la adjudicación de proyectos y megaproyectos a través de diversas licitaciones y contratos sobre obras respecto de los cuales existen indicios razonables de que se habría logrado la adjudicación mediante la colusión y el soborno”, indica.

Este documento ingresado el jueves se basa en la normativa penal actual. Como señalaran exprocuradores anticorrupción, diversos artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, permiten aplicar incautación no solo a los peajes de la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la avenida Ramiro Prialé en Lima, sino en otros puntos del país.

“Gestionar y solicitar la nulidad de los diversos actos jurídicos a través de los cuales Odebrecht transfirió acciones de la empresa Rutas de Lima S.A.C., puesto que todas ellas se habrían realizado cuando ya se conocía que dicha concesión se habría realizado a través del delito”, agrega en su pedido Gálvez Villegas.

En el 2015, Marcelo Odebrecht y Leo Pinheiro, dueños de Odebrecht y de OAS, respectivamente, habían sido arrestados y sentenciados por corrupción en Brasil.

En medio de este escándalo, ambas empresas transfirieron acciones de Rutas de Lima y de Línea Amarilla a Brookfield Asset Management y a Vinci Highways, respectivamente.

TRANSFERENCIA NULA

Esto fue permitido por la gestión de Luis Castañeda como alcalde de Lima, a pesar de que en ese momento el caso Lava Jato estaba en plena efervescencia, y se podía por lo menos hacer observaciones. El entonces líder de Solidaridad no hizo nada, y después se descubrió que también había recibido dinero.

“Pinheiro ofreció a ayudarme en la campaña municipal del 2014. Dicho ofrecimiento fue en una reunión en el departamento de Martín Bustamante. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije ‘ya, está bien, gracias’. No le dije nada más”, confesó en agosto del 2019 al fiscal Michael Chávez Terán.

El 11 de mayo de ese año, Villarán también había admitido los hechos por los cuales se le está investigando por lavado de activos junto a su ex gerente municipal, José Miguel Castro, alias “Budián”. Entre Odebrecht y OAS, había recibido millones de dólares.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña. (…) Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña”, confesó entonces la exalcaldesa.

Si los brasileños financiaron a Villarán cuando empezaba la campaña de revocatoria, lo cual coincidió con el contrato de Vías Nuevas de Lima que no cumplió con el requisito legal de tener la supervisión del Ministerio de Economía, esto configuraría una contraprestación.

Similar tesis maneja el equipo Lava Jato con Castañeda Lossio, ya que él recibió aproximadamente un millón de dólares de Odebrecht y de OAS, según testimonios dentro de la investigación fiscal.

Como informara EXPRESO hace unos días, el artículo 102 del Código Penal permite la confiscación de bienes “siempre que no proceda el proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo N° 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros”.

CASTAÑEDA Y VILLARÁN

Otra arma legal es el artículo 15 del Código Procesal Penal, el cual permite la nulidad de transferencias de patrimonio ganado en forma criminal. Esto podría ser invocado por la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, luego de la denuncia del magistrado Gálvez.

“Los fiscales a cargo de las investigaciones penales no están cumpliendo debidamente sus funciones y no están incautando con fines de decomiso los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito, lo que está permitiendo que las empresas extranjeras y las nacionales retiren del Perú todo este producto del delito”, precisa el fiscal supremo.

A mediados del año pasado, el portal La Posta de Ecuador, publicó planillas de la División de Operaciones Estructuradas, desde donde salía dinero para sobornar funcionarios en Perú y otros países.

Allí se detallaban siete pagos entre marzo y noviembre de 2014, por más de un millón de dólares.

Entre los receptores de los montos en esa lista, hasta el momento se ha identificado públicamente Villarán, bajo el seudónimo de “Careca” y a Castro como “Budián”. Según Jorge Barata, a la primera la llamaba así porque se parecía a un payaso, y al segundo porque la forma de su cara asemejaba a un pez de Brasil.

La opinión pública aún ignora quiénes son ‘Cabelo Boneca’, ‘Bigode’, ‘Sexta-feira’, ‘JLO’ y ‘Calvo’.

PEAJES DE LA MENTIRA

En este punto, el documento presentado por Gálvez abre oficialmente el camino legal para proceder a evitar que el fruto del delito siga dando ganancias ilícitas a las empresas involucradas en el caso Lava Jato, así como a las firmas que ingresaron luego.

“Un punto importante a tomar en cuenta sobre la extinción de dominio, y en su caso el decomiso, es que estas pretensiones operan no solo para bienes, dinero u otros activos, sino sobre todo, para privar de cualquier derecho o titularidad real o aparente a la empresa y sus representantes, como el caso de privarlos de la administración de una concesión de cualquier tipo”, enfatiza el fiscal supremo.

No pasaron 48 horas después de que Gálvez Villegas se basara en estos hechos comprobados, para invocar que la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio proceda de acuerdo a sus atribuciones, y coincidentemente la Junta Nacional de Justicia emitió una nota de prensa, donde lo mencionaban como pasible de ser suspendido.

“Citación a audiencia por proposición de medida de suspensión preventiva”, señaló el organismo presidido por el exministro de Justicia de Ollanta Humala, Aldo Vásquez.

Esta sesión fue convocada para el próximo miércoles 8 de julio. Durante ella, Gálvez podrá presentar sus argumentos de defensa ante el proceso disciplinario en su contra.

En esta ocasión, se presenta la particularidad de que, sin ser declarado culpable de infracción administrativa o acto ilícito, al fiscal supremo se le retiraría temporalmente de su actual cargo, con lo cual habría un voto menos para decidir al futuro representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones.

Hace una semana, el también supremo Pablo Sánchez había señalado que la denuncia que el alto funcionario le había hecho (por el caso Lava Jato, alquileres con sobrecostros y patrocinio ilegal para que su hijo trabaje en el JNE) era precisamente para impedir las investigaciones del caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

CEREZA DEL JNE

La JNJ también ha dispuesto el inicio de pesquisas al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, por el mismo tema.
Sánchez realizó las indagaciones a nivel supremo de los llamados “audios de la vergüenza”, donde los protagonistas principales eran César Hinostroza y Walter Ríos. Ellos se comunicaban con funcionarios del sistema de justicia, y en aglunos casos se detectó gestiones para favorecer contrataciones de amigoso familiares suyos.

Según la magistrada Sandra Castro, se habría formado una organización criminal para copar los principales puestos en la administración de justicia, incluso con ramificaciones políticas del fujimorismo y otros personajes involucrados en grandes casos de corrupción y narcotráfico.

A esto se agregó otra “coincidencia”. Casi a la misma hora del pronunciamiento público de la JNJ, se difundía que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentaba una denuncia constitucional contra Gálvez y otros tres investigados por la presunta organización criminal.

Otros implicados en esto son el ex juez supremo César José Hinostroza Pariachi, Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe. Estos dos últimos integraban el ahora extinto Consejo Nacional de Magistratura.

“El 1 de julio denuncié ante Fiscalía de la Nación a la organización criminal que protege a Odebrecht y demandé extinción de dominio y nulidad de los peajes. En represalia, para callarme, Zoraida Ávalos presenta denuncia con imputaciones inventadas. Ya mostró de qué lado estaría”, fue la respuesta del magistrado.

EMPRESA CORRUPTA

“Las empresas corruptas no pueden recurrir al amparo de la jurisdicción nacional o internacional o a la vía del arbitraje cuando se trate de la imposición de las consecuencias del delito”, señala el documento presentado por Gálvez.

SIN ACUERDO

Al no estar en un acuerdo de colaboración eficaz, a Odebrecht y a quienes le compraron acciones se les aplicaría la nulidad de transferencias.

“Sobre las concesiones de los peajes administrados por la empresa Rutas de Lima S.A.C., los mismos deben pasar a administración de Pronabi conjuntamente con la Municipalidad de Lima”, se refiere.

MÁS SUPREMOS

Además, el procurador Amado Enco ha denunciado a Luis Arce, Tomás Gálvez, Víctor Monteza, Pedro Chávarry, Aldo Figueroa, Ángel Romero, César San Martín y Duberlí Rodríguez. José Lecaros y Víctor Ticona también son investigados en Fiscalía de la Nación.

POR: CÉSAR ROJAS

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