ARRASTRA A PROCURADOR JUDICIAL MARCO PALOMINO

Otro papelón del fiscal José Pérez

TC ni siquiera admitió a trámite pedido de anular libertad de Keiko Fujimori. Magistrado Ramos les aclara que él sí votó contra prisión preventiva.

Otro papelón del fiscal José Pérez
  • Fecha Jueves 5 de Diciembre del 2019
  • Fecha 6:00 am

Un nuevo fracaso protagonizó el fiscal José Pérez, en su intento de enclaustrar a la principal figura de la oposición al gobierno de Martín Vizcarra, cuando el Tribunal Constitucional (TC) decidió, unánimemente, ni siquiera debatir el pedido para volver a votar el hábeas corpus por la libertad de Keiko Fujimori.

“El pedido de que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, de que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, que en el fondo encierra una impugnación contra una decisión que ha alcanzado la calidad de cosa juzgada, debe ser desestimado en todos sus extremos”, señala el auto emitido ayer, un día después de que el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, presentara un recurso de aclaración para impugnar la votación.

Si bien el recurso había sido presentado oficialmente por Marco Palomino, procurador del Poder Judicial (supuestamente en defensa del fallo de la Corte Suprema, para que Fujimori Higuchi cumpla 18 meses de prisión preventiva), el autor intelectual era Pérez.

Los argumentos del fiscal eran que solo había tres votos de siete para liberar a Fujimori Higuchi, porque el magistrado Carlos Ramos había tenido fundamentos distintos. Esto fue derivado por el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, al del PJ. Este último prácticamente solo repitió la posición fiscal.

Este aparente pedido de “aclaración” que en el fondo pretendía que el TC vuelva a votar lo que ya había decidido, fue declarado improcedente, porque no tenía el más mínimo soporte legal o constitucional.

ESCUELEADA

“El artículo 121 del Código Procesal Constitucional, que lleva por título Carácter inimpugnable de las sentencias del Tribunal Constitucional, señala con toda claridad: contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna”, fue la clara, concisa y contundente respuesta de los magistrados.

De esta manera, la falta de sustento de Palomino, a instancias de Pérez, llevó a que la admisión de su pedido sea rechazada en todos sus aspectos por Ernesto Blume, José Sardón, Carlos Ramos y Augusto Ferrero.

“Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado Ramos Núñez que se agrega, RESUELVE Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración y otros, formulado por el Procurador Público del Poder Judicial”, manifestó el colegiado.

Cabe resaltar que se agrega el fundamento de Ramos –un aspecto que Pérez y Palomino habían considerado motivo para impugnar el hábeas corpus-, quien aclara en todo sentido que él ya había votado por la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, por considerar que no había posibilidad de que obstruya la investigación en su contra.

“Realmente llamativo o colorido es que el Procurador -más allá de faltar gravemente al ‘fair play’ de la dinámica procesal- no haya examinado el debate a nivel de la judicatura ordinaria que concluyó con la imposición del mandato de prisión preventiva de la beneficiaria”, indica.

El miembro del TC desbarata totalmente el reclamo de que había valorado que el fujimorismo ya no tenía mayoría en el Congreso como para tener poder político, y no las declaraciones de Jorge Yoshiyama de que Keiko Fujimori sabía que recibían dinero de Odebrecht.

Ramos señala algo que es claro para todos, excepto para los reclamantes: el cierre del Congreso es un hecho innegable, mientras las imputaciones de Yoshiyama son solo una versión no comprobada.

CIERRE DEL CASO

“Es necesario recordar que se trata de un aspirante a colaborador eficaz, por lo que sus declaraciones requieren de ciertos actos concretos para su adecuada corroboración”, informa el constitucionalista.

Momentos después de conocerse esta respuesta del máximo intérprete de la Constitución Política, Blume Fortini dio una conferencia de prensa donde detalló algunos puntos, y respondió preguntas de la prensa para aclarar puntos básicos del Estado de Derecho.

“Si alguien no respeta al Tribunal, está infringiendo la Constitución y la ley. Llamo a la reflexión en general a las autoridades para que adoptemos una posición respetuosa de, en general, todas las personas. No se puede construir un estado constitucional a base de agravios y ofensas”, invocó, en respuesta a las imputaciones ofensivas de Pérez al TC.

“Esta decisión cierra el caso y yo invoco a que se acate como corresponde en todos sus términos las sentencias del tribunal. Si bien se ha logrado la excarcelación, el acatamiento debe ser general y no tener actitudes de rebeldía y de cuestionamiento contra decisiones del Tribunal Constitucional… Las sentencias son para cumplirlas y no debe admitirse actitudes de rebeldía”, finalizó Blume.

A pesar de estas explicaciones para no admitir a trámite su pedido, el procurador Palomino intentó defender su posición, en el sentido de que los magistrados debieron –en su lógica- haberse tomado más tiempo para evaluar su inconstitucional pedido.

“Los siete magistrados han tenido una audiencia en el Tribunal Constitucional, en ese contexto me pregunto cuándo resolvieron el pedido si lo presenté ayer”, cuestionó.

Sin embargo, admitió que ya no había instancia alguna a la cual acudir para anular la libertad de la lideresa opositora, aunque sí afirmó que el Ministerio Público podía elevar un nuevo pedido de prisión preventiva al Poder Judicial, basándose en nuevos indicios de lavado de activos.

PAPELÓN

Esto fue considerado un papelón por diversos juristas, entre ellos Alberto Elías Valdivia, exjuez que ha trabajado en la Procuraduría del Poder Judicial, y que señala que el procurador Palomino ostenta su actual cargo por la especial situación de “Los Cuellos Blancos del Puerto” (ver fotografía adjunta).

“Hay reiterados pronunciamientos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de que una defensa inoficiosa y temeraria, con recursos que no tienen asidero legal ni mucho menos están contemplados en la ley, lejos de generar estado de indefensión, significan un mal uso de recursos públicos. Tal vez se haya debido a la presión mediática lo que ha hecho el procurador, pero no es serio ni responsable”, indicó a EXPRESO.

Similar opinión tuvo el ex ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén. Sostuvo que el frustrado pedido al Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la resolución que excarceló a Keiko Fujimori”, es un asunto que responde a una “mediatización de la justicia” para fines de generar un corriente de opinión que condicione a los magistrados en sus sentencias.

FIGURETISMO

“Yo creo que esto forma parte de la estrategia mediática de la que venimos siendo testigos los ciudadanos. Es parte de la mediatización de la justicia de la que yo califico como indebida. Lo que les debería preocupar a los fiscales es, si tan seguros están sobre la culpabilidad de la señora Fujimori, de formalizar una acusación lo antes posible”, comentó.

“La mediatización de la justicia es cuando quieres generar una corriente de opinión favorable para ejercer presión sobre los órganos decisores. Por otro lado, también hay un ingrediente de figuretismo propio de los que están borrachitos por los flashes. Eso también es un problema que se debe observar”, apuntó.

Adrianzén agregó que llama la atención cómo el fiscal Pérez haya enviado sin éxito en el TC un oficio al procurador del Poder Judicial para que se anule la sentencia que liberaba a Fujimori.

“Domingo Pérez parece no saber que los procuradores son autónomos en el ejercicio de sus funciones y no se les tiene que estar recomendando a denunciar nada. El mismo fuero de autonomía que respeta y que exige el fiscal en el Ministerio Público, es el mismo que debe ser respetado entre los procuradores públicos”, continuó.

El extitular del Minjus explicó que resultada todo un despropósito legal pretender la nulidad de una resolución a través de un pedido de aclaración o buscar que se vuelva a votar lo que ya estuvo decidido.

“La aclaración de las resoluciones no puede alterar en modo alguno lo que ya se ha ejecutado en el TC. Yo no me cansaré de repetir que no podemos aplaudir las sentencias del TC o de los órganos jurisdiccionales solo cuando son favorables a nuestros puntos de vista. Las sentencias se deben respetar siempre, nos guste o no”, finalizó.

LA ÚLTIMA

¿Qué tiene que ver el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Sardón, en las investigaciones que sigue el fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, sobre los aportes de la empresa brasileña Odebrecht y otros a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011?

Esa es la pregunta que rondaba ayer en la comunidad jurídica al tomar conocimiento de la citación del mencionado magistrado para que declare sobre los testimonios de Vito Rodríguez Rodríguez, del grupo Gloria, y de Jaime Yoshiyama Tanaka en el citado caso.

De otra parte, se afirma que se requiere a Sardón porque integró -desde el 2006 hasta el 2014- el directorio de la ONG Reflexión Democrática que apoyó económicamente a varios candidatos congresales para las campañas del 2006 y 2011, según fuentes consultadas por este diario.

Así, se apoyó, después de aprobar un concurso dirigido por un comité integrado por cuatro rectores de universidades, con unos 20 mil dólares a cada postulante: 14 mil en efectivo y 6 mil para capacitaciones en temas parlamentarios.

No obstante que ese dinero provendría de los aportes de importantes empresas nacionales, como Buenaventura, Grupo Romero, Grupo Gloria, entre otros, también se dice que Reflexión Democrática fue un buen y neutral intento de capacitar congresistas.

En los considerandos de la Disposición N° 141 de fecha 3 de diciembre firmado por el fiscal Pérez se dice que el objeto de dicha citación es “recabar elementos de convicción de cargo y descargo” para evaluar si se acusa o no a los imputados en las investigaciones.

CONTRA SARDÓN 

Respecto del magistrado constitucional se afirma que el fiscal José Domingo Pérez recibirá su declaración testimonial “el día 18 de diciembre de 2019 a las 10:00 de la mañana” de conformidad al procedimiento señalado en el artículo 167.1 del Código Procesal Penal.

FOTO: ANDINA.

POR: CÉSAR ROJAS/ ERICK SÁNCHEZ N.

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